viernes, 4 de julio de 2008
Grupos civiles presentan una denuncia ante la PGR
Los grupos ciudadanos que exigen transparentar la obra pidieron detener las reparaciones al colector mientras se deslindan responsabilidades. Foto: Marco A. Vargas
Ignacio Pérez Vega - PÚBLICO
Debido a que la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJEJ), la Contraloría y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no están haciendo nada para indagar quiénes son los responsables del colapso del colector en López Mateos y Las Rosas, tres organismos civiles interpusieron una demanda penal, ahora ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Salvador Cosío Gaona, presidente de Conciencia Cívica, dio a conocer que la PGR —a diferencia de la fiscalía estatal— ya ordenó un peritaje en el colector dañado y aseveró que, de ser necesario, podría clausurar las obras de renovación del colector, a fin de recabar las evidencias que requiera para deslindar responsabilidades.
Según la versión de Cosío Gaona, el agente del Ministerio Público federal informó a los autores de la denuncia que, en un lapso de cuatro o cinco días hábiles, peritos enviados por la PGR acudirán al colector demolido para hacer las investigaciones y solicitarán informes y documentos a las autoridades estatales, incluido el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
La denuncia presentada ante la PGR con expediente 4327/08, de fecha 27 de junio, tiene el respaldo del colectivo Súmate y del Parlamento de Colonias y está interpuesta en contra del gobernador Emilio González Márquez, del actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), Sergio Carmona Ruvalcaba, y de la contralora estatal, Maricarmen Mendoza Flores, a quienes señalan como responsables de querer “tapar las irregularidades” en la obra inaugurada apenas en junio de 2006.
Los tres organismos no gubernamentales habían presentado querellas y quejas por el colapso del colector de López Mateos, ante la PGJEJ, la Contraloría del Estado, la SFP y ante la Comisión Estatal de derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
Según los denunciantes, el daño al erario por el túnel vehicular —hoy cerrado al tráfico— y por el colector fracturado será de 300 millones de pesos, pues consideraron que “es falso” que la restitución de 350 metros de tubería vaya a costar 50 millones de pesos. El costo del túnel fue de 140 millones de pesos.
Por su parte, Juan Manuel Estrada Juárez, integrante del colectivo Súmate, se quejó de que la CEDHJ tampoco ha hecho nada ante el reclamo ciudadano, pues no ha dictado medidas cautelares para que los trabajos de reposición del colector se detengan.
A su vez, Ludger Kellner, presidente del Parlamento de Colonias, criticó al titular de la Sedeur, al querer dar prioridad a la reparación del colector por sobre la investigación para deslindar responsabilidades. “También hay urgencia por saber por qué se colapsó. Si no aprendemos, la autoridad hará lo mismo en el futuro”, advirtió el dirigente vecinal.
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