El Grupo Bosque (G-Bosque), integrado por trece organizaciones de la sociedad civil que trabajan en México, pidió ayer al gobierno de la república la modificación de la política forestal, tras las revelaciones públicas de las deficiencias del programa Pro Árbol que opera la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
"Mucho se ha dicho ya sobre los recursos que gasta Proárbol por el simple cumplimiento anual de metas administrativas de siembra de arbolitos y logro de récords que sólo producen relumbrón pero poco contribuyen a la conservación y restauración de los ecosistemas forestales. Esos esfuerzos, además, no contribuyen a reducir el déficit comercial forestal nacional que en 2008 alcanzó 5,288 millones de dólares, y menos aún al bienestar de las comunidades que habitan en las zonas forestales", señala el texto.
G-Bosque está formada por trece ONG: Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Estudios Rurales y Asesoría (ERA), Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA), Grupo Autónomo de Investigación Ambiental (GAIA), Unión de Comunidades de Productores Zapoteco-Chinanteco (Uzachi), Pronatura Sur; Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal (Unofoc); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf); Unión Nacional de Productores de Chicle; Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación y Degradación de los Recursos Naturales (Riod-Mex); Red de Desarrollo Sostenible de México (RDS); Greenpeace México y Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Este complejo de organizaciones "ha hecho público desde 2005 que la solución a la deforestación, la pobreza de las comunidades en regiones forestales y la crisis de la economía del sector forestal nacional sólo será posible en la medida en que la política forestal tenga como prioridad el desarrollo forestal sustentable, el manejo comunitario de los bosques, el fortalecimiento de la economía local, la reconversión tecnológica y la mejora en las condiciones de competitividad económica del sector".
Sobre ese asunto, el coordinador general de Conservación y Restauración de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Vicente Arriaga Martínez, aseguró a Público que tales condiciones ya las cumple Pro Árbol.
"Creo que eso matices ya lo tenemos, se cree que el Pro Árbol es un programa de reforestación y no es cierto; es también un programa de aprovechamiento forestal, de desarrollo forestal comunitario, de conservación; tenemos ya mas de un millón de hectáreas bajo esquema de pago por servicios ambientales: le pagas a una comunidad o a un particular propietario de un bosque para que lo mantenga en pie…".
Pero G-Bosque subraya que es insuficiente. "Varios cientos de comunidades y ejidos han avanzado en la ordenación y manejo planificado de más de seis millones de hectáreas de bosques y selvas demostrando con ello que es compatible la conservación de los recursos y el desarrollo local. Sin embargo […] aún quedan más de 50 millones de hectáreas que no han sido incorporadas a ningún esquema de manejo ni planificación por lo que están expuestas a los incendios, a la tala ilegal y al cambio de uso de suelo".
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CLAVES
Lo que piden las asociaciones
El Pro Árbol, consideran las asociaciones agrupadas en G-Bosques, se ha desvirtuado en busca de cifras espectaculares, lo que llevó a meter especies no arbóreas en la reforestación sin avisarlo a la opinión pública, por más buenas razones que hubiera en ello (Público, 28 de abril de 2008) y a inflar las cifras de plantaciones forestales comerciales logradas en la realidad hasta en más de 1,200 por ciento (edición de 26 de enero de 2009). Por ello, piden una nueva política forestal basada en cuatro grandes lineamientos:
Uno, fortalecimiento de la gestión comunitaria de los bosques y selvas para desarrollar la producción forestal comunitaria.
Dos, democratización efectiva para la toma de decisiones, para garantizar la gobernanza en la gestión forestal, eliminando la intromisión de diversas mafias burocráticas o de las propias regiones forestales.
Tres, integración de la política de desarrollo rural con la forestal, ante su evidente desconexión con lo agrícola y ganadero, que mantienen más peso en los presupuestos y la política nacional.
Cuatro, información, transparencia y rendición de cuentas que sirvan para corregir a tiempo anomalías.
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