La playa de Tenacatita, llena de palapas desde hace tres décadas. Foto: Marco A. Vargas
Agustín del Castillo - PÚBLICO
Todos los sitios valiosos ambientalmente de la región Costa Sur de Jalisco están ahora en disputa. Los usos tradicionales: pesca, restaurantes, pequeños balnearios locales, están en riesgo de ser completamente desplazados ante el enorme peso de intereses privados que se empeñan en crear en esta región de acantilados y ensenadas un nuevo paraíso para el jet set.
“La cosa es que la política de la Secretaría de Medio Ambiente [y Recursos Naturales] es a favor de ellos, y no nos toman en cuenta nuestra larga presencia cuando nadie se interesaba en la costa. Quien llega a la dirección de zonas federales con dinero e influencias, diciendo que compró tierras y quiere una marina o un campo de golf, obtiene lo que busca, porque les dan las concesiones de espaldas a nosotros”, se queja amargamente el pescador Francisco Javier Romero Segura, secretario de la cooperativa pesquera de La Cruz de Loreto, en conflicto con una empresa alemana denominada Cruzeto, en Tomatlán.
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Estero La Manzanilla, con una casa californiana encima. | |
En cuanto a La Huerta, donde es mayor la superficie potencial para desarrollos turísticos de lujo, 70 por ciento de las tierras que lindan con el mar estaría ya privatizado, según el presidente del Consejo Consultivo de Pesca y Acuacultura de la Costa Sur de Jalisco, Aureliano Sánchez Ruiz. “[…] yo tampoco entiendo por qué el gobierno les permite tener elementos de seguridad que no respetan los derechos de los pescadores, que obligadamente debemos ir porque es nuestra actividad; al grado que cuando ves a un uniformado, mejor te das la vuelta y te regresas”.
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Sánchez Ruiz cuenta una historia que ya es conocida en el medio: cómo los pescadores de la Cooperativa de Producción Pesquera de la Ribera de Punta Pérula, la cual tiene una concesión para 4,160 metros cuadrados de la playa de Careyes, fue despojada del derecho ante el mayor peso de los intereses de la familia Brignone. En este caso, la Dirección de Zona Federal de Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (Zofemat), de la Semarnat, pretende aplicar el criterio de que el dueño del predio colindante con la playa tiene la preferencia, y de hecho así se prevé en la propia norma oficial mexicana en la materia, diseñada para favorecer a inversionistas sobre usos tradicionales.
“Así fue creada la norma, y Zofemat se ha limitado a aplicarla, sin considerar los conflictos sociales que se van a arrastrar con eso”, señala un ex alcalde de Cabo Corrientes.
Una bahía con tierras y recursos en disputa
La bahía de Tenacatita, la quinta más grande de México según datos de la Universidad de Guadalajara, sería la sede de uno de los experimentos más excesivos del “desarrollismo” que promueve el gobierno estatal de Emilio González Márquez para la costa: la creación de un centro de “turismo masivo” que pudiera alojar alrededor de 150 mil habitantes, como en el caso de Puerto Vallarta
Esta pretensión, que hasta ahora no se ha convertido en proyectos y planes de obra específicos, ha sido ampliamente descalificada por científicos de todo el orbe, como José Sarukhán y Paul Ehrlich, debido al golpe a la biodiversidad regional que esto acarrearía, pero sobre todo, a la escasez relativa de recursos básicos, especialmente el agua
En sus condiciones actuales, la bahía ya presenta problemas muy serios de deforestación, que se acercan a 65 por ciento del área original. También, al enclavarse en ella una selva seca caducifolia con apenas cuatro meses de temporal, tiene una limitada presencia de agua superficial y de agua subterránea, lo cual condiciona fuertemente la vida silvestre y los desarrollos económicos, y es un freno completo para los megadesarrollos
Entre las disputas por estos recursos importantes, está el caso de La Manzanilla, la cual sostuvo por más de diez años un enfrentamiento con el desarrollo de lujo El Tamarindo por los pozos de agua de la zona. El litigio se resolvió cuando la empresa de Roberto Hernández cedió uno de los aprovechamientos de la comunidad, la cual cuenta con su propio sistema de abastecimiento
No obstante, los responsables del sistema advierten que si sigue el crecimiento anárquico, el agua no alcanzará a dotar las nuevas fincas que el ejido de La Manzanilla está permitiendo construir, las cuales son propiedad de inversionistas fundamentalmente extranjeros
En Boca de Iguanas hay un nuevo desarrollo que aprovecha las viejas instalaciones de otro núcleo turístico, pero en su alrededor, la compraventa de terrenos ejidales o federales se está llevando también de forma descontrolada
En El Rebalse de Apazulco o Tenacatita propiamente dicho, el conflicto por la zona federal tiene desde 1993, y actualmente ha derivado en el proceso penal para una quincena de pescadores y restauranteros ancianos que ostentan la posesión de facto desde los años setenta, pero que al aplicar la norma oficial mexicana vigente para zonas federales, fueron afectados por la prioridad que se dio a la empresa Rodenas, que tiene los terrenos colindantes al mar. Este conflicto ya motivó un desalojo violento en 1992 y la quema de las palapas
Este conflicto tiene antecedentes: el 30 de junio de 1991, se otorgó por parte de la Sedue la concesión de zona federal a Francisco Montelongo, un pequeño restaurantero; el 5 de enero de 1993, ya con Sedesol se otorgó una concesión sobrepuesta a Inmobiliaria Rodenas. El 29 de enero de 2002
La Semarnat confirmó la concesión de Rodenas, pese al atraso en pagos que denunciaba el Ayuntamiento de La Huerta. En noviembre del mismo año, fue la detención de los pequeños restauranteros, cuya experiencia está reseñada en la página anterior, de boca de ellos mismos.
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