Agustín del Castillo . PÚBLICO
Las playas, la zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar, “o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, son bienes de dominio público de la Federación, inalienables e imprescriptibles”, dice el artículo 5 del Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar. Pese a ello, por la vía de los hechos, la privatización del litoral de Jalisco es uno de los fenómenos al alza en el proceso de desarrollo de estas costas de 342 kilómetros de longitud.
Según información pública de la delegación Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 1,238 usuarios tienen el control sobre 280 kilómetros del litoral, lo que significa que prácticamente 82 por ciento del espacio de las playas tiene “dueños” de facto, aunque la dependencia insiste en que se trata de terrenos sólo susceptibles de aprovechamientos concesionados, a condición de que se respete el carácter público de las playas y no se restrinja por tierra ni por mar el libre acceso de las personas.
La realidad dice que las concesiones están en fuerte disputa para proyectos privados. En las zonas de bahías y ensenadas enclavadas en Cihuatlán y La Huerta, los conflictos son más fuertes y prolongados, señala el director del Departamento para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Francisco de Asís Silva Bátiz.
“Sobre todo en las playas que son pequeñas bahías esto podría ser más relevante; evidentemente, hablar de privatización es algo que nadie va a aceptar, en el sentido de que no es un proceso legal; el caso es que las leyes señalan que los accesos a playas, en lugares sin centros de población, deben establecerse cada dos kilómetros, y es verdad que hay playas donde no se dan estos derechos de acceso a la zona federal. Por poner un caso, en la playa Teopa, que es santuario de tortugas marinas, tenemos un frente de mar de cuatro kilómetros, pero no hay entrada con libre acceso, sólo se entra por mar, y debo recordar que es obligación de los ayuntamientos garantizar que existan esos libres accesos”, pone en relieve.
Añade: “En zonas urbanas con playa, el acceso libre debe ser al menos cada kilómetro y, en las zonas que ya cuentan con planes de desarrollo urbano, los accesos son cada cien o 200 metros”.
A juicio del investigador, “principalmente en el municipio de La Huerta es donde más se da una situación de esta naturaleza: sencillamente porque hay más potencial turístico, ya se tienen pequeñas bahías y playas que se pueden controlar, entonces sí se puede hablar de una privatización de facto, porque en grandes playones, como los la costa de Tomatlán, sería imposible controlar los accesos, además que de su potencial de turismo es de otro tipo, más contemplación y paisaje que bañistas”.
Esta apropiación del espacio público daña fuertemente a muchas comunidades que son usuarias tradicionales de estas zonas del litoral. “Este tema es parte de la agenda a partir de los ordenamientos ecológicos que se están generando en el ámbito municipal; vamos a ver qué pasa, sobre todo en playas de protección a la tortuga, como son el playón de Mismaloya [Tomatlán], y las playas de El Tecuán, Cuixmala, y Teopa, [La Huerta], que, según los decretos de protección, no pueden ser concesionadas”.
Así, si las cifras dadas a conocer por la Semarnat son correctas, “tenemos toda la costa de Jalisco concesionada, excepto las playas tortugueras, pero eso no es así, pues está documentado que se han dado concesiones dentro del santuario de Mismaloya, tanto en la zona de Hotelito Desconocido como en la zona de Majahuas, donde se le concesionaron siete kilómetros de playa a la Cooperativa Roca Negra”. Insiste en que estos dos casos están al margen de la ley.
Silva Bátiz ha sido tradicionalmente receptor de quejas de ciudadanos y autoridades locales. “Hay gente que está molesta, regidores incluso, por este proceso, pero debemos recordar que es obligación de cada ayuntamiento garantizar que se dé libre acceso a las playas, apoyados en la Zofemat [Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros]”, instancia de la Semarnat.
Es un esfuerzo que valdría la pena, “porque son los municipios los que son beneficiados con esa recaudación; entonces, vale la pena ubicar a los usuarios, regularizarlos para que paguen lo que se debe y hacerlos que se respete la ley”, añade.
“Si hacen un censo real con equipo, siquiera geoposicionadores, seguro que incrementan sus ingresos por concesiones. Además, ver qué tipo de concesión está vigente, porque se hacen trampas: algunos pagan como ornato o protección, y es claro que, si el terreno contiguo tiene utilidades, como un desarrollo turístico, debe pagar uso general, y eso es más dinero. Hay que invertirle un poco, pero de seguro ganan y ayudan a ordenar el problema”, concluye el académico.
De 1,238 usuarios registrados, 819 pagan derechos y 412 tienen concesión. Están concesionados un millón 470,499 metros cuadrados de playa, en una línea de costa de 280 kilómetros, 82 por ciento del total para Jalisco, según la información que dio a conocer la Semarnat en el marco del III Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón.
Registros Lista de concesiones y registros de la Costa de Jalisco
Totales para Jalisco 1,238 usuarios registrados; 819 pagan derechos y 412 tienen concesión. La recaudación desde 2002 es de 193.2 millones de pesos y se tiene concesionados un millón 470,273 m2 de terrenos federales. Las deudas acumuladas, es decir, la omisión del pago de derechos para el litoral de Jalisco, suman casi 125 millones de pesos más en los últimos cinco años (2004-2009)
Puerto Vallarta 446 usuarios registrados con aprovechamientos sobre 28 kilómetros de litoral. 387 pagan derechos y 202 ya tienen su concesión. La superficie concesionada es de 235,761 metros cuadrados (m2). Entre 2002 y 2009* ingresaron por este concepto 150.3 millones de pesos
Cabo Corrientes 140 usuarios registrados con aprovechamientos sobre 102 kilómetros de litoral. Los 140 pagan derechos y 49 ya tienen su concesión. La superficie concesionada es de 35,370 m2. Entre 2002 y 2009 se recaudaron por este concepto 817,405 pesos
Tomatlán 30 usuarios registrados con aprovechamientos sobre 50 kilómetros de litoral. Apenas cuatro pagan derechos, pero son siete los que ya tienen su concesión (es decir, ni siquiera éstos pagan completo). La superficie concesionada es de 258,722 m2. Entre 2002 y 2009 ingresaron por este concepto un millón con 2,551 pesos
La Huerta 314 usuarios registrados con aprovechamientos sobre 65 kilómetros de litoral. 120 pagan derechos y 84 ya tienen su concesión. La superficie concesionada es de 750,044 m2. Entre 2002 y 2009 ingresaron por este concepto 12.8 millones de pesos
Cihuatlán 308 usuarios registrados con aprovechamientos sobre 35 kilómetros de litoral. 168 pagan derechos y 131 ya tienen su concesión. La superficie concesionada es de 100,374 m2. Entre 2002 y 2009 ingresaron por este concepto 15.3 millones de pesos
* 2009: Cifras proyectadas
Fuente: Semarnat Jalisco / Zofemat
Leyes y conflictos Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar
ARTÍCULO 7 Las playas y la zona federal marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse por toda persona sin más limitaciones y restricciones que las siguientes: I. La Secretaría dispondrá las áreas, horarios y condiciones en que no podrán utilizarse vehículos y demás actividades que pongan en peligro la integridad física de los usuarios de las playas, de conformidad con los programas maestros de control; II. Se prohíbe la construcción e instalación de elementos y obras que impidan el libre tránsito por dichos bienes, con excepción de aquellas que apruebe la secretaría atendiendo las normas de desarrollo urbano, arquitectónicas y las previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y III. Se prohíbe la realización de actos o hechos que contaminen las áreas públicas…
ARTÍCULO 17 “Los propietarios de los terrenos colindantes […] deberán permitir, cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a dichos bienes de propiedad nacional, por lugares que para tal efecto convenga la Secretaría con los propietarios, teniendo derecho al pago de la compensación que fije la Secretaría con base en la justipreciación que formule la Comisión de Avalúos de Bienes
Nacionales. En caso de negativa por parte del propietario colindante, la Secretaría solicitará la intervención de la Procuraduría General de la República, para que por su conducto, se inicie el juicio respectivo tendiente a obtener la declaratoria de servidumbre de paso” Algunos expedientes de conflictos en la costa de Jalisco
CIHUATLÁN
Playa de Cocos Está inmersa en el conflicto de límites con Colima, cuyo gobierno pretende impedir al ejido El Rebalse el uso de las playas para desarrollos turísticos locales
El Palmito y El Tamarindo Sin acceso al público; la primera es disputada por desarrolladores privados y el ejido Emiliano Zapata; la segunda, totalmente confinada para usos de los huéspedes del club privado
LA HUERTA Playa Teopa Santuario Tortuguero de cuatro kilómetros privatizado de facto, pues no existen accesos terrestres a la playa
Tenacatita Empresarios tapatíos pretenden los derechos sobre la playa pese a que los usuarios comerciales tienen más de 40 años instalados en la zona federal. Ha habido desalojos violentos con apoyo de la policía de Jalisco
Playa Cuitzmala Santuario Tortuguero sin acceso terrestre al público, pues se controla desde el rancho Cuitzmala, propiedad de la familia Goldsmith, aunque, si el río está abajo, se puede entrar por la parte norte
Playa Careyitos y estero Cerrada al público desde que la Zofemat otorgó concesión a empresarios que quieren edificar una marina (Roberto Hernández y socios), lo que impide a pescadores de la cooperativa de Pérula levantar cosechas
TOMATLÁN Playón de Mismaloya Santuario tortuguero con dos concesiones ilegales a favor de El Hotelito Desconocido y de una cooperativa en Majahuas, pero aún sin problemas de acceso público.
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