Representantes del Parlamento de Colonias en reunión con diputados locales Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO
Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO
Resultó que, tras 60 minutos de un fallido debate en torno al recién aprobado dictamen de Código Urbano, en las comisiones de Desarrollo Urbano y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, se trataba de “otra broma de Iván Argüelles”, el diputado panista, así lo expresó Juan José Sánchez López, miembro del Parlamento de Colonias, una asociación que aglutina unas 200 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
El pasado martes 9 de mayo, Argüelles Sánchez, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Legislatura local, envió a los miembros del Parlamento de Colonias el dichoso proyecto. Ya lo habían solicitado ellos desde diciembre de 2007.
Por los medios de comunicación se enteraron que la semana pasada, el mentado código había sido aprobado en las comisiones correspondientes, con miras a una primera lectura programada para el próximo martes 27 de mayo. Desde el martes 20 de mayo, ellos, ciudadanos comunes y corrientes, que tuvieron que “trabajar, ir por las tortillas, cuidar niños, lavar y planchar”, como resumió Sánchez López sus actividades de la semana, debieron, todavía, hacer las observaciones al proyecto, como cualquier diputado lo hace.
Sólo que ellos, sin un jugoso salario de por medio. No terminaron de realizar las precisiones al documento sino hasta entrada la media noche del pasado viernes 23 de mayo. Ayer por la mañana, con un legajo de papeles en mano, les informaron a tres legisladores de oposición el listado de señalamientos al Código Urbano.
Había transcurrido cerca de una hora de discusión en un café de una plaza ubicada en las avenidas Patria y Acueducto, cuando ambas partes se dieron cuenta que estaban hablando sobre dos cosas muy diferentes.
Ellos, los ciudadanos, alegaban sobre sus puntualizaciones que giraban alrededor de un primer proyecto en bruto, el de Argüelles, que data de 2007. Y los otros, los políticos, subrayaban sus anotaciones sobre la última versión del Código Urbano, la cual es producto de al menos dos modificaciones más.
“Se trata de otra broma de Iván Argüelles”, lamentó Sánchez López, colono de Lomas del Valle. Y el panista –quien concluye su periodo como presidente del Congreso local a finales de mayo–, ni sus luces. Estaba enfermo. Que del estómago, fue la primera versión extraoficial. Que de la columna, la oficial, la de los legisladores opositores Verónica Martínez Espinosa y Abel Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Enrique Alfaro Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“No contamos con la exposición de motivos del proyecto de Código Urbano, por lo que no conocemos las razones técnicas y jurídicas que lo sustentan y que nos podrían informar sobre los fines y objetivos del citado proyecto”, fue el primer reclamo, de acuerdo con el guión de comentarios por parte del Parlamento de Colonias.
“El proyecto de Código Urbano propone integrar las regulaciones urbanas con las relativas a la obra pública, lo que nos parece erróneo y peligroso: las regulaciones urbanas tienen como objeto regular los procesos de fundación, crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de población, así como el ejercicio de derecho de propiedad en dichos espacios; por su parte, las normas de obras públicas tienen por objeto regular la obra que se realiza con cargo a los fondos o recursos públicos”, señala el pliego de observaciones del especialista Víctor Ramírez Navarro, de la asociación civil.
El minucioso estudio hecho en horas extras por la agrupación vecinal al Código Urbano –que se tendrá que volver a hacer gracias a la ayuda de Iván Argüelles–, marcaba la presentación de 420 artículos distribuidos en 12 títulos, además de ocho transitorios, y que ponía el ojo en la abrogación de leyes y reglamentos.
“Como es obvio, el impacto jurídico e institucional es profundo, por lo que es imposible analizarlo en unas cuantas sesiones o en unos cuantos días. Deben acordarse los mecanismos y calendarios que permitan la revisión y, en su caso, la corrección puntal del proyecto”, se rescata de las consideraciones de los colonos, luego de un detallado inventario sobre el proyecto enviado por Argüelles que, al final, tuvo que ser desechado.
Cuando la especialista en sociología urbana –y asesora de los colonos– Guadalupe Ruiz Velazco Franco dio lectura a los señalamientos de las facultades del Congreso, del gobierno del estado y de otros actores, en diferentes artículos que fueron revisados por la asociación, el percance fue obvio: tanto ciudadanos como legisladores estaban en diferente sintonía.
La última versión, la aprobada durante el transcurso de esta semana, posee 406 artículos distribuidos en 13 capítulos, además de ocho transitorios. En su artículo 26 destaca la conformación del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, marcada también en la Ley Estatal de Desarrollo Urbano.
“El Consejo Estatal de Desarrollo Urbano es el organismo de promoción, participación ciudadana, social, vecinal y de consulta del Poder Ejecutivo local, para impulsar el desarrollo urbano en la entidad”, según define el artículo mencionado.
En su estructuración, de acuerdo con el mismo artículo, el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano cuenta con una amplia gama de actores, aunque sólo con una minoría representativa de la sociedad.
La figura del presidente del mismo consejo, según el artículo 26 del Código, recae en el gobernador del estado. Continúa con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur). Luego de éste, arranca en orden ascendente, a partir de la primera letra del alfabeto, una posición por consejero de cada protagonista del Código. No es hasta la letra N en que la voz de los ciudadanos posee un sitio en el consejo.
“Las dos organizaciones mayoritarias de asociaciones de vecinos en el estado, conforme las disposiciones que reglamenten su constitución”, establece el paréntesis con esta letra.
En la práctica, sólo un lugar, de 32, es ocupado por la sociedad. Pertenece a la Fundación de Colonias, que preside Raúl Chávez Guajardo.
De acuerdo con Ludger Kellner, presidente del Parlamento de Colonias, en octubre de 2007 la asociación solicitó el lugar vacante que le corresponde dentro del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, como lo marca la actual Ley Estatal de Desarrollo Urbano. La condición para que ocuparan tal sitio era que el parlamento tendría voz, no así voto en la toma de decisiones.
“No puedo entender esta actitud, a menos que sea una animadversión contra el Parlamento de Colonias; no somos opositores, no somos pertenecientes a ningún partido político”, lamentó Kellner.
Del encuentro de ayer con los diputados de la oposición, los ciudadanos lograron que éstos funjan como emisores de sus reclamos para inicios de la semana entrante: que en el transcurso entre la primera y la segunda lectura del proyecto en el Congreso del Estado haya un paréntesis para un nuevo análisis y otro encuentro entre ambas partes.
Una nueva solicitud llegará a la oficina de Iván Argüelles para ello. Esperan, los miembros del Parlamento de Colonias, que no responda con “otra broma”, no responda con un “documento fantasma”, como calificaron al de ayer.
