Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCO
La polémica generada en torno a la restricción de distancias para la instalación de gasolineras en el municipio de Guadalajara logró su cometido: posponer un par de semanas el dictamen, con el propósito de que colonos y empresarios del ramo puedan hacerle modificaciones.
El dictamen, cuya autoría se atribuye al regidor del PAN, Juan Pablo de la Torre Salcedo, propone la eliminación de distancias que en la actualidad es de 600 metros, sin tener antes un estudio de impacto ambiental y social.
El lunes la regidora del PRI, Rocío Corona Nakamura, convocó a rueda de prensa para denunciar la inconformidad de un centenar de colonos y el martes la Unión de Gasolineros de Jalisco, Colima y Nayarit por conducto de su vicepresidente, Pablo González Córdoba, se presentó ante el regidor promotor de la iniciativa, derivándose de ello un acuerdo para posponerla.
“Tuvimos un arreglo después de un alegato de unas horas, los empresarios gasolineros argumentamos que es incorrecto que se elimine la distancia entre gasolineras porque va a propiciar un libertinaje que provocará riesgos innecesarios a la ciudadanía”, indicó.
González Córdoba puntualizó que en todo Jalisco existen 550 estaciones de servicio, y con el dictamen del regidor se pretende concentrar sólo en Guadalajara más de la mitad de esas gasolineras, 300 para ser exactos. Es lo que le han dicho al empresario, y los interesados son gente que está afiliada a la Cámara Nacional del Comercio (Canaco).
La realización de los Juegos Panamericanos en 2011 sería el motivo principal para la liberación de permisos de gasolineras.
“Esto de que se pongan 300 más solamente en el municipio de Guadalajara es atentatorio y representaría más un peligro a la ciudadanía que un beneficio (…) supuestamente un grupo de inversionistas nacional o extranjero está interesado en Guadalajara por la presencia que tiene con Juegos Panamericanos, pero esto no debería ser motivo”, dijo.
El vicepresidente de la Unión de Gasolineros aseguró que las distancias entre una y otra estación de servicio están delimitadas en reglamentos y en otras ciudades del país el radio de acción llega hasta los dos kilómetros, como en Morelia, mientras que en Tijuana es de un kilómetro.
De igual manera, expresó que el proyecto que tiene el presidente municipal Alfonso Petersen Farah para hacer de Guadalajara una “ciudad verde” se contrapone con el incremento de gasolineras, por el simple hecho de que una estación eleva los índices de contaminación.
“La gasolina, los tanques, producen evaporación, y la otra es de imagen. Si Guadalajara se proyecta ya como una ciudad verde, si se está pensando en eso, y está pensándose en una transportación con bicicleta, es incongruente la actitud del presidente municipal que llega con su gorro y su bicicleta. ¿Qué va a ser primero, la bicicleta o los automóviles?”, se preguntó.
A la par, aprovechó para aclarar que no todas las gasolineras mencionadas por la regidora Rocío Nakamura presentan irregularidades.
Emilio prometió no más gasolineras
En tanto la actual administración promueve la instalación de más gasolineras, la pasada que encabezó el hoy gobernador Emilio González Márquez se comprometió a establecer una mesa de diálogo con funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para determinar la capacidad del municipio en lo que toca a nuevas estaciones de servicio.
“El munícipe reveló que ya tuvo la oportunidad de dialogar con directivos de Pemex Comercialización y le dijeron que el municipio de Guadalajara está saturado, incluso que deja de ser negocio para los propietarios el que existan tantas gasolineras, por lo que en caso de que se ratifique esa información sólo se aprobarán en los sitios que sea necesario y se evitarán en donde está saturado”, señala un boletín redactado por la Dirección de Comunicación Social el 21 de enero de 2004, prácticamente al inicio de la gestión de Emilio.
González Córdoba asegura que nunca se llevó a cabo la mesa de diálogo. Pemex se encargaría de valorar la rentabilidad de una gasolinera y los riesgos que implica para la población. A final de cuentas en la administración de González Márquez se dieron alrededor de 20 permisos.
Agregó que por lógica el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, que es el instrumento para el ordenamiento territorial, debe aprobarse antes que cualquier permiso para construcción o instalación de servicios, y de no aceptarse sus observaciones le tomarán la palabra a Petersen Farah para acudir a los tribunales.
