El Ejecutivo del vecino estado perdió la oportunidad de aportar pruebas.
La zona de la Riviera Nayarit es una de las más afectadas por la aprobación de nuevos desarrollos turísticos. Foto: Marco A. Vargas
Agustín del Castillo - PÚBLICO
El primer round fue a favor del David municipal y ecologista, en su lucha desigual contra el Goliat-estado de Nayarit.
La controversia constitucional 81/2007, promovida por el Ayuntamiento de San Blas, en contra de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de Nayarit, aprobada fast track por el Congreso de ese estado, en septiembre de 2007, ya libró su primera aduana, en la cual el gobierno de Ney González Sánchez no tuvo representante para la audiencia de pruebas y alegatos que se realizó la pasada semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la ciudad de México.
Dicha ley ha abierto el camino al desarrollo intensivo en las costas nayaritas por encima de los derechos autónomos de los municipios, por lo cual los ambientalistas y las comunidades locales ven un alto riesgo de que se pierda el valioso patrimonio natural y cultural que sobrevive en la región, a favor de “los dueños del dinero” (Público, 3 de febrero de 2008).
A la audiencia asistieron el síndico de San Blas, Isaac Guadalupe Murillo, y una delegada [representante] de la Procuraduría General de la República, además de Manuel Rebolledo, integrante de Grupo Ecológico Manglar.
Es decir, “no se presentó ningún representante del gobierno del estado ni del Congreso del Nayarit; por tanto, perdieron el derecho de ofrecer pruebas y alegatos en el juicio […] por nuestra parte, presentamos un escrito de alegatos [argumentos jurídicos] por medio del cual damos respuesta a los planteamientos que hicieron el Congreso y el gobierno en sus escritos de contestación de la demanda”, explica Rebolledo.
Por su parte, “la PGR también presentó un escrito de alegatos, en el cual señala que considera que las reformas a la ley de desarrollo urbano violan diversos artículos de la Constitución y, en consecuencia, solicita a la Suprema Corte que declare la nulidad de los artículos que combatimos”.
Al celebrarse esta audiencia se cierra la instrucción del juicio, “esto es, ya no pueden presentarse nuevas pruebas ni alegatos, y lo que procede es que el ministro instructor haga su ponencia [proyecto de sentencia] para que sea discutida por el pleno de la Corte”. La Secretaría Judicial “nos comentó que probablemente la ponencia estaría aproximadamente en un mes, pero que desgraciadamente ésta se discutiría y resolvería en seis meses o poquito más debido a la carga de trabajo de la Corte. Afortunadamente, a partir de este momento [el cierre de instrucción] el Ayuntamiento de San Blas no puede desistirse de la demanda”.
La reforma impugnada favorece claramente a los particulares, “ya que incluso les permite incumplir los planes municipales de desarrollo, y esto genera condiciones de desigualdad ante un ciudadano común que busque o promueva desarrollar alguna actividad económica, haciendo inversiones más conservadoras en proyectos de baja densidad. Dichas desigualdades van desde que un desarrollador particular está en condiciones de pagar la elaboración de un Plan Parcial adecuado a sus necesidades e intereses y, aun si las condiciones de este plan son contradictorias al plan municipal, pudiera ser aprobado”, señala en un análisis Candy Anisoara Yescas Blancas, asesora del Ayuntamiento de San Blas.
La realidad de este dicho la está viviendo la región de Riviera Nayarit, en especial Bahía de Banderas, donde se siguen aprobando desarrollos ambientalmente costosos, en detrimento de ecosistemas y especies amenazadas y del uso público de las playas regionales (Público, 27 de enero a 2 de febrero).
En Perspective
Al vapor
• 23 de agosto de 2007
Iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Asentamiento Humanos y Desarrollo Urbano, sobre la base de “impulsar reformas que permitan generar un desarrollo sustentable, que promuevan la inversión y coloque al estado en condiciones de competitividad…”
• 27 de agosto de 2007
Se aprueba el dictamen casi tal cual por diputados de todos los partidos, sin advertir riesgos a la autonomía municipal o la naturaleza
• 1 de septiembre de 2007
Se publica por el periódico oficial del estado de Nayarit
• 29 de octubre de 2007
La SCJN acepta la controversia constitucional del Ayuntamiento de San Blas. Es el único de los 20 municipios nayaritas que reacciona contra los efectos perniciosos de la ley
1 comentario:
FELICIDADES POR ESTA DIFUSION Y MUCHAS GRACIAS AGUSTIN DEL CASTILLO!
Es fuerte ver como este tipo de notas pueden parecer poco atractivas para los medios siendo de tal trascendencia. Afortunadamente hay periodistas como tu que rompen los cercos a la información oportuna e impulsan una sociedad más enterada y participativa.
Felicidades igualmente a todos los que han trabajado y trabajan en la defensa de la legalidad y el sentido social, ambiental y económico de largo plazo y bajo impacto.
Erik Saracho
Publicar un comentario