Iván Argüelles, titular de la Comisión de Desarrollo Urbano, en reunión con miembros de la asociación intermunicipal Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCO
El Parlamento de Colonias, organización no gubernamental que aglutina a más de 200 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, entregó al Congreso local sus observaciones para modificar el Código Urbano antes de que se someta a votación en el pleno del recinto legislativo.
El documento entregado por la ONG incluye la opinión de especialistas en materia urbana, abogados y académicos, quienes prácticamente hacen trizas el proyecto de ley presentado por el diputado del PAN, Iván Argüelles, titular de la Comisión de Desarrollo Urbano.
Las opiniones vertidas son el resultado de la Jornada de Análisis sobre la Propuesta Legislativa del Código Urbano para el Estado de Jalisco, realizada el 6 de junio del presente año en la Unidad Basílica del Ayuntamiento de Zapopan con una asistencia de 40 representantes de grupos ciudadanos, académicos y de medios de comunicación.
En lo general, se establece que el desarrollo urbano que se está generando actualmente en la zona conurbada de Guadalajara y las ciudades medias en el interior del estado, es “anárquico y hasta perverso, lo cual no es causado por la ley, sino por una falta de aplicación de la misma, ya que las propias autoridades encargadas de aplicarla y vigilarla son quienes más la violan, por interpretaciones erróneas, discrecionalidad, omisión, desconocimiento, corrupción, complacencia, negligencia y prepotencia”.
Mario Alejandro Cárdenas Ochoa, ingeniero de profesión y habitante del municipio de Zapopan, sostiene que las irregularidades comienzan desde el mismo nombre del Código Urbano, debido a que su definición se refiere a la compilación de leyes y reglamentos de una materia, y para el caso que ocupa, lejos de hacerse una compilación, sólo se hace la modificación de la actual ley.
“Es absurdo querer llamarle código a la ley adicionada, cercenada y revolcada. A no ser que el cambio de nombre obedezca a la necesidad de abrogar la actual ley y, en consecuencia, el Reglamento Estatal de Zonificación”, comentó.
En el documento se ratifica lo ya dicho por el presidente del Parlamento de Colonias, Ludger Kellner, que la eliminación del Reglamento Estatal de Zonificación deja en absoluta libertad a los ayuntamientos para que realicen la zonificación sin parámetro alguno y al gusto de los intereses inmobiliarios.
En otro de los apartados se precisa que el Código Urbano invade el ámbito de competencia del Corett y del Procede, artículos 10 a 12, y 199 a 204. Existen contradicciones con la actual legislación nacional y estatal, y se deja fuera de la legislación la Agenda 21, formulada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1992, durante la Cumbre de la Tierra, con el fin de que las ciudades elaboraran planes y acciones para afrontar los retos socioambientales del siglo XXI.
El proyecto de ley, de acuerdo con Mónica del Arenal Pérez –maestra por la Universidad Politécnica de Cataluña en Restauración de Monumentos de Arquitectura–, no establece las condiciones para proteger los edificios catalogados como patrimonio de la ciudad. Si el inventario y catalogación del patrimonio no se realiza por personal calificado, expone la especialista, se corre el riesgo de demeritar a fincas o viviendas que se encuentran bien categorizadas.
El poder del dinero
Algunos de los ponentes no dudan en señalar que la propuesta del Código Urbano está sujeta al “poder avasallador del dinero” que tienen las compañías inmobiliarias. No existe un estado de derecho, y lo que se ha descubierto es “un estado de intereses mercantiles en que grupos de poder económico y de poder político se convierten en cómplices, logrando frenéticamente sus propósitos en la explotación del suelo urbano, sin importar los impactos ambientales, muchos con daños irreversibles a los ecosistemas y a la seguridad y bienestar de la población”.
La propuesta del Código Urbano, mencionan, tampoco ofrece medios o instrumentos para proteger y defender a los ciudadanos contra las afectaciones a causa de intereses económicos de inversionistas y/o autoridades sin escrúpulos. El Parlamento de Colonias precisa que la eliminación de los artículos 169 y 170 de la actual Ley Estatal de Desarrollo Urbano deja una vaga posibilidad para el vecino afectado de recurrir a los tribunales, sin definir claramente el procedimiento.
Por otra parte, añade la ONG, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado se mantiene como un organismo meramente “decorativo”, sin atribuciones de autoridad jurídica, y los ayuntamientos tendrán todas las facultades para hacer los negocios que más les convengan a sus intereses partidistas.
Participación limitada
La participación ciudadana nunca ha sido el fuerte del Congreso local, y en el Código Urbano se evidencia el rechazo de los diputados a las voces incómodas. El artículo 23 del presente ordenamiento limita la participación de los ciudadanos al ejercicio del derecho de petición y consulta pública, pero no en la toma de decisiones.
El mecanismo de colaboración que se plantea es a través del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, cuya integración, dicen los inconformes, “es una perla bananera”, ya que se integrará de forma permanente por 13 funcionarios públicos, 12 actores empresariales, tres organizaciones obreras/rurales, tres universidades y dos representantes vecinales, “una ridiculez”.
Ludger Kellner, dirigente de la ONG, fue acosado por Migración hace un año por oponerse a la construcción de La Ciudadela en el municipio de Zapopan. En esta ocasión, dijo que no ha sufrido el asedio; sin embargo, le queda claro que hace falta mucho para que Jalisco viva en estado de derecho.
“Yo he llegado a la conclusión de que falta mucho para que exista un estado de derecho en Jalisco, y por eso mismo el Parlamento de Colonias está gestionando para que haya mayor justicia y derecho, empezando por la creación de leyes justas y equitativas”, subrayó.
Pese a las observaciones del Parlamento de Colonias, el diputado panista aseveró que el Código Urbano está listo para ser aprobado en la próxima sesión ordinaria, y no habrá marcha atrás, pues en el transcurso de un año se discutió el documento.
“Tenemos más de un año trabajando en ello, y está totalmente sustentado en el trabajo y como quede va a ser una mejor legislación que la que se tiene actualmente”, sentenció.
El legislador se comprometió a integrar las observaciones del Parlamento de Colonias, y en posterior rueda de prensa dar a conocer cuáles de ellas fueron aceptadas y cuáles no.
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