Ejidatarios frenan la Riviera Nayarit

Agustín del Castillo - PÚBLICO Una acción legal de ejidatarios de La Peñita de Jaltemba, en Compostela, inconformes con el proceso de apropiación de tierras para los desarrollos turísticos promovidos por Riviera Nayarit, dio un golpe al proyecto al obtener una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 1557/08, lo que impide aparcelar y vender 6,460 hectáreas de bosque tropical de uso común, tierras que están previstas para alojar fraccionamientos turísticos en la cercanía del Océano Pacífico. Pedro León Corrales, asesor jurídico de los quejosos, informó a este diario que la determinación judicial proviene del Juzgado Tercero de Distrito de Tepic. La novedad del enfoque legal, informó, es que se otorga al grupo de ejidatarios quejosos no sólo como “representación sustituta” de la autoridad ejidal omisa (por estar presuntamente involucrada en el negocio), sino a título de “personas individuales” que se ven despojadas de sus derechos sobre las tierras de “uso común”. El proyecto Riviera Nayarit, detonado por el gobierno federal a través del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), ha sido cuestionado por sus costos ambientales y sociales: hay una rápida pérdida de ecosistemas naturales valiosos a escala mundial; un desplazamiento gradual de campesinos y la pérdida acelerada, al menos de facto, de playas públicas (Público, 27 de enero a 3 de febrero de 2008). Los campesinos disidentes son Flavio Gómez Covarrubias, Sabino Infante Montes, Erika Vallejo, Ismael Jaimes Bañuelos, Felipe Palomera Contreras,Gumercindo Bravo Tapia, Ernesto Infante Montes, Sebastián Gómez Covarrubias, Roberto Gómez Estrada, Lucio Gómez Covarrubias y Jesús Isiordia Ortega. El juez consideró viable concederles la suspensión de actos que pudieran entrañar su violación de garantías por parte de las secretarías federales de la Reforma Agraria (SRA) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como las autoridades municipales de Compostela, Nayarit, y de seguridad pública de ese estado. La suspensión es “para que los quejosos no sean privados de los derechos colectivos que tiene cada uno de ellos como ejidatarios, sobre 6,400 hectáreas de terrenos que fueron dotados mediante resolución presidencial del 16 de febrero de 1938 y no se apruebe la asignación de parcelas individuales en los terrenos de uso colectivo, que corresponden a bosques tropicales”, señala la resolución, emitida el 22 de octubre de 2008. El problema. En el cuerpo de su demanda, los campesinos quejosos explican sus temores: primero se modificó la resolución presidencial por parte del Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales) para aparcelar una selva que por ley no se puede fragmentar, y que fue dotada como tierra de uso común. Segundo, se excluyó de la lista de ejidatarios a 100 campesinos opositores a esa medida. Tercero, se cambió el uso de suelo forestal a uno apto para desarrollo urbano. La propia resolución presidencial de 1938 señala: “Esta resolución debe considerarse como título comunal para el efecto de amparar y defender la extensión total de los terrenos que la misma comprende a favor del poblado beneficiado […] estándoles prohibido, en términos absolutos, ejecutar todo acto que destruya sus bosques o arbolados…”. Los ejidatarios reclaman no ser desposeídos de su patrimonio común, y que no se les impida el libre acceso a sus tierras, lo que les ha concedido el juez de distrito de Tepic, en tanto se desahoga el procedimiento para llegar a una resolución definitiva, puntualizó León Corrales.

Retrasado, decreto federal para la sierra de Vallejo

Agustin del Castillo - PÚBLICO Mientras se consolidan las acciones legales en contra de la reserva estatal de la biosfera sierra de Vallejo, santuario de especies en peligro de extinción como el jaguar, la actitud de las autoridades federales se mantiene en la tibieza, y no se ve el momento en que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emita el decreto federal para salvar esas montañas. O sea, no hay actos para contrarrestar la lluvia de amparos que le cercenaron a la demarcación protegida unas 25 mil hectáreas, en un proceso sostenido con “una campaña de miedo” para captar votantes que impulsó el priista Héctor Paniagua Salazar, hoy alcalde de Bahía de Banderas (Público, 17 de diciembre de 2007). Esa vasta superficie de bosque tropical “liberada” está hoy sumada de manera abierta a la especulación inmobiliaria. Es decir, las acciones de los ejidos de Bahía de Banderas buscaron el efecto contrario a la promovida por los ejidatarios de La Peñita, en Compostela: mientras estos promovieron un amparo para impedir que su selva fuera aparcelada y fraccionada, los ejidos del municipio vecino ejercieron sus derechos para poder vender y fraccionar sus terrenos selváticos, que estaban bajo régimen de protección (decreto estatal publicado el 27 de noviembre de 2004). El ex presidente Vicente Fox y ex secretario de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas, se comprometieron a emitir un decreto federal para reforzar sierra de Vallejo. Pero nunca llegó y el área protegida se redujo a 38 mil ha.

Alondra obtuvo custodia, pero su niña “desapareció”

Vanesa Robles - PÚBLICO La titular del Juzgado Séptimo de lo Familiar otorgó a la transexual tapatía Alondra (Alberto Ávila) la custodia provisional de la niña Rosa Isela JH, el 28 de octubre, en un acto sin precedentes en el país. Ahora, el Consejo Estatal de Familia de Jalisco (CEF) se niega a entregar a la nena de diez años de edad, pues la cambió del albergue de religiosas donde la mantuvo los últimos dos años y se niega a informar dónde está. Con su actuación, la responsable del consejo, Claudia Corona, incurre en delitos penales, afirma el secretario técnico de la comisión edilicia de Derechos Humanos de Guadalajara, Rafael Cárdenas. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) señaló ayer que el cambio es irregular. El 6 de noviembre, el organismo dirigió una medida cautelar al Consejo Estatal de Familia para que informe el domicilio del nuevo albergue de Rosa Isela, precise las razones del cambio y reintegre a la niña a la Casa Hogar Niñas Desamparadas. La comisión no ha obtenido respuesta. El abogado Rafael Cárdenas recurre al Código Penal de Jalisco para enumerar las faltas del consejo. El artículo 128 prevé entre un mes y un año de prisión para quien se rehúse a cumplir el mandato legítimo de una autoridad competente: aplicaría también para las monjas. El artículo 146 señala que cometen abuso de autoridad los funcionarios encargados de instituciones de custodia o rehabilitación de menores que mantengan a una persona privada de su libertad “o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente”. A decir del abogado, el CEF delinque al ignorar la sentencia interlocutoria en que la jueza María del Carmen Mejía ordenó la custodia provisional a favor de Alberto Ávila. La transexual crió a Rosa Isela —sobrina biológica de su ex novio— en Tala desde que tenía dos semanas de nacida. En 2006 la pareja se separó, por lo cual Alondra y la niña se mudaron a Guadalajara. En mayo, el CEF envió a la menor a la Casa Hogar Niñas Desamparadas, pues consideró que un homosexual no es apto para criar a una niña.

Prodeur cuestiona actuación jurídica de Zapopan en Bosque Los Colomos

Luis Herrera - EL INFORMADOR El titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco (Prodeur), Aarón Vázquez Huerta, cuestionó la actuación de la Sindicatura de Zapopan durante el juicio que se resolvió a favor de Amparo Meneses, en el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), y en el que se ordenó autorizar dos torres en un predio que se presume parte del Bosque Los Colomos. Tanto el presidente municipal, Juan Sánchez Aldana, como el síndico, Ricardo Anguiano Apodaca, han hecho señalamientos contra el procurador por el oficio que emitió a la Dirección de Obras Públicas, en el que solicita que se emita la licencia de construcción, y asevera que el predio pertenece efectivamente a la particular. A esto, respondió Vázquez Huerta: “Qué sucedió, que Zapopan pierde el juicio, no recurre, no apeló en contra de la sentencia… no se fue a juicio de garantías. Realmente dejó que el asunto se fuera solo, pudiéramos decir que la señora Meneses litigó sola, no hubo una defensa adecuada por parte de Zapopan en el asunto”. El procurador señaló que Amparo Meneses se acercó a la Prodeur para que interviniera ante la negativa del Ayuntamiento por cumplir con la sentencia definitiva que resultó del juicio en el TAE. El 14 de octubre la Sindicatura emitió una respuesta a la Prodeur, en la que luego de enlistar sus facultades, le asevera que con su petición por otorgar la licencia, cayó en una extralimitación de funciones: “La existencia del oficio que se contesta, donde, entre otras cosas, se hace mención de sanciones a las que se es acreedor en caso de incumplimiento de una ejecutoria de juicio de nulidad, implica exceso en el uso de sus atribuciones, ya que no es autoridad competente para ejercer funciones jurisdiccionales ajenas al poder ejecutivo, del cual depende, al ser competencia exclusiva del TAE”. A esto respondió el procurador: “Pues sería interesante que leyera la Ley Orgánica el señor síndico de la Prodeur, que entendiera cuál es el papel de la Prodeur; a nosotros nos toca ser el garante de la ley, y al Ayuntamiento le toca ser el ejecutor cabal de la ley”. Después cuestionó la capacidad profesional del síndico: “El asunto nada más lo hicieron en medios, donde debieron haberse defendido fue en el procedimiento que inició la señora Meneses, no tanto en medios, ni echarle la culpa a alguien distinto. Realmente sería muy interesante, o sería poco decente de mi parte, decir que para poder platicar entre iguales, pues el señor síndico, por principio de cuentas, requeriría ser abogado, no solamente abogado, haberse especializado en la materia”. El procurador indicó que ni la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, ni el Ayuntamiento, demostraron ante el TAE que existía un juicio civil promovido por el Gobierno estatal para recuperar la posesión del predio. Y se le señaló al procurador que el predio en cuestión es reconocido por el Gobierno estatal como parte de Los Colomos: “Las cuestiones de propiedad no le atañen a la Prodeur, es más, en el oficio que nosotros le comunicamos a Zapopan, sí le decimos que nosotros no atendemos asuntos de propiedad, atendemos la violación al estado de derecho que marca la Ley de Desarrollo Urbano donde se establecen plazos y condiciones para la entrega de licencias”.