El secretario de Gobierno, Fernando Guzmán, a quien se acusa de ordenar regularizar el terreno en disputa. Foto: PúblicoDenunciante insiste en que todas las dependencias se solapan entre sí.
Esperanza Romero - PÚBLICO
El caso Charcos Azules está en manos de la Contraloría del Estado. Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno, precisó lo anterior al ser cuestionado por este diario sobre la posición de su dependencia respecto a la serie de irregularidades que rodean la compraventa y posterior rescisión de dicha operación, cometidas en la pasada Administración estatal.
El funcionario indicó que corresponde a la dependencia fiscalizadora del Ejecutivo resolver al respecto, toda vez que, desde antes de que concluyera el periodo de Francisco Ramírez Acuña (e interinato de Gerardo Octavio Solís Gómez), un particular, Juan Manuel Estrada Juárez, demandó su intervención y deslinde de responsabilidades.
A su vez, presentó denuncias de carácter penal, por los delitos a que haya lugar, y solicitud de juicio político contra varios ex funcionarios, la que fue desechada por la Comisión de Responsabilidades en el Congreso del Estado, debido a que las pruebas de lo denunciado se presentaron en copia simple, o no se consideraron contundentes (Público, 10 de marzo de 2008).
Desde hace un año, cuando asumió el cargo, Guzmán ha evitado hablar del tema, pero en diciembre se deslindó y declaró que no tiene qué informar ni opinar.
Estrada Juárez aseguró que tanto la nueva titular de la Contraloría como el secretario han sido omisos y, por tanto, favorecido que las conductas indebidas de los involucrados queden impunes.
Para demostrarlo refirió que, a más de dos años de que presentó la queja ante la Contraloría, aún no hay resultados de la investigación (también pidió la revisión de la compra de 22 hectáreas en la cuenca El Ahogado), por lo que ha recurrido a la justicia federal, vía un amparo, para que se le ponga al tanto.
En cuanto al secretario de Gobierno, dio a conocer que éste giró instrucciones para que las escrituras del terreno adquirido a sobreprecio por el Ejecutivo en 2005 y devuelto dos años después, fueran inscritas en el Registro Público de la Propiedad (RPP) sin problemas. Esto, luego de que por meses el RPP puso trabas al trámite.
“Lo indignante del caso Charcos Azules ha sido la complicidad tanto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco [PGJEJ] como de la Contraloría del Estado, la que tiene una auditoría en que se demuestra plenamente el sobreprecio pagado [de más de 40 millones de pesos] por el terreno y la intervención de funcionarios públicos. Pero no hace nada y tenemos una impunidad total donde todos protegen a todos”, denunció.
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