martes, 11 de marzo de 2008

Indígenas, contra proyectos que afecten su territorio y cultura

Exigen castigo a alcaldes de Bolaños, Mezquitic y Huejuquilla


Indígenas reunidos en el vigésimo CNI, que concluyó el domingo, se pronunciaron contra la explotación de sus hombres y mujeres en el campo y las ciudades: Foto Arturo Campos

Hermann Bellinghausen - LA JORNADA JALISCO

Tuapurie, 10 de marzo.- Al concluir la vigésima reunión del Congreso Nacional Indígena (CNI) en el paraje Awatsiat’a (o Ciénaga de los Caballos) en territorio wixárika (huichol), los delegados de pueblos, naciones y tribus de distintas regiones del país rechazaron los proyectos y megaproyectos cuya finalidad “es el despojo y la privatización de nuestros territorios y recursos naturales, así como la destrucción de nuestras culturas y la explotación de nuestros hombres y mujeres en el campo, las ciudades y el extranjero”.

Manifestaron su oposición a la privatización de los energéticos, patrimonio del pueblo de México, para favorecer intereses extranjeros; la siembra y venta de maíz transgénico en cualquier punto del territorio nacional y la utilización del maíz para agrocombustibles.

En su pronunciamiento, el CNI destacó: “Fuimos convocados por las autoridades tradicionales de Tuapurie en un momento en que la comunidad ha impedido la ilegal construcción de la carretera Amatitán-Bolaños-Huejuquilla el Alto en el tramo correspondiente a su territorio”, un proyecto que pretende fragmentar y privatizar el territorio huichol como parte de los proyectos que en el país entero imponen las trasnacionales a través del Estado. Los wixaritari reaccionan contra “lo que el mal gobierno llama ‘proyecto de desarrollo’, manifestando que no quieren ese modelo tan destructivo, sino estar bien con la madre tierra”.

Las políticas neoliberales del gobierno mexicano para privatizar tierras y territorios de los pueblos y los recursos naturales “se han agudizado hasta un grado de ilegalidad, impunidad y violencia nunca antes visto, valiéndose de contrarreformas constitucionales y leyes aprobadas en los últimos años, utilizando mecanismos ilegales como la falsificación de las actas de asambleas de ejidos y comunidades”.

Los indígenas denunciaron que “la guerra de conquista capitalista” busca “la destrucción de nuestros maíces, la aniquilación del aparato productivo nacional y el desmantelamiento de las economías campesinas y comunitarias a través de tratados de libre comercio, la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, la explosiva migración que ha convertido a nuestro... en el principal expulsor de fuerza de trabajo a nivel mundial, la privatización de los energéticos y el desmantelamiento de la seguridad social”.

EL CNI insistió en el reconocimiento de la totalidad del territorio ancestral wixárika, lo cual incluye a la comunidad autónoma wixárika Bancos de San Hipólito, Durango, sobre una superficie comunal de posesión inmemorial, “ilegalmente titulada a favor de la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa”. Denunció el hostigamiento de la Profepa en Durango. Al igual que Tuapurie, Bancos de San Hipólito se encuentra amenazado por un megaproyecto carretero para trasladar mercancías del norte y el centro a las costas del Pacífico en los tramos Zacatecas-Ruiz y Durango-San Juan Peyotán”.

Denunció especialmente la intromisión de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Estatal Indígena de Jalisco en las comunidades San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, de los municipios Mezquitic y Bolaños, donde han provocado división. El CNI apoya su “justa lucha por la recuperación de su territorio invadido en Puente de Camotlán, Huajimic y Cañón de Tlaxcala”.

Por lo demás, los indígenas reunidos en Tuapurie exigen castigo y juicio político contra Miguel Angel Medina López, Luis Alberto Zamora y Ernesto de la Torre, presidentes municipales de Huejuquilla, Bolaños y Mezquitic, respectivamente. Estos han amenazado con la fuerza pública y presionado de diversas maneras a las autoridades huicholas, coludidos con los intereses expoliadores del gobierno estatal, la Secretaría de Turismo y las empresas nacionales y trasnacionales.

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