La disputa por la barranca

Última consulta pública del área protegida de los ríos Santiago y Verde deja en suspenso la eventualidad de que se protejan; inconformidad de propietarios y tibia defensa de autoridades al proyecto

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

El caprichoso contorno del polígono de 56 mil hectáreas de la propuesta de área natural protegida de los ríos Santiago y Verde, al norte de Guadalajara, se parece a uno de esos dragones chinos popularizados con la Olimpiada de Pekín.

Para muchos de sus habitantes, campesinos temporaleros y ganaderos extensivos, la sola idea de proteger por decreto fue definida ayer, 17 de diciembre de 2008, así: monstruosa, pues dará al traste con la calidad de vida de que gozan –lo cual es un decir-. Para sus defensores y promotores, el dragón puede dar suerte y traer felicidad, como los legendarios gigantes orientales.

Por la tarde, en el Centro de la Amistad Internacional, se vivió la última jornada de consulta pública del área de protección de recursos naturales, que tendría un decreto presidencial a más tardar el 5 de junio de 2009, Día Mundial del Medio Ambiente.

Quedó patente la deficiente forma de promover sus bondades por las autoridades gubernamentales, así como los numerosos fantasmas, viejos y difíciles de disipar, que las áreas protegidas tienen para los propietarios de bosques y selvas. Por ejemplo, no se supo vender que el decreto acelerará el saneamiento del río Santiago, cuya contaminación constituye el principal reclamo de los moradores, como recordó Cristóbal Castro, ex alcalde de San Cristóbal de la Barranca. Nada los convenció de que no se trata de un decreto expropiatorio, el mito más viejo en el tema.

La defensa corrió a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) –Alberto Elton, director de la región occidente, y Martín de la Rosa- y de las voluntariosas organizaciones civiles, mientras los funcionarios estatales y municipales fueron meros espectadores. Esto mandó otro mensaje equivocado: que el proyecto, aunque jurídicamente sujeto a los tres ámbitos de gobierno, se vea como imposición "del centro".

Ejidatarios y parvifundistas de San Cristóbal e Ixtlahuacán del Río piensan que la medida sólo defiende los intereses de la zona metropolitana de Guadalajara –agua para Arcediano-, metrópoli que arrastra medio siglo de contaminar sus ríos. "Es como pedirle a Dios que se haga su voluntad, pero en los bueyes de mi compadre. Primero limpien el río, después veremos", condicionó don Felipe Dueñas.

Otros piensan distinto. Jesús Palacios Orozco pidió recapacitar: el río se sanea más rápido con decreto; hay que perderle el miedo a los nombres, "dejemos de satanizar… todos queremos conservar, pero el nombrecito (de área protegida) nomás no nos gusta…".

Tampoco es claro de qué modo se valorarán las opiniones de la consulta, y cómo pesarán en el decreto final, que "no es hecho consumado", según advertencia de Elton. Todo pasará a manos de la Comisión Federal Regulatoria y habría un decreto en seis meses. O no lo habría: es una historia que aún no tiene final.