Denuncian a Vallarta por supuesto incumplimiento

Sergio Hernández Márquez - MURAL

El Ayuntamiento de Puerto Vallarta y la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) deben enfrentar una demanda por daño patrimonial interpuesta por la empresa Envir Eau, que argumenta haber perdido al menos 35 millones de pesos por actos ilegales de la autoridad.

La empresa tiene la concesión para el manejo y la disposición final de la basura en Puerto Vallarta, ciudad que genera alrededor de 450 toneladas diarias de residuos, los cuales, de acuerdo al contrato, deben ser depositados, desde diciembre del 2006, en un relleno sanitario creado en el ejido Santa Cruz de Quelitán.

La actual administración municipal, de Javier Bravo Carbajal, ha clausurado el predio en varias ocasiones, y también la Semades, por carecer de una Manifestación de Impacto Ambiental autorizada conforme la legislación estatal vigente.

La administración municipal anterior, de Gustavo González Villaseñor, autorizó una Manifestación de Impacto Ambiental, lo que desde un principio la Semades consideró como inadecuado, aunque en un juicio de amparo los Tribunales Administrativos le hayan dado la razón a la empresa.

Como el Ayuntamiento actual considera que el contrato con Envir Eau es económicamente desventajoso, y que se debió estudiar a fondo las consecuencias ambientales de ubicarlo en Santa Cruz de Quelitán, no ha enviado una sola tonelada de basura al relleno sanitario de la empresa.

"Una cosa es que el Ayuntamiento actúe legalmente en contra de Envir por la revocación de la concesión y otra es muy diferente que Envir Eau actúe contra el Ayuntamiento por un resarcimiento de daños por la no operación del relleno sanitario sin existir una causa justificada y legalmente sustentable", señaló el abogado de la empresa, Joaquín Rivera de Ávila.

Agrega que que también van en contra de la Semades al considerar que la dependencia realizó en tres ocasiones clausuras indebidas del relleno sanitario, lo que sustentan con un juicio de amparo ya ganado por la empresa.

"Como ellos actúan fuera de sus atribuciones legales le ocasionan un daño patrimonial a la empresa y entonces en ese momento son responsables y ahí es donde opera el juicio de resarcimiento de daños", indicó.

"No es el fin y el motivo el litigio pero sí es importante recalcar que el Ayuntamiento y la población de Puerto Vallarta puede sufrir un menoscabo en su patrimonio municipal si llegan a perder un juicio de este tipo porque van a pagar un servicio que por capricho de una autoridad no fue dado, no por incumplimiento de la empresa sino de la propia autoridad que otorgó el contrato de concesión".

Para él lo ideal sería que el Ayuntamiento empiece a enviar la basura al relleno de Envir Eau y luego ponerse de acuerdo para ver cómo frenar el proceso de la demanda por daño patrimonial.

Mural ha buscado al Presidente Municipal a través de su oficina de Comunicación Social sin obtener, hasta ahora, respuesta positiva para una entrevista.

Side: Cuestionan al Alcalde

Luis Eduardo de Ávila, director técnico de la empresa Envir Eau, cuestiona al Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Javier Bravo Carbajal, por estar buscando concesionar el servicio de basura a una nueva empresa cuando hay un contrato vigente con ellos.

"Finalmente lo que nosotros nos preguntamos por qué están trayendo más empresas si hay una empresa concesionaria", comentó.

"Dos, por qué no se está respetando el contrato legal vigente para empezar a clausurar y mitigar el basurero de Magisterio y empezar a resolver el problema de emergencia ambiental que tiene Vallarta. ¿Qué intereses están de fondo para que a la empresa no la dejen operar?. Porque no hay una intención de irse a juicio para quitarnos la concesión".

Dice que de lo único que se trata es que el municipio busca burlar la concesión.

A las plumas de Jardín Real les quedan cuatro años de vida

Vanesa Robles - PÚBLICO La Asociación de Colonos del Fraccionamiento Jardín Real, AC, tendrá hasta 2012 el derecho de operar las casetas de ingreso y salida a una de las principales avenidas de la zona, el bulevar que lleva el nombre del fraccionamiento. La secretaria del Ayuntamiento de Zapopan, Teresa Brito, aclaró ayer, sin embargo, que el contrato de concesión no da el derecho a la agrupación de restringir el paso por la calle pública. Ayer, la servidora envió un oficio a diferentes dependencias municipales para que intervengan en el conflicto social y de vialidad que ha provocado el funcionamiento de plumas de acceso a Jardín Real, desde el 4 de agosto. La vía, además de ser pública, conecta con las avenidas Santa Margarita y Central no sólo a los moradores de Jardín Real, sino también a los de Los Girasoles y de Jardines del Valle. Ayer, la secretaria general solicitó a las dependencias que tomen cartas en el asunto. En especial pidió al procurador social, Gustavo Covarrubias Arregui, que haga las veces de mediador entre los que viven en Jardín Real y sus vecinos. Según los documentos proporcionados de la Secretaría, el contrato de diez años de concesión de las casetas se firmó en enero de 2002, durante el gobierno de Macedonio Tamez, con el número de expediente ACO-035/2002. Casi de inmediato causó problemas: el 17 de octubre de ese año llegó al cabildo zapopano una solicitud del Congreso del Estado para que el contrato se revisara, trámite que se aprobó hasta el 10 de abril de 2003. Se desconocen los resultados. Dos años después los regidores de la Administración de Arturo Zamora desecharon la solicitud de una ciudadana, quien exigía al alcalde “determinar y solucionar la desaparición del contrato” de concesión de las casetas. Al final de la misma Administración, el presidente de la asociación vecinal, Félix Fernández, insistía en la idea de las plumas de control, sólo que solicitó cambiar la caseta 17 metros adentro del fraccionamiento, para evitar embotellamientos. Los problemas de vialidad ocurren desde hace quince días, fecha en que las plumas se activaron

En Tuxpan, el primer Encuentro Nacional de Jóvenes Indígenas

Cecilia Durán - LA JORNADA JALISCO

El primer Encuentro Nacional de Jóvenes Indígenas, titulado Diversas culturas, un solo pensamiento, una sola voz, un mismo corazón, se desarrollará el domingo en Tuxpan, Jalisco. Más de 200 jóvenes representantes de comunidades de Michoacán, Hidalgo, Chiapas, Chihuahua, Jalisco harán pronunciamientos en torno a la educación, calentamiento global, cultura y globalización e identidad.

En el evento, organizado por la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan, la Unión de Jóvenes Indígenas de Tuxpan, se pretende alcanzar acuerdos en la discusión y análisis sobre la problemática que aqueja a los pueblos indígenas en temas que tienen una importancia trascendental para el pleno desarrollo y van encaminados a llamar la atención, en un momento en que los jóvenes buscan mejores oportunidades.

“Es importante este encuentro porque es una forma de levantar la voz los jóvenes y que seamos escuchados porque a nosotros sí se nos tiene olvidados, no contamos con beneficios que cuentan los mestizos. Hacer esta actividad nos cuesta trabajo porque no contamos con los recursos suficientes, y pretendemos hacer fuerza para que los acuerdos que se tomen en las mesas de trabajo sean escuchados”, manifestó la presidenta de la Unión de Jóvenes Indígenas de Tuxpan, Esperanza Vázquez.

Sobre los temas elegidos, el profesor Antonio Vázquez Romero explicó “en la identidad queremos que debe ser revalorada y resignificada para verdaderamente trascender. El otro tema es cultura, porque aquí va inmerso todo, es la herencia de los abuelos y nosotros estamos comprometidos a entregarla a las generaciones venideras, así como ellos nos la dejaron a nosotros.

“No dudamos en que la unión de esfuerzos y voluntades de todos los pueblos, sus autoridades nacionales, internacionales y tradicionales, propiciará un desarrollo integral para las generaciones venideras y sabedores de su gran preocupación y sentido de responsabilidad por engrandecer las instituciones que representan a México, Esperamos contar con su grata presencia.

“En educación faltan más escuelas bilingües en las comunidades. En México vemos que poco a poco se van perdiendo. Debemos fortalecer nuestra lengua, sin asustarnos del inglés que es parte fundamental para entrar en la globalización, tampoco nos debe asustar la tecnología de punta, al contrario, lo debemos aprovechar como elemento de fortaleza para seguir avanzando e ir edificando cada día un futuro más digno y un desarrollo integral para nuestros pueblos, sin perder la identidad”.

El domingo a las 10 horas en el salón Zhimizu (Hidalgo 59 entre las calles Mariano Escobedo y Ramón Corona, de Tuxpan) comenzará la conferencia de la directora del Centro Rural de Estudios Superiores de Estipac (Crece) sobre Identidad de los Pueblos Indígenas. A las 11 iniciará la mesa de trabajo sobre los temas mencionados. A las 17 horas los jóvenes realizarán un recorrido por las principales calles de la ciudad con bailes y música.

A las 19 darán a conocer los pronunciamientos de los acuerdos que se hayan tomado frente a diputados locales y federales y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Pretenden renovar unidades del transporte público en la metrópoli

Evelyn Águila - EL INFORMADOR Este año iniciará en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la renovación del transporte público viejo y obsoleto, a través de un proceso que se viene trabajando en otros estados del país como el Distrito Federal y Veracruz. La intención es que las unidades con menos de 10 años de antigüedad dejen de circular —luego de ser destruidas y recicladas— y sean sustituidas por otras nuevas, lo que vendría no sólo a mejorar las condiciones atmosféricas de la metrópoli, sino también para prestar un mejor servicio a los usuarios. Aunque se estima que entre 100 y 200 camiones sean retirados del parque vehicular de la metrópoli cada año, la propuesta de Alfonso Torres Romo, director Técnico y de Fomento al Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, es que se haga por rutas completas y no por unidades en lo individual. “Que lo hagan por ramales, por rutas, por origen-destino o en conjunto de toda la ruta”. Uno de los mayores riesgos con este programa, a su juicio, es que los comercializadores de autobuses podrían ser los más beneficiados al venderlos caros, “porque no hay competencia”, al igual que las financieras, por desembolsar el capital para la compra de unidades. “Efectivamente, el transporte que tienen aquí en Guadalajara, lo constaté, no es un transporte adecuado para las grandes ciudades; es un transporte para andar de pueblo en pueblo. El consejo sería que cambiaran el tipo de transporte y el tipo de urbanización, que hicieran la ‘chatarrización’ por ramales, por el conjunto de transportistas, y se constituyeran en una sola empresa y cambiaran totalmente todo el parque vehicular”. Ayer, se llevó a cabo un foro sobre “chatarrización”, organizado por el Grupo Ecologista de Jalisco, en el que brillaron por su ausencia autoridades de la Secretaría de Vialidad, así como de la Secretaría de Hacienda y Nacional Financiera, pese a que fueron invitadas con anticipación. Torres Romo señaló que al transformar la manera en cómo se viene operando el transporte, se abre la ventana al incremento del precio del pasaje, se controlan las fugas de dinero y las compras de nuevas unidades en grupo y no individual, por lo que serían más baratas. Añadió que en el Gobierno del Distrito Federal tienen la meta de poner en marcha 10 corredores de metrobuses, con lo que transportarán en promedio una población de 2.5 millones de viajeros por día, sacando de circulación a cinco mil unidades (contra mil articulados). Beneficios del programa Para agilizar la renovación de unidades obsoletas, Diego Monraz Villaseñor, director del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur), indicó que 15% de los impuestos federales que los dueños de camiones pagan al adquirir uno nuevo, será condonado al igual que se hace en otras entidades. “El tema del Macrobús en la Calzada Independencia ya está relativamente resuelto, pero vienen más corredores donde el margen de maniobra con los transportistas se empezará a estrechar; se complicará para que ellos saquen sus unidades. La ayuda del 15% contra impuestos federales, nos representaría un mayor margen para poder despresurizar más y sustituir los midibuses encimados en las calles, por las unidades tipo articulado (Macrobús)”. La propuesta de “chatarrización”, dijo, podría arrancar a finales de este año, luego de que los gobiernos federal y estatal signen un convenio que vendrá de la mano de la empresa encargada de destruir y reciclar las unidades. Monraz Villaseñor calculó que, con el inicio del Macrobús y este incentivo del 15%, de 100 a 200 unidades serían retiradas por año, lo que se llevaría más de seis años en el proceso de renovación. En torno a los riesgos que podrían presentarse con este programa, el funcionario rechazó varios de los cuestionamientos, argumentando que en Jalisco, 95% de los transportistas es regular y no tiene miedo de que las comercializadoras armadoras de autobuses hagan “grandes negocios” porque es “inevitable”. Por su parte, el presidente de la Cámara del Transporte Urbano y Suburbano de Jalisco, Jorge Higareda Magaña, avaló el arranque de este programa, que pretende renovar y mejorar las condiciones del transporte público. “El programa de ‘chatarrización’ es algo que veníamos pidiendo nosotros, es una ayuda porque con esto también ayudamos a la población. Si nosotros tenemos unidades nuevas, unidades con nuevos sistemas de combustión, lógicamente vamos a ayudar a que haya menos problemas”. Reconoció que con este cambio también resultarán beneficiados, “porque nos tomarán la unidad, en vez de venderla a otro lado; nos van a tomar esa cantidad como enganche, por lo que no saldríamos afectados”. En este proceso, los dueños de los camiones entregarán la unidad vieja para ser adecuadamente destruida, con lo que obtendrán un certificado que formará parte del enganche. Estimó que la mayoría de los casi cinco mil camiones que circula por la ciudad, corresponden a modelos de 2005.

Brinca Vallarta orden de dinero para vertedero

Foto del basurero de Vallarta tomada del Blog de Jessica Soler

Sergio Hernández Márquez - MURAL

Por instrucciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los 26.7 millones de pesos etiquetados en el presupuesto federal para la construcción de un nuevo relleno sanitario en Puerto Vallarta no podían utilizarse en obras dentro del viejo basurero, como lo hizo la administración municipal, si esa inversión comprometía la viabilidad de adecuar un nuevo sitio de disposición final.

La observación, girada el 9 de mayo del año 2007 por la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, no fue atendida ni por el Gobierno estatal ni por el Ayuntamiento que encabeza Javier Bravo Carbajal.

Todo el dinero se fue al viejo basurero y no quedó un peso para la creación de un nuevo espacio para colocar la basura.

"Los recursos transferidos por la Semarnat al Gobierno de Jalisco están asignados a la construcción de un nuevo relleno sanitario en el municipio de Puerto Vallarta por lo que debe entenderse que están etiquetados específicamente para realizar dicha obra en todas sus partes", advirtió la Semarnat, mediante un oficio, a la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), del Gobierno de Jalisco.

"En la eventualidad de que las obras de cierre y clausura del vertedero El Magisterio estuvieran incluidas como parte integrante del proyecto del (nuevo) relleno sanitario de Puerto Vallarta, sin comprometer la viabilidad de este, pudiera resultar procedente la aplicación de recursos a las mismas, sin embargo ello debe estar explícitamente abordado en el proyecto ejecutivo del (nuevo) relleno sanitario".

El 29 de mayo la Semades consideró que las acciones de mitigación y el saneamiento del viejo tiradero sí tenían relación directa con la construcción de un nuevo relleno sanitario de Vallarta y avaló que la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Jalisco entregara el dinero a la administración municipal.

A mediados del 2007, ya con el dinero, el Gobierno municipal de Javier Bravo Carbajal se dio a la tarea de realizar, en el basurero de la Colonia Magisterio, acciones para mitigar la emergencia ambiental que ahí se vive por el mal manejo que históricamente Vallarta le da a sus residuos, y no sobró un centavo para un nuevo relleno sanitario.

Como ayer lo publicó MURAL, el dinero etiquetado a Vallarta inicialmente para un nuevo relleno sanitario eran 41 millones 600 mil pesos, en el año 2006, que por un recorte presupuestal de Hacienda disminuyeron a 26.7 millones de pesos.

Ya sin dinero federal, Vallarta se quedó también sin solución para resolver el problema de la basura y ahora busca el Ayuntamiento alguna empresa que le entre al manejo de los residuos sin que esto le cueste a la administración municipal, ya que tampoco quiere aceptar la concesión vigente desde 2006 con la empresa Envir Eau.

Y no informan

La administración municipal de Javier Bravo Carbajal evitó realizar todos los informes trimestrales obligatorios relacionados con la ejecución del dinero federal que se le entregó para la construcción de un nuevo relleno sanitario en Puerto Vallarta, que al final se fueron al basurero de Magisterio.

De ellos sólo entregó dos, uno en octubre del 2007 y otro en julio del 2008 a pesar de que había una cláusula en el convenio de transferencia de recursos que eso sería causal para que el municipio tuviera la obligación de regresar el dinero, que seguiría aplicando directamente Semades.

El informe final del destino de los 26.7 millones, el de julio, ya lo analizan con lupa en la Semarnat puesto que hay sospechas de que en realidad no se haya invertido todo el dinero en el basurero de Magisterio.

Estudiarán contaminación en parques públicos tapatíos

Gilberto Franco - EL INFORMADOR Este martes se instaló el Consejo Consultivo de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable de Guadalajara, que tiene el propósito de trabajar de la mano con el Ayuntamiento para tener “un mejor medio ambiente y un verdadero desarrollo sustentable”. Integrado en su mayoría por ciudadanos, el organismo tiene el objetivo de asesorar en la elaboración de planes y programas municipales y proponer al presidente municipal, en el marco del Plan Municipal de Desarrollo, la celebración de acuerdos en coordinación con autoridades de los tres ámbitos de Gobierno. La primera tarea será elaborar un diagnóstico de la situación del Parque Agua Azul, resultados que estarán en un mes. José Antonio Gómez Reyna, titular del consejo, adelanta problemas graves en la calidad del agua, contaminación ambiental y pésimas condiciones de parques públicos de la ciudad. El Consejo está integrado por: José Antonio Gómez Reyna (presidente), Óscar Miguel Cordero Viramontes (secretario técnico) y como consejeros los regidores Luis Alberto Reyes Murguía, Juan Pablo de la Torre Salcedo, Myriam Vachez Plagnol y Celia Fausto Lizaola. Además, como consejeros por parte de la sociedad civil participan especialistas como Martha Georgina Orozco Medina, Óscar Aguilar Juárez, Jaime Eloy Ruíz Barajas, Hermes Ulises Ramírez Sánchez, Alicia Loeza Corichi, Luz María Cueto Sánchez y Olegario Hernández López.

Esfuman millones de relleno sanitario

Sergio Hernández Márquez - MURAL

De los 41 millones de pesos para la construcción de un nuevo relleno sanitario en Vallarta, etiquetados en el presupuesto federal 2006 exclusivamente para tal fin, no queda un peso y el puerto continúa con la emergencia ambiental por la cual se justificó la canalización de los recursos.

De este dinero el Ayuntamiento actual asegura haber invertido 26 millones 800 mil pesos en adecuar el basurero de la Colonia Magisterio, que opera fuera las normas ambientales, y el resto del dinero, 15 millones de pesos, los tomó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para hacer frente a un recorte presupuestal que hizo la Secretaría de Hacienda, pero a gasto corriente.

El saldo son cero pesos en caja y un problema sin resolver ya que a pesar de existir un nuevo relleno sanitario en Puerto Vallarta, construido por la empresa Envir Eau mediante un contrato hecho con el Ayuntamiento en el año 2006, la administración municipal actual, con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Jalisco (Semades), no quiso pagar la construcción con el dinero federal etiquetado, como se acordó en el contrato de concesión del servicio otorgado a la misma empresa Envir Eau.

Patricia Fregoso Cruz, secretaria técnica en la Semades, aseguró que el cierre del vertedero actual, en la Colonia Magisterio, tiene relación directa con la apertura de un nuevo relleno sanitario, por lo que la dependencia estatal ve como justificado que 26 millones 800 mil pesos se hayan canalizado al sitio ubicado en la Colonia Magisterio.

En Puerto Vallarta el Presidente Municipal, Javier Bravo Carbajal, propuso ayer la integración de un consejo ciudadano con empresarios y académicos, para escoger a una nueva empresa que resuelva el problema de la basura en la ciudad que a diario genera alrededor de 450 toneladas de residuos.

"Con esta propuesta buscamos que no haya más especulaciones, las opciones están en la mesa y son para analizarse y aprobarse o rechazarse. No pongamos en tela de juicio una decisión trascendental para Puerto Vallarta", señaló el Alcalde, aclarando que hay más de 15 propuestas de empresas, a pesar de que la concesión ya la tiene Envir Eau.

Esta última empresa dio una rueda de prensa en Guadalajara donde el director técnico de la misma, Luis Eduardo de Ávila, cuestionó tanto el destino final del dinero etiquetado por los diputados como el proceso de búsqueda que está haciendo el Ayuntamiento para el manejo de la basura cuando a ellos no se les ha querido respetar la concesión.

Construcción de la ciclovía implementada por el Ayuntamiento rebasará costo presupuestado

Viridiana Saavedra - LA JORNADA JALISCO

El costo de la ciclovía implementada por el Ayuntamiento de Guadalajara tendrá un valor superior a lo establecido en su presentación, adelantó el alcalde tapatío, Alfonso Petersen Farah.

El presupuesto requerido es de 3 millones de pesos, casi un millón más de lo contemplado en junio pasado, fecha en que anunciaron los trabajos, y donde en voz del presidente municipal, se dijo que el costo sería de 830 mil pesos para la primer etapa y un millón 200 mil pesos en la segunda, aunque ayer habló del aumento a casi 2 millones de pesos en la segunda etapa.

“No es un incremento”, dijo el munícipe ante el cuestionamiento en torno al costo, “son diferentes etapas de la ciclovía, el primer contrato que se hizo fue por 830 mil pesos y el segundo contrato que se hizo hace dos semanas creo que está por alrededor de 2 millones de pesos”.

Petersen Farah aseguró que la segunda etapa, la que corre por avenida Federalismo, entre Pedro Moreno y Avenida Alemania, podrá estar terminada en el mes de septiembre, para enseguida trabajar en lo que sería la tercer etapa, abarcando la avenida 8 de Julio.

El anuncio lo hizo antes de llevar a cabo el quinto recorrido que hace en bicicleta, mismo que se propuso implementar el tercer lunes de cada mes y donde, acompañado de funcionarios del ayuntamiento tapatío, recorrió parte de lo que serán las ciclovías.

El recorrido en bicicleta fue sorpresivo para el alcalde, quien aseguró que los avances en las obras son palpables, pues hubo lugares que cuentan ya con espacios de casi dos metros de ancho en ambos carriles.

Aunque muchos de los funcionarios que acompañaron a Petersen Farah durante el recorrido eran personas allegadas a la administración tapatía, hubo algunos que se unieron al contingente, en el que algunos pedaleaban por arriba de la banqueta, otros por los carriles destinados a los automóviles y unos más por los espacios en construcción para la ciclovía.

La intención del recorrido, dijo el alcalde, es presentar a los ciudadanos las opciones de transporte que existen en la zona, ya que además de sencillas resultan económicas y benefician tanto a la salud de quienes se desplazan en bicicleta como a la disminución de la contaminación, por lo que dijo, buscan que para el 2012 sean más del 7 por ciento de los tapatíos los que utilicen la bicicleta como un medio de trasporte de uso común, ya que de acuerdo a sus estadísticas, sólo el 2 por ciento la utiliza habitualmente.

Interpondrá ITEI denuncia penal por falta de transparencia contra el Ayuntamiento de La Huerta

Eugenia Barajas - LA JORNADA JALISCO

El Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) presentará denuncia penal en contra quien resulte responsable en el municipio de La Huerta, por el incumplimiento de entregar información fundamental sobre los ejidos de Punta Pérula y La Fortuna; con lo que llegan a 22 denuncias interpuestas en contra de sujetos obligados por negarse a la entrega de las documentales.

El presidente del organismo, Augusto Valencia dio a conocer lo anterior tras finalizar la sesión ordinaria, donde el pleno del consejo determinó aprobar la medida luego que se le solicitara al sujeto obligado y este se negara a proporcionar la información clasificada de fundamental.

De hecho fueron dos incumplimientos que llegaron desde abril pasado, pero al referirse a la misma información y que se negó a dos ciudadanos diferentes se determinó interponer una sola denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado, contra del funcionario que resulte responsable por abuso de autoridad al no querer entregar la documentación referida que se pidió desde el 9 de mayo.

“Solicitan un informe de las actividades del ayuntamiento y de la agencia municipal de Punta Pérula en el ejido La Fortuna, sobre acciones de urbanización, derechos o donaciones de un predio en particular. Se les pide que la dirección jurídica inicie una investigación para dar con el responsable y sancionarlo”.

Valencia López informó que con esta nueva denuncia suman 22 en lo que va de la creación del instituto, y solamente una de ellas se ha resuelto pero como archivada que fue la referente a la petición de una copia del recibo de nómina del ex gobernador, Francisco Ramírez Acuña y que en un principio fue negada, el resto no tiene ningún avance en la fiscalía estatal, y del total cuatro son en contra del Congreso del Estado.

Refirió que el municipio de La Huerta no tiene excusa como el desconocimiento de la Ley de Transparencia ya que han recibido de menos tres cursos de capacitación exclusivas para los funcionarios y se tiene programada otra para finales de mes, lo que hace extraño el incumplimiento del pleno de entregar dicha información.

El presidente mostró su preocupación por la cantidad de solicitudes que ha recibido el ITEI a causa del rechazo de los municipios para cumplir con la normatividad y entregar la información que deberían tener publicadas en sus portales de Internet.

“De las 15 solicitudes que ingresamos en la sesión, al menos 10 son de municipios que se niegan a cumplir con la ley y el ITEI se encuentra en ocasiones imposibilitado para atender la cantidad de recursos por ser tres los integrantes del pleno”, comentó Valencia López.

Unas plumas enfrentan a vecinos en Zapopan

En las casetas de ingreso de Jardín Real se detiene e interroga a los “visitantes”. Foto: Marco A. Vargas Vanesa Robles - PÚBLICO La privatización marcha con pasos de gigante. Lejos del bullicio político por el tema de Petróleos Mexicanos (Pemex), con permiso de sabe quién y con poco tiempo de aviso a los afectados, los habitantes del fraccionamiento Jardín Real, en el poniente de Zapopan, decidieron adueñarse desde el pasado viernes del bulevar que lleva ese nombre. La intención la avisaron unos días antes, con mantas que pusieron en las casetas de ingreso y que rezan: Aviso. Visitantes, proveedores y prestadores de servicios, a partir del 15 de agosto de 2008, será obligatorio su registro vehicular, por seguridad pública. Gracias por su colaboración. Atte. Asociación de Colonos del Fraccionamiento Jardín Real. Los afectados: los moradores de los nuevos fraccionamientos Jardines del Valle y Girasoles, entre otros, quienes para llegar a sus casas o acceder a la avenida Santa Margarita deben pasar por una pluma y, en muchos casos, decir cómo se llaman y qué asuntos tienen en la zona. Algunos afectados relatan que a la privatización se suma el clasismo: nadie inquiere por los que van de Santa Margarita a Jardines del Valle, al menos que sus automóviles sean de modelos muy anteriores. En cambio, los vigilantes privados piden datos de los que desde Girasoles y Jardines del Valle quieren llegar a Santa Margarita. Un problema es que bulevar Jardín Real es público: les costó a todos los zapopanos: “Pero los de aquí decidieron hacerlo privado”, informó ayer uno de los vigilantes privados que custodian con celo a los feos o pasados en la moda automotriz. Otro, que en las horas pico, en el carril de visitantes (hay tres carriles en el ingreso sur, pero dos se los dejan a los residentes; en el norte son más equitativos, uno y uno) la pluma que les permite internarse a la vía sube y baja, baja y sube, mientras filas y filas de vehículos esperan que les toque el turno para llegar a su destino. Este último punto, con el regreso a clases, hizo crisis este lunes y obligó a intervenir a la Secretaría de Vialidad, que por la mañana mandó agentes que obligaron al fraccionamiento a mantener elevadas las plumas para el libre tránsito de los vehículos (la dependencia no informó ayer si mantendrá el operativo los días siguientes). Luego, los del fraccionamiento las volvieron a bajar y regresó el sube y baja, baja y sube. La intención de privatizar el bulevar no es nueva: surgió en noviembre de 2003, cuando Macedonio Tamez Guajardo (del PAN) gobernaba Zapopan; entonces se opuso con éxito el regidor del Partido de la Revolución Democrática José Manuel Delgadillo. El tema regresó, sin que muchos políticos de Zapopan le presten atención en estos días, cuando el asunto de los sueldos de los funcionarios parece más importante para el ayuntamiento.

Ciclovía Federalismo, a fines de septiembre

Como lo ha hecho los penúltimos lunes de cada mes, Alfonso Petersen Farah utilizó ayer la bicicleta como su medio de transporte y dedicó parte de la jornada para promover el uso de ésta entre los tapatíos. Ayer, en compañía de varios funcionarios municipales, el alcalde de Guadalajara hizo un recorrido para supervisar los avances de la ciclovía Federalismo-8 de Julio y de los trabajos de rehabilitación de la banqueta de la calzada Independencia. En entrevista con reporteros de la fuente, previo a su recorrido, informó que la inversión para la ciclovía es por alrededor de tres millones de pesos y expresó su confianza en que hacia el año 2012 los traslados que la población haga en bicicleta dentro de la zona metropolitana pasen de 2.3 por ciento actual, a 7 por ciento: “Parece poco, pero significa lograr un proyecto muy ambicioso”. La inversión corresponde a las dos etapas de la ciclovía, que estará terminada a fines de septiembre próximo, según confirmó. La ciclovía se ubica en el tramo comprendido entre la calle Pedro Moreno y la avenida Alemania y se conectará para su tercera etapa por la avenida 8 de Julio. “Lo que esperamos con la ciclovía es generar condiciones de seguridad”, precisó. El presidente municipal se trasladó a la confluencia de las avenidas Federalismo y Washington, al inicio de la prolongación Cristóbal Colón, junto a las vías del ferrocarril, en donde hay un espacio público que puede ser recuperado para beneficio de los tapatíos. Posteriormente recorrió la Plaza Juárez, cuyas banquetas están en vías de rehabilitación y contarán con un área especial para bicicletas. En la última parte del recorrido, el presidente y su comitiva visitaron la esquina nororiente del parque Agua Azul, el cual también será objeto de arreglos. Tras concluir su quinto recorrido mensual en bicicleta, el presidente se reunió con líderes sindicales, a quienes ofreció una comida en Palacio Municipal e informó sobre su política de movilidad urbana no motorizada. La intención es motivar el uso de este medio a la par que se toman medidas para que sea seguro No hay plan ejecutivo: PRI • El Ayuntamiento de Guadalajara carece de un plan ejecutivo en materia de ciclovías, afirmó Leobardo Alcalá Padilla, coordinador de regidores priistas, quien consideró que las reuniones del alcalde Alfonso Petersen con líderes de diversos sectores, para incentivar el uso de la bicicleta, tienen fines proselitistas. Explicó que es un tema que el Ayuntamiento de Guadalajara había postergado por una razón “no entendible desde el ámbito de los ciudadanos”, y ahora se hace en forma improvisada. Aseveró que el anuncio de los tres millones de pesos que se van a invertir le toma por sorpresa, pues originalmente serían 1.5 millones de pesos: “Pueden ser tres o diez millones. Y si no tenemos un proyecto ejecutivo de largo plazo, nos dice que lo que hay es una serie de improvisaciones”.

Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza

Como cada año, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha lanzado ya la convocatoria del “Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza”.

A partir de esta fecha y hasta el próximo 8 de octubre podrán ser presentadas candidaturas en cada una de las cinco categorías que considera el galardón:

* Individual

* Organizaciones Civiles

* Académica y/o Investigación

* Medios de Comunicación

* Empresarial

Hacemos un atento exhorto a todos ustedes para que nos ayuden con sus respectivos interlocutores para hacer difusión a esta convocatoria, el documento que puede ser consultada directamente en la página de la CONANP, en la dirección http://www.conanp.gob.mx/r2008/index.html

Soluciones en Colomos y Bugambilias... luego

Vanesa Robles - PÚBLICO Los ambientalistas tienen una resistencia olímpica. El jueves aguantaron dos manifestaciones y cuatro horas de golpes políticos ajenos, interrumpidos por dos recesos. Al final, se marcharon de la sesión de Cabildo de Zapopan casi a la medianoche, con las manos vacías. A los que defienden el cerro de Bugambilias y han sido agredidos por ello, las autoridades les pidieron paciencia. A los que han demostrado la destrucción de la cuenca hidrológica de Los Colomos, las autoridades les pidieron paciencia. Los de Bugambilias acusaron que la paciencia acabará por destruir lo que queda del área de amortiguamiento del bosque La Primavera, un pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero no sólo eso: el 25 de julio dos de las denunciantes, Gladys Martínez y Rosario Bretón, recibieron bombas molotov en sus hogares. Ante un Cabildo cansado e indiferente, exigían la intervención de las autoridades para que cese la ola de violencia en el fraccionamiento; que se amoneste al director de Participación Ciudadana del municipio, Carlos Alberto Rendón, protector del presidente de los colonos, Rafael Padilla, quien ha acosado a sus adversarios y permitido la destrucción del cerro. El alcalde Juan Sánchez Aldana les respondió que sus peticiones están en proceso en la Contraloría municipal y llamó al líder vecinal, “para que se mesure en sus impulsos”. Los defensores del bosque Los Colomos acusaron que la paciencia acabará por causar en ese otro pulmón lo que ocurre en Bugambilias y exigieron, para ya, la destitución de la directora del Consejo Municipal del Deporte (Comude), Lucy Barriga. La funcionaria arrendó de manera ilegal una parte de la unidad El Polvorín a un par de empresarios. Uno creó un campo de gotcha, que dejó árboles y ardillas heridos por los colores de las balas de pintura. Cuando el Ayuntamiento de Zapopan admitió el error, los arrendatarios recurrieron a la ley y obtuvieron 400 mil pesos del gasto público por “daños”. El alcalde de Zapopan les respondió que sus peticiones están en proceso en la Sindicatura municipal, y llamó a que las investigaciones contra Lucy Barriga terminen en quince días; por lo pronto, se negó siquiera a regañar a la servidora. Los habitantes de Bugambilias y los defensores de Los Colomos acusaron a las autoridades de indolentes y abandonaron la sesión molestos con el regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Villagómez. El jueves, el edil ofreció una rueda de prensa en respaldo a los vecinos de Bugambilias; un día después respaldó al alcalde del Partido Acción Nacional (PAN). La mañana de ayer, Villagómez convenció a los regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de que apoyaran la destitución de Lucy Barriga; doce horas después apoyó al alcalde contra la exigencia de los ambientalistas. “Este Cabildo parece de señores feudales”, lamentó Laura Haro, de 21 años, presidenta del Movimiento de Propuesta Ciudadana: primera vez en una sesión de ayuntamiento. Virgina Acosta, de Ciudadanos por los Colomos, se quejó de todos los partidos, incluso del PRI, que apoyó la salida de la directora del Comude, pero sugirió que se la puede contratar para otro puesto: “La fuerza ciudadana es lo único que tenemos para detener las atrocidades. Exigimos la destitución de Barriga, porque hubiera sido emblemático de la defensa del bosque y porque tenemos derecho: el predio no le pertenece al estado; nos pertenece a todos. De las autoridades, sólo esperábamos que cumplieran su obligación”. Jefe policiaco, sin claves Zapopan tiene un nuevo director de la policía desde el primer minuto de ayer. A las 0:00 en punto del viernes, rindió protesta el nuevo responsable de la Dirección de Seguridad Pública Protección Civil y Bomberos, Rito Padilla García. El servidor confirmó su intención de evaluar a los gendarmes municipales y despedir a los que incurran en actos de corrupción. Rito Padilla nunca ha sido policía y se notó: cuando quiso usar el radio de la corporación debió preguntar cómo funciona. Según distintos documentos en la Internet, el nuevo jefe de la corporación ha sido colaborador cercano de varios funcionarios ultraconservadores del Partido Acción Nacional. Pero el viernes, no tuvo nada qué ver en el recuerdo que el alcalde zapopano, Juan Sánchez Aldana entregó como despedida a su predecesor, Francisco Martínez Espinoza: una imagen de la Virgen de Zapopan.

SIAPA cede, suspenderá uso de mantas contra morosos

Maricarmen Rello - PÚBLICO El titular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Rodolfo Ocampo Velázquez, anunció que en respuesta a la medida cautelar solicitada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), se suspenderá la colocación de mantas en el exterior de los inmuebles que adeudan pagos de agua. La respuesta la presentó por escrito, con fecha del 14 de agosto pasado, pero además el director del SIAPA acudió ayer a la sede de la CEDHJ para hablar del tema con el ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Ahí, entrevistado por reporteros, explicó que la medida será suspendida en tanto el organismo defensor realiza un estudio o análisis para determinar si la medida, que denominó “servicio de externalización de cobranza”, es violatoria de los derechos humanos y por la cual la comisión abrió el acta de investigación 129/2008/IV. En caso de una conclusión afirmativa, adelantó que se suspendería definitivamente la colocación de mantas; no obstante que como estrategia estaba dando resultados. Según Ocampo Velázquez, con la estrategia puesta en marcha por el SIAPA desde hace tres meses, se logró una recuperación de 4,700 cuentas aproximadamente, con un monto recaudado por 31.5 millones de pesos, de los que 21 millones son recursos de “personas que llegaron y liquidaron el total de su adeudo”; 10.5 millones de pesos que se recibieron de usuarios que abonaron a su adeudo a partir de un convenio, del cual se desprende el compromiso de finiquitar su cuenta. Convenios que comprometen otros 39 millones de pesos. El directivo reconoció que aceptó que los quince despachos contratados por el SIAPA arrancaran con la colocación de carteles, sin considerar que con esta acción se podría afectar la honra pública de los morosos. A la fecha, calculó que hay cerca de ocho mil mantas en los distintos municipios metropolitanos. No supo decir cuántas más quedaron en bodega. En cuanto al monto que se paga a los despachos jurídicos, informó que varía entre 7 y 12 por ciento sobre cuentas recuperadas y en función del proceso. Actualmente, la mora asciende a 26 por ciento de los usuarios de agua potable, drenaje y alcantarillado de la zona metropolitana, lo cual equivale a un universo de 280 mil clientes morosos. Rodolfo Ocampo atribuyó a este adeudo el que el organismo no haya podido mejorar el servicio, pues recordó que el SIAPA no recibe ningún subsidio gubernamental. Mientras se espera la conclusión de la CEDHJ, el SIAPA recurrirá a otras estrategias para recuperar la cartera vencida “uno de los principales lastres que tiene en este momento el organismo para poder responder a los derechos que también creo que tienen los usuarios que pagan puntualmente su recibo… y año con año ven como se va deteriorando la calidad del servicio”, dijo el director. Entre dichas acciones destacó que seguirán los procesos legales para recuperar la cartera vencida, como se veía haciendo “al utilizar algunas herramientas previstas en la Ley de Ingresos como la disminución del servicio para usuarios habitacionales, y el corte definitivo para los usuarios comerciales o industriales”. Respecto a las quejas de usuarios que aseveran que les colocaron mantas en su propiedad exhibiéndoles como morosos sin tener adeudo con el SIAPA, dijo no tener reportes, tampoco consideró que se haya ejercitado esta acción sólo contra los usuarios de bajos ingresos y no contra grandes deudores como empresas y dependencias públicas. Lo que pasa, es que ante una manta, éstos pagan rápidamente, agregó. Por cierto, si sobre la fachada de su finca o predio luce alguna manta, no la retire. La aceptación de la medida cautelar es para suspender la estrategia, no incluye a los que ya fueron requeridos con tan persuasivo método.

Reiteran el no vecinal a casino en Las Fuentes

Vanesa Robles - PÚBLICO Los vecinos de la colonia Las Fuentes, en Zapopan, refrendaron ayer su oposición a la instalación de un casino Winpot en la avenida López Mateos Sur y acusaron a la directora de Padrón y Licencias de esa ciudad, Guadalupe Castillo Novoa, de no respetar la voluntad de los moradores del barrio. El presidente de la asociación vecinal, José María López Cortés, afirmó que los colonos no han autorizado la instalación de negocio alguno en el terreno de siete mil metros cuadrados, donde hace unos años se demolió una casa vieja. Los vecinos también se niegan a que el predio sea ocupado por escuelas, cafés u hoteles. El pasado 9 de agosto, el alcalde de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, consideró esa actitud intransigente, pues el uso del suelo de la avenida López Mateos es de alta densidad y permite cualquier negocio. También dijo que ha visitado varios centros de juego de la urbe y no encuentra que causen problemas o ruidos. Sin embargo ayer, durante la sesión de Cabildo, dejó entrever un cambio de actitud, pues dijo que aún falta que la Secretaría de Gobernación dé su permiso y para ello se necesita un aval del municipio, el cual aún no se da y podría no otorgarse; decisión que se tomará en los próximos días, tras reunirse con los inconformes y la oficial de Padrón y Licencias. La respuesta vecinal es de preverse: los habitantes de Las Fuentes no están dispuestos a moverse de su postura. Respecto al casino, la gran mayoría de los asistentes a una asamblea convocada por las autoridades de Zapopan el pasado 8 de agosto, se negó a su instalación, pero la respuesta de Guadalupe Castillo fue que el uso de suelo de López Mateos permite el funcionamiento del centro de juegos que tendría 650 máquinas de bingo (o lotería automática) un restaurante, un bar y estacionamiento para 150 vehículos. En general, los colonos de Las Fuentes afirman se sienten traicionados por el alcalde de Zapopan desde el principio de la Administración, pues dicen que cuando acudieron a él por primera vez, éste los presionó para la construcción de un gran hotel y la ampliación de la iglesia del barrio, con el argumento de: que hasta “el señor cardenal ya me jaló las orejas”. Añadieron que sin su permiso, hace un año el párroco Eduardo Medina invadió 300 metros de jardineras públicas para ampliar las criptas del templo. Ya solicitaron una audiencia con el alcalde zapopano, para expresarle sus molestias. Al parecer esta vez sí los va a escuchar

Royksopp - Remind Me

El Sótano, la librería más completa de Guadalajara: Pedro López

Ricardo Solís - LA JORNADA JALISCO

Ayer por la tarde, abrió sus puertas de manera oficial la librería El Sótano, en Guadalajara. Ubicada en Avenida Guadalupe, muy cerca de la glorieta Chapalita y, para todos aquellos que lo dudaron, la convocatoria para el evento fue numerosa, así se deba esto –sobre todo- al innegable prestigio mediático de la presentadora del libro.

Pedro López Ramírez, director de Librerías El Sótano, previo al corte de listón emblemático, sostuvo lo que ha venido diciendo, no solamente que esta sucursal en lo particular es la mayor del país, equipada con toda clase de servicios y tecnología de punta en el ramo, todo en virtud de ofrecer a los probables consumidores el mejor servicio.

López Ramírez apuesta, de acuerdo con su “estudio de mercado”, por la ubicación de esta sucursal y el interesante “movimiento cultural” de la zona, a lo que no dejó de agregar que los más de 45 mil títulos disponibles en la librería la convierten en la mayor y más surtida de la ciudad (por lo que, aseguró, se espera en breve amortizar los costos totales que ascienden –aproximadamente- a 2 millones de pesos).

Pese a promesa de que se respetaría voluntad de colonos, construirán casino en Las Fuentes

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

La construcción del casino Winpot en la colonia Las Fuentes se llevará a cabo aun cuando la directora de Padrón y Licencias de Zapopan, María Guadalupe Castillo Novoa, había asegurado que “se respetaría la voluntad de los vecinos”, informó el presidente de la asociación Colonos de Las Fuentes, José María López y Cortés, quien dijo que en la asamblea vecinal del pasado 8 de agosto la mayoría había votado en contra del proyecto que pretende erigirse sobre la avenida López Mateos.

El 8 de agosto pasado, los vecinos tuvieron una asamblea extraordinaria para determinar el futuro del Winpot. La convocatoria había sido hecha a petición del Ayuntamiento de Zapopan, porque los habitantes de la colonia insistieron a la autoridad municipal en que requerían información sobre el proyecto, el cual ya se había gestado en 2007.

En ese entonces, el Ayuntamiento zapopano había solicitado, en dos ocasiones, una carta de anuencia a los colonos. Les fue negado el documento el par de veces. Fue entonces que Castillo Novoa acudió ante ellos porque “Sánchez Aldana la había designando para este asunto”, según relataron los vecinos.

La burócrata les preguntó: “¿cómo se podría oficializar (la construcción del casino)?”. Ellos respondieron: mediante una asamblea.

Así, tuvieron el encuentro con los funcionarios y con los representantes del casino Winpot, una cadena cuyo propietario es Moisés Shemary, dueño de Diversiones Moy y que cuenta ya con siete establecimientos de juego en diferentes entidades del país.

En la reunión, los vecinos supieron que el Winpot abarcaría unos 7 mil metros cuadrados, que contaría con 150 cajones de estacionamiento, que en su interior se accedería a unas 650 “maquinitas”, un bingo y a un restaurante bar.

A la hora de la votación, 52 colonos votaron en contra, cinco a favor y había además un documento con 200 firmas en contra del proyecto. Para eso, antes de la asamblea la funcionaria les había comentado que “se respetaría la voluntad de los vecinos”, según narró López y Cortés.

Al término del evento, Castillo Novoa se le acercó a los miembros de la directiva y les dijo: “no, esencialmente se va a determinar esto (el casino) conforme a la asamblea, hay otros factores para que sí se pueda establecer el lugar”.

Ante estos hechos, los colonos aseguran que el Ayuntamiento está violando lo que marca el Plan Parcial de Desarrollo del municipio. Y relataron la existencia de otros casos.

Cuando el panista Juan Sánchez Aldana llegó a la alcaldía de Zapopan, los colonos de Las Fuentes lo visitaron para exponerle su problemática. De entrada, el alcalde les dijo: “qué bueno que vienen los de Las Fuentes porque tengo dos asuntos: uno, el hotel que se va a hacer, y otro, el padre que va a ampliar y también se va a hacer, porque el señor cardenal ya me jaló las orejas”.

El hotel era un Fiesta Inn que se construiría también sobre la López Mateos. Los vecinos lograron parar la obra; pero con la Iglesia no pudieron.

Hace un año, aproximadamente, el sacerdote de la parroquia, Eduardo Medina, hace un año inició la ampliación de unas criptas sobre unas jardineras. Los colonos lograron otra vez parar la obra. Al final, el párroco prosiguió. Se trata de unos 300 metros sobre los que el religioso construyó ante la negativa de la asociación vecinal.

Por ahora, los vecinos de Las Fuentes solicitaron ya una audiencia con Juan Sánchez; esperan que los atienda y que cumpla solamente con lo que establece el Plan Parcial de Desarrollo.

Con la toma de la CEA, pescadores exigen el saneamiento de la laguna de Cajititlán

Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCO

La advertencia la hicieron el pasado 3 de agosto en el poblado de Cuexcomatitlán y ayer, los pescadores tomaron las instalaciones de la Comisión Estatal de Agua (CEA) en un plantón que encabezó el diputado del PRD, Enrique Alfaro Ramírez, para exigir el saneamiento de la laguna de Cajititlán, cuya contaminación ha puesto en riesgo la actividad pesquera.

Casi la totalidad de los pescadores de la ribera estuvieron presentes en la manifestación, donde al final de la entrevista con un funcionario del organismo se acordó un apoyo económico a los afectados, mientras se instalan las plantas de saneamiento y la entrega por escrito de los programas de inversión que se han comprometido.

“La verdad es que ya están llegando a una situación insostenible, el asunto viene agravándose año con año, pero en este momento sí la urgencia es evidente y yo creo que si se dejara pasar más tiempo, pues lo que estaríamos haciendo es condenar a muerte a la laguna de Cajititlán”, mencionó.

En el plantón no estuvo Martín Morales, presidente de la Unión de Pescadores de Cajititlán, quien en anteriores entrevistas se había manifestado en contra de ejecutar medidas que, en lugar de beneficiarlos, pudieran perjudicarlos.

En entrevista vía telefónica, el líder de la organización declaró que nunca fue consultado sobre la acción que emprendieron por la mañana sus compañeros. Recién llegado de unas vacaciones que tomó en Nayarit para visitar a su familia, dijo que las inconformidades deben ser cautelosas para no dividir al movimiento.

Consideró que el apoyo que han tenido de algunos políticos, como el propio Enrique Alfaro y el senador del PRI Ramiro Hernández, podría ocasionar una politización del tema si no son más mesurados.

Morales mencionó que no era necesario que el perredista encabezara la manifestación, pues él como diputado puede hacerlo desde su curul exigiéndole al gobernador del estado, Emilio González Márquez, el cumplimiento de sus demandas.

“No dudamos que resulten más héroes que quieren salvar la laguna”, vaticinó.

De su parte, el legislador señaló que siempre hay “modositos” y personas como él que creen que la protesta social es la única manera de que el gobierno entienda.

“Cuando las puertas de gobierno se te cierran como ciudadanos, pues yo creo que la única forma de hacer que el gobierno reaccione es abriéndola a fuerza. No me parece que hubiera otra forma de hacer esto”, añadió.

Refirió que hace una semana tuvo oportunidad de dialogar con Martín Morales y éste le dijo que estaba de acuerdo con las acciones a emprenderse; sin embargo, opinó que la visita del senador Ramiro Hernández y el presidente municipal de El Salto a la laguna pudo influir en su parecer.

Es politiquería

El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Antonio Tatengo, opinó que las acciones emprendidas por el perredista responden a actos desesperados de su parte para convertirse por segunda ocasión en el candidato a alcalde de dicha entidad; sin embargo, recordó que Alfaro ya estuvo en dos ocasiones en la administración municipal, una como secretario general y la otra como regidor, en las que nunca aportó iniciativa alguna para el saneamiento de la laguna y hoy que un gobierno panista está a punto de lograr uno de los compromisos más sentidos por la población, no faltarán políticos que estén al acecho.

“Hoy que ya es un hecho que fue una promesa tanto personal mía como del gobernador Emilio González Márquez y que ya va a ser una realidad, ahora sí ya van a la laguna de Cajititlán y les dicen que ahora sí se van a preocupar y que ya no van a seguir permitiendo que entren aguas negras a la laguna de Cajititlán. Pues sí, pero ahorita sí, nosotros sí les estamos demostrando que les vamos a cumplir con hechos a los pescadores”, señaló.

Aseguró que él puede demostrar con documentos que desde noviembre de 2006 se envió un documento a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para solicitar recursos por un monto de 80 millones de pesos para iniciar el saneamiento de la laguna, solicitud que aún no ha sido respondida, pero que ha quedado subsanada en parte, por la entrega de 60 millones de pesos del gobierno estatal.

“Es por eso que el gobierno del estado, en particular el gobernador, por esa buena disposición que tiene y por cumplir con lo que él había prometido, ya están disponibles 60 millones de pesos para que el 1 de octubre inicie la construcción de la planta de tratamiento”, misma que saneará el 90 por ciento de las aguas, aseguró el munícipe.

Dijo que Enrique Alfaro no tiene idea de lo que habla y que le falta calidad moral para hacerlo, pues ha “robado” al pueblo casi 3 mil metros cuadrados para construir su rancho.

“Yo no sé con qué cara habla, por ejemplo él en su rancho en Tlajomulco se está robando una parte que le corresponde al pueblo y que, sin embargo, se la está robando y por ejemplo ahí en lo poco… serían más o menos como unos 10 metros por 100, estamos hablando de algunos 2 mil o 3 mil metros cuadrados, si en lo poco no puede dejárselo al pueblo, en lo mucho qué no hará. Ahí que lo demuestre en estas cosas, no que lo demuestre con politiquería”, reviró.

El presidente municipal añadió que existe también una partida de 20 millones de pesos para remodelar el Malecón de Cajititlán, cuyo proyecto ejecutivo está listo, pero no ha podido hacerse porque los terrenos en que se hará la obra pertenecen al ejido de Cajititlán, quien no ha querido donarlo.

De la selva al Ahogado

Ana Montaño Centeno - PÚBLICO Un viaje a la selva Lacandona cambió la vida de Raúl Muñoz Delgadillo. Fue en 1994 cuando llegó a la reserva ecológica de un millón 550,200 hectáreas, para apoyar voluntariamente a los campamentos que trabajaban por la paz en esa zona de conflicto. Se quedó por siete años admirando la cultura de los lugareños para proteger el medio ambiente, “a pesar de la devastación, la capacidad que tienen los indígenas para cuidar sus reservas naturales es asombrosa”. En 1994 regresó a Jalisco, en donde su sorpresa fue mayúscula al darse cuenta de la apatía y el ánimo de los jaliscienses por destruir, contaminar y destrozar el medio ambiente. “Cuando yo regresé, me impresionó ver la devastación que existía, cómo la mancha urbana seguía creciendo y cómo los habitantes del estado estábamos acabando con nuestro ecosistema”. Decidió dedicarse férrea y activamente a defender el medio ambiente de la entidad. Nacido el 19 de diciembre en la ciudad de México, radicado en Jalisco desde hace más de 17 años, Muñoz Delgadillo asegura que su lucha por la preservación del ecosistema no se va a detener. “Es urgente contrarrestar esa apatía que existe por el tema del medio ambiente, se trata de proteger la vida, nuestro ecosistema y aun así a la población no le interesa, y hablo de todos los estratos sociales”. Padre de cinco hijos y casado desde hace 29 años con María Leticia, asegura que son las propias autoridades las que desprecian el tema, “para ellos no es redituable ni política ni económicamente, solamente en campaña, para ganar adeptos hacen sus promesas y en eso quedan, en sólo promesas incumplidas una vez que llegan al cargo de elección”. Raúl vive en la colonia El Castillo y sus padres habitan en La Azucena, dos de las colonias más afectadas por las inundaciones en El Salto. “Todo este tipo de problemas, de inundaciones, contaminación, deforestación es parte de la falta de cultura ambiental”. El activista es fundador y dirigente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental, organización integrada por más de 23 ciudadanos voluntarios que luchan como él contra las injusticias y atropellos al ecosistema. La labor de Raúl ha sido en las bases sociales, sin distingos de ninguna índole ni afiliaciones a alguna dependencia. “Desde un principio no quisimos registrarnos como asociación civil, por eso sólo somos un comité ciudadano independiente”. El lunes pasado, Raúl recibió un auto de formal prisión en el Juzgado Séptimo de Puente Grande por la supuesta posesión de enervantes con fines comerciales, delito que no se ha comprobado, pues el activista no se ha careado con los policías que lo detuvieron el 9 de julio pasado. Fue el día que él y otros vecinos de La Azucena y El Castillo planeaban bloquear la carretera para hacerse notar contra las constructoras que edificaron en los terrenos de la cuenca del Ahogado. Los policías que lo detuvieron acusaron al activista de portar 42 gramos de mariguana en envoltorios; a decir de Muñoz, el enervante se lo mostraron en las instalaciones de la PGR después de diez horas detenido. Hoy vence el plazo para impugnar la decisión del juez, de lo contrario, Muñoz Delgadillo podría ir a prisión. “Tengo la esperanza de que la justicia sea imparcial, aunque el panorama no es nada alentador por cómo se maneja últimamente la impartición de justicia”.

CEDHJ pide no hostigar a habitantes de Temacapulín

Maricarmen Rello - PÚBLICO La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) realizó un pronunciamiento público y dictó nuevas medidas cautelares solicitando a las autoridades del estado “abstenerse de realizar actos de molestia y hostigamiento contra pobladores y propietarios de fincas de Temacapulín”, el cual se pretende inundar para alzar ahí la presa El Zapotillo. El organismo instó al gobernador Emilio González a realizar la consulta pública que prometió para conocer la opinión de los habitantes de este poblado sobre este proyecto, petición que de hecho fue también una medida cautelar solicitada el año pasado al titular de la Comisión Estatal de Agua (CEA), César Coll Carabias, así como al director del Organismo Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, y que no se dio por cumplida, y a lo que de nueva cuenta se le llama a cumplir con la palabra empeñada por el gobernador Emilio González. El titular del organismo Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, indicó que en visitas recientes a esta zona del municipio Cañadas de Obregón, “se advirtieron acciones de presión” que afectan la calidad de vida de los habitantes del poblado, en una gran mayoría personas de la tercera edad, y que incluyen medidas coercitivas “como la instalación de lonas, carteles y espectaculares en el quiosco de la plaza principal para notificar a la población la reubicación de la comunidad, a pesar de existir un acuerdo verbal con el titular del Poder Ejecutivo de que no se llevaría a cabo la construcción si la mayoría de los pobladores afectados no estaban de acuerdo”. El ombudsman negó que se hubiera reportado la presencia de elementos del Ejército; sin embargo sí se ha recurrido a estrategias como difundir entre la población “que quienes no apoyen el proyecto ahora se quedarán sin indemnización, sin posesiones, sin nada”, advirtió por su parte el tercer visitador general, Alfonso Hernández Barrón, a cargo de la indagatoria. El visitador general añadió que además se han iniciado excavaciones y hay maquinaria pesada, por lo que se requirió “en caso de tener participación en dichas obras, ordenen la suspensión inmediata” o en su defecto, presentar las denuncias correspondientes y gestionar la suspensión de las obras. Por su parte, Emilio González respondió que las conversaciones con pobladores de Temacapulín están en proceso. En entrevista por separado y al término de su gira por Jalostotitlán el mandatario conversó con los habitantes del lugar a quienes les dijo que éste es un proyecto de largo plazo “muy importante para la región”

En Bugambilias denuncian acoso vs opositores a tala de La Primavera

El PRD anunció que apoyará a los colonos que buscan frenar el proyecto inmobiliario que afecta al área de amortiguamiento del bosque La Primavera. Foto:Foto: Público Vanesa Robles - PÚBLICO Un grupo de moradores del fraccionamiento Bugambilias, en Zapopan, se dice acosado por el presidente y el vocal de seguridad de la asociación de colonos, Rafael Padilla Siurob y Martín González Márquez —hermano del gobernador Emilio—, respectivamente, mientras el que podría ser réferi, el director de Participación Ciudadana municipal, Carlos Alberto Rendón Valdés, respalda al comité vecinal cuestionado. Ayer, Gladys Martínez, una de las dos vecinas opositoras a Padilla y a la urbanización del cerro de Bugambilias que hace quince días sufrieron el estallido de bombas molotov a domicilio, denunció que el presidente de los colonos emprendió una campaña de distribución de volantes que la desprestigian, y que la seguridad privada impide a los quejosos informar de las irregularidades administrativas de la mesa directiva. Ésta fue destituida por los colonos a principios de 2008 y restituida por Carlos Alberto Rendón casi enseguida. Ayer, el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Jalisco, Raúl Vargas y el regidor perredista en Zapopan, Manuel Villagómez, manifestaron su respaldo al grupo de inconformes y afirmaron que solicitarán la intervención de las autoridades estatales y federales en el caso. El caso se divide en varios. Uno, las acusaciones de corrupción contra Rafael Padilla. Otro, los proyectos de urbanización de 150 hectáreas del cerro, que han permitido la tala de árboles en el área de amortiguamiento del bosque La Primavera y borrado del mapa cañadas —áreas de protección federal que por su importancia ecológica son intocables—. La urbanización, es posible por los cambios de uso de suelo, que comenzaron en el gobierno municipal de Macedonio Tamez (Partido Acción Nacional), siguieron con licencias irregulares durante el de Ismael Orozco (Partido Revolucionario Institucional) y se consolidaron en los últimos meses. Unos y otros, respaldados con la firma de Padilla. Y en la Administración actual, la voz del director de Participación Ciudadana de Zapopan protege tanto al dirigente vecinal como a los que le ponen cemento al bosque. En un video publicitario de la constructora DASA, Rendón afirma: “La Asociación Civil que tenemos reconocida está comandada por Rafael Padilla. Los planes parciales son aprobados por los regidores del ayuntamiento y [los constructores] tienen un aprobado”.

Activistas denuncian que los criminalizan

Carlos Martín - PÚBLICO Ciudadanos de El Salto y distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) se manifestaron en El Salto para denunciar la presión oficial contra las actividades de los activistas sociales en Jalisco y exigir la exoneración del luchador ambiental Raúl Muñoz Delgadillo, quien fue encarcelado tras acusársele de posesión de mariguana, que se asegura le plantó la policía. “Denunciamos ante la opinión pública los actos de criminalización de la lucha ciudadana que el estado, a través de sus autoridades, está implementando para inhibir la defensa de nuestros derechos”, dijeron en un comunicado. Raúl Muñoz fue detenido el 9 de julio pasado por la policía municipal de El Salto por la presunta posesión de mariguana. Esa mañana se dirigía, junto con otros ciudadanos, a Guadalajara para exigir solución a los problemas ambientales y de construcción del fraccionamiento El Castillo, de donde es vecino, y La Azucena. El hombre salió bajo fianza, pero el proceso judicial sigue: “Lo he acompañado cada lunes a firmar a la penal” comentó Margarita Sierra, compañera activista de Raúl. Agregó que el careo con los dos oficiales que lo detuvieron no se ha dado debido a que “uno de los policías estaba de vacaciones”. Ayer mismo, Raúl ratificó su denuncia contra la policía de El Salto y contra quien resulte responsable. “Demandamos al gobierno que no aceptamos esta situación amañanada [sic]; a los líderes nos quieren criminalizar”. De la reunión que sostuvieron los ciudadanos y las ONG, exigieron la “inmediata exoneración de Raúl Muñoz, castigo a los responsables, alto a la impunidad”, además de denunciar “los actos de criminalización de la lucha ciudadana que el estado, a través de sus autoridades”, realiza. Invitaron a la ciudadanía a denunciar y no permitir que este proceso convierta a Raúl Muñoz en preso político.

CEDHJ: el gobierno del estado debe abstenerse de hostigar a los pobladores de Temacapulín

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

El gobierno del estado debe abstenerse de realizar “actos de molestia y hostigamiento” en contra de los pobladores de Temacapulín –donde se lleva a cabo la construcción de la presa El Zapotillo–, en tanto no se concrete una consulta pública entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los pobladores del lugar, así como dos proyectos alternativos a la obra que promueven las autoridades de la entidad, según lo señaló ayer el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, en el pronunciamiento 5 de 2008.

“El derecho humano al desarrollo forma parte de los derechos conocidos como de la tercera generación. El progreso sostenible, sustentable, equitativo y participativo se logrará a través de un trabajo serio y democrático que favorezca no sólo a las grandes ciudades o a las grandes corporaciones, sino que impulse a las pequeñas comunidades, salvaguardando sus derechos”, fue el preámbulo de Alvarez Cibrián.

Se trató de un pronunciamiento a las autoridades estatales, no así de una recomendación: “no se ha concluido la investigación. Es una revisión del procedimiento y, con el espíritu de prontitud es por ello que nos pronunciamos. Si nos esperamos (a una recomendación) sería lamentable y podrían presentarse violaciones a los derechos humanos”, aclaró.

La CEDHJ inició un acta de investigación por las posibles violaciones a las garantías individuales de los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, en virtud de que, mediante la firma de un acuerdo por parte del gobierno del estado se había adquirido un compromiso con Guanajuato y con la Conagua para construir la presa El Zapotillo. Dicho proyecto implica inundar por completo a Temacapulín.

“Esta acción, en caso de llevarse a cabo, vulneraría, además de sus derechos a la propiedad, posesión, patrimonio cultural y antropológico, el derecho a la participación ciudadana en proyectos que implican una afectación a toda una comunidad”, señaló Alvarez Cibrián.

Narró que se le solicitaron medidas precautorias al titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el panista César Coll Carabias, y al director del organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, que consistían en una convocatoria abierta a la sociedad para que ésta externara sus puntos de vista.

La respuesta de las dependencias fue que dichas consultas se habían efectuado. En la primera que sostuvieron con los lugareños ambas instituciones se llegó al acuerdo de programar la recepción de ponencias y de preguntas de los interesados. Pero no había para tal labor, un comité encargado, según documentó la CEDHJ. En esa misma reunión, todavía no había surgido la propuesta de la ampliación de la cortina de la presa.

Posteriormente, se celebraron reuniones con los habitantes de Temacapulín y de Cañadas de Obregón los días 4, 5 y 22 de septiembre de 2007. Las sesiones sólo fueron informativas, así lo declararon al organismo defensor los lugareños quienes, mediante las mismas, supieron que se verían afectados en su patrimonio.

“Incluso algunos asistentes, entre ellos un sacerdote oriundo de Temacapulín, manifestaron que el tono utilizado por las autoridades fue amenazador y no de diálogo. Agregaron que en una reunión sostenida en Casa Jalisco, a pesar de que los habitantes manifestaron su oposición con la ampliación del proyecto inicial, que era realizar la presa a una altura no mayor de 75 metros, les dijeron que el proyecto era definitivo y que no se daría marcha atrás”, relató el ombudsman.

De acuerdo con el titular de la CEDHJ, se le hizo hincapié a Coll Carabias de que las reuniones informativas no atendían a lo que promueve la Carta Magna de México, las eyes general y estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la legislación de Aguas Nacionales ya que no recabaron la opinión de los interesados.

Así, en diversas ocasiones, personal de Derechos Humanos acudió al poblado. Ahí, recibió un escrito de queja firmado por 171 personas quienes manifestaron su oposición a El Zapotillo. Los argumentos que expresaron fueron desde “la falta de respeto a la vida, a la historia, a la cultura de la comunidad, además del perjuicio que se provocaría en diversas edificaciones con valor histórico y antropológico, entre ellas el templo de la Virgen de los Remedios, que, según documentos presentados por los quejosos, fue concluido en 1759”.

Ante esto, la CEDHJ solicitó información al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Dicho instituto contestó que no se había autorizado la reubicación del centenario templo.

“Esta Comisión se ha percatado de que las autoridades del gobierno del estado intentan evadir su responsabilidad y participación en el proyecto”, apuntó el ombudsman.

Más: “de las últimas acciones realizadas en torno al proyecto de El Zapotillo se advierte que el gobierno del estado y la Conagua han ejercido acciones de presión hacia los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, las cuales confunden a sus habitantes y provocan incertidumbre no sólo de trascendencia jurídica, sino social y moral, con consecuencias más allá de las materiales, que han afectado su vida y salud, sobre todo de personas de la tercera edad, cuyo porcentaje es alto en esa región”.

Para tales afirmaciones, Alvarez Cibrián se basó en que han sucedido “acciones coercitivas como la instalación de lonas, carteles y espectaculares en el quiosco de la plaza principal para notificar a la población la reubicación de la comunidad, a pesar de existir un acuerdo verbal con el titular del Poder Ejecutivo de que no se llevaría a cabo la construcción si la mayoría de los pobladores afectados no estaban de acuerdo, hacen ver que han sido relegados, en lugar de ser escuchados y de que se les hayan facilitado los medios para promover su participación en el proyecto”.

La presencia de maquinaria pesada a las orillas del río Verde, sitio donde se pretende erigir la cortina de la presa, es otra prueba que presentó el ombudsman.

“Esto significa un acto de arbitrariedad, contrario a los principios democráticos que prevé nuestra legislación”, concluyó.

Vecinos de Bugambilias denuncian hostigamiento de hermano de Emilio

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

Martín González Márquez, hermano del gobernador Emilio González Márquez, y el presidente de colonos de Bugambilias, Raúl Padilla Siurob, fueron acusados ayer de hostigamiento por vecinos de esta zona residencial ante las revelaciones públicas que han hecho éstos del cambio de uso de suelo en el fraccionamiento y con el que se han depredado cerca de 8 hectáreas del bosque La Primavera para la construcción de un desarrollo comercial.

De igual forma, la empresa de seguridad privada que labora en Ciudad Bugambilias se ha prestado para frenar las acciones de resistencia de los colonos disidentes de la asociación vecinal, según relató Gladis Martínez Forbona, quien a principios de agosto fue víctima de una bomba molotov que le aventaron a su casa unos desconocidos. El explosivo quemó las cortinas de la habitación de sus hijas. Al de Gladis se suma otro similar con molotov: el de Rosario Bretón. A ella, le arrojaron el explosivo en su camioneta el 7 de febrero, según consta en la página de Internet de Transparencia Bugambilias (www.transparenciabugambilias.com.mx), organismo que nació tras la denuncia que hicieron los vecinos en torno a las irregularidades de Padilla Siurob.

Todo comenzó hace unos dos años. Vecinos de Bugambilias, se inconformaron con la Asociación de Colonos por problemas relacionados con el tandeo de agua, de cobros indebidos del mismo líquido, de invasión de áreas verdes, de cambios de uso de suelo para la construcción de giros comerciales así como por la depredación de La Primavera. Para entonces, Padilla Siurob, ya ejercía se segundo periodo al frente de la asociación, la cual consta de tres consejos: dos autónomos, el de Honor y Justicia, el de Vigilancia, y el Directivo. Es el de Vigilancia al que pertenece precisamente el hermano del mandatario estatal.

Con argumentos provenientes del mismo Plan Parcial de Desarrollo de Zapopan, que aluden que la zona de Bugambilias es de baja densidad poblacional, los habitantes solicitaron información a la asociación para que les informara sobre los problemas que ya vivían. Como respuesta, les dijeron que era el Ayuntamiento el que había otorgado las licencias de construcción. Ante tal situación, pidieron información al municipio. La autoridad les contestó: uno de los requisitos para la licencias de construcción fueron las cartas de anuencia otorgadas por Padilla Siurob, en su carácter de presidente vecinal.

Posteriormente, el hombre negó lo que dijo el ayuntamiento. Pero los vecinos le refutaron su actuación con una carta que él mismo había firmado para el cambio de uso de suelo. Con ello, Padilla violó el artículo 27 del reglamento del Plan Parcial de Desarrollo Municipal, pues debió haber convocado a una consulta pública, lo cual no ocurrió.

Con el cambio de uso de suelo se han ido construyendo desarrollos habitacionales hacia la parte alta de Bugambilias.

En una foto que los vecinos mostraron ayer en rueda de prensa, acompañados del presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Vargas López y del regidor perredista en Zapopan, Manuel Villagómez, se nota cómo se creó un camino sobre una cañada, propensa a los deslaves y a inundaciones, según comentó Vargas.

Los desarrollos habitacionales se han ido construyendo en la zona de La Primavera que hace tres años fue devastada por un incendio.

Villagómez aseguró además, que los tres incendios que se han presentado en el bosque en lo que va de 2008, “fueron provocados”.

El último desarrollo habitacional que se encuentra en construcción, abarca unas 8 hectáreas. En estas, se pretende erigir un edificio de 90 locales y 400 cajones de estacionamiento con funcionamiento las 24 horas del día.

Tanto los colonos afectados como los dirigentes del PRD señalaron que el director de Participación Ciudadana de Zapopan, Carlos Rendón, es cómplice de estos hechos: “faltando al reglamento, no ha convalidado las asambleas de los colonos inconformes; envía información de los inconformes al señor Padilla y además promueve a la constructora que vende los nuevos desarrollos habitacionales y comerciales en la televisión”, aseguró Vargas López.

Sus palabras fueron acompañadas en un video que se proyectó. En este, se escucha al funcionario hablar de las bondades del proyecto y de cómo reconoce solamente a la asociación que dirige Padilla.

De la intervención del hermano del gobernador, Vargas López dijo que éste, junto con Padilla, contrataron a una empresa de seguridad que “se ha pasado hostigando a los colonos inconformes, incluso coartándoles su libertad de expresión, al impedirles la distribución de volantes informativos”.

A decir de Vargas, el PRD hace responsables a las autoridades municipales por los posibles daños a los vecinos inconformes. De igual manera, el partido solicitará la inmediata intervención de las autoridades federales y estatales a fin de evitar una mayor depredación en La Primavera.

Provocan polémica cobros del SIAPA

Sergio Hernández, Alonso Torres y Vania de Dios - MURAL Los avisos mediante lonas plásticas que se están colocando para echar de cabeza a quienes deben el servicio de agua fueron cuestionados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y defendidos por el SIAPA. El ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ofreció ayer en una rueda de prensa un largo argumento en el que calificó como el asunto como lamentable y grave pues considera que se están vulnerando los derechos humanos de las personas, al afectar su honra. De acuerdo con el titular de la Comisión, la Carta Magna protege a los ciudadanos para que no se vean afectados en su buen nombre. En caso de comprobarse que el SIAPA manda colocar los avisos, la Comisión de Derechos Humanos solicitará la suspensión de estas acciones. "Pediremos al director del SIAPA un informe al respecto sobre lo que está pasando para determinar si esas mantas las están fijando por instrucciones del SIAPA o las están fijando particulares por su propia iniciativa", comentó Álvarez Cibrián. El domingo 10 de agosto MURAL publicó que el SIAPA había iniciado a implementar tres estrategias para cobrar a los morosos: la contratación de despachos de abogados, la colocación de avisos en las fincas y la reducción o el corte del servicio de agua. Ante los cuestionamientos de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, el director del SIAPA, Rodolfo Ocampo, argumento que están actuando dentro de lo que marca el artículo 244 de la Ley de Hacienda Municipal, el cual permite la colocación de avisos en las fincas. Por ello pidió a la Comisión no actuar a favor de quienes no pagan el agua. "Estoy convencido que no hay ninguna violación, ni a ninguna garantía ni a ninguna ley, si fuera así no lo estaríamos haciendo. Estoy seguro que estamos actuando conforme a derecho y que el juicio social tendría que estar sobre aquellos que han decidido no pagar por un servicio que están recibiendo y no sobre quien trata de hacer más eficiente al organismo", comentó Rodolfo Ocampo. "Para mí, lo importante es garantizar que cada vez se cuente con un mejor servicio en la Zona Metropolitana de Guadalajara y yo estaré aplicando todas las herramientas que estén dentro de la ley y a mi alcance para poder garantizar un mejor servicio de agua potable". Juan Sánchez Aldana, Alcalde de Zapopan y presidente del Consejo de Administración del SIAPA, solicitará que se revise la decisión de colgar mantas afuera de las casas de los morosos. "Hay que revisar la forma en que se está haciendo, yo siempre he creído que lo mejor es llegar a acuerdos, llegar a convenios, platicar y acercarnos con la gente que debe y que estos solamente sean casos extremos", consideró. ...Y cobran 50 pesos Además de la quemada, los morosos del SIAPA deben pagar 50 pesos por cada notificación de adeudo que se deja en las fincas. El director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Rodolfo Ocampo, argumento que los 50 pesos por aviso se consideran como gastos de ejecución, dinero que va para el pago de los notificadores y, si sobra, a una bolsa común del organismo. Saúl Estrada Navarrete, un usuario del SIAPA que consume en promedio 50 pesos al mes de agua, consideró como injusto que por dejar que se acumulen uno o dos meses antes de pagar luego tenga que enfrentar cobros de 50 pesos por gastos de ejecución en notificaciones que pueden llegar hasta dos por mes, como asegura ocurrió en su caso.

Juez da espaldarazo a La Ciudadela

Vanesa Robles - PÚBLICO Continúa la construcción de La Ciudadela. El Juzgado de Tercer Circuito Administrativo dio otro espaldarazo a la construcción del megaproyecto inmobiliario en la colonia Jardines del Sol, en Zapopan, pues negó amparo definitivo a los vecinos de la zona, para que se suspendan las obras. Se trataba de un amparo ante un juzgado federal, contra la decisión de un juzgado estatal: el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), que a principios de 2008 también decidió a favor de quien se ostenta como representante de los inversionistas de la obra, Ricardo Covarrubias Valenzuela. A su vez, en enero pasado, el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco había echado abajo la decisión de los jueces municipales, que en noviembre de 2007 lograron parar la obra durante dos meses: las licencias de construcción de la Ciudadela ante Zapopan son irregulares. ¿Qué tan irregulares? La responsable del proyecto que se encuentra en Labna, Patria y Moctezuma, SSC Inmobiliaria y Ricardo Covarrubias, jamás presentaron ante la Administración municipal de Zapopan, entonces a cargo de Arturo Zamora (del Partido Revolucionario Institucional) un estudio de impacto ambiental, vial ni la anuencia de los habitantes de la zona para erigir cinco torres con 100 departamentos habitacionales cada uno y un centro comercial con estacionamiento para 3,500 vehículos. Eso, sin contar que el terreno de 114 mil metros cuadrados, donde estuvo la planta de Motorola durante 40 años, se presume que está contaminado con metales pesados, que sirven para la elaboración de piezas electrónicas. Los vecinos afirman que mucha de la tierra del predio fue removida y trasladada a otros puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. El argumento técnico que esgrimió ayer el juez federal, Héctor Martínez Flores, para negar el amparo a los habitantes de Jardines del Sol, es que se trataba de un acto restitutivo, que sólo se puede otorgar en una audiencia constitucional. En palabras cristianas: la edificación de La Ciudadela tuvo avances desde enero de 2008, cuando el TAE ordenó que continuaran los trabajos, así que el juzgado de circuito decidirá por algo diferente a lo que juzgó el TAE. “No puedo hacer que la obra se encuentre como estaba en noviembre pasado. En realidad, el criterio no puede ser restitutivo, porque sólo pedíamos la protección contra de la injusticia”, lamentó el presidente de Jardines del Sol. Ludger Kellner. Ha transcurrido un año y medio desde que comenzó la construcción de La Ciudadela, y Kellner ya entiende todos los términos técnicos que se hablan en los juzgados a los que ha acudido casi cada semana, desde marzo de 2007. Con sus propias palabras, afirmó ayer que hace falta mucho más que la decisión contraria de un juez para que sus vecinos se den por vencidos. Ellos acusan al magistrado del Tribunal Administrativo, Horacio León, de haberlos metido en el nudo de la burocracia judicial. Dicen que es amigo de Ricardo Covarrubias. Lo cierto es que los colonos intentan parar el megaproyecto con sus recursos de asalariados o jubilados, en muchos casos, mientras que SSC Inmobiliaria, afirman estos, tiene miles de millones de dólares para poner la ley a su favor.

Bronce para México

En un espectacular regreso, las clavadistas Tatiana Ortiz y Paola Espinosa se colgaron la medalla de bronce en la plataforma de 10 metros. Luego de las primeras dos rondas, las mexicanas se ubicaban en la última posición, pero en los tres últimos saltos obtuvieron las dos mejores calificaciones de los jueces. Por su parte, con las dos medallas que obtuvo ayer, el estadunidense Michael Phelps se convirtió en el atleta con más preseas doradas en Juegos Olímpicos al sumar 11 en total, cinco en la presente competencia FOTO: AP

Retrasan coordinación para cuidar bosques

Sergio Hernández Márquez - MURAL

El convenio entre Jalisco y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que inspectores estatales puedan vigilar bosques, tráfico de fauna e invasiones a la zona federal marítimo terrestre no ha entrado en vigor a más de un mes de haberse celebrado la firma protocolaria, el 9 de julio.

El problema es que el Poder Ejecutivo del Gobierno federal no ha publicado el convenio de coordinación en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto tampoco lo ha hecho el Gobierno de Jalisco en el Periódico Oficial.

Esta situación está generando que haya un retraso en el inicio de las inspecciones a cargo de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa).

Mientras este convenio se publica 18 inspectores estatales y 4 abogados están recibiendo capacitación y obteniendo sus acreditaciones por Profepa Jalisco, dependencia federal que será rebasada significativamente en su número de inspectores por los elementos de la Procuraduría jalisciense.

Fernando Montes de Oca, titular de Proepa, señaló que al inicio de los trabajos de coordinación los 8 o 10 inspectores de Profepa acompañarán al personal estatal en los operativos de vigilancia, pero que esto será temporal mientras los segundos dominan el procedimiento a seguir.

Para poder hacer frente a este convenio, el Procurador estatal está buscando la ampliación de su plantilla de personal en al menos 21 nuevos inspectores, 7 abogados y 3 coordinadores, uno para la inspección de bosques, otro para vida silvestre y uno más para zona federal marítimo terrestre.

"Con Profepa vamos a hacer nuestro calendario de actividades para que a partir de que contemos con la acreditación podamos ya realizar operativos conjuntos", comentó el Procurador estatal.

"El convenio que firmamos habla de coadyuvar, de tal manera para que no necesariamente tengamos que ir en conjunto porque si nosotros tenemos 22 y la Profepa tiene 8 o 10 elementos no habría esa posibilidad".

Aclaró que en todos los casos el delegado de la Profepa, José de Jesús Becerra Soto, deberá firmar las órdenes de inspección, aunque sean elementos estatales quienes realicen la acción.

Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco (Semades), jefa del Procurador Ambiental, comentó que este convenio es clave para vigilar los cerca de 150 aprovechamientos forestales que se han autorizado en los bosques de Jalisco, y que la Profepa no tiene capacidad de verificar a todos.

"Todos los aprovechamientos forestales vigentes ya tendremos la posibilidad de inspeccionar si realmente han sido respetados los volúmenes y las calidades de los árboles que son autorizados para su derribo", comentó.

"Vigilaremos también que la biomasa se reponga en la proporción en la que se indica en el programa de manejo y que todos los materiales leñosos que generalmente dejan al ras de piso sean dispuestos adecuadamente para que se impida que sea material combustible en temporada de estiaje".

Van por agave y aguacate

Las plantaciones de agave y las de aguacate serán vigiladas con más atención por la Proepa al coordinarse con la Profepa en los cambios de uso de suelo, comentó la titular de Semades, Martha Ruth del Toro.

"Estamos propiciando que el proceso de producción de agave lleve un proceso previo adecuado y ver dónde sembraron qué características tenía ese suelo, si fue en ladera, en coamil el tipo de arrastre de sustancias agroquímicas y qué tanto deslave de laderas está provocando" comentó.

"El aguacate también es importantísimo que lo detengamos porque no es que se prohiba, es una actividad lucrativa que da mayores condiciones de sobrevivencia a comunidades, pero el asunto es que si no se hace el cambio de uso de suelo acompañado de un estudio de impacto, al ratito vamos a sufrir consecuencias muy negativas en torno a esas actividades".