Permisos “abusivos” sobre 200 mil km2

Recuentan casos de Guerrero, Oaxaca, Chihuahua y Jalisco-Colima Agustín del Castillo - PÚBLICO Como resultado del I Encuentro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, en el poblado de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, los asistentes ya han constituido una red de organizaciones que pretende detener proyectos depredadores y defender los derechos de los habitantes de las zonas mineras, que suman 200 mil kilómetros cuadrados del país. “Queremos manifestar nuestra preocupación por una serie de acciones de hostigamiento y represión contra los esfuerzos organizativos de defensa de nuestras comunidades en diversos estados de la república, que configuran un patrón de violación a los derechos humanos resultado directo de las actividades mineras”, señalan en su declaración de Temacapulín. Recuentan casos de Guerrero, Oaxaca, Chihuahua y Jalisco-Colima. En este último caso acusan al gobernador colimense Silverio Cavazos Ceballos de hostigar a los poblados nahuas El Platanar, en el Ejido Plan de Méndez, y Las Pesadas, en el Ejido Ayotitlán “donde están asentadas las minas a cielo abierto Peña Colorada y Minera del Norte, subsidiarias de la corporación italo-argentina Ternium Hylsa, generándose el conflicto de límites territoriales más antiguo del país, entre los Estados de Jalisco y Colima”, que ya dura 88 años, a partir de la matanza de Timbillos (1920), “en que trece indígenas de Ayotitlán y Telcruz fueron asesinados y sus cadáveres colgados durante días en unas higueras por la familia colimense Arias de El Mamey [hoy Minatitlán]”. En la declaración, destacan el “entreguismo” gubernamental de los últimos 25 años en que “se ha concesionado el territorio y sus entrañas a las empresas mineras trasnacionales y trasnacionalizadas. 200 mil kilómetros cuadrados, es decir, 9 por ciento del territorio nacional”, bajo “falsas” premisas de desarrollo que marginan a los más depauperados. Ese “despojo”, dicen, cuenta con la diligente actividad de autoridades ambientales, que conceden permisos pese a la agresividad de los proyectos, especialmente la minería a cielo abierto, el enemigo principal que los miembros de la nueva red se han decidido a atacar, para lo cual prometen acciones legales y movilizaciones públicas tendientes a preservar los derechos de las comunidades y de la naturaleza.