Calderón arranca segunda fase de la presa La Yesca

Promete cinco mil empleos directos y hasta quince mil indirectos. Gobernador de Nayarit ve esperanzas de que la obra supere los niveles de marginación en la sierra

 

Hostotipaquillo. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Una barranca accidentada, profunda y seca, tallada por una corriente fluvial de historia remota, es el sitio donde se construye una de las megaobras en materia energética de la Administración de Felipe Calderón Hinojosa: la hidroeléctrica de La Yesca, en los linderos de Jalisco y Nayarit.

Allí acudió el primer mandatario ayer por la mañana, para dar banderazo de salida a los trabajos de desvío del imponente río Santiago, el mayor del Occidente mexicano, y comenzar así la edificación de la cortina, que con sus 220.5 metros pudo ser "la más alta del mundo en su tipo", si no fuera porque China, "con 1,200 millones de habitantes" —¿premisa necesaria?—, levantó otra de 250 metros y ya arrebató el récord anticipado, lamentó el propio Calderón Hinojosa ante el amplio y cautivo auditorio, agobiado por el calor de este abismo situado a menos de 300 metros sobre el nivel del mar.

Horas antes de su arribo, el grupo de convocados —en su mayor parte, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la propia obra— era atormentado por decenas de empleados de seguridad, que multiplicaban las esperas bajo el sol y las exigencias disciplinarias y de transparencia; los rostros adustos e indiferentes de los guardianes –poderosos por un momento—, eran tope eficaz a las furias y los reclamos de los samaritanos, muchos de ellos, malhumorados de ir contra su voluntad, como testigos del "presidente del empleo".

Así, la solitaria y ardiente barranca fue tomada brevemente por toda la fuerza del Estado mexicano.

Esta vez, en el segundo día de gira presidencial por Jalisco, ni sombra de los "poderes fácticos" comunes en la Sierra Madre Occidental —cómo olvidar las cinco cabezas de la víspera, en Ixtlahuacán del Río, otro municipio serrano—; la cadena montañosa levanta sus murallas al pie del río, hacia el norte, y su difícil orografía garantiza la prosperidad de pequeños y grandes emporios del narco, y otras formas de ilegalidad.

Pero la megaobra es esperanza para vencer la pesadilla del "Estado fallido". En la actualidad, a dos años de iniciada, ya sostiene arriba de tres mil empleos directos y 3,500 indirectos, lo que hizo suspirar al gobernador nayarita, Ney González Sánchez, acompañante de Calderón, por la derrama económica para las comunidades de la sierra, siempre tan dejadas de la mano de Dios.

Ese Presidente, que da "atención de 100 por ciento" a un estado que apenas tiene poco menos de 1 por ciento de la población del país, fue celebrado por el ocurrente jefe del Ejecutivo nayarita, pragmático en materia de relaciones partidistas, quien además, presumió que en Nayarit no hay despidos por la crisis, sino empleos nuevos y sólidos.

Al gobernador jalisciense Emilio González Márquez no le causó demasiada gracia el discurso lisonjero de su vecino, y se limitó a destacar que la presa fabrica más energía, pero Jalisco aspira a economizarla: el ejemplo ahorrador lo ponen municipios como Jocotepec o Tlaquepaque, donde el alumbrado gasta la mitad de electricidad que en el pasado, pues aprovecha la nueva tecnología.

Emilio González, Felipe Calderón y Ney González contemplan la maqueta de la obra

 

La Yesca —homónima del municipio nayarita que comienza aquí, al norte del río Santiago y al oeste del Bolaños— es una hidroeléctrica que generará 750 megawatts y se une al gran sistema de esta cuenca, que incluye Santa Rosa, El Cajón y Aguamilpa. Al entrar en operación, será el segundo en generación de hidroelectricidad en el país, tras la cuenca del Grijalva, señaló la secretaria de Energía, Georgina Kessel. La inversión es de 767 millones de dólares, y la devaluación del peso la arrastró (ver nota en página siguiente).

El volumen de energía es suficiente para proveer a Nayarit y medio, o a 15 por ciento de las necesidades de Jalisco. Según el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, equivale a 12.5 millones de focos encendidos. El comienzo del desvío del río es la parte más importante de la obra. A más tardar en 2012 podrá entrar en operación. El presidente Calderón dijo que se trata de la "más importante" hidroeléctrica de su gobierno, y que la inversión pública en infraestructura es la gran apuesta para enfrentar la crisis mundial.

"Si algo debe quedar claro es que lo importante no es el preocuparse de qué tan grave es la crisis en el mundo; lo importante es ocuparse de qué podemos hacer para paliarla entre la población mexicana", subrayó.

Dijo que se trata de energía limpia, sin daño por emisiones, como son las termoeléctricas. Olvidó que los cuerpos de agua casi estáticos, como presas y lagos, contribuyen con cerca de 4 por ciento de los gases de efecto invernadero. También, que una presa corta las corrientes y con ello los flujos de vida de una cuenca. El poderoso Santiago termina sometido y empobrecido, pero es por el desarrollo. "Estamos acelerando el gasto público para compensar los efectos de la crisis económica mundial", insistió. Habrá cinco mil empleos directos y quizás quince mil indirectos, prometió optimista.

Se fue pronto, por helicóptero. Sus guardianes atormentaron otra media hora a los asistentes. El río se abrió paso hacia los canales de desvío entre el fragor de las palas mecánicas y los bulldozers.

Huicholes de Santa Catarina denuncian actuación de Profepa

Las autoridades de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, denunciaron la ilegalidad en el levantamiento de dos clausuras a la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla.

Guadalajara/Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO 

Las autoridades de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), Mezquitic, denunciaron la ilegalidad en el levantamiento de dos clausuras a la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en territorios comunales, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

"Manifestamos de manera formal nuestra oposición al levantamiento de las clausuras impuestas a las obras y actividades que se han llevado a cabo sin autorización de cambio de uso de suelo forestal, particularmente aquellas que se encuentran en los terrenos en posesión y bajo régimen de propiedad de nuestra comunidad. Solicitamos respetuosamente la aplicación estricta de la ley y la resolución de los procedimientos sancionatorios [sic] con clausura total definitiva", señalaron en un escrito entregado a la Profepa en oficinas centrales, en la delegación Jalisco, y otras entidades.

"Como es de su conocimiento y se acredita con el comunicado de acceso a la información pública de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, Folio 1600040808, de fecha 18 de Febrero del año 2008, en la actualidad no existe autorización alguna que corresponda al cambio de uso de suelo forestal relativo al Proyecto Carretero citado. Por lo que las obras citadas son completamente ilegales y delictivas", advierten.

El proyecto "no cuenta ni podrá contar con las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal, dado a que los únicos y legítimos propietarios y poseedores de las tierras en las que se pretende desarrollar el proyecto referido somos las autoridades de la Comunidad Huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán y no el gobierno de Jalisco".

Es decir, los artículos 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 120 de su reglamento, establecen que una autorización de ese tipo sólo puede darse "a quien presente original y copia certificada del título de propiedad inscrito en el registro público que corresponda, o en su caso, del documento que acredite la posesión o derecho a realizar las actividades que impliquen el cambio de uso de suelo en terrenos forestales", presupuesto que no se cumple en ese asunto. La comunidad no ha otorgado anuencias, y rompió relaciones con el gobierno tras acusarlo de falsificar su acta de asamblea (Público, 16 y 20 de febrero de 2008), lo que es investigado en la averiguación previa 1949/UEIDAPLE/DA/27/2008, seguida ante la PGR.

Las Joyas, tres historias ocultas de un enredo judicial

Laberintos de burocracia permitieron una sentencia civil irregular sobre la propiedad del terreno que ocupa la estación científica, en el escándalo judicial de la temporada.

Foto: Tonatiuh Figueroa

Autlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Por falta de 700 mil pesos, los actores del juicio civil 749/2006, que virtualmente les entregó en propiedad 900 hectáreas del terreno donde se ubica el laboratorio natural de Las Joyas, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), no pudieron hacer la transmisión de dominio del predio en el Catastro municipal de Autlán de Navarro y, así, no se aplicó la polémica sentencia del juez segundo de lo civil de la localidad, materia de uno de los escándalos judiciales más sonados que se recuerden en esta apacible ciudad de la región costera.

"Como municipio, nos llegan constantemente oficios y no estamos sujetos a verificarlos […] A principios de noviembre de 2008, ellos fueron con el titular del Catastro con la orden del juez, pero se les dijo que debían pagar ese dinero para efectuar el traslado de dominio, y ya no regresaron", revela el síndico del ayuntamiento, Marco Antonio Ramírez Figueroa.

Si bien un registro de este tipo no crea por sí derechos, ciertamente podría haber generado más complicaciones en la defensa del área pública, comprada por el gobierno estatal de Enrique Álvarez del Castillo, en 1984, la cual no fue reconocida en ese juicio de usucapión o prescripción positiva que promovieron casi dos decenas de particulares, en el mayor de los sigilos, desde el año 2006.

Foto: Marco A. Vargas

Los registros vigentes en este catastro son enredosos. Hay tres correspondientes a la propiedad del gobierno de Jalisco, que ocupa en comodato la UdeG. Son las cuentas activas R000816 (que ampara 276 hectáreas), R000815 (de 485.6 ha), y R000813 (de 484.3 ha), cuya superficie total es de 1,245.9 ha.

Del mismo modo, y sin reparar en la contradicción, tiene registro activo la cuenta R001308, a nombre de Félix Morales Barbarín y codueños, que amparan el predio El Tejocote y Las Joyas, de 2,586.5 ha, lo cual es base de los derechos posesorios que reclamaron en prescripción los actores del juicio civil.

¿Por qué se permite registrar en Catastro y se reciben contribuciones con escrituras traslapadas? El síndico advierte que la entidad no tiene como tarea reconocer la propiedad o la posesión, pero, además, no discute la validez de las sentencias judiciales, porque incurriría en responsabilidad. Tampoco fueron notificados nunca de que la escritura base de la sentencia fue cancelada desde 1989. Así, cómo.

Registro omiso

En el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Autlán (RPPC), las cosas no son más claras. La institución fue llamada en el juicio civil mencionado, pero jamás compareció. "Ignoro por qué", señala la actual encargada de la oficina estatal, Bertha Esther Flores Terríquez, quien asumió la responsabilidad a partir de septiembre de 2008.

Sin embargo, a la funcionaria le consta el registro de las escrituras estatales, que datan del 6 de octubre de 1984.

En una certificación que hizo a solicitud de la UdeG, emitida el pasado 2 de marzo de 2009, la encargada reconoce que la escritura 1,359 de El Tejocote y Las Joyas, de 2,586.5 ha, "estuvo registrada" a partir del 10 de mayo de 1986, pero fue cancelada el 2 de septiembre de 1989.

Un año antes, ya se había afectado ese derecho, pues las resoluciones presidenciales a favor de la comunidad indígena de Cuzalapa (1950), del ejido Barranca de la Naranjera (1957) y de la tercera ampliación del ejido Ahuacapán (1985), mermaban su superficie. El elemento legal decisivo es la resolución del juez de primera instancia de Ameca, dentro del juicio civil 476/88, que cancela la escritura en 1989.

Toda esta información hubiera cambiado la decisión del juez, pero, por alguna extraña razón, el RPPC no compareció. Y Las Joyas cambió de dueño.

Juicio al juzgado

Sebastián Vázquez Hernández, secretario del Juzgado Segundo de lo Civil de Autlán, fue responsable de la inspección ocular que acreditó que los presuntos propietarios tenían la posesión del terreno, según señaló el propio juez, Guadalupe Lomelí (Público, 30 de enero de 2009). Pero el aludido niega culpa.

"Los actores, al promover el juicio, ofrecen diversos medios de prueba, y acreditan por medio de los testigos la posesión y la propiedad; entonces, esos documentos y todas esas pruebas son valorados por medio del juez", explica.

—El juez dice que a usted le correspondió hacer la inspección ocular…

—Él comenta que los ojos del juez soy yo, pero el que determina es él: él preside las audiencias, él preside el desahogo de acuerdos, cualquier acto o cualquier promoción que se resuelve le toca a él. Yo únicamente, de acuerdo con las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial me otorga, doy fe de los actos que él realiza.

—Explíqueme cómo fue la inspección ocular que se está acreditando que se hizo, y donde presuntamente se demuestra que la propiedad está en posesión de los actores del juicio.

—Mire, lógico que es algo que en determinado momento no podría yo determinarle detalladamente [sic], porque es un procedimiento de particulares; entonces, si en determinado momento el Consejo de la Judicatura decide hacerlo público, las actuaciones allí están; el expediente está conforme a derecho.

—¿No cree que es extraño que se haya ido a verificar un predio que tenía alambradas, letreros y evidencias de que la Universidad ahí tiene sus instalaciones? ¿O no lo llevaron a ese predio?

—Si ellos sabían lo que estaban haciendo, los actores me pudieron haber llevado a otro predio. Yo no soy perito en la materia, yo no tengo conocimientos de predios, a mí, si me identifican el predio, me dicen: "Éste es" […] Yo plasmé la inspección tal como se ofreció la prueba, en esos términos.

—¿No les ofrecieron dinero?

—No; en lo particular, a mí no; no sé si a otras personas...

"Regresión autoritaria en las áreas protegidas"

Lo social perdió importancia para la conservación, señala Enrique Jardel

Autlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) cumple con un papel fundamental en la gestión de la conservación en México y, sin duda, se deben reconocer sus logros. El problema es que éstos se ven opacados por la "regresión autoritaria" y la deficiente gestión que padece el manejo de muchas reservas en el país, incluida Manantlán, advierte Enrique Jardel Peláez.

Este morelense de nacimiento, asentado hace más de 20 años en Autlán como parte del proyecto Manantlán que se gestó en la Universidad de Guadalajara, es hoy reconocido como uno de los más prominentes forestales del país, y no es casualidad que forme parte del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuerpo de expertos conformado por autoridades, académicos, científicos, sociedad civil e iniciativa privada que asesora en la toma de decisiones a la autoridad ambiental.

Jardel Peláez asegura que "la cuestión de fondo tiene que ver con lo que podemos llamar una regresión en la gestión no sólo de la reserva en Manantlán, sino de las áreas protegidas en general […] una tendencia a volver a formas de gestión autoritaria de las áreas protegidas, centradas en protección de la naturalezam poniendo en segundo plano los objetivos de desarrollo, y una vuelta a la confrontación, dejando a un lado las relaciones de colaboración".

Reconoce: "Si comparamos la situación actual con la que prevalecía a principios de los años ochenta […] ha habido muchos avances concretos: se amplió la superficie con decreto de área protegida, aumentó su representatividad de los diversos ecosistemas del territorio nacional, se elaboraron programas de manejo y se dotó a las áreas protegidas de condiciones —personal, infraestructura, financiamiento— para su protección y manejo efectivo en el terreno, para que no fueran sólo áreas protegidas de papel".

Sin embargo, esto coexiste con "muchos problemas no resueltos y que se recrudecen en medio de la crisis crónica que afecta al campo mexicano […] Las áreas protegidas no son islas donde pueda construirse una relación sociedad-naturaleza armónica en un contexto caracterizado por un proceso que va justamente en el sentido contrario de lo que propone el concepto de desarrollo sustentable…".

Así, insiste en su señalamiento sobre el retorno a la "mentalidad de plaza sitiada", que es "considerar que la conservación consiste en aislar a los parques y reservas para protegerlos de amenazas, controlando su manejo por una instancia gubernamental protectora, concentrándose en proteger los espacios considerados como naturales o silvestres, las especies raras o en peligro, y los sitios con alta biodiversidad; excluyendo en la medida de lo posible a la población local, sin tratar de transformar las condiciones sociales de gestión del territorio y los recursos naturales en su entorno; sectorizando la tarea de la conservación en lugar de buscar la integración de ésta con las políticas públicas de desarrollo".

El otro aspecto de la regresión "es la tendencia a reforzar el papel de una agencia gubernamental bajo un enfoque de 'comando y control'. Desde esta perspectiva, la agencia es la que dirige las acciones basándose en criterios burocráticos y tecnocráticos, controlando un territorio que, sin embargo, tiene dueños —comunidades agrarias, propietarios particulares— , reduciendo la participación a la mera consulta y a la ejecución de proyectos diseñados y dirigidos desde arriba, e imponiendo normas y reglamentos".

Esto contrasta con un enfoque de gestión "basado en la colaboración y en la participación efectiva de otros actores que, finalmente, son los verdaderos gestores del territorio y los recursos naturales".

—¿La representación social se ha perdido?


—Los consejos asesores mantienen la representación de los presidentes de los comisariados de los ejidos y comunidades indígenas, así como de los ayuntamientos. No se puede decir que la representación se ha perdido, pero que sí se ha limitado —no hay representación, por ejemplo, de las organizaciones indígenas—, y sobre todo, lo que es el tema de diferencia con la Conanp, es la limitación de los Consejos a simples órganos de consulta, cuando se esperaría que participen en la planeación y evaluación, como parte de un mecanismo democrático de participación y de rendición de cuentas.

Juez protege a la UdeG vs particulares por Las Joyas

Deja pendiente analizar sentencia civil que afecta a la casa de estudios. No se podrá registras la sentencia polémica contra la posesión del terreno que ostenta la UdeG

Estación científica en Las Joyas. La Universidad promovió una denuncia penal por "simulación de juicio". Foto: Marco A. Vargas

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

El juez tercero de distrito en materia civil con sede en Guadalajara, Ricardo Guevara Jiménez, concedió la suspensión definitiva a favor de la Universidad de Guadalajara, en su reclamo de que la sentencia que lo despoja como posesionario del predio de Las Joyas no sea inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de Autlán.

La resolución judicial, de la cual este diario posee copia, señala que la entidad publicadora de escrituras, que depende del gobierno de Jalisco, no podrá dar entrada al registro de la sentencia del juicio civil 749/2006, que concedió a un grupo de particulares de Ahuacapán la usucapión o prescripción positiva de 2,580 hectáreas de la sierra, dentro de las cuales está la estación científica de Las Joyas, completa (Público, 22 y 23 de enero de 2009).

Dicha sentencia del juez segundo de lo civil de Autlán fue recurrida también formalmente por el gobierno de Jalisco, que es el propietario del terreno que ocupa la estación científica.

El argumento es que no se puede dar una prescripción cuando quien se beneficia no tiene una posesión (la condición de la usucapión es la posesión pública, pacífica, de buena fe y a título de dueño), que es el caso, lo cual, a juicio de los abogados de la Universidad y del gobierno, revela un juicio simulado y fraudulento.

La casa de estudios interpuso desde enero denuncia penal contra los particulares por "simulación de juicio", y un "interdicto" para retener la posesión; la tercera acción legal fue este juicio de amparo indirecto, que lleva el número 85/2009-II, en el que reclama sus derechos violentados como posesionarios (bajo el régimen de comodato). A este reclamo se agregó otro amparo del Ejecutivo de Jalisco, que acude como dueño del terreno, que fue adquirido en 1984 por el gobierno de Enrique Álvarez del Castillo.

Y si bien el juzgador le dio la razón a la UdeG en el caso del RPPC, no determinó en esa resolución, que data del 26 de febrero de 2009, proteger a la casa de estudios contra la sentencia recurrida, pues no habían comparecido el juez y el secretario impugnados.

Así, queda pendiente de analizarse y resolverse "la cancelación de los registros que aparezcan a nombre de la parte demandada, y cuyo inmueble involucrado es el predio rústico denominado Las Joyas…", señala la resolución del 26 de febrero.

La estación científica Las Joyas es el corazón del proyecto Manantlán, que la UdeG creó a partir de 1979, con el descubrimiento del Zea diploperennis, y consolidó en 1987, con el decreto de reserva de la biosfera. El juez civil de Autlán también perjudicó a un predio particular, ex hacienda de Ahuacapán, y tierras del ejido Ahuacapán.

Manantlán, auge y crisis de una reserva

Hoy, hace 22 años, el presidente Miguel de la Madrid firmó el decreto de una de las 25 reservas ecológicas más importantes del país; además, hoy cumple un lustro la crisis de relaciones entre los principales socios en su conservación: la UdeG y la Conanp.

Los indígenas no son ya apoyados por la Conanp. Foto: Tonatiuh Figueroa

Autlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La espectacular riqueza biológica de las montañas de Manantlán, donde se descubrió hace casi 31 años un pariente primitivo del maíz (Zea diploperennis) y con el tiempo se documentaron más formas de vida que las registradas en Francia o Canadá, no ha sido suficiente aliento para mantener el ambicioso proyecto de su conservación, que hoy pasa por momentos difíciles, a 22 años de la firma del decreto presidencial que le dio la categoría de reserva de la biosfera.

El modelo de gestión "no se actualizó" y quedó rebasado, advierte Alberto Elton Benhumea, responsable de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para la región Occidente. Piensa que la Universidad de Guadalajara debe asumir su papel de investigación y dejar al organismo federal realizar el suyo, de administración de la demarcación protegida, pues, pese a los "divorcios", deben ser aliados fundamentales en el proyecto.

Sin embargo, tres connotados investigadores-fundadores del proyecto Manantlán desde la UdeG, Enrique Jardel Peláez, Eduardo Santana Castellón y Ramón Cuevas Guzmán, señalan directamente a la Conanp como responsable de diversos retrocesos.

A juicio de estos miembros del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio), los daños más importantes son: la precaria institucionalidad de la dirección de la reserva, que ha tenido cinco encargados en igual número de años cuando tuvo uno los nueve anteriores; la merma en la representación social y académica de los consejos asesores y el bajo perfil asignado a esos órganos; una dirección que a la postre abandonó a sus vecinos de la región de influencia, tanto con modelos exitosos, como es la gestión de la cuenca del río Ayuquila, como en casos de disputas desiguales, que son las presiones de las mineras sobre los nahuas de Ayotitlán.

Por si fuera poco, responsabilizan al organismo por sostener una campaña de "desprestigio" que siembra desconfianza sobre el papel de la casa de estudios en la sierra.

La crisis parece diálogo de sordos, pues donde los científicos ven que se retrocede en el antaño generoso papel de la reserva como entidad facilitadora de procesos sociales y económicos amables con el ambiente, la Conanp presume logros de eficiencia administrativa, de respeto a la legalidad y de ampliación de la consulta a los dueños de la sierra. Y esas opiniones opuestas reflejan un divorcio que ni la asesoría profesional ha podido conciliar.

Los críticos

Eduardo Santana Castellón dice que las políticas de la Conanp frustraron "un proceso dinámico e innovador que percibía la reserva como entidad para experimentar nuevas formas de gestión del territorio"; hoy, hay un corrimiento del protagonismo hacia las fronteras geográficas de la reserva de la biosfera, de 139,577 hectáreas de superficie.

"La Conanp dejó de jugar el papel de catalizador de nuevos procesos, de construcción de alianzas, de creación de nuevas institucionalidades. Se anquilosó la gestión a escala local", sostiene en un cuestionario que contestó para Público.

A su juicio, el organismo federal "concibió que la experiencia de la UdeG pesaba demasiado y, al no poder desarrollar debates de nivel, difundieron que el interés de la Universidad era controlar la reserva. Esto se ha visto en los últimos cinco años que es falso". Por si fuera poco, "la Conanp cae en procesos de desprestigio a investigadores y la negación de sus logros".

Por su parte, Ramón Cuevas Guzmán advierte que, con la pérdida de las relaciones, ambas instituciones pierden. "En los últimos años consideramos que no se ha entendido el papel de socios de ambas instituciones, pues el serlo representa compromisos de comunicación y de toma de decisiones conjuntas […] Lo anterior lo ha dejado de lado la Conanp, porque considera que cualquier sugerencia y acuerdo con el personal de la UdeG se trata de una imposición", subraya el director de la división de desarrollo regional del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur).

En el fondo, "no hay una política clara del papel de las áreas naturales protegidas en México […] el papel que ha tomado la dirección de la reserva es ser un ente administrativo más del gobierno, y no facilitador y buscador de recursos para mejorar el nivel de vida de la población de la reserva y mantener las funciones de servicios ambientales del área natural protegida. Se ha incrementado la superficie de área quemada por incendios forestales, hay aperturas de nuevos caminos, no hay una posición clara en torno a los problemas mineros, no hay interés por la cuenca del río Ayuquila, y lo peor es que se ha perdido credibilidad del papel de la dirección entre las comunidades de la reserva".

—¿Por qué se hizo difícil la relación entre el gobierno federal y la UdeG?

—Por la ineptitud y la poca capacidad de gestión de los últimos directores nombrados por la administración central de la Conanp y por diferencias conceptuales del papel que deben jugar los consejos asesores […] Se ha dado un fuerte golpe al papel que deben jugar éstos, pues, de órgano de planeación y de toma de acuerdos, se quiere restringir a un mero cuerpo consultivo, además de quitar personal que representa los legítimos intereses de las comunidades.

Enrique Jardel Peláez, experto forestal del Imecbio y miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pone en relieve que el origen del proyecto Manantlán es el generoso planteamiento del programa El hombre y la biosfera, de la Unesco, que abrió el nuevo paradigma de conservación con desarrollo para los seres humanos. La Conanp pretende regresar al modelo exclusionista, donde las demarcaciones protegidas terminan en los polígonos de los decretos, y los humanos sólo son aceptados como huéspedes ocasionales.

"Parte de la regresión consiste en una vuelta a la mentalidad de plaza sitiada en la conservación, a la tendencia a separar la conservación del desarrollo, a la burocratización y el reforzamiento de esquemas rígidos de comando y control en el manejo de las áreas protegidas, y a la vuelta a la confrontación entre actores que deberían actuar como aliados en una tarea común", advierte.

Esto "condena a las áreas protegidas a una situación de conflicto permanente y oposición con la gente que vive en ellas o en sus inmediaciones".

No se engaña, "la relación siempre fue difícil, pues cada institución tiene misiones y formas de trabajo distintas, y está sujeta a diferentes presiones, pero antes había confianza mutua y disposición para resolver las tensiones y aceptar diferencias de puntos de vista", y eso ya no existe.

La otra cara

En cambio, Alberto Elton Benhumea, coordinador regional de la Conanp, pide a la casa de estudios que mantenga su confianza en la institución, pero dentro de los límites establecidos para cada cual.

"Hay momentos en la historia de las áreas naturales protegidas, y Manantlán los ha tenido […] honestamente, en su momento, los primeros diez años de administración fueron a cargo de la Universidad […] Ese primer modelo fue muy exitoso, muy reconocido internacionalmente, pero tiene lo que todo modelo tiene: si no se actualiza, queda en desuso; creo que no se actualizó y empezó a generar conflictos", explica en conversación telefónica desde Morelia, sede regional de la Conanp.

Así, emergieron liderazgos en la sierra que comenzaron a cuestionar el papel de la UdeG y a exigir la entrega de los dineros que gestionaban los investigadores, pues parecía que ese dinero "no llegaba" a las comunidades.

"Alguien reacciona y dice: 'Dónde están todos los millones', hasta que se le paró en seco… Les dijimos: no se puede, los investigadores lo consiguen para su investigación, no son necesariamente gestores de las comunidades. Pero esto fue un detonante".

Después, "el divorcio o el distanciamiento de que se habla se dio por la perspectiva de cómo administrar la reserva […] no se puede mantener un modelo intacto, debe actualizarse. Eso es lo que está pasando. ¿Qué buscamos? Que cada quien acepte, tome y se responsabilice de su ámbito de competencia. No soy quién para decirle a la UdeG qué investigar, ni ellos lo son para decirme cómo manejar mi personal. Pero, en sentido fino, si vamos a hacer programa manejo de fuego, ellos tienen experiencia y conocimiento; nosotros, el programa, pues nos sentamos a trabajar…".

La aparente regresión, agrega, es simplemente un respeto al marco legal y administrativo. La Conanp no puede actuar fuera del polígono protegido, ni puede crecer por encima de lo que la ley señala, los consejos asesores, ni darles atribuciones excesivas. "Pero hay un proceso de creación de subconsejos que van a ampliar esa participación, y una revisión del programa de manejo que garantiza que el proyecto Manantlán tiene futuro". Es decir, asegura que el famoso divorcio es sólo temporal.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLAVES

Una reserva que se hizo problemática

El presidente Miguel de la Madrid firmó el 5 de marzo de 1987 un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo siguiente: "Se declara la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán como área que requiere la protección, conservación, mejoramiento, preservación y restauración de sus condiciones ambientales, con una superficie de 139,577-12-50 hectáreas, ubicadas en los municipios de Autlán, Cuautitlán, Casimiro Castillo, Tolimán y Tuxcacuesco en el estado de Jalisco, y Minatitlán y Comala en el estado de Colima".

En estas montañas se han registrado cerca de tres mil especies de plantas vasculares y 560 especies de vertebrados. Se llevan a cabo estudios ecológicos a largo plazo y monitoreo sobre la dinámica de la vegetación, ecología de comunidades de plantas y animales, ecohidrología y calidad de agua, por parte de la UdeG.

La reserva estuvo siete años abandonada por el gobierno federal, pero la UdeG la sostuvo. Luego, entre 1994 y 2004, contó con un director pagado por el gobierno federal, pero que contó con la valiosa colaboración de la casa de estudios, pues sus recursos eran escasos.

En ese clima de colaboración salieron adelante proyectos como la gestión integral del río Ayuquila, que hoy es un modelo exitoso de asociación intermunicipal para el medio ambiente, así como trabajo legal con las comunidades de la zona nahua, en su larga lucha desigual con madereros y mineros.

Desde 2004 se sucedieron cinco directores o encargados de despacho y se limitó severamente la colaboración entre la Conanp y la UdeG: hoy se han reducido los consejos asesores, la reserva no sale de sus linderos, surgen liderazgos opuestos a la gestión universitaria o gubernamental y hasta existe la amenaza de perder el laboratorio de Las Joyas, en un juicio de propiedad donde la Conanp se ha quedado al margen.

Nueva área protegida del Nevado de Colima, en su fase final

Bosque mesófilo de montaña vecino del volcán; el calentamiento global podría acabarlo. Durará 60 días la consulta pública de los documentos sustantivos para su protección

Se busca decretar a 7,212 hectáreas del Nevado como parque estatal. Foto: Público

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO 

Ayer se abrió el proceso de consulta de los documentos sustantivos para decretar como parque estatal cuatro polígonos de más de siete mil hectáreas de bosques de niebla (o mesófilos) del Nevado de Colima; los ciudadanos tendrán acceso a esa información y podrán incorporar sus observaciones, anunció ayer la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades).

La propuesta de declaratoria es "Parque Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima". El Estudio Técnico Justificativo, el programa de aprovechamiento y los polígonos a protegerse pueden ser consultados en la página web de la dependencia, www.semades.jalisco.gob.mx; también están disponibles en su sede, en Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo y Plan de San Luis, en la colonia Mezquitán Country.

La superficie total es de 7,212 hectáreas, dentro de los municipios de San Gabriel, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán El Grande.

Antonio Ordorica Hermosillo, director de Planeación y Desarrollo Sustentable de la Semades, subrayó que "con esta declaratoria no sólo se protegerá la zona, sino que las comunidades que integran los cuatro polígonos a protegerse tendrán la oportunidad de canalizar mayores apoyos económicos […] los ejidos colindantes al bosque podrán participar en programas de conservación y desarrollo organizados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas [Conanp], programas de empleo temporal por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat], así como por la Comisión Nacional Forestal [Conafor]; podrán concursar con un mayor puntaje en la selección de programas".

Del total del territorio nacional, 0.8 por ciento corresponde a bosque mesófilo, un ecosistema que enfrenta retos severos de supervivencia ante el calentamiento global. En Jalisco, además puede encontrarse en la Sierra Madre del Sur, en la zona "bosque de maple", en Talpa de Allende, donde está también en proceso de protección. También hay manchones importantes ya protegidos en la reserva de la biosfera sierra de Manantlán. Superficies importantes de este ecosistema se ubican en la franja del eje neovolcánico y en algunos puntos de la Sierra Madre Occidental, sin protección. El bosque mesófilo llega a tener densidades de diversidad de especies similares a la selva húmeda perennifolia. Es una de las comunidades más ricas del planeta.

La propuesta

Los cuatro polígonos a protegerse en la primera área natural estatal son los siguientes, en su respectivo municipio: San Gabriel, 408 hectáreas; Tuxpan, 2,538 ha; Zapotitlán de Vadillo, 3,682 ha, y Zapotlán el Grande, 584 ha. Total: 7,212 hectáreas

De este modo, la zona protegida en la montaña más alta del occidente mexicano se duplicará, pues actualmente el parque nacional ubicado en su cumbre alcanza menos de siete mil ha. Los tipos de vegetación protegidos en la zona serán así el bosque de pino-encino, el bosque mesófilo de montaña, fragmentos de bosque de oyamel, de aile, de Pinus hartwegii y zacatonal. Quedan pendientes amplios manchones de bosque de Abies religiosa.

La CNA acepta dialogar con Temaca

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que se opone a que la presa El Zapotillo inunde sus asentamientos, logró de la Comisión Nacional del Agua (CNA), "hacer una revisión del proceso desde la perspectiva de la viabilidad social y los derechos humanos, para que se cumpla con los compromisos del convenio de colaboración de 1997 entre los gobiernos estatales de Guanajuato y Jalisco y la CNA, de no afectar derechos de terceros", para lo cual, personal de la dependencia visitará la zona en las siguientes semanas.

Ese fue uno de los principales resultados "del viaje de la representación de nuestras comunidades a la ciudad de México en los pasados 17 y 18 de febrero. La comitiva estuvo compuesta por 70 personas entre niños, ancianos, jóvenes y adultos, los cuales participaron en las diversas reuniones y acciones realizadas", informó el organismo en un comunicado.

La comitiva realizó el día 17 una marcha pacífica a la sede de la CNA, y de forma simultánea, "una comisión sostuvo una reunión de interlocución con el coordinador general de Atención a Emergencias y director de Cuencas de la CNA, Raúl Vázquez y su equipo de colaboradores, ya que consideramos que el diálogo con las instancias estatales está agotado, ante sus amenazantes declaraciones, hostigamiento y promesas incumplidas".

En la reunión, además de la señalada revisión del cumplimiento del proceso sin daño a las garantías de los moradores, "también se acordó que la CNA revisaría la forma en la que se han venido dando las declaraciones de los funcionarios federales en cuanto al proyecto y cómo ha venido trabajando esta institución en cuanto a las negociaciones con los pobladores".

Otro acuerdo "fue que visitarían Temaca en el mes de marzo y se continuaría con el diálogo para buscar soluciones ante la negativa de las comunidades a ser reubicadas".

Otra representación de los opositores a El Zapotillo igualmente acudió a la oficina del Alto Comisionado de la ONU, en el DF, "donde pidieron a este organismo que diera seguimiento al caso y que se mantuviera al tanto de lo que sucede en las comunidades afectadas, para evitar que se sigan violando los derechos humanos de los pobladores".

Además de diversas manifestaciones, se entregó en Palacio Nacional una carta al Presidente de la república "pidiendo que se cancelara definitivamente el proyecto" y otra más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación "para que estuviera atenta ante las violaciones de nuestras garantías individuales".

Guadalajara/Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Sedeur deslindará qué área de Colomos en Zapopan es estatal

Luis Herrera – EL INFORMADOR

La Secretaría General de Gobierno de Jalisco giró instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), para que confirme la veracidad y sustento técnico del polígono de Los Colomos en el municipio de Zapopan, que se originó con un levantamiento topográfico en el año 2005.

Esto, motivado por la detección que hizo la Dirección de Catastro de Zapopan de un empalme entre el predio de un nuevo centro comercial y ese polígono por más de cinco hectáreas, documentado por EL INFORMADOR el 8 de diciembre de 2008. Dos días después, Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno, declaró que recibiría un informe de Zapopan del que ahora da cuenta en entrevista:

"Cuando Zapopan nos dice que de acuerdo a la información catastral que tienen la interpretación es que sí está dentro de ese polígono (la plaza), pues entonces nos vemos en la necesidad y yo he ordenado que este asunto se revise, ¿cómo?, a través de la revisión de los técnicos en esta materia, pues es precisamente Desarrollo Urbano los que realizan con la mayor capacidad científica y técnica el desarrollo de la ciudad y el alcance de las limitaciones.

"Tendrán que preparar una revisión que ya está solicitada para efecto de verificar cuál es el alcance de ese polígono y si está o no está dentro (la plaza), hay un dictamen o una opinión técnica de Desarrollo Urbano de 2005, tendrá que revisarse y ahí encontraremos cuál es la posición final que adopte el Estado al respecto".

- ¿Será a través de un nuevo levantamiento topográfico en la zona?

- Desarrollo Urbano tendrá que darnos la opinión fundada de cuál es el alcance de ese polígono, para que la Secretaría de Gobierno pueda asumir las decisiones correspondientes para defender, si es el caso, la propiedad que pudiera tener el Estado ante las instancias que correspondan. Hemos instruido también a la Procuraduría del Estado, quien tiene la representación formal jurídica para actuar, a fin de que, con base en lo que se encuentre, pueda actuar y defender también, por lo menos, lo que pueden ser derechos pretendidos del Estado en toda esa zona.

"Hay que tomar en cuenta que en el desarrollo de las ciudades, nos hace falta mucho para tener realmente un trabajo a la altura de que no queden dudas de muchos temas. En materia agraria, que también tiene que ver aquí con la Dirección de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Gobierno, todos los días veo asuntos donde la superficie del país se ha repartido una o dos veces adicionales a lo que realmente es, y tenemos decretos presidenciales que pues es la Presidencia la que tiene la mayor infraestructura para determinar este tipo de resoluciones, y han repartido tierras de más y hay ejidos enfrentados a comunidades agrarias, porque están sobrepuestos los terrenos con litigios que duran décadas. Y cuando hay una resolución final de la corte pues hay que aplicarla y hay afectaciones que son muy dolorosas, y ahí también el Estado tiene que ver cómo resolverlo; esto es de diario y en la ciudad, que pareciera que debería ser menos difícil, pues también pasa, entonces tendremos que esclarecerlo y actuar en consecuencia".

Los desarrolladores del centro comercial cuentan con una minuta de trabajo en la que los funcionarios Adolfo Martínez Cortinas, jefe del Área de Asignación, y Luis Ángel Mendoza Magaña, jefe del Área Jurídica, de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario del Estado, concluyen con los particulares que la plaza está fuera del polígono, el 27 de junio de 2007.

- ¿En dónde está el error, en el polígono de 2005 o en esa minuta de trabajo?

- "Es una minuta de reunión de trabajo, no es la ley, ni es la resolución del asunto, es justamente eso: una minuta de una reunión de trabajo donde se analizaron la documentación y la información que en ese momento había, y a criterio de los funcionarios que ahí estuvieron encontraron esa determinación, pero esa determinación no es la ley, no es una resolución, ni siquiera es un acuerdo, entonces es eso, la minuta de una reunión".

Cuando los funcionarios de Patrimonio Inmobiliario concluyeron que la plaza estaba fuera del polígono, lo que hicieron fue reconocer implícitamente que el polígono vigente tiene un error en su extensión supuesta de 81 hectáreas, con esta nueva revisión la secretaría busca tener certeza del trabajo de 2005.

"Determinará Desarrollo Urbano si es necesario un nuevo levantamiento o no, pero sí le estoy pidiendo que revise cuál es el alcance de ese dictamen y ese levantamiento de 2005, si esto concluye en la misma forma y si está o no está este desarrollo (la plaza) de lo que puede ser la propiedad del estado".

- Si esta revisión confirma que el polígono es correcto, ¿Optarán por la vía legal o por una negociación para compensar la afectación?

"Yo no quiero adelantarme a hacer conjeturas hasta no tener formalmente la opinión técnica fundada y expresada por la propia Sedeur, dependiendo de cuál sea el alcance de esa resolución, de esa visión técnica, pues ya veremos que es lo más conveniente, pero puedo dar algunos criterios: Hay algunas cosas de sentido común, nadie está obligado a lo imposible, dicen que quien construye sobre terreno ajeno pierde lo que construyó y puedes tener el derecho a demolerlo, pero creo que destruir la riqueza creada o la inversión instalada pues eso no le produce nada a nadie; entonces habrá que actuar con sentido común, sobre todo con base en los resultados técnicos y con base en la ley".

El polígono en Zapopan presenta más de 40 hectáreas ocupadas por desarrollos exclusivos. La parte libre, el predio del Arroyo de la Campana, fue demandada por la representación legal de la Compañía Industrial de Guadalajara (Cijara), que la afirma su propiedad, con documentos que indican que el Estado no poseería en realidad más de 20 hectáreas.

- La Procuraduría ha interpuesto juicios de reivindicación. Según el polígono de 2005, dentro se encuentran otros desarrollos habitacionales. Hay personas que ahí viven. ¿Qué tipo de salidas tiene la secretaría?

- "Debo decir que ninguna fácil, porque precisamente hay una problemática en primer lugar social, también jurídica, porque la situación jurídica es la que marca quién tiene derecho y quién no tiene, pero esto tiene que determinarlo finalmente el Poder Judicial, ni siquiera el Estado, el Poder Judicial es el que al final de un conflicto determinará quién tiene razón, y sobre esa resolución jurídica habrá que ver los alcances sociales y las formas de encontrar alternativas para hacer justicia en sentido estricto de la atención de una resolución, y también en sentido social de no hacer un despropósito y generar ahí una situación todavía peor".

- La organización Ciudadanos por Los Colomos ha propuesto que el Congreso desincorpore el área ocupada, se venda a los particulares y los recursos se destinen a fines ambientales. ¿Es factible de llevarse a cabo?

- "No se puede descartar, es una alternativa ciertamente, y es una de las alternativas posibles, no me atrevo en este momento a recomendarla pero tampoco la desacreditaría; habrá que esperar un poco y tener más claro el panorama con la decisión y el planteamiento de Sedeur para, por lo menos, visualizar cuál sería el alcance de las cosas".

- ¿Cuánto demorará la resolución técnica de Sedeur sobre el polígono?

- "Tampoco puede extenderse mucho, (será) el tiempo necesario para corroborar o plantear una situación distinta, la Sedeur también tiene un cúmulo de asuntos, ya vemos todos los conflictos con el Tutelar y los puentes y demás, no son pocos temas ni son fáciles, pero espero que con la información técnica que se tiene esto no espere demasiado".

- ¿Con el trabajo de la Procuraduría la sociedad puede confiar en que se sabrá qué funcionarios no protegieron el área pública dando lugar a las invasiones?

- En esta materia de los bienes públicos hay conductas que en su caso pueden ser señaladas, no me refiero a este caso, estoy hablando en general, cuando no hay una actuación adecuada de los funcionarios pues puede ser por falta de capacidad, por acumulación de asuntos, por negligencia o puede ser por corrupción, podríamos dar casos en la historia de las administración de que así se da, y ahí también finalmente los expedientes tiene que llegar un momento en que sean totalmente públicos, incluso los expedientes judiciales, eso es parte de la transparencia para que se tomen responsabilidades de quienes en su momento actuaron, desde el ámbito del Estado, del Poder Judicial y que no quede oculto, pero ciertamente todo en su tiempo.

- Las organizaciones ciudadanas señalan que les gustaría ver un compromiso más grande por la defensa de Los Colomos, particularmente en Zapopan. ¿Qué opina?

- Creo que no es un asunto tan sencillo, es un asunto complejo, donde es muy legítimo el derecho de las asociaciones vecinales para defender su visión particular, y ahí por ejemplo cuando se toma una decisión de abrir una avenida pues buscan cómo no se abra, porque va a afectar a los que están ahí, pero por encima de eso está el bien general de la ciudad, y cuando se toma la decisión de una presa pues también hay quien dice "¡No!, porque aquí vivimos y nos va a afectar", pues sí, sí va a afectar, pero tiene que verse el bien público, el bien común, el bien general de la necesidad de abastecimiento de agua para toda la metrópoli de Guadalajara.

"Ahora, esto no puede ser arbitrario, no puede ser nada más impositivo, tiene que ser respetando garantías, tiene que ser con el estado de derecho pero finalmente no puede prevalecer el bien particular ante el bien general, no puede prevalecer el interés legítimo parcial contra el bien común, es mi visión, y las asociaciones de participación ciudadana tienen un espacio y qué bueno, creo que Jalisco en ese sentido hace 10 años que nos dimos una reforma que es un ejemplo a nivel del país, que tenemos el referéndum, la iniciativa popular, tenemos el plebiscito que sólo unos cuantos Estados de la república, por cierto la mayoría de ellos originados bajo los principios del PAN, los que han ido abriendo espacios y qué bueno que se dé esa participación".

Habrá Museo de Ciencia y Tecnología sobre biodiversidad en Autlán

FICHA TÉCNICA

Proyecto: Museo Regional de Ciencia y Tecnología

Tema: Biodiversidad de la región Costa Sur de Jalisco

Programa: fondos mixtos Conacyt & Coecytjal (consejos nacional y estatal de ciencia y tecnología)

Responsable de ejecución del proyecto: maestro Enrique Solórzano Carrillo, rector del Centro Universitario de la Costa Sur, Autlán de Navarro

Coordinador general: doctor Ramón Cuevas Guzmán, director de la División de Desarrollo Regional del CUCSUR

Coordinador técnico: doctor Eduardo Santana Castellón, investigador del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, del CUCSUR

Responsabilidad de la UdeG: diseño conceptual museológico y museográfico, incluyendo estudio de entorno y consulta ciudadana, desarrollo de guión científico, diseño arquitectónico, desarrollo de programa educativo, diseño y construcción de exhibiciones, diseño de programas de capacitación, elaboración de manuales de operación

El proyecto se basa en los éxitos del Imecbio: programa de educación ambiental en la reserva de la biosfera sierra de Manantlán; programa intermunicipal de manejo de cuenca del río Ayuquila, programa de reciclado de residuos sólidos, primer programa certificado en México como centro regional de experiencia en educación para la conservación de la Universidad de las Naciones Unidas

Responsabilidad de Coecytjal y el ayuntamiento de Autlán: selección y compra del terreno, construcción del edificio, operación del museo una vez que esté concluido, con acuerdos de colaboración con instituciones locales y estatales

Descripción del proyecto:

El desarrollo de una sociedad saludable y sustentable, donde se generen los mayores bienestares sociales y económicos, requiere de una población educada, que participe y ejerza sus derechos y capacidades de forma democrática. Para este fin, se requiere la implementación de programas educativos formales, no formales e informales sobre los temas de interés ciudadano. La ciencia y la tecnología son temas que han quedado rezagados en los programas educativos dirigidos al público en general, y por lo tanto no se valora el indispensable papel de la ciencia para impulsar y sostener el desarrollo social. Esta carencia se manifiesta de forma más aguda en contextos rurales o semi-urbanos, donde proyectos innovadores de divulgación de la ciencia son necesarios para corregirla. Con el objetivo de generar nuevas oportunidades para analizar y aprender sobre la forma en la cual la sociedad puede impulsar un desarrollo con un enfoque de sustentabilidad, el CUCSUR plantea un proyecto educativo: el Museo Regional de Ciencia y Tecnología, sobre el tema de la biodiversidad de la Costa Sur de Jalisco, que estará localizado en Autlán de Navarro, y prestará servicio a las regiones Costa Sur, Sierra de Amula, Sur, y Sierra Occidental, cuya vocación económico-productiva se finca justamente en la diversidad y abundancia de recursos naturales y agrícolas. Su objetivo es explorar de forma lúdica y recreativa el concepto de la sustentabilidad socio-ambiental, y la importancia de lograr el aprovechamiento sustentable y la conservación de la biodiversidad para el desarrollo socio-económico de la región

Un museo sobre la biodiversidad ubicado en el occidente de México adquiere una relevancia especial por su ubicación, ya que ofrece oportunidades educativas de campo que pocas regiones o países del mundo pueden equiparar. La flora y fauna de nuestro país es una de las más ricas a nivel mundial, colocando a México entre los cinco países privilegiados con megadiversidad biológica. Cubriendo solo el 1.3% de la superficie terrestre del planeta, México se encuentra entre los diez países que hospedan aproximadamente el 70% de la diversidad biótica planetaria, y por si solo es hogar de aproximadamente 10% de todas las especies terrestres de plantas y animales del mundo. Jalisco también es especial, al albergar más de 4,900 especies de plantas y 920 especies de vertebrados, incluyendo los primeros lugares en tortugas y mamíferos marinos. La relevancia internacional del estado para la conservación se ejemplifica cuando constatamos que Jalisco supera o es equiparable en número de especies de plantas y animales a países como Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y España. Por ser la región Costa Sur la mas biodiversa del estado, un museo sobre este tema no pudiera estar mejor ubicado

El museo:

1. Tendrá una función de servicio capaz de proponer una oferta cultural y recreativa de calidad, atractiva, variada, interesante e innovadora que pueda atraer principalmente a niños, jóvenes y maestros, pero también a todo tipo de público a fin de que sea una opción atractiva para toda la familia, no sólo para pasar su tiempo libre, sino para acudir a ella regularmente.

2. Será proyectado como una institución amable, positiva y realista que promueva la conservación del patrimonio natural y cultural de la región, del país y del mundo, al mismo tiempo que difunde y promueve las bases sociales y científicas para la búsqueda de un desarrollo mas justo y equitativo para todos.

3. Ofrecerá a toda la población de la región y del estado un espacio donde puedan acercarse al conocimiento, a la naturaleza, a la ciencia y a la tecnología a través de diversas herramientas que generan amor y respeto por el ambiente, y el compromiso de fomentar la ciencia para solucionar problemas sociales.

4. Será vanguardista en su temática, en su manera de abordarla, así como en su manejo, acentuando la transmisión de conceptos o saberes por encima de la exhibición de objetos.

5. Será un espacio de lecturas múltiples, que sorprenda, que genere curiosidad, interrogantes, pluri-cultural, en donde lo local se relacione con lo planetario, en el que confluyan saberes de muchos tipos, puntos de vista, enfoques y aproximaciones diferentes; que muestre, con ejemplos de la Costa Sur, las diferentes formas en que han sido manejados los recursos naturales a través del tiempo, por diversas culturas denotando así las diversas cosmovisiones existentes.

6. Considerará el interés de los visitantes, diversas estrategias comunicativas y de interpretación enfocadas al conocimiento y atención de diversos estratos de público, contribuyendo a la difusión de temas relativos al medio ambiente tanto locales como nacionales, así como a promover la participación activa en la solución de problemas ambientales de la localidad. Hará del público un participante activo no solo del museo, sino de la comunidad, lo cual supone generar instrumentos que respondan a sus inquietudes e intereses relativos a temas de ciencia, tecnología y medio ambiente, y formas de retroalimentación y participación

Este proyecto, como la primera oferta museográfica sobre el tema de biodiversidad y sustentabilidad ambiental en el occidente de México, se coloca como una iniciativa creativa planteada por los tres órdenes de gobierno (estatal, federal y municipal) con apoyo académico y ciudadano para estrechar vínculos con programas educativos de gran arraigo local y con éxitos comprobados de participación ciudadana (como el programa ciudadano de reciclado de desechos de El Grullo, de 13 años, y la iniciativa intermunicipal para la gestión de cuenca del Ayuquila, de ocho años). Su temática y planteamiento novedoso le permite desarrollar nuevas estrategias educativas con acento en la rica biodiversidad de la zona. Su enfoque innovador aplicado al desarrollo académico, complementará la oferta educativa oficial mejorando los niveles desempeño escolar de los alumnos de primaria y secundaria en las ciencias naturales, y apoyará los procesos de orientación educativa para alumnos preparatoria en su definición de carreras. Ampliará el interés ciudadano en las ciencias ambientales, y en específico aquellas relativas al uso sustentable de la biodiversidad, y servirá como plataforma para generar apoyos y alianzas para las iniciativas en torno al medio ambiente en la región. Se prevé que el museo se convertirá en una institución emblemática del municipio de Autlán y de la región, así como un elemento atractivo para el turismo regional tanto nacional como internacional

Eduardo Santana Castellón, ph.d. profesor titular C Imecbio, UdeG

El SIAPA dice no a la CEDHJ

Algunos de los puntos ya se están efectuando, sostiene el organismo; sin embargo, es imposible cumplir con varias solicitudes acerca del río Santiago

La recomendación incluye a varias autoridades estatales y municipales, con 172 puntos distintos. Foto: Giorgio Viera

Guadalajara/Sonia Serrano Íñiguez. PÚBLICO-MILENIO 

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) rechazó la mayor parte de señalamientos hechos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) acerca de la contaminación del río Santiago, porque, adujo, no hay condiciones para darles cumplimiento.

En un documento de trece cuartillas, el organismo dio respuesta a aquellos puntos que lo señalan en la macrorrecomendación que emitió la CEDHJ con respecto a la contaminación del río Santiago y el impacto que ha tenido en los habitantes de los municipios de la cuenca El Ahogado.

Al responder, el SIAPA da una explicación de por qué no puede cumplir con las recomendaciones. Un ejemplo es la puesta en marcha de un proyecto que permita, en un plazo de 20 años, garantizar la entrega gratuita de los primeros 30 litros del líquido por persona al día. El organismo responde que no es posible cumplir, porque la tendencia en todo el mundo es cobrar tarifas que permitan al usuario valorar la importancia del agua; además, asegura que sus ingresos dependen del pago de los usuarios, por lo que causaría un fuerte impacto a sus finanzas y, como consecuencia, no podría proporcionar el servicio.

Otro punto en el que explica la imposibilidad de cumplir es la sustitución de las redes de drenaje y agua potable que están deterioradas. De acuerdo con el SIAPA, entre ambas instalaciones hay unos 3,400 kilómetros de tuberías que necesitan ser reemplazadas, lo que tendría un costo superior a los diez mil millones de pesos, cantidad de la que no dispone.

Además, el organismo responde que ya tiene un proyecto de sustitución gradual de las redes de agua y drenaje y que incluso ha adquirido equipo que le permite reemplazarlas sin tener que llevar a cabo excavaciones.

La respuesta a la CEDHJ fue emitida por el organismo operador del agua en la zona metropolitana el jueves pasado. A la recomendación 1/2009, o macrorrecomendación, de 172 puntos, sólo faltaron por responder nueve municipios, hasta la noche del viernes.

Consejo de Cuenca

El Grupo de Seguimiento y Evaluación (GSE) del Consejo de Cuenca del Río Santiago, que reúne a los gobiernos de seis estados —Jalisco incluido—, efectuó su reunión 52 este fin de semana para discutir su programa 2009, que marca que este año deberá alcanzarse un volumen de tratamiento de aguas de 60 por ciento a escala nacional

El GSE admite que en la cuenca del Santiago existe un rezago de 5,495 litros por segundo de aguas residuales sin tratar; según el comunicado de su reunión, ese volumen se reducirá a 4,240 litros por segundo al finalizar 2009

El porcentaje de tratamiento al finalizar 2008 en la cuenca fue de 32.87 por ciento; según el GSE, llegará a 39.47 por ciento en 2009

El GSE cuenta, entre sus principales acciones para 2009, con la construcción de las plantas de tratamiento de El Ahogado y Agua Prieta, en Guadalajara, que tratarán más de diez metros cúbicos por segundo; también prevé la construcción de otras catorce plantas nuevas y una ampliación.

Respuestas y precisiones del SIAPA a la macrorrecomendación

Sustitución gradual de las redes de agua y alcantarillado

Respuesta: Es necesaria la sustitución de 1,700 kilómetros de la red de drenaje y una cantidad similar de agua potable, lo que tendría un costo aproximado de 10,200 millones de pesos, "cantidad de la que obviamente carece este organismo". El SIAPA tiene un programa permanente de sustitución de redes afectadas

Iniciar un proceso de modernización de los sistemas operadores del agua y la infraestructura

Respuesta: Se han adquirido robots, escáners y videocámaras para llevar a cabo la rehabilitación de tuberías sin abrir el suelo. Se implementó un sistema de control de instalaciones y válvulas a través de control remoto

Iniciar un proyecto que permita, en un plazo máximo de 20 años, garantizar de forma gratuita los primeros 30 litros de agua por persona al día y, a partir de ahí, fijar tarifas

Respuesta: Se pondría al organismo en riesgo de colapso financiero, porque sobrevive únicamente de la generación interna de caja y se desvaloraría al líquido. Se tendrían que regalar casi cuatro millones de metros cúbicos al mes, lo que representaría un impacto de unos 500 millones de pesos al año

Gestión y ofrecimiento a los consumidores de artículos y tecnología que hagan posible el ahorro de agua, con cobros parciales

Respuesta: El organismo informa de manera constante qué tipo de artículos permiten el ahorro del agua

Elaborar un catálogo de experiencias exitosas de manejo de agua

Respuesta: Se instruirá a la gerencia de Agua Potable y Alcantarillado para que lo lleve a cabo

Estrategias para el cobro mediante un plan de simplicidad, transparencia y precedibilidad

Respuesta: El modelo tarifario propuesto por el SIAPA no ha sido incluido en las leyes de ingresos de los municipios

Actualización y publicación periódica en Internet de la calidad de agua en las fuentes de abastecimiento para los municipios cercanos a la cuenca de El Ahogado

Respuesta: El organismo mantiene actualizados los datos de calidad del agua en sus fuentes de abastecimiento superficiales y subterráneas, así como las tomas domiciliarias

Obtener la certificación de calidad sanitaria del agua

Respuesta: Desde el 9 de julio de 2008, el organismo está en curso para la certificación

Que paguen más quienes más contaminen

Respuesta: Ya se determinó en las leyes de ingresos municipales de 2009

Abandonar la actual preponderancia económica que se da a la oferta del agua

Respuesta: "No compartimos el señalamiento".

Fuente: Respuesta del SIAPA a la recomendación 1/2009 de la Comisión de Derechos Humanos (CEDHJ)

Guadalajara/Sonia Serrano Íñiguez

La norma de basura, “mal implementada”

Director de Ecología tapatío, "sin capacidad" para el puesto, critica Miguel Magaña,  investigador de la UdeG

 

Aunque el ciudadano cumpla, el municipio no está listo, se critica. Foto: Iván García

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO 

La improvisación y el apresuramiento en sacar adelante una norma estatal de separación de basura, sin dar tiempo para que se conociera y se fueran introduciendo gradualmente sus buenas prácticas, tienen a ese programa en un vilo y, dentro de esto, la falta de preparación de los funcionarios públicos juega un papel decisivo en contra, afirmó el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Miguel Magaña Virgen.

En particular, criticó las declaraciones del director de Ecología de Guadalajara, Eduardo Catalán Domínguez, quien a su juicio exhibe notorio desconocimiento sobre el asunto. "Una vez más, mientras los gobernantes municipales, estatales o federales insistan en designar directores, jefes o secretarios en el sector ambiental para cumplir compromisos políticos, cuotas de grupos partidistas, pagos de servicios económicos preelectorales o por compromisos sentimentales, los problemas ambientales seguirán aumentando y se complicará más su solución", advirtió, en una opinión enviada a este diario.

Las declaraciones del funcionario, quien señaló la necesidad de multar a los ciudadanos reacios a adoptar la separación, establecen que "este médico ortopedista, ahora con chamba en Ecología, cumple como servidor público, con la regla no escrita de culpar a los gobernados de la ineficacia e ineficiencia gubernamental".

En realidad, agrega, "este programa de separación domiciliaria que estableció la Semades, con amplias y profundas deficiencias tanto estratégicas como de consenso interinstitucional, se estructuró más con visión político-mediática, que con soportes técnicos focalizados, realizables cumplibles y sobre todo, socializantes y educativos".

Esto, debido a que, "cuando los ayuntamientos recibieron legalmente las obligaciones que señala la norma 007/2008 de la Semades, no estaban [ni están] preparados para su atención integral y menos para cumplir los plazos que se establecieron con criterios, más que cumplibles, infantiles, pues éstos se definieron con acuciosa imaginación para tramos administrativos y no para el cumplimiento cabal del programa, convirtiendo los objetivos del documento rector solamente en rollografía ambiental".

Un programa de esta naturaleza "requiere cimientos concretos, como conocimiento amplio de la dimensión del problema, su origen, desarrollo, comportamiento y perspectiva, así como la suficiente capacidad técnica e infraestructura operativa instalada; de la percepción analítica de la cultura social, identificada por barrios, colonias, fraccionamientos, poblaciones y regiones, para definir estrategias específicas; de la disposición del sector empresarial para involucrarse, como inversionista en la infraestructura de las soluciones […] Lo declarado, informado y realizado hasta este momento no señala de ninguna manera que estos requisitos fueron cumplidos, por lo que sólo estamos viendo otro intento gubernamental más para resolver el problema ambiental con discursos, decretos y publicidad politizada —o sea, buro-mediática—)".

Y difícilmente se logrará mientras los puestos sean trampolín de políticos y haya desprecio de la participación ciudadana. El gobierno debe ser facilitador, no acaparador de las soluciones, puntualizó Magaña Virgen.

----------------------------------------------------------------------

CLAVES

Las involucradas hasta ahora, dos zonas

El municipio de Guadalajara está dividido en siete zonas; el programa de basura prevé que, cada mes, una nueva se sume a la separación; en la ciudad hay medio millón de domicilios

Hasta ahora, sólo separan su basura, en forma obligatoria, los vecinos de las zonas 1 Centro y 4 Oblatos, con casi 40 barrios; en marzo le toca empezar a la zona 6 Tetlán

Indemnizaciones, la duda del gobernador

El gobernador acepta "casi toda" la recomendación sobre el río Santiago. Hoy vence el plazo. Decenas de ONG de Jalisco. México y América reclaman se acepten sin cortapisas sus 171 puntos

El contaminado río Santiago. El gobernador prometió aceptar todo lo referente a inspeccionar a las industrias. Foto: Público

Guadalajara • Redacción / Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO 

El gobernador del estado, Emilio González Márquez, dio a conocer que "hay una aceptación de la mayoría de los puntos" de la macrorrecomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en el caso de la contaminación del río Santiago, mientras media docena de comunicados de organismos civiles mexicanos e internacionales presionaba ante la opinión pública para que la aceptación sea total. Hoy es el día límite para aceptarla.

"El tema central es que deje de haber contaminación en el río, y para ello se requiere que las aguas municipales […] sean tratadas. Entonces, el primer compromiso es sí: tenemos que tratar las aguas, no es un tema sencillo; la construcción de una planta de tratamiento lleva tiempo, pero no estamos empezando ahorita, esta convicción la tenemos desde siempre y hemos arrancado este proceso con anticipación; la planta de tratamiento de El Ahogado va ayudar de manera sensible a que deje de ser el foco contaminante que ahora es", dijo el mandatario, luego de una gira de trabajo por la sierra del Tigre.

La recomendación 1/2009, con 172 puntos, pretende restituir el ambiente sano a que tienen derecho decenas de miles de moradores de la cuenca del Santiago, sobre todo en su paso por la zona metropolitana de Guadalajara, en la parte baja de la subcuenca El Ahogado.

Así, precisó, "se acepta todo lo referente a la obligación que tiene el estado para inspeccionar las descargas industriales, en donde ya tenemos el laboratorio para poder hacerlo de manera directa […] La parte difícil en este tema es la de la indemnización: esa reunión no la hemos tenido con la CEDHJ porque contaminación la encontramos en muchas partes del estado, [como] quien vive cerca de un tiradero de basura y tiene toda la vida viviendo ahí. ¿Cómo se van a fijar esos criterios? Y ¿cómo vamos a resarcir ese daño a la salud? Que sin duda existe, como existe para la gente que va al centro de la ciudad".

También está de acuerdo con "crear sistemas diferenciados para aguas pluviales y para aguas residuales; esto no se puede hacer en un solo evento, pero sí se puede instituir como una política pública por parte del Estado […] En síntesis, coincidimos en el espíritu de la recomendación, hay algunas imposibilidades de hecho, pero seguimos en la disposición de llegar a una conclusión en beneficio de todos".

Pese a esas excepciones, luego señaló: "Yo de entrada las acepto todas, entendiendo que muchos puntos son debatibles […] La comisión vio que podemos mejorar en algunas áreas: sin hacer más dimes y diretes, lo tomamos…".

A favor de una aceptación plena y sin cortapisas de la macrorrecomendación se manifestaron decenas de organizaciones sociales y ecologistas de Jalisco, México y toda América, cuyos manifiestos inundaron ayer las redacciones virtuales de los diarios locales.

Los exhortos provienen de los profesores e investigadores del Grupo de Trabajo Interdisciplinario para El Alto Santiago, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); de la ONG internacional Food and Water Watch, con sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos; del Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), que agrupa decenas de organizaciones; del Colectivo de Organizaciones Ciudadanas por el Agua (Coloca), donde hay muchas ONG locales; de la Red Vida Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua), con sede en Cochabamba, Bolivia; y del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), con sede en San José, Costa Rica, el cual emitió una resolución similar a la de la CEDHJ desde octubre de 2007, durante su plenaria realizada en la capital de Jalisco.

La respuesta oficial se deberá entregar hoy a la CEDHJ, mediante oficio formal del gobernador.

- Uno x uno

La recomendación

La CEDHJ le pidió al gobernador que gire instrucciones para:

• Solicitar a la Secretaría de Gobernación una declaratoria de emergencia en El Salto y Juanacatlán, para la utilización del fondo revolvente

• Iniciar los trámites para que el Ejecutivo federal declare zona de restauración ecológica a El Salto y Juanacatlán

• Ejecutar un sistema de captación de aguas de lluvia y la protección de fuentes pequeñas de agua limpia en la ciudad

• Elaborar el capítulo ambiental del Plan Estatal de Desarrollo, con proyección a 50 años

• Proponer una reforma para ampliar las facultades de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

• Crear una agencia para el desarrollo interdisciplinario, de participación ciudadana, autónoma, con patrimonio y personalidad jurídica propios, facultada para sancionar y tomar las medidas preventivas, que vigile a las industrias

• Adoptar un sistema local de monitoreo de la contaminación del aire originada por el río

• Reubicar escuelas cercanas

• Reparar los daños a las víctimas por la pérdida o deterioro de sus bienes, su salud y actividades

• Realizar estudios ambientales, epidemiológicos y psicológicos a los vecinos

• Ofrecer en los sistemas de salud municipales servicios gratuitos en oncología, dermatología, vías respiratorias, gastroenterología y oftalmología

Fuente: Extracto de la recomendación 1/09 de la CEDHJ

Papás de Miguel piden 20 mdp

••• Los padres de Miguel Ángel López Rocha, el niño que falleció intoxicado por arsénico tras caer al contaminado río Santiago, elevaron el monto por el que demandan a 16 funcionarios públicos y organismos estatales, a los que responsabilizan de la muerte de su hijo: quieren 20 millones de pesos "por reparación de daño moral y todos los gastos funerarios".

El abogado del matrimonio, Abel Gutiérrez Espinoza, dijo a Notisistema que esa cantidad es para "gastos que puede ocupar la señora por su daño moral, psíquico, emocional, sentimental". María del Carmen Rocha Mendoza expresó: "La verdad, la verdad, estamos arriesgando todo, pero, por que se haga justicia, soy capaz de reclamar a lo que sea y a lo que venga, y la última palabra la tiene Dios". (Guadalajara • Público)

El Ahogado, una licitación cuestionada

La CEA admite procedimientos en su contra en la SFP, pero sólo se mantiene vivo uno; le reclaman que no optó por la oferta más baja y firmó sin resolver impugnaciones; la dependencia confía en su decisión. El agua saneada saldrá 32% más cara que en 2007.

Las contaminadas aguas metropolitanas fluyen por los terrenos donde se construirá la planta de El Ahogado. Foto: Marco A. Vargas

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La licitación de la planta de tratamiento de El Ahogado fue pospuesta en junio de 2007 porque el equipo que comanda César Coll Carabias, al frente de la Comisión Estatal del Agua (CEA), dudó de la transparencia y equidad del esquema que había dejado su antecesor, Enrique Dau Flores. Año y medio después, con una licitación supuestamente concluida, brincan dudas en un proceso que se suponía corregido, lo cual no preocupa demasiado a la dependencia, pese a tres inconformidades interpuestas.

El señalamiento más fuerte contra el concurso para asignar la planta tratadora de aguas negras de El Ahogado, con capacidad máxima de 2,250 litros por segundo, indica que la obra fue entregada a la segunda propuesta económica, lo que significaría un "sobreprecio" de poco más de 410 millones de pesos (o dos millones de pesos mensuales), considerando que el ganador, Atlatec, SA, y socios, cobra ocho millones 970 mil pesos mensuales contra seis millones 958 mil pesos de la primera oferta, de OHL Concesiones México, SA, y socios. Todo esto, a un plazo aproximado de 17 años, descontado el tiempo de construcción (Público, 21 de noviembre de 2008).

En ese análisis, tampoco se puede olvidar que, en la licitación de 2007, el precio propuesto por la empresa con oferta más económica por metro cúbico saneado era de 1.14 pesos, mientras que ahora la oferta ganadora cobrará 1.51 pesos, esto es, 32 por ciento más caro (ver Público, 11 de junio de 2007).

En aquella ocasión, se licitó en un solo paquete todo el saneamiento metropolitano, pero el concurso fue declarado desierto.

Ahora, en el nuevo paquete de licitaciones, ha salido primero El Ahogado, pues era prioridad política ante la fuerte protesta social en las zonas de El Salto y Juanacatlán. Pero muchos no quedaron conformes.

OHL Concesiones México, SA de CV, y OHL Medio Ambiente, interpusieron su escrito inicial de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal, el 4 de diciembre de 2008, en contra de la CEA, en el marco de la licitación pública nacional 43111001-046-08. La CEA firmó el contrato con Atlatec, SA de CV, el 10 de diciembre, cuando ya estaba en proceso la inconformidad.

También presentaron inconformidades las empresas Isolux de México, SA de CV, que quedó en cuarto lugar, y Cobra Instalaciones México, SA de CV, que ocupó el último casillero entre los contratistas, pero, en este caso, sus quejas no prosperaron, aseguró ayer el director de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la CEA, Ricardo Robles Varela.

De la inconformidad que está vigente, "no tenemos preocupación con lo que pase, el trabajo es muy sólido, participaron muchas instancias y no creo que se vaya a echar abajo ni a entorpecer el proceso", explicó por vía telefónica

Dijo que la ley no obliga a tomar la oferta más baja en términos económicos, porque hay una serie de aspectos que hay que cumplir, y se demostró que OHL Concesiones México, SA de CV, no tenía la solvencia para garantizar el proyecto, pues "incumplió varios requisitos".

Además, aclaró que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios federal no impide firmar el contrato cuando esté en desahogo una inconformidad. No hay obligación de suspender el proceso, porque el inconforme tendría en contraparte que depositar una fianza para garantizar todos los perjuicios que la suspensión pudiera acarrear en la realización de un proyecto, advirtió el funcionario.

La planta de El Ahogado costará 900 millones de pesos; 40 por ciento de ese monto es aportado, a fondo perdido, por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) del gobierno federal; el restante 60 por ciento es capital de riesgo de la empresa ganadora de la concesión y los préstamos que obtenga. Su construcción debe arrancar en marzo próximo.

La inconformidad

La empresa reclamante, OHL Concesiones México, SA de CV, que presentó la oferta más económica en la licitación, reclamó de la CEA "desechar de manera ilegal e infundada las propuestas técnica y económica presentadas por OHL en la licitación […] y, con ello, adjudicar el contrato a una oferta que no resulta la más conveniente de conformidad con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, alejando al Estado de las mejores condiciones de contratación disponible en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes, y violando derechos de OHL dentro del procedimiento de contratación", según indica en su página siete el "escrito inicial de inconformidad" a que tuvo acceso este diario, sellado de recibido en la SFP el 4 de diciembre de 2008.

Así, añade, "la autoridad convocante desechó las propuestas por el incumplimiento de supuestos requisitos formales que en la especie no se da, ni son suficientes para desechar las propuestas de nuestra representada…".

Es decir, OHL argumenta que, si había errores u omisiones, eran subsanables y no afectaban el marco general de su propuesta. Además, la CEA estaba obligada a señalar esos detalles, previo a la sesión del fallo final, en cuatro sesiones aclaratorias donde avaló todo lo presentado por la empresa.

Dos de los detalles cuestionados por la CEA son altamente especializados: las memorias de un prediseño en relación con sólidos suspendidos y lodos, y la técnica en el "tren de tratamiento de agua".

Un tercero tiene que ver con la propuesta económica, a juicio de la entidad pública, "incongruente", pues presenta valores dispares en sus documentos sustantivos. Un cuarto detalle tiene que ver con costos de operación y mantenimiento de la planta, donde se habría omitido una columna de números completa. El quinto aspecto en que el organismo estatal descalifica a OHL es por "inconsistencias" en el llenado de datos sobre costos de energía eléctrica, que varían pues parten de tarifas distintas.

Estos cinco aspectos son los que llevaron a la descalificación de la propuesta de OHL, al señalarse como "no viable". OHL reclama la nulidad del acta del fallo y su dictamen, al insistir que su propuesta es la mejor para el interés público.

También pide la suspensión del proceso de contratación, lo cual no fue concedido.

No preocupa

Ricardo Robles Varela, director de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la CEA, señal que la decisión de eliminar a OHL deriva de una aplicación rigurosa de los términos y las bases de la licitación. "Allí se marcan requisitos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos, y se deben cumplir […] Hubo ocho propuestas para poder ganar la licitación, pero no indica la ley que quien deba ganar sea la más baja en costos […] Fue un grupo interdisciplinario el que analizó todo; se cuidaron mucho las formas y el fondo, la sustentación del fallo es sólida, bien fundamentada, y consideramos que se nos va a confirmar".

—¿No temen un resultado adverso?

—El resultado, sea el que sea, no detiene el proceso. Tenemos todavía la opción de apelar y esto se llevará más tiempo […] quizá hasta instancias judiciales. Pero la obra no se detendrá.

------------------------------------------------------------------------------

CLAVES

Líder en aguas negras

Guadalajara es, junto con la Ciudad de México, el principal contaminador urbano de aguas nacionales que hay en el país. Hoy genera entre nueve y diez mil litros por segundo de desechos municipales, esto es, derivados de casas habitación, que suman más de un millón; además, tiene cerca de cien mil usuarios no domésticos que deben tratar sus propios desechos, o bien, pagar al organismo operador para que los sanee. Desde hace nueve años viola las normas en materia de saneamiento

Desde 1997 se han intentado distintas acciones para sanear las aguas de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero, en 1998, el Congreso del Estado impidió al Poder Ejecutivo un endeudamiento de 150 millones de dólares (que habría resuelto a 100 por ciento) que, a precios actuales, significaba resolver el problema en menos de dos mil millones de pesos, sin contar con los gastos de operación, todo lo cual correría a cargo de entidades públicas

En 2006 se lanzó la siguiente convocatoria para sanear las aguas citadinas, que ofrecía a empresas privadas construir y operar el sistema, pero para toda la ciudad. En 2007, el nuevo equipo de la Comisión Estatal del Agua (CEA) consideró poco transparente y poco equitativo el proceso, lo modificó primero; luego, en el fallo, la dependencia declaró desierta la licitación

Finalmente, en junio de 2008 comenzó el nuevo procedimiento, pero exclusivamente para la zona de El Ahogado, que tiene 20 por ciento de la contaminación de la ciudad. El proceso se falló el 20 de noviembre de 2008 y el contrato se firmó 20 días después.

Atlatec, SA de CV, construirá y operará la planta. Cada metro cúbico saneado le dará 1.51 pesos; la planta costará alrededor de 900 millones de pesos y limpiará 2,250 litros de aguas negras máximo por segundo. El proceso tiene vigente una inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública, de tres que se instauraron.

La empresa afectada OHL, ha pedido la suspensión del procedimiento, apelando al artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que aplica en este caso porque se trata de una obra con inversión federal. Dice el citado artículo de la ley federal de Adquisiciones: "…la Contraloría podrá suspender el procedimiento de contratación cuando: I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran producirse daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate, y II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden público"

Añade el artículo mencionado: "Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión [como es en este caso] éste deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la Contraloría, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión"

Finalmente: "Cuando la SFP determine la suspensión de algún procedimiento de contratación que implique para la convocante poner en riesgo el abastecimiento de bienes y la prestación de servicios de necesidad inmediata, podrá la dependencia o entidad realizar las contrataciones que, en tanto cesa la aludida suspensión, contribuyan a afrontar dicha eventualidad…"

La ruta de la inconformidad, si la gana OHL en primera instancia, será una casi segura apelación de la CEA y, posteriormente, un pleito judicial, lo cual hace poco rentable el proceso para los particulares. Pero la pregunta esencial para el interés público sigue siendo: ¿se pudo contratar la obra a un precio menor?

Baja la contaminación en Miravalle: Semades

En dos años, los niveles Imeca en la cuenca descendieron 15 puntos. Causas: menos basura quemada, mejores vialidades, reforestación

La zona de Miravalle padece la peor contaminación atmosférica de la ciudad, pero la situación parece mejorar. Foto: Público

Guadalajara • Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

A partir de la entrada en vigor del acuerdo de Alta Fragilidad Ambiental en Miravalle, el 23 de enero de 2007, la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) registra un descenso en todos los contaminantes monitoreados en su estación enclavada el pie del Cerro del Cuatro.

Las partículas suspendidas, que son el contaminante líder, y el problema esencial de esta demarcación del sur de la zona conurbada de Guadalajara, han cedido en quince puntos del índice metropolitano de calidad del aire (Imeca), lo cual revela, a juicio de María Elena Zúñiga Alvarado, coordinadora de la Red de Monitoreo Atmosférico de la Semades, que se han aplicado con seriedad la disposiciones previstas en ese plan, que fue elaborado durante la Administración de Francisco Ramírez Acuña, pero puesto en marcha casi completamente en lo que va de la actual.

En conferencia de prensa, Zúñiga Alvarado puso en relieve el descenso y subrayó que el promedio anual de partículas en 2006, fue de 74.6 puntos, mientras el promedio de 2008, que recién concluyó, es de 58.9 puntos Imeca.

Pero el mejor ambiente, añadió la funcionaria, también se registra en los otros contaminantes medidos por la estación de monitoreo: bióxido de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono y bióxido de azufre (ver gráfico contiguo).

Antes de 2007, 72 por ciento de las veces en que se decretó una contingencia atmosférica en la zona se debió a que la dirección de los vientos registrados iban de Sur-Sureste o de Sur-Suroeste, "lo que provocaba la sedimentación de los contaminantes hacia la parte baja de Miravalle".

Como resultado del decreto, "en 2008 sólo en una ocasión se activó la alerta ambiental por niveles de contaminación fuera de norma", advirtió.

¿Cómo se logró este descenso de los contaminantes?

Javier Velarde, de la Dirección de Ecología de Guadalajara; Daniel Zepeda, director del Ecología en Tlajomulco de Zúñiga; Adrián Salinas, director de Ecología de El Salto, y Santiago Preciado, de Tlaquepaque, señalaron que se han mejorado los caminos, lo que ha propiciado más fluidez en el tránsito; hay recolección de llantas, se evita quema de basura y se aplica una intensiva reforestación.

En la recolección de residuos, "se ha cambiado a horario vespertino y en el riego de parques y camellones se ha implementado un sistema de riego automatizado sin necesidad de pipa de agua".

A nivel de toda la ciudad, el promedio anual Imeca pasó de 97 puntos en 2007 a 87 puntos en el 2008, abundó Zúñiga Alvarado.

Guadalajara • Agustín del Castillo