La industria minera, que aporta 1.6% del PIB nacional, cobra un alto precio ambiental y social en la Sierra Madre jalisciense
EL INFORMADOR Del total del territorio mexicano, 10% está concesionado para la exploración y explotación minera. Es decir, casi la misma superficie del Estado de Chihuahua: 247 mil 938 kilómetros cuadrados. En Jalisco, mientras tanto, hay registro de mil 290 concesiones mineras, que abarcan un millón 272 mil 740 hectáreas cuadradas, de los ocho millones que comprende el territorio estatal. Para el Gobierno federal, el impacto ambiental y social de este sector es justificable por los beneficios económicos que engendra, pues aporta 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB). En este contexto, dos minas asentadas en territorio limítrofe entre Colima y Jalisco: El Pesar y Peña Colorada, no dejan beneficio económico para los habitantes de la región, quienes esperan desde hace cuatro décadas el prometido progreso que manejaron en el discurso los introductores de esta industria. Ambas minas —que utilizan como fuerza de trabajo a habitantes del ejido Ayotitlán, asentado en Cuatitlán de García Barragán, uno de los municipios más pobres del Estado— explotan hierro, mineral que en un porcentaje considerable va a parar a las fundiciones de China, donde es finalmente convertido en acero y utilizado en la construcción. Paradójicamente, mientras los chinos fincan su increíble desarrollo económico en la fundición acerera, los habitantes indígenas de Ayotitlán sobreviven al margen de los beneficios. En 40 años, las minas a cielo abierto han acabado con el entorno natural y generan problemas como desecación de fuentes acuíferas y marginación de toda cercanía con los servicios que ofrece el Estado. A lo largo de los años, la más grande de estas explotaciones mineras, Peña Colorada, ha cambiado de manos. Actualmente, es propiedad de una compañía ítalo-argentina y del empresario indio Lakshmi Mittal, el octavo hombre más rico del planeta y titular de la transnacional “Mittal Steel”. Esta empresa comercializa el hierro extraído en la serranía estatal, para llevarlo al Lejano Oriente y otras factorías metalúrgicas del país, ubicadas en lugares como Nuevo León y Puebla. Los daños al entorno natural surgen del mecanismo mismo de traslado de la materia prima, pues —entre otras cosas— extraen agua del Río Marabasco y pozos naturales para enviar el hierro por un ferroducto de 52 kilómetros, que concluye en Manzanillo, Colima. Con este mecanismo evitan los gastos de flete. Respecto a la pobreza extrema de los habitantes de la zona, un representante de la Dirección de Promoción Minera de la Secretaría de Economía, apuntó que como opción inmediata pueden “pedir trabajo en la mina”. Mineras causan desastre social en Ayotitlán Doña Mary vive en una de esas tierras otorgadas a mineras. Será porque debajo de su comunidad, Las Pesadas (en el ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán) y en los alrededores, se encuentran los yacimientos de hierro más abundantes del país, explotados desde hace décadas por el Consorcio Benito Juárez Peña Colorada, y grupos menores como la Minera del Norte. A sus 79 años de vida, guarda todavía intactos los recuerdos de cuando llegaron las minas, con la promesa de exterminar el hambre de los indígenas de Ayotitlán. “Teníamos esperanza y dejamos que se llevaran todo”. Han pasado 40 años y todavía vive en casa de adobe, con techos de cartón agujereados por el granizo, una letrina rudimentaria y un fogón para cocinar. La base de su alimentación son las tortillas con sal en el almuerzo. Tortilla con sal en la cena. Y cuando hay abundancia, se chiquea en la comida con tacos de frijoles “y uno que otro huevito”. La mujer, nahua como sus antepasados y sus vecinos, vive del cultivo para el autoconsumo. Igual que la mayoría de campesinos en Ayotitlán. Al agreste rincón donde vive, no llegan los apoyos gubernamentales que tanto prometen en la tele y desde hace un año, no hay atención médica; ni aspirinas ni antídotos para piquetes de alacrán. Peña Colorada es propiedad de la empresa ítalo-argentina “Ternium” y de “Mittal Steel”. El dueño de esta última es el magnate de la India Lakshmi Mittal, famoso por ser el octavo hombre más rico del mundo este año y por poseer en Londres la casa más lujosa que existe. Él a su vez, le vende el metal a China, nación que sigue una añeja estrategia para ubicarse entre los países más poderosos del planeta: adquiere materias primas del tercer mundo, especialmente minerales como el hierro, que transforma en acero y utiliza en su desenfrenada carrera de desarrollo industrial y urbano. Y aunque el Gobierno mexicano promete ríos de bonanza para las poblaciones donde hay yacimientos férreos, Cuautitlán de García Barragán es considerado el tercer municipio con menor índice de desarrollo humano en Jalisco, sólo después de Bolaños y Mezquitic, según consta en el primer informe sobre este tema en Jalisco, presentado en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El yacimiento de Peña Colorada produce cuatro millones de toneladas de pellets cada año (denominación genérica, no española, utilizada para referirse a pequeñas porciones de material aglomerado o comprimido). Se ubica en el área noroccidental de la Sierra Madre del Sur, en la Sierra del Mamey, cerca de la población de Minatitlán, Colima. Además, genera mil 850 empleos directos e indirectos. Un kilómetro antes de llegar a Las Pesadas, en el mismo cerro, está la mina El Pesar, que carcome la tierra colorada por el hierro. A dos kilómetros, Peña Colorada fulminó lo que llamaban el Espinazo del Diablo y alrededor de 300 metros de altura del Cerro Los Juanes, en el que ya no las nubes se posan, como antaño. Para doña Mary, como para la mayoría de indígenas de Las Pesadas, las minas no exterminaron la pobreza, pero sí los cerros, los árboles y los manantiales que daban de beber a la comunidad. En Las Pesadas, pese a todo, no han podido arrancar el hierro sobre el que están asentadas las casas de los 85 habitantes. El impacto Como todas las tardes, la tierra cimbró y la comunidad de Las Pesadas se llenó de olor a diablo, a pólvora. Ese día, doña Mary no se refugió de las detonaciones de la mina a cielo abierto. Mientras lavaba los trastes en la pila, un fragmento de hierro le impactó la cabeza, la tumbó, le pintó la cara color morete, le hizo brotar un chichón eterno, le secó los colores de la vista. De entonces a la fecha, le nació una migraña que hasta que le revienta la cabeza. El mismo hierro que le golpeó la vida y que las mineras han extraído por décadas, probablemente se vendió a China —que consume el 50% de la producción total en el mundo— y se usó para construir una gran presa, uno de los estadios de las Olimpiadas de Beijing o un despampanante edificio de arquitectura moderna. A doña Mary lo que menos le acongoja es la bola que tiene en la cabeza. Al fin que nunca ha ido al doctor, porque la empresa que detonó la mina El Pesar, nunca le indemnizó su pesar. En México existen 677 proyectos mineros activos, de los cuales 41 son de Jalisco. Desde que la Ley Minera se modificó, Peña Colorada fue adquirida por capital extranjero. Antes de 2003 había sólo 70 empresas y actualmente suman 260, principalmente canadienses. Del total del hierro que se genera en el país, el 23.9% se exporta a China. Sentada afuera de su casa, con los ojos grises, tiznados, la anciana piensa en voz alta: “¿Pos cuál beneficio?”, si lo único que han dejado las minas a esta población son manantiales resecos. Los más de 20 que abastecían a la comunidad se escondieron y ahora tienen que caminar tras lomita –a 24 kilómetros– para conseguir agua o comprarla embotellada. Además de las explosiones que remueven los cuerpos de agua, el consorcio extranjero extrae mil 200 litros por hora tanto de ojos de agua como del Río Marabasco. A lo largo de éste, hay bombas que llevan el líquido hacia el cerro de Los Juanes, y de ahí, en conductos de nueve a 12 pulgadas y de 52 kilómetros de largo, transportan el hierro mezclado con agua hacia el Puerto de Manzanillo –para evitar el gasto del flete–, y lo embarcan a Asia o al Norte de México. En otros tubos, escupen los residuos ferrosos hacia la presa de jales. “Escarbábamos de un lado y otro y siempre de ahí tomábamos. Y ¿ora? Pues la tenemos que comprar. ¿De onde pues? Tengo que conseguir dinerito, ¿qué hago? Antes torteaba ajeno y ora que no veo, ¿ora qué?”, pregunta resignada, con palabras apenas pintadas del nahua que ya no recuerda, y voltea a ver las nubes algodonadas, en espera de las últimas lluvias de octubre, porque si no caen, “no vamos a conocer el elote este año. Apenas están jiloteando las mazorcas y si no hay agua, no hay maíz”. Al preguntarle qué hará, recarga su codo en la mesa de madera, donde hay una taza vacía, tres galletas de animalitos, una guadaña que usa en el coamil y dos flores rojas que su vecina María Ruiz Roblado le obsequió: “Si no llueve, ¿pos qué le hago? A sufrir la hambre”. El monte donde está la ranchería era pura piedra, puros pretiles “y ya sacaron todo; reventaban piedras del tamaño de mi casa. Un día escuché los tronidos, no hice caso y me pegó una piedra. Al tiempo se me hizo ceniza la vista y pos yo digo que sería eso, ¿o qué más?”. Cuando estaban “buenos” sus ojos, recolectaba leña para cocinar. “Ahora que veo puros bultos, ya me he ido rodando en el monte”. Tiene que comprar la madera a 50 pesos y la ha pagado vendiendo sus animalitos. Este año no queda ninguno. “Ora sí voy a sufrir… no tengo ni para un bule de agua”. Para la Dirección de Promoción Minera, este sector genera empleo en las zonas serranas donde no hay otras alternativas de desarrollo y existen dos explicaciones para la marginación en Ayotitlán: 1. “Que la gente de esa región se quedó acostumbrada a buscar dinero fácil sin comprometerse. ¿Por qué no trabajan en la industria minera, por qué no piden trabajo? La política de las mineras es contratar gente local, porque les sale más barato”. 2. Que es asunto de las autoridades de Colima o Jalisco, las cuales deberían invertir en infraestructura y programas sociales en esta ranchería. Por el conflicto limítrofe, ya ni los curas se paran en la zona. Pero doña Mary sigue rezando todos los días. ¿Para qué? “Pos pa’ ver si Dios nos ve”. Y si acaso la volteara a ver, continúa, le pediría que se fueran las minas de su tierra, porque teme que le cumplan el rumor que desde los 90 ha corrido por el pueblo: “Si no se salen, los Figueroa (mestizos de Minatitlán, Colima, que aseguran ser propietarios de Las Pesadas) les van a quemar sus casas”. Para los nahuas, la extracción mineral ha sido sólo un episodio más de cambio de espejos por metales preciosos. “Es como una segunda conquista. Es ver cómo nos saquea otro país, ayudado por nuestro propio país”. Concesiones en Cuautitlán de García Barragán En la página de internet de la Dirección de Minas sólo se pueden consultar los títulos del año 2000 a la fecha. En este período se otorgaron16 concesiones en Cuautitlán de García Barragán (mil 178.67 kilómetros cuadrados) por una extensión de 31 mil 672 hectáreas. El Consorcio Minero Benito Juárez obtuvo tres títulos: En 2006, el número 227602, por siete mil 516 hectáreas en el cerro Los Juanes (que podría ser una extensión de la que obtuvieron en los años 70); el número 226523, en 2005, para exploración en Peña Colorada I, por 969.4 hectáreas; y en el año 2000, el número 211011, para la explotación del P.C. Oriente, por 217 hectáreas. Asimismo, Minera del Norte (o Minera Monclova) tiene una concesión del 2004, por 99.94 hectáreas para exploración en el predio Rosa, y del 2003, por 520 hectáreas en La China. Industrial Minera México tiene la Rosa 2, para exploración de 143 hectáreas. Y a pesar de que el chino Liantuan Wu, propietario de la empresa Gan-Bo, se metió en 2008 a explotar ilegalmente el predio de Lino Roblada Flores, en el ejido Ayotitlán, la Dirección de Minas le entregó este año una nueva concesión (234650) por 14 mil 763 hectáreas, en la zona que ellos nombran Gan-Bo. En la misma sierra de la sierra, pero por el lado de Minatitlán, Colima, Minera del Norte tiene 10 títulos y Peña Colorada, dos. A nombre de particulares hay otros 10. De aquellos tiempos de exploración Los trabajos de exploración eran “muy duros”. Prendían la mecha para las detonaciones y a huir como el correcaminos. Los que corrían como las balas, murieron, recuerda Esteban Guzmán Pulgarín, quien laboró para la empresa y ahora es secretario de la asociación civil Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco e integrante del plantón que desde julio pide el reconocimiento de una franja de 40 hectáreas de Las Pesadas que mestizos de Minatitlán exigen como propias. Los primeros exploradores llegaron a finales de los 60 y principios de los 70, al igual que en el resto del país, ya que el Consejo de Recursos Minerales (hoy Servicio Geológico Mexicano) buscaba yacimientos de hierro. Hubo hallazgos en Michoacán, Durango, Chihuahua, el sur de Jalisco (Autlán de Navarro, Cuautitlán de García de Barragán y Pihuamo, principalmente) y Colima (Minatitlán). En aquel tiempo hubo trabajo por montón y lo que la gente quería era sobrevivir, porque ese año no llovió y la cosecha se murió. “Todos comíamos plátano verde y chanchitas (planta silvestre) e inventábamos cualquier cosa para sobrevivir, pero muchos sí se enfermaron de hambre. Por eso aceptamos los empleos; eran muy duros, muy peligrosos, porque era un terreno muy accidentado y no nos capacitaban. Había cables a más de 300 metros de altura, de los que nos colgábamos para desprendernos a otro lugar. Hubo muchos accidentes”, relata Esteban, indígena también. Peña Colorada era y sigue siendo la veta de hierro más grande y se estima que aún puede continuar con la extracción por lo menos 10 años más. La Dirección General de Minas calcula que los yacimientos en el país son “modestos”, de aproximadamente 800 millones de toneladas. El tiempo siguió su curso y la ilusión de algunos nahuas mutó en un desagradable sabor de boca. “La explotación no fue para bien… ¡Caray! Es para llorar ver cómo se han acabado todo, es indignante que nos dejaron hasta sin agua”. Por el manejo del cianuro, tuvo problemas en la piel y la vista se le deterioró. “En la clínica del IMSS que había en el poblado (donde viven los empleados) decían que no tenía nada. Tuve que salir a otros pueblos y hasta Estados Unidos me pudieron ayudar. Era un dolor espantoso en las noches, sentía todo caliente, ya no podía ir a trabajar y como no me daban incapacidad, tuve que pedir mi retiro voluntario… dos mil pesos me llevé”, relata. En la empresa nunca le advirtieron que tendría contacto con cianuro. Esto lo descubrieron los médicos. Cuenta que los casos de ceguera, manchas en la piel, diabetes y sordera, pululaban por doquier. Al pedirle que muestre su herida, niega con la cabeza y continúa. Detiene las palabras y pide disculpas; le avergüenza mostrarla. Se dobla la manga y asoma el antebrazo, carcomido, aún con la herida a flor de piel, a más de 20 años de que el cianuro casi se traga su epidermis. “De haber seguido, pienso que me hubiera acabado a pedazos”. Hasta la fecha, requiere curaciones todos los días. Se pidió entrevista en Peña Colorada y nunca hubo respuesta. Asimismo, se intentó entrar al poblado de los trabajadores del consorcio y se prohibió el paso. Posteriormente, uno de los responsables del sitio siguió el vehículo de la reportera de este diario, por la carretera que va de Minatitlán a Colima. “Ninguna contingencia” La minería es considerada un eje de desarrollo económico en México, que actualmente representa 1.6% del Producto Interno Bruto. El 30% de costos de la explotación, se quedan en la región, tanto en impuestos como en salarios. Ante las críticas de que es un sector depredador del medio ambiente, un representante de la Dirección de Promoción Minera asegura que nunca han tenido contingencias de este tipo. “Todas las empresas tienen medidas de mitigación de forma natural, todas tienen cultura ambiental, aquí lo hemos visto”. La sugerencia para quienes son pobres en estas zonas es que se metan a las minas. “Que busquen la oportunidad de trabajar, porque luego buscan porcentajes de producción, sin hacer nada”. — Pero de lo que pagan las minas, ¿por qué no se invierte en las comunidades? — Creo que ahí debemos buscar aplicación de autoridades del Estado, en implementar programas de desarrollo social. — Hay señoras que no tienen ni para comer. — Hay programas del Gobierno Federal. — En Las Pesadas no hay. — Sé de casos en que los programas de Sedesol han desarrollado infraestructura para proporcionar agua a las comunidades y aparte de eso, otros servicios sanitarios. Aquí lo que se debe buscar es que autoridades de Colima y Jalisco participen conjuntamente como Gobierno local. Si la empresa minera ve que como gobierno local se preocupan por la gente, ¿por qué no buscamos eso? — Entonces, ¿hay ausencia de gobiernos locales? — Desde luego, la propuesta sería conveniar y a favor de la gente. Seguramente la empresa se sumaría a programas sociales. — ¿Por qué no hay un atlas de los recursos que se pueden extraer? La percepción es que las concesiones se otorgan a diestra y siniestra. — Bueno, es una situación que los grupos ambientalistas manifiestan, están en contra del desarrollo minero, entonces, ¿qué otras alternativas para generar inversión extranjera a México? ¿qué otros sectores? — ¿Se sabe cuánto se ha impactado ambientalmente? — Todas las minas han cumplido, las que han operado en México en las últimas dos décadas, han cumplido con su etapa de cierre y abandono, con medidas de la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) y en cuanto a restauración y confinamiento de residuos peligrosos, todo lo que señala la normatividad ambiental, no tenemos registrada ninguna contingencia a nivel nacional por contaminación de acuíferos o derrama de sustancias químicas que hayan afectado a poblaciones. — ¿Por qué dan las concesiones antes de que el propietario dé permiso? — Porque el ordenamiento no contempla al concesionario. Estamos hablando del mineral, de la sustancia que van a extraer, es concesión de minerales, no sobre superficie de la propiedad. — Pero a cielo abierto necesitas la propiedad. — Para eso están los procesos de ocupación temporal o autorización del propietario, a través de la Dirección de Minas o la Procuraduría Agraria. — ¿No es el procedimiento al revés? — No, primero hay que valorar lo que hay abajo, y si van a lograr abrir mina, hay compromisos mayores con la comunidad, rentan los terrenos por 50 años y pagan los arrendamientos. — ¿Estamos pensando en una economía basada en la minería? — Desde luego que con las evidencias actuales, es una fuente para generar empleo. — ¿Las Pesadas, está concesionada? — Si llegara a estarlo, desde luego que el que trate o quiera aprovechar los minerales tiene que pensar en reubicar a la población. — ¿Y si no quieren? — El Gobierno entrega la concesión, el mineral es de la nación, del concesionario es propiedad hasta que lo extrae y para ello tiene que tener acceso, servidumbre de paso, convenio, contrato u ocupación temporal privado a través de minas, o a través de la Procuraduría Agraria. Si no hay convenio, no pueden desalojarlos de manera violenta. Textos: Alejandra Guillén Concesiones para exploración y explotación en Jalisco, que tiene una extensión de 80 mil 137 kilómetros (ocho millones de hectáreas): En 2009, 641 mil 621 hectáreas y se emitieron 128 títulos. En 2008, 121 mil 808 hectáreas y se emitieron 116 títulos. En 2007, 243 mil 644 y se emitieron 129 títulos. En 2006, 242 mil 676 hectáreas y se emitieron 146 títulos. En 2005, 144 mil 518 hectáreas y se emitieron 174 títulos. En 2004, 58 mil 270 hectáreas y se expidieron 133 títulos. En 2003, 70 mil 589 hectáreas y se dieron 123 títulos. En 2002, 72 mil 67 hectáreas y se dieron 140 títulos. En 2001, 40 mil 786 hectáreas y se emitieron 116 títulos. En 2000, 113 mil 279 hectáreas y se emitieron 95 títulos. De 2000 a 2009 se han concesionado un millón 749 mil 254 hectáreas y se han otorgado mil 300 títulos. (Fuente: Dirección General de Minas de la SE)
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