Los pobres pagan más por abastecerse se agua. Foto: Marco A. Vargas Agustín del Castillo - PÚBLICO
El sistema “de gestión hídrica en México está en crisis”, destaca el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), David Barkin, coordinador del libro La gestión del agua urbana en México, publicado por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (Aneas).
“Aunque las autoridades nos aseguran que más de 90 por ciento de la población tiene acceso al agua potable, y que una parte un poco menor tiene conexiones al alcantarillado, la realidad es que el país está sufriendo grandes estragos por su inadecuada disponibilidad en calidad y cantidad”, señala el experto, en la introducción que preparó para la citada obra.
“Un ejemplo lo constituye la transmisión de enfermedades por la vía hídrica que impone una carga adicional sobre los pobres por su falta de acceso regular o debido a la mala calidad del agua que reciben […] así mismo, está el problema de la carga diferencial impuesta sobre los grupos sociales más pobres por los elevados costos de comprar agua de pipas o los grandes segmentos de la sociedad que se ven obligados a dedicar largas horas para acarrear, purificar, distribuir y desechar el agua”.
Actualmente, “el país también está acostumbrado a aceptar el riego con aguas negras sin tratamiento de importantes superficies de cultivo de frutas y verduras de consumo humano directo con las consabidas consecuencias, mientras que los agricultores se han organizado para oponerse al tratamiento de esas descargas, ya que ofrecen una forma ‘barata’ para la fertilización de sus tierras”.
Destaca la corta historia del servicio público de agua en el país, pues fue hasta 1983 cuando se regresó a los ayuntamientos la responsabilidad de su manejo, “continuando con una larga tradición política de asignar responsabilidades sin crear las capacidades para su real cumplimiento”.
Así, “el sistema nacional de gestión de agua urbana no está respondiendo a las necesidades de la población, ni protegiendo a los ecosistemas, ni reconciliando las múltiples demandas de los usuarios”.
Clave en este fracaso parcial es la tendencia privatizadora que rige las políticas nacionales en materia de agua, pese a su fracaso evidente, advierte David Barkin.
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