Los inconformes reclaman solución inmediata a la contaminación del río Santiago
Cerca de 2 mil lugareños viajaron a la capital para hacer oír su voz
Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCOLas 12, la 1, las 2, las 3 de la tarde, y el gobernador Emilio González Márquez nunca apareció. Según su agenda oficial el mandatario estuvo ayer en el Tianguis Turístico de Acapulco y hoy acudirá al Foro Económico Mundial de América Latina en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. ¿A qué?, quién sabe, porque el gobierno más transparente (Emilio dixit) no tuvo la delicadeza de explicar los motivos de su asistencia. Los no ilustrados dirán que seguro fue a pasearse y a tomarse la foto con los altos dignatarios del Cono Sur. Aquí en Guadalajara, en el exterior del edificio de gobierno, lo esperaron los ciudadanos –aproximadamente 2 mil–, que provenían de los municipios de El Salto y Juanacatlán para hacerle entrega de un pliego petitorio con soluciones muy concretas a la contaminación del río Santiago.
Ni Emilio, ni su secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, ni nadie con poder de decisión atendió a los inconformes. En lugar de ellos, salieron a recibirlos siempre con las puertas cerradas, primero el sub sub sub de la Secretaría General de Gobierno, después el sub sub, y finalmente el subsecretario de Gobierno, Salvador Avila Loreto. Para entonces las principales vías de comunicación del centro de la ciudad ya estaban tomadas, en simultaneidad con la carretera libre a Zapotlanejo.
El funcionario tardó demasiado tiempo en bajar de su oficina, el sub sub sub dijo que no podía exponerse al sol y que si querían respuesta, ahí los esperaba en el interior del edificio, pero sólo a una pequeña comisión. Los inconformes replicaron que no, que un asunto de esta naturaleza no podía tratarse e_SDLqen lo oscurito”. Sugirieron el kiosco de la Plaza de Armas para establecer una mesa de diálogo a fin de que todos atestiguaran el compromiso de las autoridades. Pero ahí estaban los granaderos y nadie quiso bajarlos.
Esta vez no quisieron ingresar al Palacio porque lo han hecho infinidad de ocasiones, y el resultado es el mismo: inoperancia de las autoridades. Los esfuerzos del sub sub sub y del sub sub por convencer a los inconformes de que integraran una comisión fracasaron. Los teléfonos celulares no paraban de sonar, el sub sub sub decía una cosa, y el sub sub otra, pero el sub no se presentaba.
“Hemos recorrido Profepa, Semarnat, SIAPA, CEA, CNA, Semades, y todos tienen respuestas parciales”, dijo Graciela González, integrante de Un Salto de Vida AC.
Por la mañana llegaron a Guadalajara, provenientes de El Salto y Juanacatlán, 35 camiones que se estacionaron en la Plaza Juárez, cuyo nombre le debe al prócer que hoy es vomitado en las altas cúpulas de gobierno y jerarquía eclesiástica.
De los autobuses bajaron casi 2 mil personas. Eran ancianos, adultos, jóvenes estudiantes y niños, protagonistas de una manifestación que no estremecía a la ciudad desde el famoso placazo que pretendió imponer el mandatario con el cobro por el reemplacamiento de láminas vehiculares para supuestamente desarrollar infraestructura pública.
En esta marcha no estaban las personas que viajan en Mercedes Benz y que salen de un concierto o salen del Cirque du Soleil, y que viven en Puerta de Hierro o Colinas de San Javier. Eran personas que todos los días se quejan de que su aire huele a “huevo podrido”, de que sin motivo alguno la gente se enferma de manchas en la piel, dolores de cabeza, vómito y diarreas. Los mártires del río Blanco para quienes no habrá espacio en el Santuario de los Mártires Cristeros.
Pocos se imaginaban que el sub terminaría en el centro de las avenidas Juárez y Alcalde, rodeado por los cientos de inconformes, asoleándose junto con el sub sub sub y el sub sub, además de guardaespaldas y elementos antimotines. La caravana, en memoria del niño Miguel Angel López Rocha –fallecido hace dos meses a causa de una intoxicación por arsénico luego de que cayera al río Santiago–, partió en silencio. Algunos de sus miembros iban vestidos de blanco y llevaban un moño rojo en el brazo, y un cubrebocas en señal de duelo.
Siguieron por Alcalde y al doblar en Hidalgo se rompió el silencio, justo enfrente de la Catedral Metropolitana.
“¡Queremos solución, si no, habrá revolución!”… “¡90 millones para el Santuario (de los Mártires), cuántos para el (río) Santiago!”… “¡Emergencia ambiental, El Salto, Juanacatlán y Puente Grande!”, corearon las voces al unísono.
Al frente del contingente iba Santiago Clemente, regidor del PRD en el Ayuntamiento de Juanacatlán; Graciela González, de la asociación civil Un salto de Vida, así como integrantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec AC), y atrás, cientos de universitarios de la preparatoria de El Salto, y Conalep Juanacatlán.
Recargado en la puerta de la entrada al Arzobispado, el guardaespaldas del cardenal Juan Sandoval Iñiguez contemplaba a los cientos de inconformes, mientras tomaba fotografías con su teléfono celular, en tanto otros hacían lo mismo desde los balcones del edificio clerical.
Las protestas que se escucharon no fueron en contra del Santuario de los Mártires, (ese que se construya con el dinero de las limosnas, no con los impuestos de los ciudadanos, dijeron los inconformes), sino en contra del donativo, cuyos recursos se necesitan en otras causas.
Los jóvenes gritaron, brincaron y entonaron consignas como si fueran barras de las Chivas. “¿En dónde está, en dónde está, el gran Emilio que nos iba a apoyar?”, repitieron un par de ocasiones. Con cartelones, fotografías y hasta mentadas de madre, la gente expresó su impotencia.
“Se busca donador de cerebro para el gobernador de Jalisco”, consignó uno de los letreros que llevaba un anciano.
El tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Alfonso Gutiérrez Barrón, acompañó a la caravana para dar fe de que no se efectuaran violaciones irreparables a las garantías individuales. Recordó que desde el mes de febrero el organismo emitió un informe especial sobre la contaminación del río Santiago, el cual no ha sido considerado ni por el titular del Poder Ejecutivo, ni por los alcaldes de la Zona Metropolitana.
“Al gobernador desde luego estamos también solicitándole la instalación de las plantas de tratamiento. No podemos aceptar que se siga posponiendo siquiera el tema de la licitación, eso ya raya en una situación de carácter absurdo, sabiendo que hay un problema muy grave, muy delicado, y que sigamos frenados por cuestiones administrativas”, dijo.
Mucha burocracia
Gutiérrez Barrón refirió que la CEDHJ ha pedido además la instalación de un laboratorio de análisis de contaminación de aguas residuales, tierras y lodos, la creación de un fondo estatal para la protección al medio ambiente, y a los presidentes municipales de Chapala, Ocotlán, Poncitlán, Ixtlahuacán del Río, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, que traten sus aguas residuales.
“Todavía no tenemos lista la recomendación, estamos en ese proceso, pero hay situaciones muy claras, violaciones a derechos evidentes y vemos también mucha lentitud y mucha burocracia en la resolución del asunto y eso es lo que ha provocado que se den este tipo de expresiones de la sociedad civil”, añadió.
Apenas el pasado mes de marzo media docena de senadores acudió a El Salto y Juanacatlán, donde se comprometieron a reunir las pruebas de la polución y elevar un punto de acuerdo para enjuiciar a los responsables de la contaminación allá en el Congreso de la Unión. Nada de ello ha ocurrido.
La prueba fehaciente de la contaminación del río Santiago sería la muerte de Miguel Angel López, sin embargo las autoridades han dicho que el niño falleció por una septicemia generalizada, y no por la concentración de arsénico entre 4 y 10 veces más de lo permitido, como demostraron los estudios de orina de la toxicóloga Luz María Cueto.
El sub sub sub se veía desesperado, sin poder de decisión, y encima tener que soportar innumerables abucheos. Trató de justificar lo injustificable, el gobernador ya sabía con anticipación que los habitantes de El Salto y Juanacatlán acudirían a entregarle un pliego petitorio, se lo hicieron saber en diversos medios impresos.
“Ni el secretario de Gobierno ni el gobernador se encuentran aquí, están atendiendo sus agendas (…) es equivocada la información que ustedes tienen de que el gobernador no lo sabe, de que el gobernador no toma cartas en el asunto”, exclamó.
Momentos de tensión retardaron la apertura de las arterias de la ciudad, y la carretera libre a Zapotlanejo. El sub sub sub amenazó con recurrir a la fuerza pública, a la vez que condicionó la presencia de su superior el sub, al desalojo de la autopista.
Una vez resuelto el problema bajó el sub y se enfiló hacia el cruce antes mencionado, con la custodia de los propios habitantes y sus guardaespaldas. Ahí en el corazón de la ciudad escuchó las demandas concentradas en nueve puntos, el más importante de ellos, que se declare de forma inmediata zona de emergencia ambiental y acción extraordinaria de atención en materia de salud.
Que en lugar de las dos macroplantas de saneamiento que propone el gobierno, cada municipio cumpla con el tratamiento de sus aguas residuales domésticas. Que las aguas industriales utilizadas por las empresas en su proceso de producción, sean tratadas por cada una de ellas. Que se transparente el inventario completo de los volúmenes de agua extraída, así como de la descarga y caracterización de la misma utilizada por las industrias instaladas desde el “Alto Santiago” (de Ocotlán en adelante) hasta la Cuenca del Ahogado. Que se suspendan los permisos de construcción de zonas habitacionales, industriales y comerciales, mientras no se asegure el abastecimiento de los recursos naturales. Que se declare área natural protegida a la serranía que abarca parte de los municipios de El Salto, Juanacatlán, Tonalá, Zapotlán del Rey, Zapotlanejo, y Atotonilco, incluyendo la selva baja y bosques de roble a fin de preservar el ecosistema que abastece de agua el caudal del río Santiago.
En el lugar se selló de recibido el pliego y con ello terminó la protesta. Los afectados emplazaron a las autoridades a cumplir sus demandas en un lapso de 60 días, de lo contrario, advirtieron; se tomarán carreteras, el aeropuerto de la ciudad y la central de camiones.
