Además del turismo masivo y de baja calidad ambiental, a los ecologistas de San Blas les preocupa todo el negocio del camarón.
Agustín del Castillo - PÚBLICO
Mantener el acceso público a las playas —en peligro bajo los esquemas privatizadores que trae Riviera Nayarit—, controlar los excesos de la pesca comercial del camarón y regular la producción del crustáceo bajo cultivo en los esteros, son objetivos que se han trazado los miembros del Grupo Ecológico Manglar.
“Vamos a defender lo que es de nosotros, lo que es de todos; o sea, tradicionalmente, ir a la playa, para la gente de Tepic o la de Guadalajara, aquí a San Blas, es algo importante, y debemos cuidar que se pueda seguir dando. Por otro lado, imagina que los inversionistas compren todo lo que está alrededor de La Tobara, pues ahí se van a chupar toda el agua porque hasta ahora no hay frenos; nosotros estamos pidiendo que se respeten lugares estratégicos, la selva, el manglar, los palmares, los manantiales, los arroyos, y por supuesto las playas… eso no se negocia”, dice Juan Francisco García Rodríguez, popularmente conocido como Juan Bananas.
Pone en relieve que aun en la actualidad, con todo un historial de daños a cuestas, “somos suertudos en el aspecto del medio ambiente, porque todavía hay muchísima agua, mucha vida, mucha comida, muchos árboles […] estamos todavía en el paraíso”.
Señala que, si bien el Ayuntamiento de San Blas fue el único que se inconformó con las reformas a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de Nayarit, aprobadas fast track por el Congreso del Estado entre el 23 de agosto y el 1 de septiembre de 2007 (Público, 3 de febrero de 2008), si ganan la controversia constitucional 81/2007 (ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación), sus efectos se extenderían a todos los municipios donde ahora prevalecen los grandes intereses desarrollistas, razón que explica “la prisa que se están dando” para aprobar desarrollos a nivel de ayuntamientos, pese a las graves violaciones al equilibrio ambiental que entrañarían.
No obstante, García Rodríguez subraya que “lamentablemente [el desahogo de la controversia] puede tardar mucho, y de ahí el silencio del gobernador [Ney González Sánchez], que a toda costa está tratando que esto no salga a la luz pública; pero, por otro lado, han llegado a San Blas los mismos inversionistas del sur [Bahía de Banderas y Compostela], y como ven que aquí no se puede lograr eso que buscan, se van rápido”.
Además del turismo masivo y de baja calidad ambiental, a los ecologistas de San Blas les preocupa todo el negocio del camarón.
“La pesca ha disminuido notablemente; cuando yo llegué, hace 37 años, San Blas tenía poco más de dos mil habitantes y pescábamos en un lance de diez a quince kilos, y ahora no sacas más de dos kilos y tenemos como trece mil personas […] Esto demuestra que ha bajado la productividad de los esteros, que además fueron dañados por la presa Aguamilpa, que bajó el aporte de sedimentos y nutrientes que traía el río; luego se abrieron muchas granjas de camarón, hay más de 20 en la actualidad, y por si fuera poco, unos 200 barcos camaroneros de Sinaloa sacan con redes de arrastre, prohibidas por la ley, el camarón en el mar, y se llevan todo…”.
La esperanza es hacer la versión estatal de la Ley de Pesca, en la cual se prohibirán los abusos tanto en el manglar como en la costa, puntualiza.
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