Agustín del Castillo - PÚBLICO
La pérdida para el gobierno federal de la segunda instancia del juicio de amparo 413/2001-3, promovido por el comisariado ejidal de Santa Ana Tepetitlán, que tiene por efecto eliminar la vigencia del decreto de protección del bosque La Primavera sobre 552 hectáreas, causa malestar y preocupación en el comisionado nacional de áreas naturales protegidas, Ernesto Enkerlin Hoeflich.
“Se trata de un proceso que ha enfrentado una serie de problemas en el pasado, hicimos una estrategia jurídica para combatirlo, pero a fin de cuentas no resultó, y eso revela que debemos mejorar el entramado jurídico de nuestras áreas protegidas, sobre todo en casos como La Primavera, que por estar cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, sus valores se van a miles de millones de pesos en términos comerciales”, explicó, entrevistado por Público vía telefónica a la ciudad de México.
“Estamos analizando opciones para recuperar la protección; nos parece inconcebible que se quite la vigencia del decreto en un pedazo de bosque tan importante […] a veces las decisiones jurídicas nos son contrarias, pero son apariencias porque la autoridad puede mantener los controles, y el cambio de uso de suelo es casi imposible”.
Advirtió que “hay todo un equipo trabajando en una estrategia legal; nos duele perder pero no se trata de algo definitivo, en la lucha que sigue tengo confianza de que nos va a ir bien porque tenemos elementos para preservar la protección […] incluso, llegar a decretar de nuevo el área, como sería deseable”.
—En la revisión del amparo, se puede tener la impresión de que tanto el gobierno de Jalisco como la Secretaría de Reforma Agraria, dejaron solo al gobierno de la república…
—No, creo que no es por ahí. El gobierno del estado es el operador del área protegida, pero se trata de un decreto federal y lo jurídico nos toca a nosotros; en cuanto a Reforma Agraria, puedo decirte que tenemos muy buena relación, lo que pasa es que el proceso por su origen era un tanto difícil de revertir, y hay que buscar otras formas de solución.
—¿Cuál es la dificultad jurídica?
—Bueno, la legislación mexicana está diseñada para beneficiar a ciertos grupos, como los núcleos agrarios, por ser grupos excluidos, eso es algo normal que dificulta combatir estos procesos, pero puedo asegurar que haremos prevalecer el interés público de preservar al bosque.
—Porque también se menciona que detrás de los campesinos está la especulación inmobiliaria.
—Bueno, es vox populi, y no sería raro [...] lo que a mí me trae como reflexión es fortalecer el marco jurídico de las áreas naturales protegidas; durante muchísimos años las reservas no significaron nada, pero las hemos levantado y ahora ya hay una conciencia de su importancia y nos obliga a enfrentar juicios que, debo decirle, en su mayor parte han sido exitosos.
El caso La Primavera lo vemos como foco rojo, pero de ningún modo como lucha perdida.Agregó: “Debe fortalecerse el carácter de los decretos presidenciales, porque no estamos hablando de una mera facultad, sino de una obligación del Presidente de proteger nuestros recursos naturales […] esta es una buena oportunidad de estudiar la Constitución y concluir que no se puede poner en entredicho la facultad y obligación presidencial ante procesos locales.
Los jueces normalmente se van por la vía normal de proteger derechos individuales, pero buscamos que impere el derecho del bien de todos, por eso existen las áreas naturales protegidas”.Puso en relieve que no se darán a conocer todos los elementos de defensa legal justamente por la seriedad del caso.
“Es raro que perdamos los amparos; puedo decir que en lo que va de la Administración perdimos de doce a catorce amparos que involucran cuando mucho entre 4,500 y cinco mil hectáreas, pero ganamos más de cien casos; esto, ante 23 millones de hectáreas decretadas, puede dar una idea de lo que hablamos”.
Sin embargo, “no por eso nos quedamos tranquilos, es un mal precedente como cualquier otro amparo que perdamos, pero lo debemos combatir en el fondo, donde tenemos siempre amplias posibilidades de garantizar la conservación”.
Como foco rojo, La Primavera es parte de un grupo de reservas que han dado problemas legales a la Conanp, como sería Tulum, algunas islas protegidas, Cumbres de Monterrey y algunas reservas del corredor Chichinautzin, refirió el comisionado.
“Son casos sui géneris, a nadie le gusta que se quiten terrenos a las áreas naturales protegidas, pero insisto, estamos en la oportunidad de fortalecer su marco jurídico, ante el dato de que después de muchos años, por fin estos espacios importan ante la sociedad”, puntualizó.
“Ni en cien años se revertirá el deterioro”
(Guadalajara•Rubén Martín)
• El gobierno de Jalisco admitió que la entidad vive una situación de deterioro ambiental y de pérdida de biomasa que no alcanzarán ni 100 o 200 años para revertirlo, según admitió la titular de Medio Ambiente del estado, Martha Ruth del Toro durante la firma de un convenio entre el gobierno del estado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El panorama pesimista en materia ambiental fue corroborado a su vez por el gobernador Emilio González Márquez, quien sostuvo que el crecimiento económico sin cuidar el entorno no es desarrollo.
El deterioro ambiental, indicó el gobernador, se manifiesta con la menor recarga de mantos acuíferos, en la erosión de los suelos, la contaminación, la menor oxigenación y la elevación de las temperaturas.
Y ofreció un dato específico: de cuatro millones de hectáreas forestales que hay en la entidad, apenas tres mil ha están reguladas comercialmente.
A la firma del convenio acudió el titular de la Profepa, Patricio Padrón Laviada, quien salpicó su discurso de lugares comunes medioambientales del tipo de achacar todos los males que se padecen al cambio climático.
El convenio firmado ayer entre el gobierno estatal y la dependencia federal establece atribuciones de inspección y vigilancia conjunta, y en el desahogo de procedimientos administrativos, con el fin de proteger, conservar y preservar los recursos naturales, forestales, la flora y fauna silvestre, la zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar.
Durante su discurso, Emilio González anunció un incremento de diez millones de pesos para la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, de reciente creación.
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