Agustín del Castillo y Dolores Reséndiz - PÚBLICO
La propuesta que planteará el Ayuntamiento de Guadalajara al gobierno de Jalisco para expropiar los predios invadidos en Los Colomos levantó ámpula entre los defensores del bosque tapatío, que ven en el planteamiento un reconocimiento a derechos “espurios” de los presuntos invasores, que así asegurarían una indemnización millonaria a cambio de perder desarrollos inmobiliarios que de por sí eran “ilegales”.
“Nomás nos faltaba que quisieran asegurar un negocio cuando se trata de invasiones a propiedad pública; jurídicamente es eso: las escrituras del gobierno datan de un siglo y los actos de los invasores tienen pocos años. Así cómo esperan que les creamos que no están protegiendo intereses de los particulares”, advirtió Virginia Acosta, de Ciudadanos por Los Colomos, AC.
A juicio de la defensora del espacio público, lo único sensato es que se planteen los procesos jurídicos indispensables para que se restituya el territorio comprado entre 1897 y 1902 por los gobernadores Ahumada y Curiel en la cuenca de Los Colomos. Sólo procedería expropiar si se demostrara judicialmente que los títulos particulares son mejores a los públicos.
Para Acosta, la solicitud municipal es simplemente de una “cortina de humo” que oculta la indiferencia de Guadalajara por salvaguardar el patrimonio, lo cual, a su juicio, también se demuestra con la indignación que causaron entre los regidores y el propio presidente municipal, Alfonso Petersen Farah, los señalamientos del rector de la UdeG, Carlos Briseño Torres, de que “un regidor” —en alusión al panista Juan Pablo de la Torre— estaría apadrinando intereses de algunos invasores (Público, 6 de junio de 2008).
Sin embargo, el director jurídico de Guadalajara, José de Jesús Hidalgo Sánchez, ve las cosas de otro modo: la petición del ayuntamiento tapatío pretende demostrar que los predios no tienen dueños particulares legítimos.
Aseguró que el dictamen que se aprobará en la siguiente sesión de ayuntamiento solicita primero la protección de la cuenca hidrológica y, en segunda instancia, la declaración de la expropiación de todos los terrenos en disputa, incluyendo los que se encuentran en Zapopan.
“En primera instancia es la protección de la cuenca, después es comenzar con el proceso expropiatorio y que aparezcan quienes se dicen dueños, presenten sus juicios de amparo y demuestren que se trata de propiedad privada”, apuntó Hidalgo Sánchez.
—¿Pero eso no es como perder sin pelear, o sea, pagar el terreno que ya se había comprado?
—No, el ayuntamiento estipula el costo, pero es poco probable que [ellos] puedan demostrar la propiedad.
—¿No tendrían que pedirle al gobierno del estado que les dé herramientas jurídicas para pelear estos terrenos, en lugar de solicitar desde este momento la expropiación?
—Nosotros no podemos pelear ni expropiar solos. El comodato con el que cuenta el ayuntamiento no ha sido firmado por el alcalde; no podemos defender nosotros a Los Colomos. Gobierno del estado ya presentó una demanda en el caso del predio de Paseo del Torreón, pero con el decreto de expropiación saldrán más propietarios a quienes se habrá de pelear la propiedad.
El ayuntamiento tapatío aprobó un punto de acuerdo para solicitar al estado “que inicie los procesos de expropiación de los terrenos que se encuentran en disputa social dentro del bosque Los Colomos”. Al decreto se le realizarán modificaciones en la redacción, por lo que su aprobación será hasta la próxima sesión de ayuntamiento.
La expropiación exige una claridad respecto al dueño del predio a expropiar. Carece de sentido si el titular del derecho es el propio gobierno.
Para abogados consultados por este diario, lo procedente es interponer litigios para rescatar el área pública, bajo los dos presupuestos básicos: el primero en tiempo es primero en derecho, y la propiedad pública jamás prescribe (es decir: así las tierras hubieran sido invadidas al día siguiente de su compra por el gobierno, siguen siendo públicas: su posesión ilegal no genera derechos de propiedad).
La Ley de expropiación de bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, que tendría aplicación en el supuesto, señala en su artículo 7: “La indemnización correspondiente, siempre que no hubiere acuerdo sobre el monto de ella, se basará en la cantidad que como valor fiscal figure en las oficinas catastrales, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por el de modo tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base, aumentándolo en 10 por ciento”.
De la Torre, “defensor de oficio”
Para Jorge Eduardo Martín del Campo, también miembro de Ciudadanos por Los Colomos, la supuesta ofensa de que se dice víctima el regidor Juan Pablo de la Torre, al ser señalado como defensor de los invasores de Paseos del Torreón, no se sostiene en los hechos.
“El 8 de febrero de 2008, en la junta de vecinos de Colinas de San Javier, y ante 250 personas registradas con nombre y firma, el señor Juan Pablo de la Torre arrebató el micrófono y acusó al pleno de la asamblea de estar desinformada [sobre el problema de la propiedad de Los Colomos]. Apersonándose como parte interesada y no como representante de la comunidad, en esta reunión apoyó de manera contundente a los seudodueños de los terrenos que han sido robados a la propiedad estatal […]”, señala en carta entregada a este diario.
Además, “la cuestionable escritura que presenta el regidor, que exhibió en dicha junta, hace referencia a un predio cuyos linderos no corresponden al terreno del bosque”. Acusó a De La Torre de presionar al personal del ayuntamiento para la emisión de permisos para sus amigos, Álvaro Corvera y Tomás Colsá Chalita; “esta información la dio el propio personal de la Dirección de Obras Públicas”.
Guadalajara/Agustín del Castillo/Dolores Reséndiz Mora
“Nomás nos faltaba que quisieran asegurar un negocio cuando se trata de invasiones a propiedad pública; jurídicamente es eso: las escrituras del gobierno datan de un siglo y los actos de los invasores tienen pocos años. Así cómo esperan que les creamos que no están protegiendo intereses de los particulares”, advirtió Virginia Acosta, de Ciudadanos por Los Colomos, AC.
A juicio de la defensora del espacio público, lo único sensato es que se planteen los procesos jurídicos indispensables para que se restituya el territorio comprado entre 1897 y 1902 por los gobernadores Ahumada y Curiel en la cuenca de Los Colomos. Sólo procedería expropiar si se demostrara judicialmente que los títulos particulares son mejores a los públicos.
Para Acosta, la solicitud municipal es simplemente de una “cortina de humo” que oculta la indiferencia de Guadalajara por salvaguardar el patrimonio, lo cual, a su juicio, también se demuestra con la indignación que causaron entre los regidores y el propio presidente municipal, Alfonso Petersen Farah, los señalamientos del rector de la UdeG, Carlos Briseño Torres, de que “un regidor” —en alusión al panista Juan Pablo de la Torre— estaría apadrinando intereses de algunos invasores (Público, 6 de junio de 2008).
Sin embargo, el director jurídico de Guadalajara, José de Jesús Hidalgo Sánchez, ve las cosas de otro modo: la petición del ayuntamiento tapatío pretende demostrar que los predios no tienen dueños particulares legítimos.
Aseguró que el dictamen que se aprobará en la siguiente sesión de ayuntamiento solicita primero la protección de la cuenca hidrológica y, en segunda instancia, la declaración de la expropiación de todos los terrenos en disputa, incluyendo los que se encuentran en Zapopan.
“En primera instancia es la protección de la cuenca, después es comenzar con el proceso expropiatorio y que aparezcan quienes se dicen dueños, presenten sus juicios de amparo y demuestren que se trata de propiedad privada”, apuntó Hidalgo Sánchez.
—¿Pero eso no es como perder sin pelear, o sea, pagar el terreno que ya se había comprado?
—No, el ayuntamiento estipula el costo, pero es poco probable que [ellos] puedan demostrar la propiedad.
—¿No tendrían que pedirle al gobierno del estado que les dé herramientas jurídicas para pelear estos terrenos, en lugar de solicitar desde este momento la expropiación?
—Nosotros no podemos pelear ni expropiar solos. El comodato con el que cuenta el ayuntamiento no ha sido firmado por el alcalde; no podemos defender nosotros a Los Colomos. Gobierno del estado ya presentó una demanda en el caso del predio de Paseo del Torreón, pero con el decreto de expropiación saldrán más propietarios a quienes se habrá de pelear la propiedad.
El ayuntamiento tapatío aprobó un punto de acuerdo para solicitar al estado “que inicie los procesos de expropiación de los terrenos que se encuentran en disputa social dentro del bosque Los Colomos”. Al decreto se le realizarán modificaciones en la redacción, por lo que su aprobación será hasta la próxima sesión de ayuntamiento.
La expropiación exige una claridad respecto al dueño del predio a expropiar. Carece de sentido si el titular del derecho es el propio gobierno.
Para abogados consultados por este diario, lo procedente es interponer litigios para rescatar el área pública, bajo los dos presupuestos básicos: el primero en tiempo es primero en derecho, y la propiedad pública jamás prescribe (es decir: así las tierras hubieran sido invadidas al día siguiente de su compra por el gobierno, siguen siendo públicas: su posesión ilegal no genera derechos de propiedad).
La Ley de expropiación de bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, que tendría aplicación en el supuesto, señala en su artículo 7: “La indemnización correspondiente, siempre que no hubiere acuerdo sobre el monto de ella, se basará en la cantidad que como valor fiscal figure en las oficinas catastrales, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por el de modo tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base, aumentándolo en 10 por ciento”.
De la Torre, “defensor de oficio”
Para Jorge Eduardo Martín del Campo, también miembro de Ciudadanos por Los Colomos, la supuesta ofensa de que se dice víctima el regidor Juan Pablo de la Torre, al ser señalado como defensor de los invasores de Paseos del Torreón, no se sostiene en los hechos.
“El 8 de febrero de 2008, en la junta de vecinos de Colinas de San Javier, y ante 250 personas registradas con nombre y firma, el señor Juan Pablo de la Torre arrebató el micrófono y acusó al pleno de la asamblea de estar desinformada [sobre el problema de la propiedad de Los Colomos]. Apersonándose como parte interesada y no como representante de la comunidad, en esta reunión apoyó de manera contundente a los seudodueños de los terrenos que han sido robados a la propiedad estatal […]”, señala en carta entregada a este diario.
Además, “la cuestionable escritura que presenta el regidor, que exhibió en dicha junta, hace referencia a un predio cuyos linderos no corresponden al terreno del bosque”. Acusó a De La Torre de presionar al personal del ayuntamiento para la emisión de permisos para sus amigos, Álvaro Corvera y Tomás Colsá Chalita; “esta información la dio el propio personal de la Dirección de Obras Públicas”.
Guadalajara/Agustín del Castillo/Dolores Reséndiz Mora
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