La zona de Acueducto, o Colomos III, invadida por desarrollos de lujo y negocios. Foto: Marco A. Vargas
Los archivos oficiales del gobierno del estado revelan que, desde el 4 de febrero de 2002, dicho ayuntamiento fue notificado por la Secretaría General de Gobierno de Jalisco de invasiones sobre la avenida Patria.
Agustín del Castillo - PÚBLICO
El Ayuntamiento de Zapopan, que está comprometido desde 1983 mediante un contrato de comodato con el gobierno de Jalisco a proteger la superficie pública que tiene en administración en Los Colomos, y que además ha recibido diversas notificaciones oficiales desde el año 2002 para la preservación de la propiedad pública en su demarcación territorial, no ha considerado que eso sea obstáculo para conceder licencias de todo tipo a los presuntos invasores de esos predios.
Los archivos oficiales del gobierno del estado revelan que, desde el 4 de febrero de 2002, dicho ayuntamiento (que entonces presidía el panista Macedonio Tamez Guajardo) fue notificado por la Secretaría General de Gobierno de Jalisco de invasiones sobre la avenida Patria, justo en la zona del comodato (oficios DPE 088/2002 y DPE 1156/2002), lo cual fue ratificado en nuevas comunicaciones en el año 2005, cuando presidía el ayuntamiento Arturo Zamora Jiménez (oficio SAJ/824/2005, del 19 de agosto de ese año).
Nada de eso impidió la entrega de claves catastrales, números oficiales, licencias de construcción e incluso recepción de fraccionamientos ni que, en suma, se dejara tranquilos a los posesionarios, no obstante la evidencia documental en su contra. Aquí algunos ejemplos.
Un primer grupo de terrenos invadidos se beneficia de la sentencia del juicio de amparo 142/91 (a favor de Mario Martín del Campo y Miguel Castillo), en el cual el gobierno del estado no fue llamado como propietario, mientras el Ayuntamiento de Zapopan simplemente se ausentó de los procesos y permitió ganar al invasor, quien a su vez ha realizado diversas ventas de terrenos. Esto benefició a los siguientes presuntos invasores: Fernando Castillo Carrillo, al propio Mario Martín del Campo, a Ignacio Veytia Ulloa, a Felipe de Jesús Oropeza Preciado, a un posesionario “desconocido” y a un negocio de agua embotellada.
Otro caso es el de Atlas Colomos, que firmó un convenio de colaboración con el ayuntamiento el 14 de noviembre de 1997, pero ahora impide el acceso público al predio de 15,581 m2 sin que la autoridad municipal haya realizado nada para remediarlo.
También está el caso específico de la constructora Rodríguez y Torres, que realiza periódicamente obras en la zona del arroyo de La Campana, que va de Colomos II a Colomos III, y que, si bien ha sido clausurada de forma reiterativa, se detectó que trabaja periódicamente en cuanto la vigilancia del ayuntamiento y de la Comisión Nacional del Agua mengua.
En cuanto a los predios invadidos de Colomos III, es decir, la zona contigua a avenida Acueducto, el problema de la construcción de Zoto Grande (sic) se notificó en el oficio DPI 3557/2005 del 27 de octubre de 2005 y se plantearon objeciones a la recepción del fraccionamiento por Zapopan en el oficio 150514/2005/2-959 del 15 de noviembre del mismo año.
A Andrés Estrada Briseño, otro supuesto invasor de la zona, se le otorgó una cuenta catastral por ocho hectáreas, número oficial, concesión de zona federal, autorización de Obras Públicas para portón y muro, así como de limpieza y acondicionamiento del predio.
El condominio La Reserva, cuya edificación fue detenida en 2006, ha sido casi concluido porque la Dirección de Obras Públicas de Zapopan le otorgó la autorización H/D-2461-04/JL para la construcción de 40 viviendas verticales de densidad mínima. Tiene además número oficial y de alineamiento.
En contraste con el predominio del interés privado, el público es poco considerado: apenas el 10 de septiembre de 2004, 21 años después del comodato, se solicitó abrir una cuenta catastral para el predio estatal Los Colomos, pero Zapopan se negó a abrirla (oficio 1405/04) en tanto no se entregara la documentación completa.
Demandan por Colomos III
• La Procuraduría General de Justicia de Jalisco interpuso el 7 de marzo de este año un juicio civil ordinario (acción reivindicatoria) en contra de Amparo Meneses viuda de Orozco y de Oromont Inmobiliaria, Sociedad Civil, para recuperar las presuntas excedencias de terreno adjudicadas al rancho El Gorupo en perjuicio de los predios estatales adquiridos entre 1897 y 1902.
El esposo finado de Amparo Meneses, Melquiades Orozco, compró en 1962 un rancho de tres hectáreas, pero, aludiendo error en la transcripción de escrituras, corrigió la superficie a 30 hectáreas, y hace apenas dos años, sus descendientes la llevaron a 33 ha, en perjuicio del patrimonio público, según la demanda.
Fue de esa superficie, ocupada con ayuda de notarios locales, de donde se vendieron casi 20 ha en 1984 al narcotraficante Rafael Caro Quintero, de la cual derivan los fraccionamientos Zoto Grande y La Reserva (Público, 16 de junio de 2008).
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