La relación con Monsanto, “normal, legal e inevitable”

Don Emiliano, un habitante de las faldas del Nevado de Colima, entre las matas de un primo silvestre del maíz: tripsacum. Foto: Marco A. Vargas

Agustín del Castillo - PÚBLICO

El financiamiento a la investigación sobre el maíz por parte de Monsanto, Pionner, Dow Agroscienses y otras transnacionales de transgénicos es hoy un hecho normal, legal y al parecer, inevitable para las universidades públicas, en un contexto de falta de recursos para la ciencia que padece el país, advierten Jesús Sánchez González y Salvador Mena Murguía, académicos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Por si fuera poco, son trabajos que deben hacerse porque México enfrenta retos con la apertura recién formalizada con la publicación del reglamento de la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados (marzo de 2008); así, resulta indispensable saber los posibles efectos de éstos sobre los parientes silvestres del maíz, para establecer un régimen especial de protección al grano, que fue domesticado hace miles de años en esta región del mundo y es un patrimonio de la humanidad.

Los científicos confirman que Monsanto no financió proyectos de colecta científica de Zea diploperennis en la sierra de Manantlán, ni se llevó semillas de especies endémicas colectadas por expertos de la UdeG; pero sí pagó un estudio sobre maíces primitivos, cuyos resultados, propiedad de ambas entidades, “no son secretos”, y esperan tener publicados en revistas científicas en el curso del presente año.

Se trata de un convenio de colaboración científica denominado “Autoecología del teocintle. Plagas”, que llevó a analizar poblaciones de diversas variedades de Zea mays y dar un seguimiento puntual de su relación con sus parásitos, en diversos sitios del centro y el occidente mexicano. El trabajo fue coordinado por Sánchez González, uno de los expertos mexicanos en teocintles (el género Zea), los parientes silvestres más cercanos genéticamente al maíz (Público, 23 de marzo de 2008).

Este largo trabajo, realizado entre 2001 y 2004, contó con informes parciales —“no recuerdo si anuales o semestrales”, señala Sánchez González— y un informe de finiquito. Monsanto no tuvo mayor intervención en su realización, pero sí opinó en torno a los informes y resultados. Al final, aseguran que se respetó una de las cláusulas del convenio: que la información obtenida sería libremente difundida mientras se reconocieran los créditos de las partes.

Para la UdeG, la información del trabajo quedará vertida en la tesis doctoral de Salvador de la Paz Gutiérrez, y en la producción de tres artículos en revistas científicas, el primero de los cuales ya vio la luz: “Pérdida por plagas rizófagas en el maíz y su estratificación en el estado de Jalisco” (Scientia-CUCBA, número 9).

Éste es sólo una introducción al tema investigado. Los dos artículos posteriores verían la luz en revistas científicas de Europa. “Todo es público, no hay nada que ocultar”, subraya Mena Murguía, quien en los tiempos del proyecto era rector del CUCBA.

“Estoy de acuerdo con que el contexto es el que hace sospechosa la relación con Monsanto, pues resulta que al mismo tiempo que se hacía ese trabajo de caracterización de plagas, se realizaron colectas científicas de semillas de maíces, en las cuales sí se incluyó Zea diploperennis de Manantlán; la verdad es que el trabajo con el maíz es una tradición de este centro universitario”, apunta.

Financiarlo es un problema, no sólo por la insuficiencia de fondos públicos, sino porque el dinero estatal es de acceso complejo y burocrático y no otorga recursos en una sola partida para investigaciones multianuales como las que se deben hacer para el maíz. El historial de proyectos cancelados por estos motivos se alarga, dice.

“Se debían tomar decisiones acerca del maíz, lo que obligaba a investigaciones, pero no se hacía nada, y de hecho, a la fecha hay muchas lagunas que se deben llenar […] entonces Monsanto dijo: señores, a nosotros nos están citando en muchas reuniones el Senado, las comisiones de agricultura, foros de discusión sobre la Ley de Bioseguridad, y vemos que no hay ningún proyecto público que investigue la información que se requiere…”.

Un aspecto importante era saber si se cruzan el maíz y el teocintle, algo que podría dar indicios de lo que podría pasar en la relación entre teocintles y transgénicos; el CUCBA se propuso la investigación pero no la pudo financiar.

“Una de las tantas cosas que había que saber es si los insectos que están presentes en el maíz están presentes en el teocintle, porque todos los transgénicos, o una buena parte, se hicieron para que resistieran a los insectos, sobre todo a los gusanos que se comen las hojas; eran dos escenarios: si se siembra transgénicos con teocintle, los insectos se van al teocintle y se lo comen, pero qué tal si los genes del transgénico se van al teocintle y lo convierten en una maleza peligrosa, que puede desequilibrar el entorno porque no va a tener enemigos…”.

A Monsanto le urgió que eso tuviera una respuesta, añade Sánchez González. “Dijo: nosotros lo podemos pagar [el estudio], siempre y cuando sea un convenio formal con la Universidad, que lo revisen los abogados de la Universidad y de la empresa y que los resultados sean publicados; no importa si los resultados no son favorables para la siembra de transgénicos; lo que necesitamos es que haya información y se puedan tomar decisiones”.

—¿Entonces Monsanto se lo pidió a la UdeG?

—Ellos originalmente lo consultaron con la Secretaría de Agricultura y el Inifap [Instituto de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias], con la idea de que el Inifap pudiera hacer las investigaciones, pero les contestaron que los expertos en teocintles y en buena medida en maíces mexicanos estaban en la UdeG […] vinieron con nosotros y dijeron: 'Los expertos son ustedes y creemos que la credibilidad sería mayor si ustedes generan la información'”.

—¿Por eso los acusan de hacer el trabajo sucio a favor de Monsanto?

—Pero eso es falso. Si lee la Ley de Ciencia y Tecnología, allí se establece para la investigación la concurrencia de recursos públicos y privados […] nosotros consultamos todo esto para evitar malas interpretaciones, no hay nada irregular.

—¿Este es el único contrato que ha tenido el CUCBA con Monsanto?

—Así es.

—¿Monsanto no intervino en ningún momento para orientar la investigación?

—Nada, solamente le entregamos informes de cómo iban los trabajos e hizo comentarios, lo cual es totalmente normal.

La otra historia

El escándalo mediático de la relación de la UdeG con Monsanto, desatado en 2005, generó dificultades para los proyectos de colecta científica que la casa de estudios realizaba de forma paralela, con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Sánchez González también los coordinó, y sus colectores, bajo la jefatura del investigador Roberto Miranda, recibieron permiso en 2003 para recoger semilla de Zea diploperennis en la reserva de la biosfera sierra de Manantlán, a condición de que un investigador del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio), Héctor Santana Michel, los acompañara para garantizar que la colecta se restringiría a lo autorizado.

Ese suceso y sus protagonistas forman el eslabón a denunciar a la Universidad de entregar a Monsanto los tesoros genéticos de Manantlán, pero Sánchez y Mena aseguran que se trata de una acusación gratuita, en la que se aprovecha la pésima reputación de Monsanto entre los grupos ecologistas para golpear a la institución pública.

Sus consecuencias han sido duraderas: “Tuvimos permisos para hacer nuevas colectas, que se depositan en el banco de germoplasma y tenemos escrupulosamente documentado con la Semarnat […] pero ante la confusión y el escándalo, decidimos esta última ocasión no colectar para evitar más polémicas…”.

Colectas legales en Manantlán, aseguran

Las colectas de Zea diploperennis en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán fueron realizadas bajo la autorización 10468 de la Semarnat, del 6 de diciembre de 2002, que textualmente permite “la colecta de 20 semillas de cada una de la especies de Zea diploperennis y Zea perennis de 200 a 300 ejemplares” (sic), señala el doctor Roberto Miranda, quien realizó la actividad en la zona.

En aclaración del reportaje aparecido en este diario el 6 de abril de 2008, donde se señala la prohibición expresa de esa actividad en el permiso emitido por la Semarnat, entregó una carta con las siguientes precisiones:

El permiso señala: “Queda estrictamente prohibido efectuar cualquier aprovechamiento de las especies de flora y fauna silvestre cualesquiera que sea su estatus excepto las especies aquí autorizadas, así como realizarlas en áreas naturales protegidas”.

Según el investigador, “el doctor Sánchez consultó con la Dirección General de Vida Silvestre para que se aclarara este punto seis del permiso, ya que era ambiguo. La dependencia le aclaró que el permiso sólo prohíbe el aprovechamiento, mas no la colecta con fines científicos —de sólo 20 semillas—, en las áreas naturales protegidas, por lo tanto, sí se podía colectar…”.

“El permiso no establece que se requiere obtener permisos adicionales de los directores de las áreas protegidas, sin embargo, nosotros notificamos en tiempo y forma, mediante oficio DEPA/351/2003, de fecha 2 de septiembre de 2003, al director de la reserva, Martín Gómez, quien dio la autorización verbalmente y nunca solicitó por escrito o verbalmente ningún permiso adicional. Solamente solicitó verbalmente que personal del Imecbio acompañara en la colecta […] por lo tanto, se cumplió cabalmente con el permiso durante las colectaas: solo fue colecta científica de 20 semillas, y no se hizo aprovechamiento de Zea diploperennis”.