Investigarán “anomalías” en planes parciales aledaños a La Primavera

Hay afectaciones como la desaparición de Áreas de Transición, asentamientos humanos y severos daños en flora y fauna.

La ASEJ espera información de Zapopan para revisar presuntos cambios irregulares

Luis Herrera – El Informador

ZAPOPAN, JAL.- La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) investigará los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de Zapopan, que son colindantes con el Bosque La Primavera. Incluirá los procesos de modificación para esclarecer presuntas alteraciones efectuadas de manera irregular, así como afectaciones a la zona natural protegida.

El pasado 22 de enero, el Ayuntamiento de Zapopan recibió el oficio 0232 que emitió Alonso Godoy Pelayo, titular de la ASEJ, que está dirigido al alcalde Juan Sánchez Aldana. En éste solicita los documentos en formato digital y en copias certificadas, en un plazo no mayor a cinco días.

El primero de febrero la Dirección de Obras Públicas todavía no concluía el proceso de certificación de los planes.

La ASEJ también solicitó el Plan Parcial de Urbanización del Centro de Cultura, Convenciones y Negocios JVC, por considerarse una de las autorizaciones originadas a partir de las modificaciones “dudosas” en los planes durante la administración municipal 2001-2003, encabezada por Macedonio Tamez Guajardo.

La intervención de la ASEJ se debe al acuerdo legislativo 1071/05 que expidió el Congreso del Estado en la sesión del 4 de agosto de 2005, en el cual instruye para ejecutar una “auditoría especial” para verificar la observancia a la legislación en materia de desarrollo urbano y medio ambiente, “con la intención de que se esclarezca si hubo irregularidades en la modificación de los planes”.

La historia...

Todo comenzó con la iniciativa que presentaron el 11 de marzo de 2004 los entonces diputados locales Luis Alejandro Rodríguez y Jesús Casillas Romero (hoy regidor en Zapopan), para que Arturo Zamora Jiménez, que fungía como presidente municipal, ordenara una revisión detallada a seis planes parciales vecinos a La Primavera que fueron modificados bajo la gestión de Tamez Guajardo. El plan parcial del Centro JVC también se contemplaba en la revisión.

Esta iniciativa fue estudiada por las comisiones de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos, dando como resultado el acuerdo legislativo 207/04, que fue aprobado por el pleno el 20 de mayo de 2004.

En el documento, los integrantes de las dos comisiones mencionadas elaboran una lista de las irregularidades que fueron detectadas en los procesos de modificación de planes parciales englobados en los distritos ZPN-5 Vallarta, ZPN-7 Colli, ZPN-8 Santa Ana Tepetitlán y ZPN 9 Valle de Tesistán.

Entre las “anomalías” que se pueden considerar de mayor gravedad, se puede mencionar la desaparición de Áreas de Transición (AT) en los límites del polígono del bosque. Según el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco, las AT se definen así:

“Fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas instalaciones, con baja intensidad de uso del suelo… En estas áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de espacio abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias”.

En estas zonas imperaban, hasta antes de los cambios, las categorías como Granjas y Huertos y Turístico Campestre, con terrenos de una extensión mínima de cuatro mil y mil 600 metros cuadrados respectivamente. Después de las modificaciones, se autorizaron densidades habitacionales más altas, llegando en ocasiones hasta terrenos de tan sólo 300 metros cuadrados, así sucedió en el ZPN 9/13 Pinar de la Venta.

El acuerdo legislativo también específica los casos en que los planes parciales fueron modificados sin que la autoridad municipal cumpliera con la realización de una consulta pública, dejando excluida la voz de los habitantes del municipio, como en el ZPN 9/12, La Venta del Astillero. Además de otros procesos en los que la consulta sí se hizo, pero de manera sigilosa, “según denunciantes”.

También se menciona que las expresiones recogidas a través de las consultas públicas no siempre fueron implementadas en la versión definitiva de los planes parciales, debido a que no fueron atendidas “en tiempo y forma (debidamente fundamentadas) algunas de las observaciones y peticiones hechas por la ciudadanía en el período de la consulta”.

Finalmente, señala, se autorizaron asentamientos humanos “en zonas de recarga de acuíferos y en cauces de arroyos”. No se tomaron en cuenta los microsistemas ecológicos en cuanto a flora nativa y corredores de fauna, y “se modificó la poligonal del área protegida del bosque”.
Recurren a la ASEJ

Con base en estos resultados de las comisiones del Congreso local, en el acuerdo 207/04 se solicitó a Arturo Zamora Jiménez tres cosas: la revisión de los planes parciales vecinos al bosque, la suspensión de las obras de urbanización otorgadas con base en el Plan ZPN-9/13 Pinar de la Venta, así como el análisis de los actos de la administración que lo antecedió, con la intención de comenzar procedimientos de responsabilidad administrativa, en caso de ser necesario.

El 31 de mayo de 2004, Zamora Jiménez dio contestación al Congreso, indicándole que de momento no tenía elementos para una suspensión de las obras en el plan citado, pues no existía ninguna intervención del Tribunal de lo Administrativo. Y sobre el análisis de los actos de los servidores públicos, respondió:

“El Ayuntamiento no tiene facultades para cumplir la petición de iniciar el procedimiento de fincar responsabilidades a los funcionarios que hubieran incurrido en alguna falta”.

La Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos, “ante la poca respuesta y el gran desinterés” que encontró en la autoridad municipal, presentó el 14 de octubre de 2004 una nueva iniciativa para que fuera la ASEJ quien investigue los planes. Sin embargo, permaneció sin dar cumplimiento a la instrucción del Congreso del Estado.

Manuel Villagómez Rodríguez, hoy regidor de Zapopan y quien formó parte de la Comisión de Medio Ambiente como diputado, buscó en los últimos días del año 2007 al auditor superior para conocer los resultados de la investigación. Entonces se enteró que la ASEJ no había cumplido con la auditoría especial del acuerdo legislativo 1071/05, la cual ya está próxima a dar comienzo. Sólo resta que el Ayuntamiento de Zapopan entregue toda la documentación solicitada.

Pedirán urgencia ambiental en El Salto

El senador priista afirmó que es un tema que ya no pueden resolver ni los municipios ni el gobierno del estado. Sonia Serrano – PÚBLICO La solución a los problemas de contaminación del río Santiago, a su paso por los municipios jaliscienses de El Salto y Juanacatlán, ya rebasó las posibilidades de los ayuntamientos y del propio estado, por lo que es necesario que a escala federal se declare emergencia ambiental, señaló ayer el senador por Jalisco Ramiro Hernández García. En entrevista, el legislador federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que este mes llevará el tema a la tribuna de la Cámara de Senadores, en virtud de que la Comisión de Medio Ambiente no actuó sobre el tema. Hernández García recordó que ya se había presentado un punto de acuerdo para que se integrara una comisión de senadores que hiciera una visita a la zona y “pudieran corroborar los daños ambientales que existen”. La iniciativa corrió la suerte que tienen normalmente estas propuestas: se turnó a la comisión respectiva, que tendría que pedir información a las autoridades estatales y ambientales y posteriormente integrar un pronunciamiento. El proceso ni siquiera se ha concluido porque las dependencias no han respondido. Ramiro Hernández dijo que no está satisfecho con el trato que se dio al punto de acuerdo, por lo que este mes insistirá en la tribuna que se tienen que realizar los estudios necesarios para que esa zona se declare emergencia ambiental. El senador priista afirmó que es un tema que ya no pueden resolver ni los municipios ni el gobierno del estado, por lo que sólo mediante la declaración se puede obligar al gobierno federal a que lo considere una prioridad, “por los daños que se han causado y por los niveles de contaminación y la afectación a la población”. Afirmó que tiene que darse un rescate urgente del río y solucionar todos los problemas que generan su contaminación. La contaminación en el río Santiago es generada por las descargas industriales de empresas que vierten sus aguas sin tratar, de manera ilegal; por el paso de una parte de las aguas negras que genera la zona metropolitana y por el escurrimiento de lixiviados del basurero de Guadalajara, entre otros aspectos.

Critican al Patronato de Colomos

Los integrantes del comité pedirán retomar la obligación de que el bosque cuente con un patronato que sea organismo público y no un órgano descentralizado, como actualmente ocurre. Dolores Resendis - PÚBLICO Integrantes del Comité Pro Defensa del Bosque Los Colomos visitarán hoy al alcalde Alfonso Petersen Farah, para solicitarle la anulación del reglamento del Patronato Bosque Los Colomos, aprobado apenas el 21 de septiembre. De acuerdo con ellos, el documento no obliga al estricto control de parte del gobierno municipal para administrar lo relativo a los bienes naturales, situación por la que se han perdido algunos predios, como el área del bosque junto a la entrada por la calle Torreón. En la propuesta que presentarán en la reunión prevista para hoy a las 10:00 am, los integrantes del comité pedirán que el pleno tapatío solicite al Congreso del Estado que busque la creación de una iniciativa de ley donde obligue a los gobiernos municipal y estatal a salvaguardar las especies naturales, pero, además, retomar la obligación de que el bosque cuente con un patronato que sea organismo público y no un órgano descentralizado, como actualmente ocurre. Los integrantes del comité le recordarán al primer edil tapatío cuál fue la intención principal de la creación de un patronato en 1988: “Tenía dos finalidades: allegarse de recursos y recaudaciones particulares y administrar los ingresos del parque que el ayuntamiento les daba. Ahora el parque está mutilado, intentan permitir la entrada de un proyecto inmobiliario”, opinó Jorge Martín del Campo, uno de los miembros del grupo. El patronato también lo integran representantes de clubes privados. Por ello, una de las quejas del comité es que el área del bosque que correspondía a la superficie zapopana ya ha sido entregada a algunos de los representantes de los clubes privados, lo que pone en riesgo el resto de los terrenos.

La Profepa hará inspecciones en La Primavera por anomalías

Según Díaz Morales, La Primavera fue definida como zona prioritaria de inspección de la Profepa en el estado.

Agustín del Castillo - PÚBLICO

La delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció ayer que esta semana hará un “peinado” al área natural protegida bosque La Primavera, entre otras cosas, para inspeccionar el camino en la zona de río Caliente, presuntamente abierto por un particular sin permisos ambientales.

Juan Carlos Díaz Morales, vocero de la dependencia, dijo que, con base en los elementos de la publicación aparecida ayer en este diario, se tratará de localizar el predio donde todavía la maquinaria realiza obras en medio del bosque, y se revisará la legalidad de las obras que, según los vecinos, están sustentadas en recursos aportados por el Ayuntamiento de Zapopan, pero sin permisos de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo forestal emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Según Díaz Morales, La Primavera fue definida como zona prioritaria de inspección de la Profepa en el estado.

El ayuntamiento aportó recursos vía el Coplademun (Comité de Planeación Municipal), pero sin trámites resueltos de la autoridad federal. Esto motivó que los vecinos denunciaran los hechos, pues la máquina abrió brecha en una pendiente pronunciada y existe riesgo de que se incremente la erosión, además del daño al paisaje.

El predio es de la familia Pedroza, que desde años atrás ha pugnado por licencia para esa obra, a pretexto de facilitar el combate de incendios; los caminos generan un alto impacto en las zonas boscosas y por eso no se pueden autorizar sin ton ni son. La construcción llevará a una parte del terreno donde se harán unos baños y podrían construir cabañas.

Por tratarse de un área natural protegida, la autoridad responsable debe correr las notificaciones a la institución que se encarga del gobierno de la reserva; sin embargo, en los últimos meses ha habido una creciente desvinculación entre el gobierno estatal vía la Secretaría de Desarrollo Rural, los ayuntamientos, el gobierno federal vía la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la propia dirección ejecutiva.

Si la apertura del camino no cuenta con autorización federal, deberá ser clausurada.

En San Blas, buscan playa pública y pesca bajo control

Una ley estatal de pesca obligará a regular a los camaroneros de Sinaloa

Además del turismo masivo y de baja calidad ambiental, a los ecologistas de San Blas les preocupa todo el negocio del camarón.

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Mantener el acceso público a las playas —en peligro bajo los esquemas privatizadores que trae Riviera Nayarit—, controlar los excesos de la pesca comercial del camarón y regular la producción del crustáceo bajo cultivo en los esteros, son objetivos que se han trazado los miembros del Grupo Ecológico Manglar.

“Vamos a defender lo que es de nosotros, lo que es de todos; o sea, tradicionalmente, ir a la playa, para la gente de Tepic o la de Guadalajara, aquí a San Blas, es algo importante, y debemos cuidar que se pueda seguir dando. Por otro lado, imagina que los inversionistas compren todo lo que está alrededor de La Tobara, pues ahí se van a chupar toda el agua porque hasta ahora no hay frenos; nosotros estamos pidiendo que se respeten lugares estratégicos, la selva, el manglar, los palmares, los manantiales, los arroyos, y por supuesto las playas… eso no se negocia”, dice Juan Francisco García Rodríguez, popularmente conocido como Juan Bananas.

Pone en relieve que aun en la actualidad, con todo un historial de daños a cuestas, “somos suertudos en el aspecto del medio ambiente, porque todavía hay muchísima agua, mucha vida, mucha comida, muchos árboles […] estamos todavía en el paraíso”.

Señala que, si bien el Ayuntamiento de San Blas fue el único que se inconformó con las reformas a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de Nayarit, aprobadas fast track por el Congreso del Estado entre el 23 de agosto y el 1 de septiembre de 2007 (Público, 3 de febrero de 2008), si ganan la controversia constitucional 81/2007 (ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación), sus efectos se extenderían a todos los municipios donde ahora prevalecen los grandes intereses desarrollistas, razón que explica “la prisa que se están dando” para aprobar desarrollos a nivel de ayuntamientos, pese a las graves violaciones al equilibrio ambiental que entrañarían.

No obstante, García Rodríguez subraya que “lamentablemente [el desahogo de la controversia] puede tardar mucho, y de ahí el silencio del gobernador [Ney González Sánchez], que a toda costa está tratando que esto no salga a la luz pública; pero, por otro lado, han llegado a San Blas los mismos inversionistas del sur [Bahía de Banderas y Compostela], y como ven que aquí no se puede lograr eso que buscan, se van rápido”.

Además del turismo masivo y de baja calidad ambiental, a los ecologistas de San Blas les preocupa todo el negocio del camarón.

“La pesca ha disminuido notablemente; cuando yo llegué, hace 37 años, San Blas tenía poco más de dos mil habitantes y pescábamos en un lance de diez a quince kilos, y ahora no sacas más de dos kilos y tenemos como trece mil personas […] Esto demuestra que ha bajado la productividad de los esteros, que además fueron dañados por la presa Aguamilpa, que bajó el aporte de sedimentos y nutrientes que traía el río; luego se abrieron muchas granjas de camarón, hay más de 20 en la actualidad, y por si fuera poco, unos 200 barcos camaroneros de Sinaloa sacan con redes de arrastre, prohibidas por la ley, el camarón en el mar, y se llevan todo…”.

La esperanza es hacer la versión estatal de la Ley de Pesca, en la cual se prohibirán los abusos tanto en el manglar como en la costa, puntualiza.

Ignora Semades área protegida en Los Colomos

La secretaria del Medio Ambiente negó que el predio sea área protegida, aunque el Congreso dio esta categoría a todo el bosque metropolitano.

Para el Poder Legislativo de Jalisco, el bosque Los Colomos, en sus tres secciones, es Área Natural Protegida. Para el Poder Ejecutivo no es así

Esperanza Romero - PÚBLICO

El predio Charcos Azules, ubicado en Colomos III o El Polvorín, tiene nuevos dueños, quienes han echado a andar estrategias jurídicas para construir un edificio en la zona, rica en manantiales, haciéndose valer del cambio de uso de suelo que en forma indebida otorgó la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano de Zapopan (CTDU) en la pasada administración, y la ayuda de la propia Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades).

“El predio antes mencionado no se localiza dentro de una zona de protección de recursos naturales, ni existe decreto alguno que establezca una regulación distinta a la que contempla del Plan Parcial de Desarrollo”, informó Martha Ruth del Toro, la secretaria estatal del Medio Ambiente, al representante de los nuevos propietarios hace cinco meses.

No obstante, el Poder Legislativo de Jalisco acordó el 11 de octubre de 2005 que se decretara como Área Natural Protegida la zona del bosque Los Colomos, en sus tres secciones.

Este diario tiene copias de las gestiones realizadas por Gabriel Gallo Álvarez, secretario general del Congreso en la LVII Legislatura, quien informó a Francisco Ramírez Acuña, entonces gobernador, acerca de la aprobación del acuerdo 1232/05, en que se le solicita “se promuevan y lleven a cabo las acciones necesarias para que se emita el decreto de declaratoria de Área Natural Protegida para la totalidad del polígono que contiene la zona del Bosque Los Colomos, lo que implica sus secciones I, II y III, esta última también llamada como Arroyo de la Campana”.

El 18 de octubre de 2005, Alfredo Rocha Muñoz, subsecretario de Asuntos Jurídicos, comunica por escrito a Gallo Álvarez que se solicitó a la Semades y a los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara la información y documentación necesarias “para poder resolver en consecuencia a lo planteado por esa soberanía”. Firmó el oficio en ausencia temporal del secretario general de Gobierno.

El terreno en cuestión hace un año fue devuelto por el gobierno del estado a la empresa que en marzo de 2005 lo vendió a sobreprecio (ver aparte). Luego pasó a una constructora, que hizo el trámite para el cambio de uso de suelo y, a su vez, vendió a los actuales desarrolladores.

Efecto dominó

El gobierno del estado compró el terreno para permutarlo por un edificio del Poder Judicial Federal para la edificación del Palacio de Justicia, proyecto que no prosperó, porque los legisladores consideraron que la zona debe ser protegida y más de 30 colonias se opusieron a su urbanización, entre otras razones.

Para limpiar la operación y resarcir el daño al erario, porque se pagaron 41 millones de pesos de más, según avalúos, la compraventa fue rescindida, sin que el Congreso se enterara, pero se compensó a la empresa que regresó el dinero (con factor de actualización) con la devolución del mismo terreno, aunque pero en condiciones diferentes y con valor superior, ya que se podría construir allí vivienda vertical.

La CTDU de Zapopan, que era presidida por Ismael Orozco Loreto, presidente municipal, autorizó un cambio de uso de suelo a fin de construir vivienda de alta densidad, con la posibilidad de edificar torres de departamentos de 26 pisos. Esto, a pesar de que contraviene el Plan Parcial de Desarrollo y que la Dirección de Obras Públicas Municipales dictaminó la improcedencia del trámite por ser una zona de recarga de mantos acuíferos.

A petición de Jesús Casillas Romero, coordinador del PRI en el cabildo, se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en el pleno en mayo de 2007, para que no se otorguen permisos ni licencias en la actual administración. Es una especie de congelamiento de trámites, en tanto que la comuna promueve un juicio (de lesividad) ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) para que se decrete la nulidad del cambio de uso de suelo aprobado por la CTDU.

Un cambio de uso de suelo, que fue aprobado en Zapopan, complicó la situación del terreno.

Con la confianza puesta en el oficio 303/2774/2007 firmado por Del Toro Gaytán el 8 de agosto pasado, del que Público tiene copia, Alejandro Báez Meza, promovió ese mismo mes un juicio de nulidad ante el TAE, que cayó en la Primera Sala Unitaria, y su titular concedió la suspensión para que Central Park Residences, empresa que acreditó la propiedad del predio, pueda hacer los trámites para la construcción.

Horacio León Hernández, presidente de la Primera Sala Unitaria, corroboró que en agosto de 2007 la empresa impugnó la negativa de Zapopan para otorgar el alineamiento y número oficial solicitado respecto al predio Charcos Azules, y contra la disposición emitida para que la Dirección de Obras Públicas se abstuviera de expedir cualquier permiso en la zona.

Consultado sobre su fallo, el juzgador fue claro al señalar que actuó con base en los documentos presentados por los actores y con el derecho de éstos de obtener una medida cautelar para evitar “la consumación de los actos y daños y perjuicios de difícil reparación”. “Para acreditar y obtener la medida cautelar, cualquier actor debe tener el interés jurídico, y se acreditó con el título de propiedad y un dictamen de Semades”, que influyó en la decisión de otorgar la medida cautelar.

“Si el motivo determinante con que se emitió ese acuerdo del ayuntamiento, que además se instrumentó por la Dirección de Obras Públicas, fue la serie de elementos que apuntaban que había una violación a disposiciones ambientales, cuando se presenta esta demanda se adjunta como prueba de carácter documental público, donde se señala en forma categórica que el predio en cuestión no se localiza en zona de protección de recursos naturales”.

Esa determinación de la autoridad administrativa, dijo, dio un elemento jurídico suficiente “para decretar una medida cautelar en el sentido de que no se impidiera la continuación de los trámites”.

No obstante, en la entrevista, aclaró que el tema de fondo en el juicio no tiene que ver con las cuestiones ambientales, sino con el acuerdo aprobado por el pleno municipal “para inhibir la consecución de un trámite”.

—Si al final, al acreditarse que la zona sí es de protección ecológica y usted resuelve que el punto de acuerdo es legal, ¿habría que demoler lo que construyan en Charcos Azules?

—Sí. La Ley de Desarrollo Urbano prevé medidas hasta de esa naturaleza.

—Entonces los desarrolladores correrían ese riesgo.

—Por supuesto: todos los constructores que fincan el desarrollo urbanístico en una tramitología previa deben saber y estar ciertos de que está apegada a las normas aplicables.

León Hernández otorgó la suspensión el 14 de septiembre de 2007. El ayuntamiento presentó el recurso de reclamación contra la medida cautelar concedida y el pleno resolvió hace unos días en forma adversa a los propietarios del predio, de tal forma que fue revocada.

Las partes están por ser notificadas.

El TAE ya echó atrás la suspensión que permitía construir

Los magistrados sí fallaron con base en el decreto a favor del bosque Los Colomos. La decisión manda mantener detenidos los permisos de construcción.

Esperanza Romero - PÚBLICO

El pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) revocó la suspensión otorgada por la Primera Sala Unitaria a favor de la empresa Central Park Residences para que pudiera tramitar los permisos correspondientes para construir en el terreno Charcos Azules, ubicado en Colomos III.

Así, se mantiene la decisión de los ediles zapopanos de suspender la expedición de permisos de edificación en la zona, que, se supone, la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) declararía área de protección ecológica.

El Ayuntamiento de Zapopan presentó un recurso de reclamación respecto a la suspensión otorgada, toda vez que, en sesión de pleno del 11 mayo de 2007, los regidores aprobaron un punto de acuerdo para que la Dirección de Obras Públicas de la comuna se abstenga de expedir licencias y cualquier autorización o acto jurídico tendiente a la construcción en el predio, ubicado en avenida Patria sin número, esquina Manuel Longuín, en el fraccionamiento Atlas Colomos, “con motivo de que el polígono en que se ubica se encuentra en estudio por parte de la Semades para ser declarado Área Natural Protegida”.

Los magistrados señalaron que, conforme al acta del pleno del Ayuntamiento de Zapopan, cuyo acuerdo se aprobó por unanimidad de votos, se trata de un acto prohibitivo o emitido en sentido negativo, “en cuanto a que impone una prohibición o abstención de conceder permisos, licencias o autorizaciones para realizar obras de construcción”, y el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido claro en cuanto a que las suspensiones en estos casos no proceden.

También se da cuenta de que el 11 de octubre de 2005 el Legislativo aprobó que se extendiera la declaración de Área Natural Protegida en las tres secciones de Los Colomos.

“Los magistrados que esto resuelven concluyen que ha lugar a revocar el acuerdo recurrido, emitido por la Primera Sala Unitaria dentro del juicio administrativo 153/2007 con fecha de 14 de septiembre del año próximo pasado, ya que, tal como lo arguye la autoridad demandada [...], el acto impugnado en el juicio de nulidad resulta ser un acto negativo, y, por tanto, su naturaleza impide que proceda la medida cautelar en cuestión”. Se trata del expediente de pleno 6664/2007, que fue remitido a la Secretaría General para su engrose.



- Claves
Historia de un terreno

• En marzo de 2005, el gobierno del estado adquirió 23,445 metros cuadrados de terreno en las inmediaciones del Club Atlas, en el bosque Los Colomos, tercera sección, también conocido como Colomos III o El Polvorín

• Pagó 98 millones 471,604 pesos por el predio, denominado Charcos Azules, que se ubica en una zona de recarga de agua del bosque

• El Ejecutivo pagó el metro cuadrado de terreno, sin urbanizar y sin servicios, a 4,200 pesos, cuando su valor, de acuerdo con avalúos oficiales, era de 1,125 y 1,600 pesos por metro

• Unió la superficie con un terreno de 16,554.3 metros para ofrecer “una unidad topográfica” de 40 mil metros cuadrados para la construcción del Palacio de Justicia Federal

• El plan era ofrecer el terreno a cambio del edificio de la ex glorieta Colón, pero el Congreso no autorizó la permuta

• En junio de 2007, Público informó que en una operación “inusual”, el gobierno del estado “rescindió” las escrituras respectivas a la compraventa irregular y a sobreprecio de Charcos Azules. Según algunas voces, la operación al parecer fue orquestada para librar de cualquier responsabilidad a Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco (a esa fecha secretario de Gobernación del gobierno federal), y Héctor Pérez Plazola, ex secretario general de Gobierno y senador jalisciense por el Partido Acción Nacional (PAN)

• El predio regresó a manos de Consorcio Agroindustrial Camapef, pese a que esta empresa entró en proceso de liquidación un mes después de que se realizó la compraventa original

• Una semana antes de que el gobierno del estado firmara el convenio de colaboración con Consorcio Agroindustrial Camapef para rescindir las escrituras, un particular (del Grupo Braico) hizo la solicitud a la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano de Zapopan (CTDU) para construir edificios de departamentos

• Apenas una semana después, la respuesta fue favorable, a pesar de que la Dirección de Control de Ordenamiento Territorial de Zapopan emitió un dictamen en que declara improcedente tal petición
• Fuente: Centro de Documentación de Público

Alistan terreno para edificar Los Colomos

El Informador

 

GUADALAJARA, JAL.- Los preparativos para construir un complejo habitacional con capacidad para 40 viviendas en las inmediaciones del Bosque Los Colomos, dieron comienzo.

 

En el terreno ubicado en Retorno al Torreón 1815 –que colinda con la masa arbórea– se puede apreciar maquinaria pesada que ha iniciado con excavaciones ligeras y movimientos de tierra, situación que ha provocado la molestia generalizada de la asociación vecinal de Colinas de San Javier, que el

pasado sábado reunió a 70 colonos para tomar cartas en el asunto.

 

María García, integrante de dicho grupo, explicó que durante la asamblea se tomó la decisión de integrar una comisión que se encargará de promover un amparo ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE).

 

Precisó que en caso de que el Ayuntamiento no muestre disposición para frenar la construcción en el bosque, los colonos tomarán las medidas necesarias para que el Gobierno municipal tome en cuenta su opinión.

 

Cuestionó la pasividad con la que ha actuado el Ayuntamiento de Guadalajara para defender el Área Natural Protegida del Bosque Los Colomos, pues señaló que hasta el momento las acciones prometidas por el alcalde tapatío, Alfonso Petersen Farah, no se han cumplido.

 

Explicó que desde hace dos semanas, las personas que se ostentan como dueños legítimos del terreno obtuvieron una sentencia favorable en la cual acreditan la propiedad del predio.

 

Dijo que la inmobiliaria que promueve el desarrollo ha solicitado a la asociación vecinal de Colinas de San Javier, que se encargue de los servicios públicos como el agua y el aseo. No obstante, advirtió que el organismo no respaldará el complejo hasta concluir los procesos legales que emprenderán en contra de la construcción.

 

Al interior de la asociación vecinal existen fuertes sospechas de que el regidor tapatío, Juan Pablo de la Torre Salcedo "defiende sus propios intereses", pues recientemente adquirió una propiedad contigua al lugar donde se pretende edificar.

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Denuncian cocas de Mezcala invasión de territorio y desprecio de las autoridades a sus tradiciones

Acusan a Guillermo Ibarra Moreno de haber construido en la isla una casa de descanso

Los proyectos turísticos del gobierno amenazan la historia de la comunidad, advierten

Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO

¿De qué tamaño es el miedo y el desprecio que obligan a electrificar una cerca que rodea 10 hectáreas, o a sembrar algunos kilómetros de brecha con puños de clavos que impidan el acceso de camiones y camionetas? Desde la cima del cerro El Pandillo, en la comunidad indígena de Mezcala, alrededor de 20 trabajadores al servicio del empresario Guillermo Ibarra Moreno, acusado de invadir territorio de los cocas de la región, observaron cómo a pesar de los obstáculos llegaban quienes se dieron cita en un claro del bosque para denunciar públicamente el despojo que se está dando en la región.

La convocatoria se envió desde diciembre pasado a los miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI), a pueblos y comunidades indígenas, medios de comunicación y a la sociedad civil; la intención era construir "un espacio de discusión, análisis y denuncia de los actores y promotores de las invasiones". Uno de los acusados sería Ibarra Moreno.

Desde las 10 horas los asistentes al encuentro comenzaron a llegar a la plaza de Mezcala, los miembros del CNI habían trabajado la noche anterior, el Comisariado de Bienes Comunales ya tenía listas las camionetas para subir a El Pandillo el agua y la comida para ofrecer a los asistentes.

Salir del pueblo, cruzar la carretera y subir por una brecha de 3 o 4 kilómetros. La avanzada sufrió las primeras dificultades, las "minas" de clavos tronaron la llanta de una camioneta. Se tuvo que ir limpiando el camino para que los demás lograran llegar.

Punks, anarquistas, estudiantes, miembros de organizaciones civiles, indígenas, mestizos, académicos, hombres, mujeres, jóvenes, niños y viejos, más de un centenar llegó a la cita.

Trescientos metros de una empinada brecha separaban la entrada del terreno en litigio, donde Ibarra Moreno construyó una casa de descanso, y la sombra del árbol donde se llevó a cabo el encuentro.

Desde el viernes primero de febrero una llamada anónima a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) denunció que los pobladores de Mezcala llegarían armados y entrarían por la fuerza al predio que reclaman el comunero Crecenciano Santana Sánchez y el empresario; el hecho movilizó a un par de elementos de la corporación para investigar y documentar el caso. La gente armada estaba tras la cerca eléctrica, en la "propiedad privada".

El comandante José Luis Estada Betancourt explicó que la SSP sólo estaba al pendiente de que las cosas no pasaran a mayores, pero hizo notar la ausencia de la policía municipal de Poncitlán.

Abajo el encuentro comenzaba y una mujer tomaba la palabra: "actualmente en nuestra comunidad, con la introducción de la carretera, que si bien ha venido a facilitarnos tiempo y trabajo, también hemos visto que ha sido la carretera la columna vertebral del monstruo capitalista, pues con ella se ha empezado a desatar un gran interés por nuestro territorio, osea que hasta ahora comprendimos que la carretera no fue hecha para nosotros, sino que era para un gran proyecto turístico".

Los cocas de Mezcala explicaron lo que han denunciando desde hace tiempo: el Ayuntamiento de Poncitlán ignora a sus autoridad tradicional, la Asamblea General de Comuneros, cuando se trata de decidir sobre el territorio y su destino.

Recordaron el caso de la concesión de la Isla (donde el INAH restaura monumentos históricos) y el plan de crear un organismo descentralizado para administrarla; mencionaron el conflicto con cientos de motociclistas que con permiso del Ayuntamiento entraron en el bosque y fabricaron pistas de competencia; hablaron del problema territorial con Ibarra Moreno, que ya se dirime en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XVI.

"Hay una historia de desprecio y ahora que ven el dinero en las tierras de Mezcala es que quieren componerlo poniendo carreteras, restaurando la isla y pintando nuestro pueblo, promocionándolo como un lugar turístico, pero nomás no saben qué van a hacer con el pueblo y su historia, nuestra historia", reprochó.

Dejaron en claro que no se oponen a todo lo que signifiquen mejoras para la comunidad, pero también dejaron de manifiesto sus fundadas sospechas sobre las intenciones de los gobiernos.

"Los funcionarios del INAH, Secretaría de Cultura y Turismo, junto con el Ayuntamiento de Poncitlán, informaron que a raíz de la restauración de la isla, el progreso va a llegar a Mezcala, que vamos a poder vender agüitas o refresquitos, pero eso sí, aclararon que los chayoteros o pescadores que trabajan en la isla van a poder ser jardineros o vigilantes, que el INAH, la Secretaría de Cultura y Turismo, y el Ayuntamiento de Poncitlán están en la mejor disposición de administrar el patrimonio", señaló.

Los cocas de Mezcala están convencidos de que es importante que se conozca su historia, una de las más dignas, pero quieren que se reconozcan dos cosas: que el pueblo es el dueño de la isla y que nadie tiene que pagar por conocerla.

Durante la reunión hicieron referencia al problema territorial en El Pandillo, que se litiga desde 1999 e implica 10 hectáreas de tierra comunal que –aseguran– es para uso de toda la comunidad según los estatutos de la Asamblea de Comuneros, por lo que nadie puede aparcelarla o construir dentro de ella, como acusan lo ha hecho el empresario Guillermo Ibarra Moreno.

"Ellos invaden esta área de uso común de la comunidad que además es área forestal, su invasión es evidente, sólo hay que voltear al cerro; ahora hay que esperar a que el Tribunal Agrario 16 vea lo mismo que nosotros: que voltee al cerro y vea la mansión que han construido dentro de nuestro territorio sin ningún permiso o compra de terrenos a nuestras autoridades", continuó.

En el encuentro se hizo una denuncia sobre el Plan de Desarrollo Urbano de Mezcala, que según la comunidad nunca ha sido consultada con los pobladores y la autoridad tradicional; también se mencionó que la Ley Estatal Indígena no es clara con la forma en que determina quién es indígena y quién no.

"La actual Ley Estatal Indígena desconoce a Mezcala como comunidad indígena coca, aún no sabemos cuáles son sus requisitos para definir quién o quiénes son indígenas", dijo.

Ante todo dejaron en claro que, al igual que los más pobres del país, quieren salud, educación, trabajo, techo, tierra: "eso es para nosotros el progreso del pueblo, no un centro turístico administrado por personas ajenas a la comunidad".

Observadores por naturaleza, los cocas de Mezcala se cuestionaron sobre lo sucedido en Ajijic o Chapala, donde el mismo pretexto del progreso dejó pobres y sin tierra a sus habitantes, que ahora tienen que trabajar para los ricos y extranjeros que llegaron a comprar el territorio.

"No estamos contra el progreso señores, como nos dice el empresario o el gobierno, queremos un progreso que nos incluya; que se hagan los hoteles, los restaurantes, las cabañas, todo, pero que nosotros seamos los dueños, no los criados", sentenció.

El encuentro finalizó haciendo un recordatorio que lo que está sucediendo en Mezcala se replica en muchas otras comunidades indígenas del estado y el país.

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Enferma zona agrícola agua contaminada

Abastece la Conagua con líquido de mala calidad a la zona rural de Juanacatlán y Zapotlanejo

 

Sergio Hernández - MURAL 

 

A Jesús Álvarez López, un viejo hombre de campo que trabaja sus tierras en Juanacatlán, se le murieron cinco becerros en los últimos dos meses.

No investigó a nadie, la causa es muy clara o mejor dicho, muy turbia. Son las aguas putrefactas que entrega la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por el Canal La Aurora, para que los campesinos siembren en la zona rural ubicada en los límites de Juanacatlán y Zapotlanejo.

La cantidad de aguas negras, que va a sembradíos y abrevaderos del Módulo de Riego La Aurora, es de 9 mil millones de litros cada año, equivalentes al contenido de 450 millones de garrafones de 20 litros.

Como a don Jesús, estas aguas envenenadas provenientes del Río Santiago se le entregan a otros 271 agricultores que en total siembran mil 606 hectáreas de parcelas de maíz, trigo, avena y sorgo. El negocio de las hortalizas se acabó, usar esta agua pone en serio riesgo a la población.

"Antes aquí era un brincadero de ranas, aquí las agarraba y ahora nada, ahora viene el agua de otro color y a veces viene con olor a gasolina, a petróleo, aceite. Hay veces que echamos agua al barbecho y no nos deja siquiera zacate", lamenta don Jesús, quien a sus 80 años es el encargado de hacer producir 30 hectáreas de cultivos.

"Eso contamina el hígado del ganado que se va secando y se van muriendo. Ahorita llevo cinco becerros que se me han muerto. En las aguas no pasa eso porque toman pura agua buena".

La degradación del Río Santiago se percibió casi de manera inmediata a la creación de la zona industrial de El Salto, promovida por el Gobierno federal en 1967.

"Me acuerdo que entonces ya venía el pescaderío con la pancita para arriba por el agua, de pura química. Ya no nos los podíamos comer", lamenta el agricultor que inicialmente se dedicaba a la pesca.

El representante regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Raúl Antonio Iglesias Benítez, señala que el agua del Río Santiago se puede usar, de acuerdo con su clasificación, para la agricultura en cultivos de tallo largo, donde el fruto no tiene contacto directo con el líquido.

Agregó que en la dependencia federal no están obligados a entregar a los agricultores agua de buena calidad.

"Lo que yo hago es darte el líquido de concesión, tu puedes explotar esta agua, pero si trae algún elemento que a ti no te conviene para tu proceso productivo o para abastecimiento público urbano, es tu responsabilidad quitárselo. Yo te doy la concesión por el volumen y por el uso", dijo.

En este caso, comentó que los agricultores podrían poner una pequeña planta de tratamiento antes de regar con ella.

"Una pequeña planta de tratamiento y esto no quita los trabajos que se están haciendo en toda la cuenca alta y media de esta parte del Río Santiago, para mejorar sustantivamente la calidad del agua".

El funcionario no abundó en la imposibilidad que tiene la dependencia, con sólo seis inspectores, para vigilar que las empresas no contaminen el agua de los ríos y arroyos de Jalisco.


Lo diagnostican río insalubre

El Río Santiago recibe desde su origen, en el Lago de Chapala, y también desde el Río Zula, 217 descargas de aguas residuales, de las cuales 46 son de tipo industrial, 28 mixtas, 119 residuales municipales, 16 de origen pecuario, sobretodo de granjas porcícolas, y 8 son de pluviales.

El estudio fue realizado por la empresa AyMA Ingeniería en el 2006, por encargo del Gobierno de Jalisco ante los cuestionamientos por el proyecto de construcción de la Presa de Arcediano, precisamente sobre el contaminado Río Santiago.

Entre las conclusiones obtenidas fue que la población de Zapotlán del Rey debería tener planta de tratamiento, que las granjas porcícolas ocasionan un severo impacto en los ríos Santiago y Zula, que hay una fuerte contaminación generada por siete empresas tequileras y 11 instalaciones industriales.

De las 217 descargas se analizaron 24 en un laboratorio, resultando que de ellas había una descarga "toxicidad aguda elevada" de la empresa Porcícola Genpro.

También se presentaron seis descargas con "toxicidad aguda significativa" producto de las empresas Quimikao, Ciba, Rancho Alegre, y tres fabricas de tequila; mientras que se encontraron nueve descargas con "toxicidad aguda moderada", entre ellas los lixiviados que genera la empresa Caabsa, las descargas municipales de Atotonilco, y las de las empresas Sach's Boge, Agydsa, Santorini y una granja porcícola.


Riesgos a la salud

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua realizó un estudio, encabezado por Olga Xóchitl Cisneros Estrada, para verificar la productividad y riesgos a la salud que implican la utilización de aguas negras en la agricultura.

Sólo se analizaron hortalizas que fueron regadas con agua residual tratada, residual cruda, y agua limpia. Hubo un incremento en la producción usando aguas residuales.

El fósforo y el nitrógeno de las aguas residuales ayudaron a las plantas a tener un mejor crecimiento.

La producción fue mejor con aguas residuales, tratadas y sin tratar.
La presencia de elementos patógenos para el ser humano en hortalizas regadas con aguas sin tratar pone en riesgo la salud de la población por la alta presencia de coliformes fecales.

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Irregularidades en el Bosque Los Colomos

Hay pagos y servicios dobles entre funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara, según revela su sitio web

El director del bosque cobra en éste y como asesor en el municipio tapatío. Regidor panista mantiene concesión de cafetería que ganó hace dos años.

Dolores Resendis - PÚBLICO

Irregularidades, criterios poco claros e incongruencias en los pagos a directivos del Bosque Los Colomos, son evidenciados en los portales de información pública del Ayuntamiento de Guadalajara.

Una de las anomalías la encabeza David Gutiérrez Champion, director del Bosque Los Colomos. En la página web del organismo (www.bosquecolomos.org.mx) su nombre aparece en el cargo directivo, con un salario de 30 mil pesos mensuales, bajo el rubro de honorarios profesionales.

Pero el nombre de Gutiérrez Champion también aparece en la nómina publicada por el Ayuntamiento de Guadalajara, pero con un puesto diferente al primero: asesor de regidor. Ahí percibe un salario de 6,579 pesos quincenales o 13,158 mensuales.

Según la relación de pagos, Gutiérrez Champion todavía cobró esa suma el 15 de enero pasado, y aunque el municipio ya pagó la nómina del día último de enero, ésta aún no está publicada en la página de Internet del ayuntamiento tapatío.

Gutiérrez Champion ocupa el cargo de director general del Bosque Los Colomos desde hace seis meses, tiempo en el que también ha cobrado como asesor de regidor en el municipio, según los datos de la nómina en la página www.guadalajara.gob.mx.


Sobre el tema, el presidente del Patronato del Bosque Los Colomos, Oscar Cordero Viramontes, dijo ayer que desconocía que el director general aparece cobrando dos salarios por distintos cargos dentro del ayuntamiento; lo que, subrayó, a todas luces supone una situación irregular que impediría la ratificación de Gutiérrez Champion en el puesto de director general de Los Colomos.

"No estaba enterado, pero él [Gutiérrez Champion] está por contrato por tiempo definido, pero no tiene base. Lo que nosotros estamos viendo es que ya debe tener la base porque es el representante legal de todo, pero si estuviera en esa situación, eso no podría ser", apuntó Cordero Viramontes.

El propio presidente del Patronato, aunque cuenta con un cargo honorario, es también empleado del ayuntamiento tapatío, con una percepción de alrededor de doce mil pesos mensuales, como Jefe "A" de la Dirección de Parques y Jardines.

Cordero Viramontes confirmó que es funcionario público, pero aclaró que no existe una irregularidad, ya que al no cobrar como presidente del Patronato, no está duplicando funciones.

Explicó que su puesto es como secretario técnico del Consejo Consultivo de Medio Ambiente, cargo que asegura cumple diariamente, al contrario del puesto como Presidente del Patronato, al que sólo acude en ciertas ocasiones, ya que su presencia no es obligatoria.

Otro dato que llama la atención es la concesión que el Bosque Los Colomos mantiene con el regidor panista Juan Pablo de la Torre Salcedo, quien de acuerdo con la página del bosque, administra una cafetería y snack en el quiosco cercano al lago de las aves.

La concesión le fue otorgada desde 2005, fecha en la que De la Torre Salcedo no era regidor; no obstante, conservó la administración de la cafeteria tras ocupar el puesto de edil, según refiere la relación de concesiones en el bosque durante 2007, publicada en el mismo sitio web.

Sobre este asunto, el presidente del Patronato defendió la posesión de De la Torre Salcedo, ya que la obtuvo cuando no pertenecía al ayuntamiento y porque fue quien ofreció la mejor propuesta de arrendamiento del lugar. Según el listado 2007, De la Torre Salcedo pagó el año pasado una aportación mensual de 2,915 pesos, por la renta del lugar de lunes a domingo.

Sin embargo, Cordero Viramontes aseguró que el edil panista, quien también forma parte del Patronato del Bosque Los Colomos, prefirió traspasar su concesión a otra persona, aunque se trata de alguien cercano al edil.

Para el presidente del Patronato, allí tampoco hay irregularidad que perseguir, aunque reconoce que los contratos con los concesionarios se realizan cada año y se pueden retirar en el momento en el que el consejo y el patronato lo decidan


Publicitarán domingos gratis

• El ingreso gratuito los domingos para los visitantes al Bosque Los Colomos no fue el imán que se esperaba.

En lo que fue el primer domingo en el que no se cobró por el ingreso, la afluencia fue de alrededor de cinco mil personas, cifra similar a la que se venía registrando el mismo día cuando no era gratuita la entrada.

El presidente del Patronato, Oscar Cordero Viramontes, dijo que buscarán publicitar la liberación de la tarifa dominical para que se incremente el número de visitantes y así aprovechen el único día que no tendrán que pagar la nueva tarifa de siete pesos para adultos y de 3.50 pesos para niños, que entró en vigor desde el 31 de enero pasado y que significó un incremento de 75 por ciento respecto al año pasado.

Durante 2007, en el bosque Los Colomos se cobró a cuatro pesos la entrada para adultos, por lo que el reciente incremento ha provocado protestas entre los corredores, situación que Cordero Viramontes lamenta, pero subraya que fue una decisión tomada entre el ayuntamiento y el Congreso del Estado.

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Destruyen ladera en La Primavera, para abrir camino

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Los últimos días, en la zona de río Caliente del área de protección forestal y de fauna bosque La Primavera, un traxcavo comenzó a abrir una ladera bocosa para comunicar un predio, derribando la capa vegetal y el suelo.

Esto se hace con la autorización del Ayuntamiento de Zapopan, que incluso aportó recursos vía Coplademun (Comité de Planeación Municipal), pero sin los trámites resueltos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los vecinos de la zona se escandalizaron con los hechos, pues la máquina trabaja en una pendiente pronunciada y existe el riesgo de que se incremente la erosión, además del daño al paisaje.

"La tragedia es que están matando árboles, pero a la vez excavando la montaña muy feamente", señaló un testigo. Por otro lado, personal de la Dirección Ejecutiva del Bosque La Primavera informó a este diario que no fueron consultados para los trabajos.

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Zapopan busca decreto federal para Bensedi y la Barranca

El municipio cuenta actualmente con 38 mil hectáreas de su territorio dentro de tres áreas naturales protegidas.

Luis Herrera - EL INFORMADOR

 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México (Conamp), busca un decreto de protección ambiental a nivel federal para el Corredor Ecológico Río Santiago; el Ayuntamiento de Zapopan intentará que sean incluidos dos de los sitios con mayor biodiversidad en el municipio.

Se trata del Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente (Bensedi), y la sección de la Barranca del Río Santiago que le corresponde a Zapopan; ambos polígonos cuentan actualmente con declaratorias a nivel municipal como áreas naturales protegidas, y es por eso que se pretende elevar su rango con el decreto federal.

Martín de la Rosa Campos, titular de la Dirección de Protección al Medio Ambiente de Zapopan, informó que el 2 de febrero la Conamp dará publicación al aviso para el Proyecto del Corredor Ecológico Río Santiago, y declaró al respecto:

"Nosotros ya hicimos la solicitud de que se incluyan en este proyecto los polígonos del Nixticuil y la barranca del municipio para que sean áreas naturales protegidas a nivel federal. Esperamos que (la Conamp) hayan considerado nuestra solicitud y contemplen la superficie de Zapopan, pero aún lo desconocemos".

Además de las dos áreas naturales protegidas ya citadas de ese municipio, se encuentra también la del Bosque La Primavera, que a diferencia del Bensedi y la Barranca del Río Santiago, ya tiene un decreto de protección a nivel federal.

Con estos tres sitios, Zapopan tiene en total 38 mil hectáreas bajo una declaratoria, ya sea a nivel municipal o federal, y que las determina como áreas naturales protegidas. De esta forma, 63% del territorio municipal con vocación forestal, y que se calcula en 60 mil hectáreas, está actualmente protegido.

De la Rosa Campos, reconoció como una labor de gran complejidad la vigilancia que requieren el Bensedi, la Barranca del Río Santiago y el Bosque La Primavera. De aceptarse las primeras dos para el proyecto de la Conamp, entonces las dependencias federales en Jalisco compartirían la responsabilidad en su conservación e incluso tendrían que destinar recursos para lograrlo.

Zapopan tiene otras zonas con características naturales que las vuelven viables para ser consideradas en una declaratoria municipal. "Tenemos corredores importantes. Para poder comunicar La Primavera con la Barranca existe un área que es El Tepopote, que se encuentra en la parte de La Venta del Astillero y Nextipac; podría ser factible para poder conservar esa área. Y tenemos la propia sierra de Tesistán, con el cerro de La Col y parte de la sierra de San Esteban".

Las tres áreas de Zapopan

Bensedi representa mil 591 hectáreas. La sección que engloba al Bosque El Nixticuil es propiedad privada, mientras que la parte norte del polígono pertenece a la Comunidad Indígena de San Esteban.

Barranca del Río Santiago tiene 17 mil 929 hectáreas. El 80% es propiedad privada, 10% es propiedad ejidal y el resto es federal, por la presencia de cauces y arroyos.

Bosque La Primavera tiene 30 mil 500 hectáreas, pero en Zapopan se localizan 18 mil 300 de ellas.

Sobreexplotan ríos por extraer material

37 solicitudes y denuncias de vecinos de Jalisco y Nayarit llegan a nada.

 

 

Agustín del Castillo - PÚBLICO

 

Nomás nos ha faltado hablar con Dios", resume doña Blanca Ortiz, ejidataria de Ixtapa, en Puerto Vallarta, quien ha participado en 37 gestiones diversas —24 de ese núcleo agrario— ante todo tipo de autoridades para contener la extracción desmedida de materiales pétreos de los ríos Ameca y Mascota, en los linderos de Jalisco y Nayarit.

A poco más de cuatro años, más de 20 extracciones continúan socavando ambos ecosistemas, modificando el curso de los ríos y dañando sus comunidades biológicas. Todo por la arena, grava y piedra que demanda el gigantesco proceso de urbanización que, si bien es anterior a la Riviera Nayarit, fue llevado a sus mayores niveles a partir de este proyecto turístico.

La ejidataria da cuenta de 25 documentos presentados ante autoridades enclavadas en Jalisco y doce ante las de Nayarit. Respuestas: sanciones, inspecciones, condiciones de operación, suspensiones temporales; pero los explotadores siempre regresan.

El caso Ixtapa, un ejercicio estéril. La primera denuncia del ejido fue hecha ante la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el 5 de noviembre de 2003. Una denuncia popular "por las extracciones que realizan las cribas en el río Mascota […] solicita se verifique la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat] en materia de impacto ambiental, o bien, verificar las condiciones bajo las cuales se emita dicha autorización".

Esto trajo un rosario de peticiones documentales: el 11 de marzo de 2004, ante "la falta de respuesta a la denuncia del 5 de noviembre de 2003 […] ocasionando la continuación en la explotación irracional de los recursos naturales en el cauce del río Ameca…".

El 29 de marzo de 2004 insisten ante la Profepa. El 14 de junio de 2004 acuden a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la violación de su derecho de petición. El 30 de noviembre de 2004 acuden a la delegación de la Semarnat en Jalisco para solicitar consulta pública "en referencia a la denuncia del 5 de noviembre de 2003, para revisión de estudios de impacto ambiental de las cribadoras…". El 14 y el 20 de diciembre de 2004, de nuevo a la Profepa de Jalisco, con la novedad de dos cribadoras recién instaladas.

Año 2005. El 1 de abril piden a la Semarnat Jalisco consulta pública de los estudios de impacto ambiental. El 4 de abril, a la Profepa Jalisco, solicitan la regulación de las actividades de las cribas "con la finalidad de permitir la regeneración natural del río Mascota"; el 23 de mayo, a la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta, demandan inspeccionar "los caminos usados para transportar material pétreo, mientras se concluyen gestiones de la denuncia del 5 de noviembre de 2003".

El tiempo largo no es eternidad, pero cómo se parecen. El 27 de junio, los ejidatarios hicieron cuatro gestiones: ante la Gerencia Regional Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (CNA), la Semarnat-Jalisco, la Profepa-Jalisco y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. "Solicitud de participación para conveniar y solucionar problema de sobreexplotación de recursos del río Mascota".

19 de agosto. A la Semarnat-Jalisco. "Solicitud de consulta pública para el análisis de los estudios de impacto ambiental de las cribadoras Géminis Int, Hermanos Santana Alencaster, Érik Curiel Curiel, Agregados San José, Ricardo Jiménez Ramírez y Materiales para Construcción". Otra petición, del 23 de agosto, pide la copia electrónica de los documentos. El 24 de octubre, solicitan autorizar de forma "condicionada" a tres cribadoras no regulares.

Y en 2006, el ejido entablaría, de nuevo, el 18 de enero, denuncia popular contra las cribadoras del río Ameca; el 25 de enero, contra las del Mascota. El 5 de septiembre piden a la Semarnat Jalisco las "condicionantes" exigidas a tres cribadoras; el 2 de octubre piden los resolutivos de impacto ambiental. A la Profepa, el mismo día le demandan los resultados de su inspección al río Mascota; la misma dependencia recibió el 30 de octubre una denuncia contra Juan José Pilas Amaya por extraer materiales sin permiso. Será el 29 de noviembre de 2007, más de un año después, cuando se inconformen por un nuevo permiso.

La semana pasada, el 24 de enero de 2008, doña Blanca Ortiz acudió al Congreso de Jalisco en busca de una nueva gestión. Y se sintió profundamente frustrada al confirmar que sus amados ríos siguen subsidiando la demanda inagotable de los constructores de la Riviera Nayarit.

Usuarios de Los Colomos protestaron

El ayuntamiento dice que perderá 2 mdp, pero sus cifras lo desmienten

 

Dolores Reséndiz y Patricia Romo - PÚBLICO

 

No sólo es pagar siete pesos (tres más) por entrar al bosque Colomos; tampoco los diez del estacionamiento (que antes era de cooperación voluntaria); súmele la gasolina para llegar o el camión de ida y vuelta y agréguele que el anuncio "lo dan de sopetón, de un día a otro cuando lo sabían desde diciembre pasado". Lo dice un corredor y visitante desde hace 17 años.

El aviso fue colgado en una manta en el ingreso principal al bosque. Excusa: en cumplimiento con lo estipulado en la Ley de Ingresos Municipal 2008, aprobado por el Congreso del Estado y publicado el 15 de diciembre de 2007... autorizan el aumento en el costo de ingreso de cuatro a siete pesos, el estacionamiento a diez, los niños pagan 3.50 y por tomar fotografías (excepto en el jardín japonés) 104 pesos y los domingos es gratis.

Esta es la razón con la que el Ayuntamiento de Guadalajara justifica la decisión de aumentar el costo, pues con el incremento compensarán los dos millones de pesos que supuestamente perdería el Patronato al año por no cobrar los domingos. Pero las cuentas del Ayuntamiento de Guadalajara no cuadran. Multiplique 52 domingos que tiene el año por el número de usuarios (cinco mil promedio cada domingo, según informó el Patronado), y luego por el costo anterior del boleto (cuatro pesos).

Total: un millón 40 mil pesos, no los dos millones de pesos que el municipio dice que dará menos. Es más, incluso sin el ingreso dominical podría recaudar mucho más con el nuevo cobro que el año pasado (ver gráfico).

Los usuarios no calcularon así las cuentas para juzgar el aumento. Sumaban a los siete pesos el costo de la gasolina: "Échale la gas que gasto desde mi casa si recorro 25 minutos de ida y vuelta". Además, los diez pesos del estacionamiento, "porque afuera, en la calle, no hay lugar para todos", dijo una corredora desde hace siete años. Otro respingó al abuso porque paga 18 pesos de camión, más los siete de la entrada: "Ya de plano mejor le invierto en un gimnasio, con aparatos fregones e instructor".

Fue el primer día del nuevo cobro y desde temprano, este jueves los usuarios protestaron. En la entrada de avenida Patria, a las 7:00 am más de 30 personas mostraban pancartas para manifestar su molestia. Por la tarde faltaron los integrantes de cinco equipos de futbol, tampoco fueron los árbitros ni corredores fieles, porque lo decidieron desde que se enteraron; otros se regresaron de la puerta. "Uy, pensaba caminar, pero ahora voy a tener que correr para desquitar los siete pesos", dice uno. "Mire, señor: le pago los diez pesos pero si me dice que esto es para que les aumenten el sueldo", le dice una deportista equipada con iPod al cobrador del estacionamiento.

Pero ni al cobrador ni a los jardineros ni a la taquillera les han dicho que les aumentarán el sueldo con el incremento. "Aumento sin aumento, no se vale", reclama otro corredor: "Es una burla cobrar tres pesos más siendo que el salario mínimo aumentó 4 por ciento, debería ser proporcional. ¡Nos desfalcan con 75 por ciento más!". "¿Y lo público, no debería ser un espacio público?", grita otro que despotrica desde que se bajó de su auto. "No, no, no, no, ¿cómo es posible? ¿Me cobran 17 pesos por venir a correr?", se indigna una mujer que no suelta el volante, indecisa en devolverse a su casa.

Ayer, muchos entraron con la cara larga a hacer ejercicio, otros apenados porque sólo traían cuatro pesos en la bolsa. ¿Qué cree que pasará? "No lo sé, es que yo no sé quién tiene poder para hacer esto; por sentido común uno sabe que no todos pueden pagar siete pesos", reflexiona otra corredora.

A partir de ayer, están en tiempo de prueba para determinar si baja o no el número de visitantes al bosque Los Colomos, aseguró el presidente del Patronato, Óscar Cordero Viramontes. Cuando el pleno tomó la decisión de modificar la cuota, el regidor Luis Reyes fue uno de los opositores, ya que consideró que se trataba de un cobro elevado, contraria a la opinión del titular de la Comisión edilicia de Deporte en Guadalajara, Luis Alberto Reyes, quien lo consideró factible.

La opinión del alcalde Alfonso Petersen Farah es que aún es muy pronto para determinar si deberá solicitar ante el pleno una reducción tarifaria, ya que deberán realizar un censo para comparar la cantidad de gente que ingresaba antes del aumento y la que acudirá al bosque, aceptando pagar la nueva tarifa de siete pesos.

Ante la falta de una respuesta positiva sobre el costo de ingreso, los usuarios amenazaron con bloquear hoy avenida Patria.

Llevan al TAE quejas contra La Ciudadela

Magistrado pidió a los vecinos de Jardines del Sol no prejuzgar

Esperanza Romero - PÚBLICO

 

Imagínese dos mil personas bañándose al mismo tiempo. Dos mil personas que van al baño cuatro o cinco veces al día. ¿Qué del drenaje? De la luz, aunque con cableado para la planta de Motorola no habría tanto problema. ¿Se puede imaginar, en calles diseñadas hace 30 años, 1,500 vehículos más, cuando ya necesitamos cinco o seis semáforos para tomar Moctezuma o Labna, cuando es complicado circular por Mariano Otero?

 

El Ayuntamiento de Zapopan dio las licencias para La Ciudadela sin consultar a los vecinos, sin los estudios viales y ambientales, sin la certeza de que los servicios de agua y drenaje se suministrarán en forma adecuada. Pero lo más preocupante es el tema de la salud. ¿Sabía de la contaminación por talio y de las amenazas y amagos a nuestro líder? […] Eso usted no lo sabe".

Así se expresó José Casillas, vecino de Jardines del Sol, ante Horacio León Hernández, presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo (TAE), quien ayer recibió a una decena de colonos encabezados por Ludger Kellner, presidente del Parlamento de Colonias.

La reunión se dio en un clima de cordialidad y respeto, que no fue obstáculo para que los ciudadanos cuestionaran el criterio aplicado para la sentencia (el 25 de enero), que ha permitido a los desarrolladores seguir adelante con el proyecto luego de que en noviembre el ayuntamiento clausuró las obras. Le comunicaron que no comparten su criterio, que no impartió justicia y no se darán por vencidos. Inquirieron sobre su ética y reiteraron que agotarán todos los recursos jurídicos para frenar el proyecto antes de que se construya y ninguna autoridad se atreva a demolerlo.

 

"El constructor tiene mucho dinero y a los mejores licenciados, pero la justicia está de nuestro lado […] No sólo no estamos de acuerdo con su criterio, sino que pretendemos acusarlo […] El interés público está plenamente demostrado [por parte de los colonos] en el juicio y usted recibió amplia papelería. Pero la constructora, una semana antes de su sentencia, ya la andaba pregonando con el argumento de que lo tienen en la bolsa y hay síntomas de…". Ludger Kellner no terminó la frase. El magistrado, sereno pero categórico, replicó: "Es injusto que me digan esto. Los recibí y escuché e indebidamente piensan eso o dudan de mí". Fue el momento más tirante. Los colonos no se inmutaron. Se sumaron otras voces en el mismo tenor. No faltó la ciudadana que recordó: "Yo también soy inversionista".

León Hernández expuso que, en toda controversia, una de las partes no queda contenta. Pidió no prejuzgar y señaló que el juicio de La Ciudadela es un reto profesional, quizá el asunto de mayor envergadura que se ventila en el TAE, pero que no ha llegado a su fin y también es de orden público acreditar y respetar decisiones de autoridades administrativas.

Beca para Cubrir el Desarrollo Sostenible del Golfo de California

Aplicación:

El Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) ofrece una beca de US$5.000 para la cobertura de fondo del desarrollo sostenible en la región del Golfo de California.

Pueden postular corresponsales de entidades noticiosas de México, e incluso periodistas independientes que cuenten con el patrocinio de una organización de noticias, que por su parte esté de acuerdo en apoyar el proyecto y distribuir los artículos.

Los postulantes tienen que presentar una propuesta para un proyecto de cobertura a fondo en la región sobre desarrollo sostenible o conservación de la biodiversidad. Las propuestas tienen que especificar lo siguiente: los artículos que se van a producir, cómo se llevaría a cabo la cobertura, un cálculo aproximado de los gastos de comunicación, viaje, hospedaje, menesteres de la profesión, y la agenda de publicación o difusión de los artículos. Un panel de periodistas escogerá las mejores propuestas de acuerdo a la relevancia del artículo y la cobertura de fondo o la investigación que se requieren.

Postulaciones: El participante tiene que presentar una solicitud con sus antecedentes profesionales y dos artículos de fondo de su autoría. El postulante también tiene que presentar una carta firmada por el editor o director, en la que se ratifique el compromiso de la entidad noticiosa de otorgar al corresponsal el tiempo necesario para cumplir con el proyecto en el lapso de dos meses tras comenzar la beca, y publicar o difundir los trabajos en ese transcurso.

Costos: La beca consta de US$3.000 por costos de viaje y otros cargos profesionales, previstos para tres semanas de cobertura. Con el propósito de apoyar a las entidades noticiosas a librar de responsabilidades al becario, el programa reembolsará US$2.000 como parte de su salario, por el tiempo invertido exclusivamente en el proyecto.

Período: La fecha tope de postulación es el 15 de febrero. ICFJ anunciará a los ganadores de la beca en febrero. El becario tendrá acceso a capacitación profesional de acuerdo a su agenda, y también a informes y escritos o grabar los artículos, los cuales se publicarán o difundirán el 15 de junio.

Objetivo: La región del Golfo de California está acondicionada para dar un salto en el desarrollo con turistas, industrias y comercio. Frente a esto, la conservación de los recursos sociales, ecológicos y biológicos de la región tienen suma importancia. El objetivo de la beca es exhortar a los periodistas a cubrir estos temas con mayor complejidad, costo y tiempo. Patrocinado por la Fundación David y Lucile Packard, la beca es parte de un programa que también incluye talleres y concursos por la cobertura.

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Siete humedales de la costa de Jalisco son sitios Ramsar

Los siete sitios aprobados son las lagunas de Navidad, Xola-Paramán y Chalacatepec, así como los esteros de La Manzanilla, Agua Dulce-El Ermitaño, El Chorro y Majahuas, enclavados en los municipios de Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán. Agustín del Castillo - PÚBLICO Este sábado 2 de febrero se entregará de forma oficial la declaratoria de nuevos sitios Ramsar —humedales prioritarios de importancia internacional— a 45 cuerpos de agua mexicanos, de los cuales siete corresponden a la región costera de Jalisco. De este modo, el país contará con 110 sitios, contra 65 que habían sido declarados en años anteriores. En particular, Jalisco eleva a once el número de estos sitios (cuatro declarados en años anteriores) y empata numéricamente con el estado de Baja California Sur, que contará con ocho designaciones, más tres previas. Ambos estados sólo quedan por debajo de Quintana Roo, que cuenta ya con doce sitios Ramsar. Las propuestas para sitios Ramsar de Jalisco fueron elaboradas por el Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, a solicitud de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) de Jalisco. Los siete sitios aprobados son las lagunas de Navidad, Xola-Paramán y Chalacatepec, así como los esteros de La Manzanilla, Agua Dulce-El Ermitaño, El Chorro y Majahuas, enclavados en los municipios de Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán. De los siete, los que padecen más presión humana son la laguna de Navidad, que ha sido parcialmente destruida por dos marinas que allí operan y el avance de desarrollos sobre la propia superficie de manglar, así como el estero de La Manzanilla, cuya cuenca ha sido alterada y afectada por la urbanización desordenada incluso en sus confines inmediatos. La costa de Jalisco posee catorce humedales de gran importancia. Su extensión conjunta es de 3,800 hectáreas de espejo de agua y una cobertura de mangle de 1,700 hectáreas. Habitan al menos 117 especies de aves, doce de ellas en alguna categoría de riesgo de extinción; 23 se reproducen en estos ecosistemas y 84 son migratorias. Además, están asociados a santuarios de tortuga marina y a la reproducción del cocodrilo de río (Crocodylus acutus). Sin embargo, la declaratoria de Ramsar es un compromiso moral que asume el país, y no tiene en sí fuerza legal. Corresponderá a la autoridad considerarlo para ofrecer un manejo adecuado de los ecosistemas (pues deben derivar en programas de manejo) para conservar sus servicios naturales y sociales. - Uno x Uno Recién designados Se ubican en los municipios de Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán • Laguna de Navidad • Estero La Manzanilla • Sistema Agua Dulce-El Ermitaño • Laguna Xola-Paramán • Laguna Chalacatepec • Estero El Chorro • Estero Majahuas

Semades restringirá emisiones contaminantes por diesel

Evelyn Aguila - EL INFORMADOR

Con el objetivo de mejorar la calidad del aire, la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) restringirá las emisiones de vehículos que circulan en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), con la utilización del diesel como combustible.

Así lo anunció Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la dependencia estatal, quien aseguró que la intención es reducir la cantidad de contaminantes que se arrojan a la atmósfera, tales como el óxido de nitrógeno y partículas menores a 10 micras (PM10).

El transporte público y el de carga, son los que en su mayoría utilizan diesel y en mucho menor medida el automóvil particular. La estrategia de la Secretaría estatal de Medio Ambiente para bajar estas emisiones, será a través de la instalación de catalizadores o bien, eficientadores de combustión, como el biodiesel.

"La reducción de contaminantes debe ser efectiva al salir del escape del motor, y esto es a través de catalizadores físicos, a través de eficientadores de la combustión, o del biodiesel, que también debemos ya darle un impulso, ya que en una mezcla a veces de 3% o menos, con esta mezcla tan corta de biodiesel, en ocasiones se logra una reducción de 50% de emisiones", explicó la funcionaria.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren cerca de 800 mil personas por causas asociadas con la contaminación del aire urbano. Además, 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países en desarrollo se pierde por las consecuencias que ésta tiene, primordialmente en gastos del sector salud y en días de trabajo perdidos.

A finales de noviembre de 2007, arrancaron operaciones del primer centro de distribución de combustible ecológico en la ciudad, que actualmente abastece a 60 unidades del organismo de Servicios y Transportes. Ese aditivo, denominado Biofriendly, reduce hasta en 50% las emisiones contaminantes.

Si bien la no precisó la fecha de arranque de estas nuevas medidas, Del Toro Gaytán adelantó que hoy enviará a la Secretaría de Energía la iniciativa de decreto que obligaría a los automovilistas a instalar algún tipo de catalizador.

"Es un esfuerzo que realmente no podemos seguir esperando para implementarlo, y en ese sentido viene la norma, también a tono con la nueva Ley de Bioenergéticos, que si bien es cierto no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya se encuentra en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, y sabemos que en las siguientes semanas será publicada. Conocemos ya los términos de la misma y nos estamos adelantando un poco a ellos incluyéndolos en este decreto estatal", subrayó.

Es sano que César Coll devuelva el bono: diputado

Evelyn Aguila - EL INFORMADOR

Como funcionario panista que es César Coll Carabias, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), no debió autoentregarse el bono por más de 61 mil pesos en 2007; por lo cual el coordinador de la bancada del blanquiazul en el Congreso, Jorge Salinas recomendó que lo reembolse, recordando que el funcionario puede ser sancionado por dicha acción por el Comité Estatal del PAN.

El legislador subrayó que todos los militantes de Acción Nacional están obligados a no recibir gratificaciones, lo cual se encuentra establecido en el Decálogo Moral del organismo político.

Salinas Osornio comentó que en el caso de la Ley de los Servidores Públicos y el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial (CTTVS) puede haber desacatos "y no hay ningún problema", pero el PAN establece sanciones y el primer paso, en el caso de los bonos, es pedir al funcionario que lo recibió que lo devuelva.

Especificó que para que el PAN revise el caso de César Coll, tiene que mediar una denuncia, aunque el Comité Estatal también debe estar atento en este tipo de temas, no obstante es necesario que el CTTVS comience a entrar a la revisión de los OPD's porque hay un vacío en el caso de estos organismos que son autónomo.

"Creo que lo más sano es no haber recibido el bono, sin tener conocimiento pleno de cómo lo recibió, pero es lo más sano de un funcionario público de Acción Nacional".

En septiembre del año pasado el titular de la CEA se otorgó un bono de más de 61 mil pesos, y se aumentó el sueldo de 83 mil pesos a cerca de 120 mil pesos, lo que contraviene la recomendación del CTTVS, pues César Coll tendría que percibir ingresos mensuales por 65 mil pesos.