La Secretaría de Economía otorgó el permiso para explotar vetas de oro y plata en su predio
Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO
Después de que el miércoles 16 de enero logró detener los trabajos que la empresa Comercializadora Internacional de Minas realizaba en sus tierras, Lino Roblada, indígena de la comunidad de Ayotitlán, interpuso una solicitud de amparo en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa contra la concesión que la Secretaría de Economía otorgó en 1997 a Juan Catarino Michel Victoria y Juan Enrique Michel Arámbula para la explotación minera en 25 hectáreas en territorio de Roblada.
En esa ocasión Lino no actuó solo, lo apoyaron muchas personas de la comunidad y juntos retuvieron dos camionetas y un camión de la minera como garantía del pago que –en opinión del Consejo de Mayores de Ayotitlán– debe hacer la empresa por el daño ecológico que causó al abrir veredas e iniciar los trabajos de construcción de un puente que llegaría hasta la entrada principal de la veta de oro y plata que está dentro del predio de Roblada.
Después de consultarlo con las autoridades tradicionales, Lino Roblada también decidió interponer una denuncia penal por despojo, destrucción y daño ambiental en contra de quien resulte responsable.
Lino y los miembros de la Asamblea de Mayores se preguntan por qué la autoridad federal entregó una concesión para la explotación de una mina a cielo abierto en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de Manantlán, pues los procesos que se siguen para separar el oro y la plata implican el uso de arsénico.
Con Lino y la minera, Ayotitlán comienza otro capítulo de su compleja historia, en la que el abandono y el despojo se ciernen sobre sus habitantes, dueños de un territorio rico en recursos que hasta ahora sólo ha generado dividendos para unos cuantos.
Hoy habrá una reunión de asamblea en Ayotitlán, donde convergerán autoridades municipales de Cuautitlán, miembros del Comisariado Ejidal y la gente del Consejo de Mayores; entre otros asuntos, están pendientes el de la explotación minera y el juicio de restitución de al menos 15 mil hectáreas que ya otorgó la federación pero la orden sigue sin ejecutarse.
Se prevé tensión por el interés que el municipio tiene en la explotación minera como fuente de ingresos a las arcas del Ayuntamiento y la oposición de la comunidad, que con el ejemplo de la minera Peña Colorada ha visto cómo este tipo de “progreso” los relega y provoca daño en sus tierras.
A la reunión de hoy acuden como observadores personal de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara, personal del despacho del abogado general de la institución y un par de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
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