Los huicholes siguen con su plantón y denuncian hostigamiento oficial. Foto: Iván GarcíaAgustín del Castillo - PÚBLICO
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) culminó este jueves el procedimiento de inspección a las obras del tramo carretero Bolaños-Huejuquilla, luego de diversas denuncias tanto de comuneros del pueblo wixaritari (huichol) como de ejidatarios y pequeños propietarios sobre presuntos daños al entorno ambiental.
La operación, comprometida a los indígenas el pasado 14 de febrero por el delegado estatal, José de Jesús Becerra Soto, comenzó el martes 19 de febrero y terminó ayer, 21 de febrero. El funcionario espera recibir hoy el informe completo de sus inspectores, con base en lo cual se podrían determinar sanciones, informó el vocero de la dependencia Juan Carlos Díaz Morales.
La carretera tiene una longitud aproximada de 130 kilómetros y atraviesa por terrenos de las comunidades indígenas de San Sebastián Teponahuaxtlán y de Santa Catarina Cuexcomatitlán, además del ejido mestizo de Los Amoles y diversas pequeñas propiedades. Los afectados señalan entre los daños la pérdida masiva de arbolado, la destrucción de hábitat de especies en peligro de extinción, como podrían ser la guacamaya militar (Ara militaris), el ocelote (Leopardus pardalis) y el lobo mexicano (Canis lupus baiyeli); la devastación de zonas de recarga de manantiales y el corte de corredores de fauna y flora.
En particular, los wixaritaris, quienes mantienen un plantón en la Ciénaga de los Caballos para impedir las obras, se han quejado también de la destrucción de sitios sagrados, además de que en los impactos ambientales no se considera la transformación del medio a la alta velocidad que traerá una ruta pavimentada: hostigamiento policiaco a sus peregrinaciones a Wirikuta (San Luis Potosí), arribo de taladores y cazadores clandestinos y una fuerte presión de empresas privadas o públicas para desposeerlos de sus terrenos comunales.
La construcción de esta carretera, que cuenta con un presupuesto de unos 400 millones de pesos entre 2007 y 2008, tiene diversas autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo forestal, pero los indígenas desconocen sus términos; afirman que hay un elevado riesgo de que se hayan concedido sin considerar los impactos regionales, es decir, segmentados de predio en predio, lo que facilita la autorización y no impide daños crecientes.
En Santa Catarina, la protesta se avivó luego de que se conoció una supuesta acta de asamblea fechada el 9 de septiembre pasado —día en que no se realizó nada semejante en todo el territorio comunal—, firmada por los tres titulares del comisariado de bienes comunales de ese entonces, donde se permite afectar más de 76 hectáreas para el derecho de vía. El acta es espuria pero tiene firmas y sellos genuinos, porque señala un procedimiento que nunca se realizó. Los firmantes informaron a la asamblea que estamparon su rúbrica luego de meses de fuerte presión gubernamental (Público, 21 de febrero de 2008).
La Sierra Huichola tiene un viejo decreto de área protegida que data del gobierno federal de Miguel Alemán Valdés: es parte del vasto polígono de la zona de protección del distrito de riego 043, que fue recategorizada en 2002 como área de protección de recursos naturales. Además, forma en su mayor parte una “región terrestre prioritaria” por ser “una zona templada con alta concentración de especies consideradas en riesgo de extinción como la guacamaya enana, la ardilla (Tamias sp.) y el guajolote silvestre, y tiene el último registro del lobo mexicano en la región. Dentro de esta región se incluye vegetación de bosque de pino-encino y de encino con vegetación secundaria”, señala el texto de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (www.conabio.gob.mx).
Además, los acuerdos am-bien¬tales de América del Norte ubican en esta geografía dos áreas de importancia para la conservación de las aves (AICAS), que son la C-55 y la NE-37, cuya preservación son un compromiso internacional del gobierno mexicano
Policías deambulan por la zona
• Los cientos de huicholes apostados desde el pasado 11 de febrero en el potrero de la Ciénaga de los Caballos, Mezquitic, para impedir la ejecución de las obras de la carretera Bolaños-Huejuquilla, se han debido acostumbrar a la creciente presencia de policías estatales de Jalisco y de soldados del Ejército, lo que los voceros interpretan como una presión más para que levanten su protesta.
“Vienen y preguntan si tenemos armas; la policía se da vuelta con cualquier pretexto”, señaló uno de los voceros de los wixaritaris. El gobernador Emilio González Márquez se comprometió el pasado 20 de febrero a no desalojar a los quejosos.
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