Sigilo en la Secretaría General de Gobierno ante invasión en Los Colomos

Autoridades estatales negaron en varias ocasiones hablar sobre el último terreno que perdió el Ejecutivo en la cuenca hidrológica, con un valor estimado a los 40 millones de pesos. Foto: EL INFORMADOR

Luis Herrera - EL INFORMADOR

La inasistencia de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos en el juicio I-06/2007 para acreditar la propiedad pública de un predio en Avenida Acueducto, que podría valer alrededor de 40 millones de pesos, no ha sido esclarecida por esa dependencia.

EL INFORMADOR solicitó desde la última semana de mayo una entrevista para conocer el estatus legal del polígono de 81 hectáreas, sobre el que se reconocen cuatro invasiones de grandes dimensiones, según el levantamiento topográfico que realizó la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) en 2005: los fraccionamientos Real del Parque, Pontevedra y Sotogrande, así como el edificio “La Reserva”.

La entrevista fue negada en la Secretaría General de Gobierno durante dos semanas. Tampoco hay explicaciones sobre el oficio 1205/2007, del 31 de agosto de 2007, por el que la Dirección General de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno, le solicitó a la Dirección General de Obras Públicas de Zapopan que restrinja la emisión de licencias de construcción solamente en la sección del polígono que fue entregada en comodato al Ayuntamiento —41 hectáreas— y ya no en la totalidad del mismo.

El documento fue signado por Francisco Castillo Rodríguez, titular de la dependencia estatal. En éste, se pidió dejar sin efecto el oficio de 2004 que requería a la autoridad municipal para que no emitiera licencias en todo el polígono.

Este cambio, en las instrucciones de la Secretaría General de Gobierno, se dio cuando se encontraba en marcha el juicio de nulidad para la construcción de la torre departamental en Acueducto. Sobre las razones para delimitar la negación de licencias al área de comodato, Castillo Rodríguez refirió en el oficio:“El Ayuntamiento de Zapopan ha realizado acciones que han derivado en una serie de reclamos y procedimientos judiciales, entablados en contra del Ayuntamiento de Zapopan y del Gobierno del Estado de Jalisco, relacionado con el inmueble ‘Los Colomos’”.

Autoridad descarta anomalías en centro comercial

Desde la delimitación de los polígonos de Los Colomos que efectuó la Sedeur en 2005, se ha señalado que una fracción del predio de la Plaza Andares era en realidad propiedad pública. Esto ya fue descartado por la autoridad estatal, según la revisión de las escrituras que realizaron los particulares con Adolfo Martínez Cortinas y Luis Ángel Mendoza Magaña, jefes del Área de Asignación y del Departamento Jurídico, respectivamente, de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.

Esta reunión se llevó a cabo el 27 de junio de 2007 y tuvo como conclusión que la totalidad del proyecto privado está fuera del polígono. José Ceballos Flores, titular de la Dirección General de Archivos del Estado, envió esta información a la Dirección General de Obras Públicas de Zapopan el 18 de julio de 2007.Con este documento, fue emitida la licencia de construcción para la segunda etapa de la obra.

Ceballos Flores es responsable de los proyectos “Guarda y Custodia del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Jalisco” y “Operación Eficiente de los Archivos del Estado”, con una asignación presupuestal para este año de 10 millones 558 mil 800 pesos.

No obstante, Jaime Eloy Ruiz Barajas, investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista de la Cuenca Hidrológica de Los Colomos, señala que esa resolución contradice la información obtenida del levantamiento topográfico de la Sedeur.Asegura que los criterios utilizados en la revisión deben ser aclarados por la subsecretaría, pues inclusive el plano digitalizado del área que utiliza la Dirección General de Obras Públicas de Zapopan, de manera oficial establece que el predio en cuestión tiene una fracción dentro de la propiedad estatal.

Desencuentros entre el Ejecutivo y el Ayuntamiento

Las instrucciones que el Gobierno del Estado ha dado a la Dirección General de Obras Públicas de Zapopan desde 2004, para que no se emitan licencias en su propiedad, han causado desencuentros entre ambas instancias cuando se ahonda en la sustentación jurídica de las solicitudes.

Luego de enfatizar que coadyuvarán con la protección del polígono estatal, Nicolás Espinoza Urzúa, director de Control de Ordenamiento Territorial de Zapopan, señala que las edificaciones en el interior –como los tres fraccionamientos– contaron con licencias porque los particulares acreditaron su propiedad previamente con escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad y Comercio.

Por ello, ante la posibilidad de que se presenten nuevos casos de particulares en la dirección que cuenten con escrituras sobre los predios públicos, lo que Espinoza Urzúa destaca es que se requiere de una orden judicial promovida por el Gobierno estatal para dejar de entregar licencias sin caer en una irregularidad.

“Puedo decirles que no a los terceros que lo soliciten (una licencia), pero no es una situación legal para nosotros como Obras Públicas, ni justa tampoco para los terceros”. Es decir, el Ayuntamiento no es la instancia que debe dilucidar si las escrituras que se le presentan carecen de valor ante las del Gobierno del Estado.

A poco de haber comenzado la presente administración municipal, el entonces director de Obras Públicas, Ricardo Robles Varela, le solicitó información a la Dirección General de Archivos del Estado sobre el sustento legal del oficio de 2004, que le pide a la autoridad municipal abstenerse de emitir licencias en todo el polígono.

El 31 de enero de 2007, José Javier Ezquerra González, titular de la dependencia estatal, le respondió dos cosas en el oficio 0099/2007: “Que los predios en cuestión son propiedad del Gobierno del Estado, y que otra fracción se entregó en comodato al Ayuntamiento, por lo que está obligado a su resguardo”, pero no hace referencia a una estrategia jurídica ante tribunales.

En el polígono de 81 hectáreas propiedad del Ejecutivo, se reconocen cuatro invasiones de grandes dimensiones, según el levantamiento topográfico de la Secretaría de Desarrollo Urbano en 2005: los fraccionamientos Real del Parque, Pontevedra y Sotogrande, así como el edificio “La Reserva”.