Juan Carlos G. Partida - LA JORNADA JALISCO
Los intereses económicos y la cultura de “no respeto a la ley” en la sierra de Manantlán, al sur de Jalisco, han impedido que los nahuas puedan hacerse beneficiarios de la amplia riqueza natural que existe en la región y a cambio sean despojados de sus tierras, reconoció el rector Carlos Briseño.
Al 16 de noviembre pasado, el propio rector anunció que la Universidad de Guadalajara asumiría “hasta el final”, la defensa legal de los indígenas, despojados permanentemente de sus tierras, lo cual hasta ahora no ha logrado impedir que las mineras sigan llevándose los minerales impunemente y con beneficios apenas precarios para sus legítimos dueños, como ha quedado constancia con los recientes conflictos.
Medio año después, Briseño Torres dice que en ese trabajo de asesoría legal “ya estamos en la siguiente fase”. Pero también reconoce que falta “mucho camino por andar” y que la falta de acción de las autoridades, el embate de los intereses particulares y la división de los propios nahuas, hacen que la solución todavía no se encuentre cercana.
El reino de los nahuas, que en tiempos coloniales abarcaba medio millón de hectáreas, ha sido mutilado desde entonces hasta reducirlo a las 35 mil hectáreas por las que pelean su legal reconocimiento, 45 años después de un decreto agrario que los dotó de esa superficie final invadida por mineras y taladores. De esas 35 mil hectáreas, 8 mil son controladas por compañías mineras y cerca de 9 mil se localizan en la Reserva de la Biosfera de la sierra de Manantlán.
En contra del despojo desde 1970 a la fecha han muerto más de 30 líderes nahuas en hechos de sangre, como lo consignan diversas recomendaciones sin resolver por el gobierno estatal, entre ellas una de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“En Ayotitlán ya estamos en la siguiente fase porque una vez que ganó el Ejido una instancia más judicial, se requiere que se controle, modere y en algunos casos hasta se retire la acción de las mineras hasta en tanto no resuelva de fondo la autoridad jurisdiccional federal, para evitar que la extracción de metales en las minas de la sierra de Manantlán, de Ayotitlán, contravengan las disposiciones jurídicas que se emitieron”, dice Carlos Briseño.
-¿Continúa la asesoría legal de la Universidad hacia los nahuas?-, se le cuestiona, en entrevista.
-La UdeG seguirá impulsando fuertemente el apoyo jurídico a los miembros de la comunidad indígena de Ayotitlán para que logren que la explotación que se hace de minerales en la sierra de Manantlán no sea solo para beneficio de las mineras, sino de las comunidades indígenas pobres de la comunidad nahua del sur de Jalisco.
-Hasta ahora poco se ha visto de avance, incluso existen evidentes retrocesos y la tensión entre indígenas y mineras aumenta con bloqueos y tomas de maquinaria.
-Hay intereses económicos muy fuertes, hay una cultura de no respeto a la ley muy arraigada allá, los propios miembros de la comunidad indígena han sido por años ignorados, explotados, reprimidos, golpeados y nadie les hacía caso. Solo la lucha encabezada por ellos mismos, por sus dirigentes tradicionales y el apoyo jurídico de la UdeG han empezado a dar frutos y creo que estamos logrando ganar cada vez más conciencias en la lucha por la defensa de las comunidades indígenas del sur de Jalisco y del norte de Jalisco.
-Hablando del norte ¿cuál es la postura de la Universidad respecto al conflicto entre huicholes y gobierno estatal por la carretera que se construye y atraviesa territorio wixarica?
-En la solución importa y mucho que las comunidades indígenas se unan, hay mucha división lamentablemente porque los intereses ajenos a ellos que buscan que prevalezcan sus intereses por encima, los llevan a dividir a los propios indígenas.
Esto hace más difícil la lucha de ellos, hay lamentablemente quienes no coinciden en la posibilidad del desarrollo por la vía de la implementación de mejores rutas de acceso, de oportunidades económicas mediante la cooperación indígena; el respeto a los usos y tradiciones no implica que deban ser un ente aparte, todos vivimos en México y existe un estado de Derecho, leyes generales que aplican a todos deben prevalecer respetando las autonomías que se pudieran generar en marcos legales adecuados, y respetando la singularidad de sus usos y costumbres
