Forense y Ejecutivo desmienten al CCIJ

El secretario de Gobierno del estado rechazó que haya investigaciones contra la madre de Miguel Ángel o por presunción de homicidio

Vanesa Robles y Sonia Serrano Íñiguez - PÚBLICO

Volvió a tomar fuerza, ayer, la presunción de que la muerte de Miguel Ángel López Rocha se debió a la ingesta de una gran cantidad de agua del río Santiago, después de la opinión de un especialista en el tema: el director del Servicio Médico Forense (Semefo), Mario Rivas Souza, quien señaló que, incluso, los primeros resultados de la necropsia al cadáver del niño de ocho años revelaron "elementos nocivos en pulmones, corazón y riñón […] por la cantidad de líquido que entró a la cavidad abdominal de la criatura".

Mientras tanto, ayer el gobierno del estado reculó en las versiones atribuidas al propio mandatario de Jalisco, Emilio González Márquez, y que el líder empresarial Javier Gutiérrez Treviño comentó entre representantes de varios medios de comunicación y dirigentes empresariales: que la muerte de Miguel Ángel no tuvo relación con la contaminación del río, y que habría "sorpresas" en los resultados finales de la autopsia. Otros empresarios presentes en la reunión con el Ejecutivo estatal revelaron que éste les dejó entrever que el niño fue asesinado (Público, 21 de febrero de 2008). A ello se sumaron fuentes oficiales que hablaron de un posible abuso del menor.

"¿Violencia intrafamiliar? A mí me da risa", dijo ayer en sus oficinas Mario Rivas, con la misma seguridad que en 1993 declaraba que los balazos contra el cardenal Juan Jesús Posadas "no fueron directos; fueron directísimos". En el cuerpo de Miguel Ángel "no había ningún abuso sexual; lo que tenía, lo ocasionó el líquido que le entró a las vísceras del organismo […] Yo pienso que el chiquillo cayó al río, perdió el conocimiento" y tragó agua.

—¿Cuánta?

—Pues mucha. El río es una porquería, quién le puede quitar todas las sustancias tóxicas.

Se le recordaron a Rivas Souza las declaraciones del líder del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Javier Gutiérrez Treviño, que el 20 de febrero afirmó, tajante, que el Santiago "no está tan contaminado", y que se mostró dispuesto a echarse un "buche" de agua del torrente; también afirmó que habría sorpresas en la autopsia.

"Eso es una pendejada en pretérito plusperfecto: una perfecta pendejada. Yo nunca había oído una pendejada tan grande como ésta", opinó Rivas Souza. Antes, el forense había dicho: "Que el cabrón se tome el vaso de agua que dijo, a ver si se lo toma y no vomita".

Rivas Souza recordó que el cuadro clínico de Miguel Ángel López Rocha se complicó con una septicemia (una infección atroz y generalizada en todo el organismo), lo que refuerza su opinión de que habría caído en las aguas contaminadas del Santiago.

Ayer, los padres de Miguel Ángel, María del Carmen Rocha y Raúl Luna, se presentaron en una reunión del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud Jalisco y pidieron apoyo ante el "acoso" del gobierno del estado. Los habitantes de La Azucena relataron a Público que han sido constantes los patrullajes de "la policía judicial", que se ha llevado a declarar a varios amigos del niño.

Ayer, el secretario de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, afirmó que aún no existe información definitiva sobre las causas de la muerte del pequeño y rechazó que exista una línea de investigación contra María del Carmen o por un presunto homicidio.

El funcionario convocó a una conferencia de prensa para desmentir las versiones de que en la autopsia de Miguel Ángel se encontraron señales de maltrato, pero no respondió por qué la averiguación previa sobre lo sucedido fue abierta antes de la muerte del niño.

Fernando Guzmán leyó un comunicado del gobierno del estado, en el que afirmó que "los estudios, análisis y diversos peritajes, que podrán acreditar las causas de la muerte del menor, no han concluido. Dichos estudios a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses [IJCF] son fundamentales para la averiguación".

Añadió que, mientras los estudios no se concluyan, no deben adelantarse versiones, pues "las especulaciones o señalamientos de información, supuestamente atribuidas a fuentes gubernamentales, no contribuyen al tratamiento serio y responsable del caso".

Dijo que en cuanto esté la información se dará a conocer y lamentó que "en medio del dolor de la señora María del Carmen Rocha, por la pérdida de su hijo Miguel Ángel, existan versiones absolutamente infundadas, de una supuesta indagatoria en su contra".

Sobre las razones por las que se inició una averiguación previa el 29 de enero, antes de que el menor muriera, consideró que pudo ser a la llegada a la Cruz Verde; sin embargo, después aseguró no tener información precisa ni siquiera de la existencia de esa indagatoria, por lo que aseguró que "sería irresponsable hablar de eso".

Dijo que ayer se reunió con Mario Rivas Souza, quien le informó que no han terminado los estudios.

Un estudio de un laboratorio independiente arrojó que en el cuerpo del menor había una dosis extraordinaria de arsénico, el cual aparentemente ingirió con agua del río, lo cual ha sido confirmado posteriormente por el IJCF.

De las declaraciones de Javier Gutiérrez Treviño, de que el gobernador le comentó que la muerte de Miguel Ángel pudo ser un caso de violencia intrafamiliar, Guzmán afirmó que "aquí todo el mundo opina, eso también es parte del problema. Hay muchas opiniones y comentarios públicos que se llevan a los medios y que afectan la investigación".

La Canaco pide autocrítica

A diferencia de la postura de la cúpula industrial de Jalisco, la dirigencia de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara reconoce "que los empresarios sí contribuyen de una manera muy importante en la contaminación del río Santiago y, por otro lado, que las autoridades no están haciendo bien su trabajo por cuestiones de tipo político", por lo que se debe asumir con responsabilidad esta situación entre todos los involucrados.

Esto afirmó el presidente de la Canaco tapatía, José María Andrés Villalobos, quien puntualizó que la reciente muerte de un niño, vinculada a la contaminación del río, "sí es significativa, como lo son todas las muertes. Aunque no es una situación nueva, porque es una situación que la hemos estado viviendo desde hace mucho tiempo".

Cuestionado sobre si él se echaría el buche de agua del río Santiago, como lo afirmó el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Javier Gutiérrez Treviño, respondió que "de alguna manera todos nos los tomamos, pero un poquito más tratados. Pero no entraría, no tomo mucha agua. Yo soy refresquero", indicó en tono coloquial.

Aunque dijo coincidir con el titular del CCIJ, en que "se ha estado haciendo más ruido de lo que debe ser. Es una situación grave, pero no es una situación nueva". Es una situación vivida desde hace mucho y se ha complicado en exceso, según su punto de vista.

Familia de Miguel Ángel pide parar el "acoso" de autoridades

"Yo no maté a mi hijo", responde madre del pequeño de El Salto

Evelyn Águila - ELINFORMADOR

No logra ocultar su dolor. A escasos 10 días de la muerte de su pequeño Miguel Ángel (quien falleció presuntamente por ingerir agua del contaminado Río Santiago), la madre del niño, María del Carmen Rocha, sale al paso de versiones sobre presuntas investigaciones que desde el fallecimiento de su hijo han salido a luz.

Visiblemente cansada, María del Carmen —quien por primera vez asiste a un evento público— repudió la forma en que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el propio Gobierno del Estado han atraído el caso de su hijo. Exigió justicia.

"Yo no maté a mi hijo y quiero justicia. No queremos nada más que justicia por mi hijo. Este dolor nunca, nunca lo voy a superar", fueron las únicas palabras que logró pronunciar al asistir a un evento realizado por el sindicato de trabajadores del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

El niño Miguel Ángel López, de tan sólo ocho años de edad, murió la tarde del pasado 13 de febrero, luego de permanecer 19 días en estado de coma por una intoxicación con arsénico que presuntamente ingirió al caer al Río Santiago.

Pese a la serie de denuncias por diversos padecimientos desde hace varios años, este caso revivió la grave contaminación que sufren a diario los pobladores de Juanacatlán y El Salto.

Pero al reproche también se sumó Raúl Luna Mendoza, padrastro del pequeño, quien denunció acoso por parte de las autoridades estatales: "Están acosando a mi esposa, están diciendo que ella envenenó a nuestro hijo, eso es una calumnia, es un absurdo.

Queremos que se haga justicia, que nos apoyen, es un grito de ayuda que pedimos porque el Gobierno nos está acosando".

Y sin poder evitarlo, el hombre de tez blanca que vio crecer a Miguel Ángel, aseguró que era "un niño muy sano, mi chiquito era muy sano, era un niño como cualquier otro. Estudiaba, jugaba y ahora inventan que era drogadicto, muchas barbaridades".

Entre aplausos y gritos de apoyo de los distintos sindicatos del país, salieron de un pequeño auditorio donde minutos más tarde Luna Mendoza sostuvo que los médicos forenses le informaron a su abogado que "el niño tenía todavía líquido en sus pulmones, líquido contaminado del Río Santiago ( ...) Cómo es posible que no quieran asumir su responsabilidad, el Gobierno no quiere asumir la responsabilidad que le toca. El Río Santiago está envenenado".

En la autopsia no hubo rastros de violencia ni mariguana: Rivas Souza

"Una perfecta pendejada, que alguien quiera beber líquido del Santiago"

Mauricio Ferrer - LA JORNADA

Lo que no hubo: "no hubo abuso sexual, no hubo rastros de violencia intrafamiliar, no hubo opio, ni mariguana, ni nada de eso". Lo que sí hubo: el deceso de un niño de 8 años que cayó al río Santiago en enero pasado al que "penetró agua que está muuuy contaminada, a los pulmones, al estómago y entonces ésa fue la causa de la muerte".

Así resumió el titular del Servicio Médico Forense de Jalisco (Semefo), Mario Rivas Souza, el hecho que llevó a Miguel Angel López Rocha a la muerte el 13 de febrero pasado luego de una agonía de 19 días en estado de coma. La causa de la muerte del niño: intoxicación por arsénico, entre 4 y 10 veces una cantidad mayor que recorría por su organismo, según los estudios hechos también por la fundadora del Instituto de Toxicología de Jalisco, Luz María Cueto Sánchez, el mismo día 13 de febrero pocas horas antes de la tragedia.

Al final, un paro cardiorrespiratorio, una falla múltiple orgánica y la intoxicación por el metal acabaron con la vida de Miguel Angel.

Ayer, La Jornada Jalisco reveló de una "contraofensiva" mediática del gobierno del estado para acallar lo evidente: el río mató al niño. Abusos sexuales, violencia intrafamiliar y hasta un envenenamiento, abrieron una línea de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE) que apuntaban a la madre del infante.

Rivas Souza (Guadalajara, 1923), uno de los más destacados forenses a nivel nacional aseguró que al menor no se le encontraron huellas de violencia ni abuso e incluso descartó drogas en el niño –versión que se había dado al inicio de este hecho en el Hospital General de Occidente (HGO). El galeno que desvistió al mismo cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo cuando lo acribillaron en 1993, fue quien aseguró "que le habían disparado de frente" al religioso.

Con tantas declaraciones de las autoridades en los medios de comunicación o como la del coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco el pasado miércoles de que se echaba "un buche" de las aguas del Santiago para demostrar que no estaban contaminadas, Rivas Souza, directo como las balas que apuntan a los cuerpos que tantas veces ha revisado, no le quedó más que decir: "yo nunca había oído una pendejada tan grande como esta ¿qué sabe este cabrón de eso?".

En una conversación que sostuvo con el presidente de la Fundación de Niños Desaparecidos (FIND), Juan Manuel Estrada y con La Jornada Jalisco, Rivas Souza, aseguró que las investigaciones de la Semefo en este caso, son contundentes: la contaminación envenenó al niño.

–Le voy a dar mi opinión particular: era un grupo de niños que estaba jugando y uno de ellos aventó a la criatura al agua. Pienso que la criatura se golpeó en una piedra y perdió momentáneamente el conocimiento; al perder el conocimiento penetró el agua, que está muuuy contaminada, a los pulmones, al estómago y a todo el organismo, entonces ésa fue la causa de la muerte, afirmó Rivas Souza.

–Están señalando que no saben la causa y que ellos piensan que el origen no es la contaminación, le dijo Estrada.

–Ahh, pues que el cabrón se tome el vaso de agua que dijo que se quería tomar, que se tome el vaso de agua que se quiere tomar, a ver si se lo toma y no vomita, añadió el médico.

–En la autopsia, ¿no hay otros elementos?, preguntó el presidente de FIND.

–Hay elementos nocivos en pulmón, en corazón, en riñón, en todos lados pero eso es por la cantidad de líquido que entró a la cavidad abdominal, a la cavidad del cuerpo humano de la criatura.

–Y el niño… ¿presenta maltrato físico o algo?

–Yo no lo encontré, no le encontramos ningún maltrato físico.

–Perfecto doctor, con eso me da gran tranquilidad y seguridad por que es en la única persona en la que confiamos, es la única persona honesta, elogió Estrada al forense.

–Bueno, es que yo procuro, en primer lugar, decir lo que pienso y en segundo lugar, pues no decir lo que no pienso. Yo pienso que el mecanismo de la muerte de esta criatura fue meramente un accidente ¿o no piensa usted eso?".

–Sí señor.

–¿O qué piensa sinceramente?.

–Yo pienso lo mismo, dijo Estrada.

–Se han corrido diferentes versiones al interior incluso, del gobierno del estado, de una posible violencia intrafamiliar, intervino el reportero.

–¿Violencia intrafamiliar?, dijo asombrado Rivas Souza.

–Es lo que ha circulado al interior del gobierno del estado…incluso hasta de abuso sexual, añadió el reportero.

–A mí me da risa. En primer lugar, no tenía ningún abuso sexual, no había ningún abuso sexual, y en segundo lugar, lo que tenía, lo ocasionó el líquido que le entró a las vísceras del organismo, pero ¿cuál fue la razón?

Pienso que al chiquillo lo aventó otro chiquillo… jugando, y que éste perdió el conocimiento por que se golpeó en una piedra, momentáneamente, y al perder el conocimiento entonces no se tomó un vaso de agua como quiere este cabrón que se lo haya tomado, comentó el experto.

–¿Cuánto debió haber tomado este chiquillo?".

–Pues mucho.

–¿Qué elementos se encontraron en todo el organismo?".

–Bueno, aquí viene en el periódico, dice mientras hojea las páginas de un diario local. Y es de la universidad, mire, y enseña la información.

–Sí, es sobre los estudios que sacó la universidad (en 2004). Me da usted mucha tranquilidad doctor, añadió Estrada.

–Es que, el río, es una porquería de río, quién le puede quitar todas las sustancias tóxicas. ¿Usted cree que se las pueden quitar en ocho días? A mí me parece que no, dijo Rivas Souza.

–Las declaraciones que hizo este presidente de los industriales, ¿cómo lo toma usted doctor?

–¿Qué les parecen a ustedes?

–Una pendejada, contestó Estrada.

–Una pendejada… en pretérito perfecto, una perfecta pendejada. Yo nunca había oído una pendejada tan grande como esta ¿qué sabe este cabrón de eso? Eso está como cuando mataron al cardenal, el procurador de allá del Distrito Federal diciendo que los balazos se los habían dado por la espalda, se los dieron por delante, yo lo desvestí, yo sé por dónde se los dieron y este cabrón está igual, ¿no le parece a usted?, dijo ya en un tono molesto el médico mientras se inclinaba hacia sus conversadores.

–Totalmente, añadió el presidente de FIND.

–¿O dígame si yo le estoy diciendo alguna mentira?, retó Rivas Souza.

–No doctor, por eso le dije ayer que hablé con usted en que es la única persona en que confiamos, usted tiene calidad moral de decir las cosas como son, sobraron los elogios del activista hacia el médico.

–Pues sí tengo calidad moral. Porque yo nunca me he atrevido a decir una mentira en una cosa de estas. Le voy a platicar otra cosa: un día hubo un accidente de una camioneta con federales, hace tiempo, hace tres o más años. Me los trajeron aquí, salieron borrachos. Luego vino un oficial de la décimo quinta zona militar a decirme que me decía el jefe de la zona que quitara el estado de ebriedad. Le dije: me da vergüenza que el jefe de la zona me esté pidiendo que le quite el estado de ebriedad, dio media vuelta y se fue… porque nunca me he prestado a ninguna sinvergüenzada, nunca, nunca me he prestado a una sinvergüenzada, aseveró el forense.

–Oiga doctor, se habló de una septicemia también, intervino el reportero.

–Bueno, la septicemia se debió a las sustancias tóxicas que le entraron, del río podrido completamente y entonces entra la septicemia.

–Fue de la única forma, ¿no cabe la septicemia por violencia intrafamiliar ni nada, queda descartado?

–Absolutamente descartado. Nosotros no encontramos ninguna huella de violencia física familiar. A mí me ha dado risa tantas cosas que dicen aquí (señala el diario) los periódicos, por aquí lo vi. Por aquí vi la nota de la universidad: 'Altos índices de contaminación', y si usted quiere tomarse un vaso de agua, como dice este cabrón, con esto tiene para morirse y de ahí se deriva una septicemia, me explico, mire aquí dice, esto es cierto, 'el río Santiago presenta altos índices de contaminación por metales pesados, particularmente plomo, cromo, mercurio, cobalto y arsénico', concluye el estudio para la caracterización de todos los ríos Verde y Santiago y ahí sigue toda la cosa de la contaminación que tiene el río. ¿Quién puede negar esto? Por más pendejo que sea yo, no pueden decir que el doctor Rivas está pendejo porque digo que está contaminado.

–Habían dicho en un momento que el niño se drogaba.

–-No salió ni opio, ni mariguana, ni nada de eso, afirmó el especialista.

La autopsia que aún no llega

La autopsia 337/08 que se le realizó a Miguel Angel López Rocha aún no está en poder de la familia, así lo relató a La Jornada Jalisco Juan Manuel Estrada, quien ha llevado el caso ante la propia Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El estudio se los darán "el lunes, el martes, es lo que nos han dicho", comentó el presidente de FIND.

Del número de acta de la autopsia se sabe por el acta de defunción, de la cual posee una copia La Jornada Jalisco, cuyo número de folio es el 080116038.

"Enfermedad, lesión o estado patológico que produjo la muerte: Falla orgánica múltiple secundaria a intoxicación por agente químico a determinar", según la primera parte del acta.

"Otros estragos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad que la produjo: septicemia", reza la segunda parte del documento.

De igual forma, La Jornada Jalisco posee una copia de la primera declaratoria de la madre, María del Carmen Rocha Mendoza, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado el 13 de febrero a las 22:30 horas.

En el documento la madre detalla cuando su hijo llegó a casa mojado de cabeza y pies, y de cómo empezó a sentirse mal el niño hacia la madrugada del día 26 de enero, de cómo inició la diarrea y el vómito constante hasta que el niño cayó en coma en el HGO ese mismo día.

Ayer, en la colonia Bonito Jalisco, el descontento continúa haciéndose presente con calcomanías en contra de la contaminación del río en los ventanales de las casas vecinas a donde vivía Miguel Angel.

Trascendió entre los vecinos del lugar que la policía se había llevado a dos menores días atrás para interrogarlos así como la presencia de un abogado que manifestó "querer hablar a solas con María del Carmen".

"Aquí no se la van a llevar", dijo una de las vecinas quien agregó que María del Carmen siempre fue "buena madre" con el pequeño.

Ayer, ante distintos medios de comunicación, María del Carmen pidió sólo justicia. Raúl, el tutor del niño, callado, ayer habló más que su esposa: "el gobierno nos está acosando. Están diciendo que ella envenenó a nuestro hijo. Eso es una calumnia, es un absurdo. El niño era muy sano, estudiaba, jugaba. Le inventaron cosas, que era drogadicto, muchas barbaridades".

Barbaridades a las que calificó el mismo Rivas Souza como "perfectas pendejadas".

Promueve amparo madre del niño López Rocha

Eugenia Barajas - LA JORNADA

Presuntos agentes policiacos pretendieron detenerla sin orden de aprehensión, denuncia

Tras las amenazas de una detención ilegal de su libertad por elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) y temer por su vida, la madre del menor Miguel Angel López fallecido por tragar agua de los causes del río Santiago, María del Carmen Rocha solicitó un amparo ante un juez federal por el estado de indefensión en el que se encuentra, tras las versiones de un posible asesinato del niño y de la integración de una averiguación previa durante su agonía.

Se solicita un interrogatorio al coordinador del Consejo de Cámaras Industriales (CCIJ), Javier Gutiérrez Treviño para probar sus dichos sobre la hipótesis del homicidio.

"El día de ayer –jueves- se presentaron a mi domicilio particular aproximadamente a las 14 horas unas personas que dijeron ser agentes de la policía investigadora adscritos todos estos a la Policía Investigadora de la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, amenazando a mi madre y señalándole que venían a privarme de mi libertad, sin presentar ordenamiento legal alguno emitido por autoridad competente que fundamente y motive el acto de molestia a mi persona y sin que se me haya citado a conocer los delitos que se me imputan y sin que haya citado dado a declarar en alguna averiguación previa".

Así son los señalamientos de la madre vertidos en la petición de protección ante la justicia federal, donde registró que las presiones de los agentes judiciales se dieron tras las declaraciones aparecidas en los medios de comunicación donde el mandatario estatal les reveló a industriales y en particular al coordinado del CCIJ, que las indagatorias en el caso de la muerte de su hijo darían un giro de 180 grados y de ser víctimas se convertirían en victimarios con la presunción de homicidio a causa de violencia intrafamiliar.

"En primer orden de ideas el actuar de la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco y de la Policía Investigadora no es apegado a derecho ya que este no reúne los requisitos que la ley exige y se me pretenden detener sin saber los hechos que se me imputan ni quien me los imputa, razón por la cual me encuentro en total estado de indefensión jurídica, ya que al no haber sido citado a comparecer a ninguna indagatoria penal o judicial desconozco las circunstancias de tiempo modo y lugar de los mismos, ya que nunca he cometido delito alguno".

Se mostró sorprendida sobre la existencia, aparte de las dos denuncias presentadas por la suscrita por la muerte de su hijo, de una más iniciada de oficio por la PGJE el 29 de enero de 2008, una vez que se tuvo conocimiento formal de que el menor se encontraba hospitalizado, "de la cual ignoro el número y dónde se encuentra radicada y las causas por la que fue iniciada la misma, lo anterior resulta extraño toda vez que en esa fecha mi menor hijo aún tenía vida y no existía causa penal para que la procuraduría de inicio alguna averiguación penal, lo que indudablemente es una perversidad del procurador de Justicia".

"Con el actuar oscuro de la PGJE se me pretende intimidar y detener ilegalmente por parte de la policía investigadora ya que en este caso, no se reúnen los más elementales requisitos exigidos por los artículos 14 y 16 Constitucionales para que yo sea detenida o presentado ante cualquier autoridad más aún y sin que conozca la denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, y sin ser odio y vencido, y lo anterior constituye una violación flagrante de la ley en contra del suscrito y de mis más elementales derechos constitucionales".

Entre los testimoniales que se solicitan en descargo se pide que el titular del Servicio Médico Forense (Semefo) Mario Rivas Souza, comparezca para que declare sobre la autopsia practicada, así como de las causas de la muerte del menor y en otro punto pide se someta a un interrogatorio al coordinador del CCIJ, para que declare sobre sus declaraciones públicas y sobre su particular injerencia e interés legal ante el procurador de Justicia del Estado de Jalisco.

Profepa inspeccionó daños por carretera

Falta información de Semarnat sobre las autorizaciones de impacto ambiental.

Los huicholes siguen con su plantón y denuncian hostigamiento oficial. Foto: Iván García


Agustín del Castillo - PÚBLICO

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) culminó este jueves el procedimiento de inspección a las obras del tramo carretero Bolaños-Huejuquilla, luego de diversas denuncias tanto de comuneros del pueblo wixaritari (huichol) como de ejidatarios y pequeños propietarios sobre presuntos daños al entorno ambiental.

La operación, comprometida a los indígenas el pasado 14 de febrero por el delegado estatal, José de Jesús Becerra Soto, comenzó el martes 19 de febrero y terminó ayer, 21 de febrero. El funcionario espera recibir hoy el informe completo de sus inspectores, con base en lo cual se podrían determinar sanciones, informó el vocero de la dependencia Juan Carlos Díaz Morales.

La carretera tiene una longitud aproximada de 130 kilómetros y atraviesa por terrenos de las comunidades indígenas de San Sebastián Teponahuaxtlán y de Santa Catarina Cuexcomatitlán, además del ejido mestizo de Los Amoles y diversas pequeñas propiedades. Los afectados señalan entre los daños la pérdida masiva de arbolado, la destrucción de hábitat de especies en peligro de extinción, como podrían ser la guacamaya militar (Ara militaris), el ocelote (Leopardus pardalis) y el lobo mexicano (Canis lupus baiyeli); la devastación de zonas de recarga de manantiales y el corte de corredores de fauna y flora.

En particular, los wixaritaris, quienes mantienen un plantón en la Ciénaga de los Caballos para impedir las obras, se han quejado también de la destrucción de sitios sagrados, además de que en los impactos ambientales no se considera la transformación del medio a la alta velocidad que traerá una ruta pavimentada: hostigamiento policiaco a sus peregrinaciones a Wirikuta (San Luis Potosí), arribo de taladores y cazadores clandestinos y una fuerte presión de empresas privadas o públicas para desposeerlos de sus terrenos comunales.

La construcción de esta carretera, que cuenta con un presupuesto de unos 400 millones de pesos entre 2007 y 2008, tiene diversas autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo forestal, pero los indígenas desconocen sus términos; afirman que hay un elevado riesgo de que se hayan concedido sin considerar los impactos regionales, es decir, segmentados de predio en predio, lo que facilita la autorización y no impide daños crecientes.

En Santa Catarina, la protesta se avivó luego de que se conoció una supuesta acta de asamblea fechada el 9 de septiembre pasado —día en que no se realizó nada semejante en todo el territorio comunal—, firmada por los tres titulares del comisariado de bienes comunales de ese entonces, donde se permite afectar más de 76 hectáreas para el derecho de vía. El acta es espuria pero tiene firmas y sellos genuinos, porque señala un procedimiento que nunca se realizó. Los firmantes informaron a la asamblea que estamparon su rúbrica luego de meses de fuerte presión gubernamental (Público, 21 de febrero de 2008).

La Sierra Huichola tiene un viejo decreto de área protegida que data del gobierno federal de Miguel Alemán Valdés: es parte del vasto polígono de la zona de protección del distrito de riego 043, que fue recategorizada en 2002 como área de protección de recursos naturales. Además, forma en su mayor parte una “región terrestre prioritaria” por ser “una zona templada con alta concentración de especies consideradas en riesgo de extinción como la guacamaya enana, la ardilla (Tamias sp.) y el guajolote silvestre, y tiene el último registro del lobo mexicano en la región. Dentro de esta región se incluye vegetación de bosque de pino-encino y de encino con vegetación secundaria”, señala el texto de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (www.conabio.gob.mx).

Además, los acuerdos am-bien¬tales de América del Norte ubican en esta geografía dos áreas de importancia para la conservación de las aves (AICAS), que son la C-55 y la NE-37, cuya preservación son un compromiso internacional del gobierno mexicano


Policías deambulan por la zona

• Los cientos de huicholes apostados desde el pasado 11 de febrero en el potrero de la Ciénaga de los Caballos, Mezquitic, para impedir la ejecución de las obras de la carretera Bolaños-Huejuquilla, se han debido acostumbrar a la creciente presencia de policías estatales de Jalisco y de soldados del Ejército, lo que los voceros interpretan como una presión más para que levanten su protesta.

“Vienen y preguntan si tenemos armas; la policía se da vuelta con cualquier pretexto”, señaló uno de los voceros de los wixaritaris. El gobernador Emilio González Márquez se comprometió el pasado 20 de febrero a no desalojar a los quejosos.

La Ciudadela está limpia, afirma SSC

En marzo de 2007 Kellner presentó una denuncia ante la Profepa, mostrando su preocupación por los desechos tóxicos que pudieran existir en el terreno, pues antes de ser de uso habitacional era industrial.

Patricia Martínez y Jaime Ramírez - LA JORNADA JALISCO

La empresa SSC Inmobiliaria dio su versión en el caso de La Ciudadela. Ayer, fue la primera vez en que uno de los representantes opinó públicamente. Manuel de Asís Orta, vicepresidente de la compañía, dijo que es falso que el terreno donde se construye el conjunto habitacional y comercial esté contaminado, como argumentó el miércoles Ludger Kellner, presidente de la asociación vecinal Jardines del Sol y del Parlamento de Colonias.

En marzo de 2007 Kellner presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mostrando su preocupación por los desechos tóxicos que pudieran existir en el terreno, pues antes de ser de uso habitacional era industrial. Luego, la empresa recibió la orden de realizar estudios al suelo, para determinar el posible nivel de materiales tóxicos. Los resultados indicaron la presencia de talio, en niveles permitidos por la Norma Oficial Mexicana. La siguiente indicación fue sanear 70.93 metros cuadrados donde se localizó el material: “¡70.93, de 110 mil metros cuadrados que mide el terreno!”, dijo con asombro Manuel de Asís, y explicó que, de 120 muestreos que se hicieron, sólo encontraron talio en cuatro esquinas, en las naves industriales, “y dicho elemento químico es usado habitualmente en productos de control de plagas, como en raticidas. Recordemos que las naves usadas por Motorola estuvieron cerradas durante aproximadamente tres años”. Por lo tanto, “es falso que existan materiales contaminantes” y mostró las constancias de la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para asegurar que el terreno está saneado.

Respecto al desarrollo sustentable del proyecto, declararon que el predio cuenta con dos pozos, los cuales suministran aproximadamente 38 litros por segundo, sus necesidades máximas; por lo tanto, el flujo que sobrará, catorce litros por segundo, serán donados a Zapopan. También donarán 1,200 metros cuadrados para que la Comisión Federal de Electricidad instale una subestación, con la cual podrán dar el servicio de energía a 1,200 casas: “¡También en beneficio de la comunidad!”, subrayaron.

Por ahora, esperan que se resuelva la última traba: el nivel de densidad permitida. Para el Ayuntamiento de Zapopan el límite es construir 400 departamentos, aunque SSC Inmobiliaria tiene permiso para 530. Lo primero que concluirán es el centro comercial, y confían que estará para 2009. Han invertido casi 300 millones de pesos en la obra; la inversión programada es de 1,200 millones para el área comercial y 2,200 para la habitacional.

Harán consulta pública
(Guadalajara•Jaime Ramírez Yáñez)

• El Ayuntamiento de Zapopan hará una consulta pública en Jardines del Sol para evaluar el plan parcial de urbanización sobre el que se autorizaron las licencias de construcción de La Ciudadela.

En entrevista, el alcalde Juan Sánchez Aldana sostuvo que tiene que cumplirse el reglamento y que, en este caso, la consulta pública es parte de un procedimiento que marca la ley de desarrollo urbano en el plan parcial de urbanización. Sin embargo, precisó que el resultado de la consulta podría derivar en un cambio de uso de suelo, pero no detendría el proyecto inmobiliario del que se quejan los vecinos.

El síndico Ricardo Anguiano expuso que a los desarrolladores de La Ciudadela, quienes tienen cuatro procedimientos abiertos en contra y entre ellos uno de anulación de licencias, también les falta cumplimentar los estudios de impacto vial y ambiental ante el ayuntamiento, y que se defina si es procedente construir más departamentos en la zona.


- uno x uno
Las compraventas del polémico terreno

•El inmueble se inscribe por primera vez el 16 de febrero de 1945 y a favor del entonces menor de edad Ignacio García Villaseñor

•Según escritura 322 del 18 de octubre de 1968, ante el notario 63, Miguel Ángel Nuño Ruesga, Ignacio García Villaseñor vende a Semiconductores Motorola de México un total de 122,418.63 m2

•En la escritura 19,315 del 18 de julio de 1999, se asienta que Motorola de México vende a SCG México, ante el notario 181, Miguel Soberón Mainero

•Del expediente 1434/02 del Juzgado 3 Mercantil. Demanda Grupo Fracsa a SCG México, por conducto de Alejandro Moreno Pérez, notario 22 de Zapopan

• Expediente 1656/02 del Juzgado 4 Mercantil. Demanda SCG México, SA, a Grupo Fracsa, SA, y a Mauricio Sánchez Garza

•Escritura 3,042 del 29 de agosto de 2003. SCG México vende a Alejandro Sánchez Garza ante el notario 96, Adrián Talamantes Lobato

•Escritura 10,937 del 29 de agosto de 2003. Alejandro Sánchez Garza vende a la Universidad del Valle de México una parte del inmueble correspondiente a 45.514%, es decir, 50 mil m2, ante el notario 32 Salvador García Rodríguez

•Escritura 557 del 26 de marzo de 2004. Alejandro Sánchez Garza vende a Bienes de Administración Inmobiliaria, SA de CV, una parte del inmueble correspondiente a 41.865%, es decir, 45,992 m2, ante el notario 117 Rodolfo Ramos Menchaca

• Escritura 79,713 del 31 de mayo de 2004. Universidad del Valle de México vende a Cictuvam, SC, 45.514% del inmueble. Es decir, 50 mil m2, ante el notario 137, Carlos de Pablo Serna

• Escritura 715 del 10 de agosto de 2004. Alejandro Sánchez Garza vende a Cictuvam, SC, 8.976% del inmueble. Es decir, 9,860.71 m2, ante el notario 117 Rodolfo Ramos Menchaca

• Escritura 1,250 del 7 de septiembre de 2005. Alejandro Sánchez Garza vende a Cictuvam, SC, 3.645% del inmueble, correspondiente a 4,003.28 m2, ante el notario 117 Rodolfo Ramos Menchaca

• Escritura 4,723 del 20 de abril de 2006. Venden, por una parte, Bienes de Administración Inmobiliaria, SA de CV, 41.865% correspondiente a 45,992 m2; y por la otra Cictuvam, SC, 58.135% correspondiente a 63,864 m2. Compra Deutsche Bank México, SA, en su carácter de fiduciario del fideicomiso F/349, 100% del terreno ante el notario 22 Alejandro Moreno Pérez. Dicho fideicomiso se integra por Deutsche Bank México, SA, como fiduciario, Centro Comercial Huehuetoca, LLC (Limited Liability Company) (85%) y Ricardo Covarrubias Valenzuela (15%)

• El 29 de agosto de 2003 se negoció el total del inmueble (109,856 m2) en trece millones 200 mil dólares, y el 20 de abril de 2006, tan sólo 32 meses después, se negoció el mismo inmueble en 44 millones 722,668 dólares

• Sin embargo, después de transcurridos más de dos años, lo que adquirió Bienes de Administración Inmobiliaria, SA de CV, en 23 millones 512,815 dólares, lo vende en 22 millones 632,369 dólares, con una pérdida de 880,446 dólares

• Contrato de arrendamiento entre los “Arrendadores”, Centro Comercial Huehuetoca, LLC (KIMCO), y Ricardo Covarrubias Valenzuela; y el “Arrendatario”, Cinemas de la República, SA de CV, ratificado ante el notario público 22 de Zapopan, Alejandro Moreno Pérez.

• Fuente:
Ludger Kellner, presidente del Parlamento de Colonias.

Inminente contraofensiva mediática del gobierno estatal en torno al caso del niño Miguel Angel

En el Ejecutivo se cocina la versión de que falleció debido a abusos y violencia intrafamiliar


El tutor de Miguel Angel López Rocha muestra la receta de los medicamentos prescritos por el Hospital General de Occidente, que se suministran cuando existe intoxicación por metales pesados en la sangre.

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

Al interior del gobierno del estado se cocina la versión de que la muerte de Miguel Angel López Rocha –el niño de 8 años que antes de ingresar al Hospital General de Occidente (HGO) en enero pasado dijo haber caído al río Santiago– se debió a una serie de abusos hacia el pequeño y violencia intrafamiliar, según revelaron fuentes al interior de la administración que encabeza el panista Emilio González Márquez.

Desde hace un par de días, fuentes al interior del gobierno estatal han filtrado a diferentes periodistas que se dejaba venir una “contraofensiva” mediática a la información que ha circulado en los medios que apuntan a que la causa del menor se debió a la contaminación del río Santiago.

La punta de lanza serían las declaraciones del presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), José Luis Gutiérrez Treviño, quien declaró el pasado miércoles 19 de febrero: “Esa agua no está tan contaminada como están satanizando aunque venga de México y venga de donde venga, aquí el problema es político, a nosotros como iniciativa privada nos molesta demasiado. Nosotros estamos viendo que la tendencia es estar molestando para que no se construya Arcediano. Estamos totalmente en contra de eso”.

De acuerdo con lo publicado ayer en La Jornada Jalisco, el industrial detalló que “por ahí hay unas investigaciones que vamos a sorprenderlos, no les quiero decir por qué, no quiero”.

De igual forma, fuentes también del sector industrial revelaron que era cierto: una campaña del gobierno del estado estaba en marcha para echar atrás los señalamientos de que los lixiviados que contiene el río Santiago fueron la causa de la muerte del pequeño.

Miguel Angel López Rocha falleció a las 17:40 horas del pasado miércoles 13 de febrero debido a un paro cardiorrespiratorio, una falla orgánica múltiple y la intoxicación por arsénico, metal que estaba en proporción de 4 a 10 veces más en su cuerpo.

Allegados al caso de López Rocha, revelaron a este diario que la familia del niño ya interpuso una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (CNA), así como de “quien resulte responsable”.

“La familia está sacada de onda por las declaraciones que el gobernador hizo hoy (ayer) ante industriales”, dijo un representante de los parientes del pequeño. La versión de la fuente consultada es que el mandatario dijo a los empresarios que la línea de investigación iba en torno a la madre de Miguel Angel.

La misma fuente dijo que se presentara hoy una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por las declaraciones del mandatario así también en contra del procurador de Jalisco, el panista Tomás Coronado Olmos, porque ni siquiera “se ha citado a la madre y ya se han dado declaraciones por parte de González Márquez”.

Desde hace 9 meses había un plan para paliar la contaminación del río Santiago

Resolvieron ponerlo en práctica después de que Miguel Angel murió de intoxicación por arsénico

Juan Carlos G. Partida - LA JORNADA JALISCO

Hace nueve meses, autoridades estatales y federales ya habían acordado un plan de emergencia para comenzar a revertir la grave contaminación del río Santiago en los municipios de El Salto y Juanacatlán. Las medidas que hasta hoy se toman, luego de la muerte, el 13 de febrero pasado, por ingesta de arsénico de un niño de ocho años que cayó al río, fueron consensuadas desde entonces pero no existió el interés político de ponerlas en práctica, en especial las emergentes, porque se consideró que serían gastos inútiles y no resolverían de fondo el problema.

La Jornada Jalisco cuenta con las minutas de las reuniones sostenidas desde entonces, en las que se aprecia claramente qué medidas paliativas como las que ahora se iniciaron, entre ellas el entubamiento del canal de aguas residuales, la nebulización contra los mosquitos, el desfogue de las aguas negras estancadas, entre otras, tenían meses archivadas.

En estos momentos, las procuradurías de Justicia del Estado y General de la República tienen investigaciones abiertas cada una por su lado para deslindar responsabilidades en torno a la muerte por intoxicación de Miguel Angel López Rocha, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) intensifica los trabajos para el próximo mes de marzo emitir una recomendación sobre el tema, al que ya lanzó severas críticas en un reciente informe especial. Las minutas de esas reuniones podrían servir como pruebas para integrarlas a los respectivos expedientes.

“El miércoles 2 de mayo (de 2007), siendo las 17:15 horas, en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (CNA) se llevó a cabo la reunión pactada por esta Subsecretaría (de Asuntos del Interior, dependiente de la Secretaría General de Gobierno), esto a petición del delegado, ingeniero José María (sic, en realidad es Raúl Antonio) Iglesias, en donde se convocó a personal de los ayuntamientos de El Salto y Juanacatlán, además de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) y personal de esta Subsecretaría. En la reunión se trató el punto de la contaminación existente en el río Santiago a la altura del municipio de El Salto y Juanacatlán, donde se plantearon las posibles alternativas a la solución de dicho conflicto”, señala un documento de la Subsecretaría de Asuntos del Interior, encargada de llevar la minuta de las varias reuniones que se dieron a partir de esa fecha.

Las alternativas señalan que, “a mediano plazo”, la solución es el saneamiento de la Cuenca del Ahogado con la construcción de una macroplanta tratadora de aguas residuales, “la cual estaría instalada en el municipio de Juanacatlán”. También se decidió permitir “el flujo ininterrumpido de las aguas residuales en dicho río”, es decir, abrir las compuertas en la represa de El Salto, lo que, sin embargo, desde entonces se sabía que “afectaría a la zona de riego de La Aurora”, por lo que en esa reunión se decidió programar otra junta en Juanacatlán dos días más tarde, el 4 de mayo, “para platicar con los representantes ejidales de La Aurora y hacer una inspección de campo”.

Incluso ese mismo 2 de mayo, representantes del Ayuntamiento de Juanacatlán presentaron la moción de desviar la intersección de aguas del canal que llega al Santiago de la presa de El Ahogado. “La desviación propuesta es por medio de un sistema de canal revestido por el margen oeste del río Santiago, el cual desembocará aguas abajo de la cascada, librando los márgenes norte de ambas comunidades”.

Más reuniones

Otra reunión se dio el martes 8 de mayo del año pasado, a las 17:30 horas, también en las instalaciones de la CNA, otra vez convocada por Raúl Antonio Iglesias. Acudieron, además de funcionarios de El Salto y Juanacatlán, representantes de la CEA, Semades y de la Subsecretaría de Asuntos del Interior. Al igual que en la anterior ocasión, se ahondó en las alternativas para la solución del conflicto ambiental y se acordó hacer un levantamiento topográfico por parte de la CEA. También se decidió invitar para una próxima reunión a la Secretaría de Ganadería (Sagarpa) y la estatal de Desarrollo Rural (Seder) “para verificar los programas con que cuentan ambas dependencias y poder aplicar alternativas para el saneamiento y desazolve del río, así como analizar opciones para la erradicación del lirio y buscar productos químicos que no afecten el entorno ecológico para tal fin”.

De hecho, se estableció que la CEA presentaría los estudios topográficos a los diferentes trazos de las propuestas a más tardar el 1 de junio para que la CNA los validara y definiera cuál de las propuestas era la mejor, en un término que a su vez no debería exceder de diez días, es decir, hasta el 11 de junio. El proyecto ejecutivo lo realizaría la CEA y debería estar listo el 21 de junio, mientras la Semades se comprometía a “gestionar una aportación económica que contribuya a la ejecución de los trabajos”.

También, de inmediato, se signó el compromiso de que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) aplicaría nebulizaciones para erradicar el mosco del río, mientras los dos ayuntamientos, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano (SDH), se comprometieron a buscar “el apoyo de las industrias para conseguir financiamiento para la renta de una avioneta” con la que se aplicarían insecticidas para erradicar el mosco, invitando además a la ciudadanía a participar con mano de obra para la limpieza del lirio en los márgenes del río.

El 1 de junio hubo otra reunión donde ya aparecieron representantes de la Seder (Pedro Alvarez Morin, Héctor Chaires Muñoz y Rafael González Pérez) y la Sagarpa (Manuel Pérez Carvajal, de la Coordinación de Programación). También estuvo presente Celia Vargas Alcázar, de la CEDHJ, además de los representantes de CNA, Semades, CEA y de los dos ayuntamientos.

Ese día la Seder se comprometió a presentar un programa de desazolve y analizar el uso de una máquina trituradora de lirio. Juanacatlán solicitaría a la Unidad de Protección Civil del Estado el “uso de aerobotes para jalar el lirio hacia la cortina”, mientras la Subsecretaría de Asuntos del Interior se comprometió a pedir la presencia de un representante del SIAPA y de la Asociación de Industriales de El Salto para la siguiente reunión. Incluso se planteó la posibilidad de que la SSJ realizara un “estudio de mortandad y morbilidad buscando los canales necesarios para que sea realizado por medio de la Universidad de Guadalajara”. El Salto solicitaría a Semades, CEA y CNA monitorear las descargas al río Santiago.

El 18 de junio, en una reunión a la que asistió el alcalde de Juanacatlán, Ramiro Tapia Ornelas, además de representantes de la SSJ, Seder, Sagarpa, Semades, SDH, CEDHJ y CEA, se informó que ya estaban listos los estudios topográficos. Entre otras cosas, se detalló también que la SSJ cotizaría renta de avionetas para fumigar la zona afectada por los mosquitos, el regidor de Juanacatlán, Francisco de la Cerda, realizaría la gestión necesaria ante la CNA para que “la apertura de la compuerta sea lo más pronto posible” y poder arrojar las aguas negras evitando su estancamiento en la represa.

También la Semades contestaría la solicitud del Ayuntamiento de El Salto para visitas de inspección y monitoreo de las descargas de las industrias en conjunto con la CNA, CEA, SSJ y los propios ayuntamientos. Además se buscaría contar con el helicóptero de Protección Civil para los trabajos de fumigación. Hasta la Secretaría de Promoción Económica fue involucrada, ya que se decidió solicitarle que gestionara ante los industriales de la zona recursos para la erradicación del mosquito y “para la construcción del proyecto alternativo de saneamiento del río Santiago”.

Todavía hay dos reuniones más de las que se tiene constancia. Una el 6 de julio, en el salón Juárez de Palacio de Gobierno, en la cual la CEA entrega la totalidad de estudios topográficos para el entubamiento del canal, aunque la CNA señaló ahí que faltaban “otros estudios complementarios” que la dependencia estatal se comprometió a entregar el 13 de julio. La CNA anunció que realizaría un padrón de los ejidatarios de La Aurora y sus siembras, incluso que también investigaría a la empresa CIBA “para averiguar si los dos tubos de descarga están debidamente registrados”. Asuntos del Interior acordó invitar a un representante del SIAPA “para desarrollar un estudio integral referente a la contaminación del río Santiago” y también se analizó la posibilidad de solicitar a la Universidad de Guadalajara “un estudio sobre mortandad y morbilidad”.

La otra es el 30 de julio, a la cual acudió Samuel González Márquez –hermano del gobernador Emilio González– en su calidad de encargado de saneamiento del SIAPA; también estuvo presente el diputado panista Arturo Gutiérrez Tejeda, titular de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, así como representantes de las dependencias ya señaladas. Entre otros acuerdos tomados ese día, el Ayuntamiento de Juanacatlán solicitaría al Colegio Jalisciense de Salud Pública el famoso estudio de mortalidad y morbilidad, y se definió que ese mismo municipio y el de El Salto harían lo mismo a la UdeG.

Todo eso estaba decidido desde entonces, pero no se aplicó hasta que inició el mes de febrero y sólo cuando se hizo pública la noticia de que Miguel Angel había caído al río, se dio un golpe en la cabeza y tragó las contaminadas aguas, lo que le provocó una septicemia que devino en convulsiones, coma y muerte, el 13 de este mes.

Anuncian inicio de las obras; hacen medición topográfica

Calculan que en tres días inician con excavaciones. La Seder adjudicó la obra a la empresa Construcciones y Carreteras

Sergio Hernández - MURAL

Lo que el Gobierno del Estado anunció como el inicio de las obras para solucionar la contaminación del Río Santiago fue solamente una simple medición topográfica para verificar por dónde pasará el colector que desviará parte de las aguas negras que caen al cauce.

"Tenemos primero que hacer el trazo, ya está aquí una brigada de topografía que están marcando las líneas por donde va a ir el canal y a continuación se harían las excavaciones", justificó Héctor Gabriel Chaires Muñoz, director de Infraestructura Hidroagrícola de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

"En tres días ya estaríamos haciendo las excavaciones, ya que tengamos algún tramo ya marcado, empieza la excavación y la tubería sería posterior".

La obra que según el Secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, iniciaría este miércoles, costará 14 millones de pesos y consiste en un colector de 1.20 metros de diámetro y 3.6 kilómetros de longitud.

Este colector captará las aguas residuales del Arroyo del Ahogado para luego tirarlas en el Río Santiago, pero ahora aguas abajo de las poblaciones de El Salto y Juanacatlán, evitando que los ciudadanos padezcan la degradación ambiental.

La obra se realiza luego de que un menor muriera a causa de intoxicación por arsénico, presuntamente por haber caído al Río Santiago, lo que ha generado una fuerte presión social para que las autoridades den solución inmediata a este problema que comenzó a ser evidente alrededor de 1967, cuando se creó la Zona Industrial de El Salto.

Para la realización del colector la Seder asignó de manera directa la obra a la empresa Construcciones y Carreteras, dándole un plazo de dos meses para concluirla.

La tubería se hará desde La Azucena, la colonia donde vivía el menor, y terminará pasando el puente que une a Juanacatlán y El Salto.

El listado de las empresas de los alrededores de El Salto que han sido sancionadas por vertir aguas residuales fuera de norma, no fue dado a conocer por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como lo prometió su representante regional, Raúl Antonio Iglesias Benítez.

En la oficina de Comunicación Social señalaron que analizan la forma de hacer pública esta información sin hacerse acreedores a sanciones administrativas.

Con o sin carretera tendremos proyecto ecoturístico, indica el alcalde de Bolaños

Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

Bloqueo de las obras de la carretera por parte de indígenas huicholes

Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCO

Con o sin carretera, el municipio de Bolaños tendrá proyecto ecoturístico afirmó el alcalde Luis Alberto Zamora Zamora al referirse al bloqueo que mantiene un grupo de comuneros wixaritaris en el paraje de Ciénaga de los Caballos, cuya asamblea se manifestó en contra de la obra, después de descubrir que la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) supuestamente falsificó un documento en el que ceden los derechos de vía.

El acta, cuya copia apareció en un diario local, señala que el 9 de septiembre de 2007 los comuneros celebraron una asamblea ordinaria en la cual se abordó la solicitud del gobierno estatal para ocupar de forma previa 76.72 hectáreas de su territorio, el trámite del cambio de uso de suelo forestal y la expropiación de tierras, y la solicitud al Registro Agrario Nacional (RAN) de la inscripción de los acuerdos. Según la dependencia ese día, asistieron presuntamente 486 comuneros de un total de 518, y en 100 por ciento aprobaron el proyecto.

El primer edil aseveró que la acusación de los comuneros es falsa, pues ese día estuvo él presente y los comuneros estuvieron de acuerdo.

“Nos tuvieron todo el día allá, nos atendieron hasta las 6 de la tarde de ese día, nos hicieron esperar, tenían alguna reunión, no sé que tenían. Nos atendieron ya que terminaron, nosotros nos esperamos, expusimos los motivos de la carretera, de las peticiones que hemos tenido pues todos como comunidad, no nada más como comunidad, sino que se beneficia más gente aparte de la comunidad y nos firmaron el derecho de vía. Nosotros nos regresamos con el derecho de vía y realmente así fue”, aseguró.

Zamora Zamora explicó que al menos las poblaciones indígenas que pertenecen a su municipio están de acuerdo con la obra porque saben que traerá beneficios sociales y económicos.

“Se les facilita, desde un transporte de un herido, de una persona que tenga un problema de salud, de urgencia familiar es más rápido la vía de carretera que la vía terracería en malas condiciones”, mencionó.

Confirmó lo que hasta hace unas semanas se esparció como un rumor; que la región de Santa Catarina, Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, está entre los planes del gobierno del estado para hacer una ruta wixarika que se unirá a otras poblaciones indígenas del norte de Jalisco.

Dijo que existe una partida de 30 millones de pesos a ejercerse este año en la construcción de miradores, cabañas y tiendas de servicio, en la serranía.

“La gente de las ciudades lo que quiere es ir a admirar solamente nada más el campo, considero que hay comunidades indígenas que tienen sus lugares ecoturísticos muy bonitos y que mucha gente va a visitarlos y tienen muchos años con eso y esto no ha dado pie a que se haya transformado todo lo que es el entorno del bosque en la sierra huichola”, añadió.

Mencionó que la carretera es fundamental para comunicar al municipio con el centro de Jalisco ya que actualmente deben atravesar el estado de Zacatecas, además de que por esta zona transita el transporte de carga de Durango, por tanto la obra es indispensable para reactivar la economía.

Puntualizó que los lugares sagrados, que ellos argumentan serán devastados, están retirados de la obra.

Senador lamenta actitud de panistas

El senador dijo que hay información que no se está dando, como qué pasó con los recursos que la Federación presupuestó para el saneamiento en Jalisco en años anteriores, pues no se sabe si se perdieron o se les dio otro uso. Sonia Serrano - PÚBLICO Aunque admitió que la declaratoria de emergencia sanitaria en el río Santiago no implica la solución a los problemas de contaminación en los municipios de El Salto y Juanacatlán, el senador Ramiro Hernández García subrayó que al menos implica disposición de la Cámara Alta para involucrarse en el tema, lo que no ha sucedido con las autoridades de Jalisco. En conferencia de prensa, el legislador federal por el Partido Revolucionario Institucional lamentó que dos ex gobernadores y el actual, todos panistas, intenten culpar a la oposición, en lugar de asumir su responsabilidad de no haber actuado a tiempo. En el Senado, en tanto, la próxima semana la Junta de Coordinación Política conformará el grupo de trabajo, esperando que en unos quince días ya puedan visitar la zona, “con un ánimo más de integrar la acción de todos, incluyendo la de los industriales, la de las autoridades municipales, la de los académicos. No para enredar, sino para buscar encauzar”. Afirmó que si la autoridad local tiene opciones de solución, se pueden tomar en cuenta: “Aquí el problema es que no lo vemos. Un día abren las compuertas, otro día dicen que van a entubar. Un día una dependencia da un punto de vista y la otra da otro diferente. Pero no estamos hablando de qué pasó con el proyecto de saneamiento”. El senador dijo que hay información que no se está dando, como qué pasó con los recursos que la Federación presupuestó para el saneamiento en Jalisco en años anteriores, pues no se sabe si se perdieron o se les dio otro uso. De la responsabilidad de los senadores y legisladores federales, afirmó que tendrá que ser de gestión ante el gobierno federal. Sobre la declaratoria de emergencia, admitió que se trata de “una buena intención, pero lo más grave es que no haya nada. Obviamente una declaratoria, si no hay voluntad, no te sirve para nada […] Si la voz del Senado no tiene eco en las dependencias del Ejecutivo que están obligadas a atender los problemas de contaminación ambiental, entonces no sé a dónde hay que recurrir”. Consideró que sí es lamentable que, después de la aprobación de proyectos y la asignación de recursos, “hoy estemos como si estuviéramos partiendo de cero”. De nada servirán acciones que no resuelvan el problema y que sólo pretendan una atención mediática, pues “los jaliscienses estamos más desesperados, porque los políticos no estamos dando la talla”.

El Santiago “no está tan contaminado”, afirma CCIJ

El coordinador de los industriales, dispuesto a “echarse un buche” de agua. Javier Gutiérrez Treviño pide esfuerzo conjunto para limpiar el afluente.

Patricia Romo - PÚBLICO

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Javier Gutiérrez Treviño, minimizó el problema de la contaminación en el río Santiago y aseguró que está dispuesto a echarse “un buche de agua” de ese afluente para demostrar que “no está tan contaminado”.

El industrial aseguró que son intereses políticos de gente interesada en impedir que se construya la presa Arcediano, la causa de que se haya exagerado en torno a la contaminación y lamentó que se esté satanizando a la industria que, dijo, “aporta solamente 5 por ciento de los contaminantes” detectados en el río.

Estas declaraciones se dieron apenas un día después de que la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC), en voz de su vicepresidente, Rubén Reséndiz, reconoció que 50 por ciento de sus 150 agremiados no cuenta con planta de tratamiento de aguas, lo que ha contribuido a la grave contaminación del río Santiago, y pidió al gobierno buscar y sancionar a las empresas responsables de ensuciar el afluente (Público, 20 de febrero de 2008).

“Con un buche de agua ahí de seguro nadie se envenena, tiene eso [lo de la contaminación del río Santiago] años, o sea, yo creo que esto lo están politizando y es desgraciadamente [así] como somos los jaliscienses para que no camine el estado”, señaló el empresario.

¿Usted estaría dispuesto a echarse un buche de agua de ahí?, se le preguntó al industrial textilero, a lo que éste respondió: “Sí, me lo echo, claro que sí, cuando quieran ustedes, no pasa nada”.

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco reiteró que “aquí el problema es político, nosotros como sector privado nos molesta demasiado que la tendencia es estar molestando para que no se construya Arcediano”. A la par, exigió que se frene lo que calificó como una cacería de brujas en contra del sector.

Para sustentar sus palabras, Javier Gutiérrez Treviño presentó un estudio realizado por la Comisión Nacional del Agua (CNA) en el lecho del río Santiago a las afueras de la empresa Ciba Geigy, una de cuyas plantas productoras de agroquímicos se asienta en Jalisco, “supuestamente de las más grandes y contaminantes”, mismo que revela que los niveles de fósforo y nitrógeno están dentro de la norma, que no se encontró arsénico ni la presencia de otros metales pesados.

“La mayoría de la contaminación la está haciendo el SIAPA [Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado] con las aguas negras que vierte y la están haciendo los vehículos” que circulan en la zona metropolitana de Guadalajara, agregó.

Consideró que es momento de ponerse a trabajar de manera conjunta, autoridades y sector privado, con el propósito de disminuir la contaminación no sólo en el río Santiago sino en todos los cauces del estado de Jalisco.

Tras reunirse en privado por espacio de dos horas con el gobernador Emilio González Márquez y con Fernando Montes de Oca, procurador estatal de medio ambiente, el líder de los industriales de Jalisco reveló que pronto “habrá sorpresas” en torno a las investigaciones que el gobierno del estado realiza sobre la muerte en días pasados del niño Miguel Ángel López Rocha, quien falleció la semana pasada víctima de una intoxicación por arsénico que se presume tuvo lugar tras caer e ingerir agua contaminada del río Santiago.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Promotores y Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), Javier Michel Menchaca, reconoció la parte de la culpa que según el mandatario estatal tienen los diferentes actores en el problema de la contaminación del río Santiago.

Aceptó que hay empresas que construyen a las orillas del afluente contaminado, pero dijo que todas lo hacen con la previa autorización de los estudios de impacto ambiental. “No son desarrollos que se hayan autorizado hace poco, tengo entendido que el proceso de autorización se dio en los años 2000 y 2001”.

Repartir culpas, “actitud ruin” de Emilio, dice el PRD

Plantas de saneamiento con Cárdenas no se hicieron porque eran para industriales, afirman


El crédito japonés se vino abajo por el “berrinche de Alberto Cárdenas”, dicen. El partido pide cuentas de cuotas para saneamiento del SIAPA desde 1993.

Rubén Martín - PÚBLICO

La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) convocó a ex legisladores que ha tenido esa fuerza en el Congreso del Estado en los últimos trece años, para desmentir que se hayan opuesto a los trabajos de saneamiento de las aguas en la zona metropolitana de Guadalajara.

Así salió al paso la dirigencia que encabeza Gabino Berumen Cervantes de las acusaciones en su contra vertidas por el actual mandatario estatal, Emilio González Márquez, y los ex gobernadores Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Ramírez Acuña.

La postura de los gobernantes panistas fue calificada como “ruin” por el diputado local perredista Samuel Romero Valle. “Nos parece ruin, mezquina y cobarde la actitud de estos gobernadores, buscando responsables y queriendo lanzar las culpas a terceros y justificar con ello su ineptitud, incapacidad y falta de resultados en estos temas. El fracaso de los gobiernos de Acción Nacional en los temas de medio ambiente está a la vista”.

Romero Valle también formó parte de la LIV Legislatura (1998-2001), que revisó y rechazó el crédito japonés que proponía el entonces titular del Ejecutivo, Alberto Cárdenas.

Al respecto, explicó que la oposición del PRD y del PRI rechazó el crédito japonés en los términos que lo proponía Alberto Cárdenas Jiménez porque estaba destinado a sanear prioritariamente las aguas residuales de las industrias asentadas en la zona metropolitana de Guadalajara. El legislador dijo que así lo proponía el negociador del gobierno del estado, el consultor Juan Jaime Petersen Farah, y el líder de la industria aceitera, Gonzalo Cárdenas Jiménez, hermano del entonces gobernador.

Aseveró que la oposición no se opuso a la construcción de plantas de saneamiento, pero para tratar aguas de uso doméstico. En respaldo a su dicho, mostró una carta que los entonces legisladores de oposición entregaron al secretario de Finanzas, José Levy García, en la que le autorizaban un crédito de 700 millones de pesos para la construcción de dichas plantas. Agregó que el crédito japonés se vino abajo por el “berrinche de Alberto Cárdenas” porque se modificó la propuesta y porque tenía fuertes intereses con los empresarios.

Romero Valle recordó además que desde 1993 el SIAPA cobra una cuota para saneamiento a todos los tapatíos. Anticipó que pedirá al director del organismo que entregue cuentas de cuánto dinero se ha recaudado por esta cuota.

“Insistiremos en estos planes y por lo pronto se debe obligar a los industriales a que limpien sus aguas. Da risa escuchar a un funcionario estatal que dice que es una yerbita llamada ‘venenillo’ la que causa la contaminación […] Hasta ahora los industriales no cumplen, y el gobierno tiene que ser enérgico y hacer un plan para exigirles que cumplan”.

Por su parte, Celia Fausto Lizaola, coordinadora de los regidores del partido del sol azteca, presentó un documento elaborado por su fracción con un plan de emergencia ambiental para El Salto y Juanacatlán, firmado de recibido por el propio Emilio González en julio de 2007


Cañonazo de 100 millones de pesos

• Manuel Villagómez Rodríguez, regidor del PRD en Zapopan, aseveró que el gobierno del estado más que querer resolver de fondo el problema de abasto y saneamiento de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, pretende hacer un gran negocio inmobiliario con el proyecto de la presa Arcediano. Dijo que el proyecto del vaso artificial en la barranca pretende aumentar la plusvalía de los terrenos aledaños y hacer un gran negocio. Reveló además que en 2006 un enviado del gobierno del estado ofreció cien millones de pesos a Raquel Gutiérrez Nájera, asesora de los grupos civiles que se oponen a la presa de Arcediano.

En opinión del regidor zapopano, el proyecto de abasto de agua previsto por el gobierno del estado “viene mal desde el origen”. El ex diputado en la LVII Legislatura (2004-2007), dijo que se han violado las leyes federales y los acuerdos legislativos.

Uno de los puntos centrales impulsados por los diputados de oposición fue la decisión de separar el proyecto de construcción de la presa, de los proyectos para la construcción de las plantas de tratamiento.

Explicó además que una vez que se aprobó dicha separación se le pidió al titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Enrique Dau Flores, los proyectos ejecutivos de las dos plantas de tratamiento que se construirían en la cuenca El Ahogado, pero que se las negó supuestamente para “evitar la especulación con los terrenos”.

En resumen, señaló Villagómez, los responsables de la muerte del menor Miguel Ángel López y de la falta de los proyectos de saneamiento son las administraciones panistas y no la oposición.

Contaminación en el Santiago llega a vía penal

La madre del niño muerto y diputados de oposición buscan sanciones por muerte y polución; habrá sorpresas, dicen industriales.

Esperanza Romero Díaz/ Sonia Serrano Íñiguez/Patricia Romo Sahagún

El caso de Miguel Ángel López Rocha se complica. Por un lado, se judicializó, ya que la madre del menor presentó denuncia penal culpando a las autoridades de la muerte, y tres partidos políticos analizan seguir un camino similar para deslindar responsabilidades; por el otro, empresarios indicaron que el Ejecutivo estatal les dejó entrever que habrá sorpresas y que incluso se maneja la hipótesis de un asesinato.

“Todavía no está la autopsia a 100 por ciento y creo que por ahí hay unas investigaciones que van a sorprendernos”, señaló Javier Gutiérrez Treviño, tras reunirse con el gobernador Emilio González Márquez. Agregó que “ayer [el martes] hablamos con el procurador [Tomás Coronado Olmos] y nos dijo que está siguiendo otras líneas de investigación”.

De manera extraoficial, otros empresarios presentes en la reunión revelaron que el Ejecutivo estatal les dejó entrever que el menor fue asesinado.

Quien no tiene dudas sobre la causa de la muerte de Miguel Ángel es su madre, María del Carmen Rocha Mendoza, quien este miércoles respondió a los cuestionamientos del gobernador respecto a quiénes son responsables del fallecimiento de su hijo (que murió intoxicado por arsénico, presuntamente ingerido tras caer al río Santiago). Al mediodía se presentó ante la delegación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) en El Salto, para señalar como culpables a las autoridades de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y la Comisión Estatal de Agua (CEA).

Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos (FIND), es el coadyuvante de la madre, quien el pasado 13 de febrero ya había presentado denuncia penal por la muerte de Miguel Ángel (averiguación previa 269/08). Éste informó que ayer la mujer presentó un acta complementaria (a su denuncia inicial) señalando a la SSJ y a la CEA como autoridades responsables de la contaminación que le quitó la vida a su menor, “para que el Ministerio Público haga la investigación correspondiente y le ponga nombres”.

Estrada Juárez dijo que el hecho de que se conociera desde hace un par de años la situación del afluente y que las autoridades hayan sido negligentes motivó la denuncia complementaria, “porque desde 2006 sabían de la presencia de metales pesados y no hicieron nada”.

“El acto de la mamá de Miguel Ángel es la forma en que le responde al gobernador”, agregó el coadyuvante, luego de calificar al procurador Tomás Coronado Olmos como “un mentiroso”. Esto, debido a que hizo declaraciones sobre las investigaciones que la dependencia a su cargo realiza en torno a la muerte del menor y no informó que se originan en la denuncia de la madre, del 13 de febrero (269/08), sino que se siguen por oficio (Público, 19 de febrero de 2008).

Asimismo, dio a conocer que este día estarán presentando otra denuncia penal, ante la Procuraduría General de la República (PGR), dirigida contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (CNA), por la responsabilidad que les toque.

Señaló que en las acciones emprendidas por la madre y FIND se están aportando los documentos relacionados con las opiniones técnicas que hicieron llegar en su momento la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Tras celebrar la posibilidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atraiga el caso, “porque su investigación será más imparcial y genera mayor confianza”, Estrada Juárez indicó que la situación en el río Santiago es producto de la falta de voluntad política de los gobiernos.

En La Azucena no dudan: el niño murió por la contaminación del río. Foto: Marco A. Vargas

Quienes sí están mostrando voluntad política para que se haga algo en este caso son los diputados de oposición en el Congreso del Estado, pues tres partidos revisarán los elementos para presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable por la contaminación en el río Santiago y las omisiones de las autoridades, así como la posibilidad de que ésta haya sido la causa de muerte del niño Miguel Ángel López Rocha.

Lo anterior fue anunciado ayer en conferencia de prensa por los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los legisladores por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Enrique Alfaro Ramírez, y Nueva Alianza (Panal), Guadalupe Madera Godoy. La priista Verónica Martínez Espinosa será quien se encargue de la revisión jurídica para la presentación de la denuncia.

Además, los diputados confirmaron la creación de una mesa de trabajo para buscar solución a los problemas de contaminación.

Después de que el pasado martes la mayoría panista rechazó la propuesta que había presentado el diputado del PRI Jaime Prieto Pérez, para que se declare zona de emergencia sanitaria al río Santiago, a su paso por los municipios de Juanacatlán y El Salto, los diputados del tricolor aclararon que continuarán con los trabajos sobre el tema.

Los trece legisladores del PRI, Alfaro y Madera Godoy señalaron que los trabajos serán de acciones legislativas, políticas y jurídicas.

Por lo pronto, presentarán una denuncia penal contra quien resulte responsable de la contaminación del río, pero también por las omisiones en que se pudo incurrir. En este último caso, apuntarían a las autoridades.

El coordinador de los diputados del PRI, Juan Carlos Castellanos, reiteró que es lamentable que sigan buscándose culpables en lugar de una solución. Aclaró que es distinto el tema de la responsabilidad, especialmente en lo que se refiere a las autoridades, que no han actuado como corresponde.

Castellanos agregó que se creará una mesa interinstitucional de trabajo, para dar seguimiento al tema. Por su parte, Enrique Alfaro Ramírez anunció que invitarán a los representantes de las organizaciones civiles de El Salto, que desde hace varios meses habían denunciado los problemas de contaminación.

Alfaro lamentó además las declaraciones del presidente del Consejo Coordinador de Cámaras Industriales (CCIJ), Javier Gutiérrez Treviño, a quien llamó “palero” del gobernador, luego de que éste minimizó el problema de la contaminación del Santiago y dijo que para demostrarlo no dudaría en beber agua del río (ver nota página 8), por lo que lo retó: “Que me diga a dónde y cuándo paso por él para ir juntos al río Santiago, con un notario, para que se tome su buche de agua”.

En tanto se define quién o quiénes son los responsables de contaminar el río Santiago y de la muerte de Miguel Ángel, María del Carmen Rocha Mendoza ya planea mudarse de La Azucena, por el temor a que la contaminación del afluente le quite a otro de sus hijos.

Quieren proteger Colomos de obra

Sergio Hernández - MURAL

Vecinos de los alrededores del Bosque Los Colomos están promoviendo una manifestación para el domingo, a las 8:30 horas, para expresar su inconformidad por el desmonte de un terreno que está dentro del parque y que es urbanizado para la construcción de vivienda.

La marcha saldrá de la Glorieta Minerva y continuará por la Avenida Juárez, hasta el Centro de la Ciudad, siguiendo la ruta de la vía recreactiva.

Los promotores señalan que están indignados por la falta de autoridad para evitar que un predio de 15 mil metros cuadrados pase de ser área verde a habitacional.

"Somos un grupo de ciudadanos afectados por la tala [...], por unos supuestos dueños que aparecieron ahí y no se cómo pudieron meter unas máquinas a Los Colomos por la puerta de entrada sin que les dijeran nada y en menos de una semana talaron esa parte porque supuestamente van a hacer unos edificios ahí, siendo que el Plan Parcial de Desarrollo incluye que ahí no se puede construir nada porque es una zona protegida", comentó Jorge Tostado Farrera.

"Estamos verdaderamente alarmados de que ninguna autoridad haya hecho nada por impedir, eso entonces va a haber una marcha pacífica el domingo a las 8 y media hacia el Palacio Municipal, y pedirle ahí al Presidente Municipal que nos oiga, que nos ayude porque somos unos ciudadanos que queremos conservar ese patrimonio que es para toda la ciudad, es un pulmón que se lo están comiendo".

La edificación del terreno se realiza luego de años de juicios que le dieron la razón a los particulares, quienes, según el Poder Judicial, resultaron ser los legítimos dueños, aunque los vecinos creen que se quedaron con el área mediante documentos apócrifos.

Marcela Escoto comentó que esa área verde que se está perdiendo para la Ciudad no se puede cambiar por otra, porque no más espacios en la zona metropolitana.

"Estoy cerca de ese lugar, me pude dar cuenta del abuso, no estoy conforme, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a trabajar porque haya justicia", dijo Miriam Padilla Fajardo.

El gobierno “hostigó” al comisariado para firmar

Agustín del Castillo - PÚBLICO

El truco del gobierno de Jalisco fue presionar al comisariado de bienes comunales y obligarlo a firmar un acta espuria, ante las prisas o la falta de capacidad de sus negociadores para hablar y convencer al pleno de la asamblea comunal de Santa Catarina Cuexcomatitlán de la conveniencia de permitir en su territorio la nueva carretera pavimentada Bolaños-Huejuquilla.

Esa es la defensa que ofrecieron ante la asamblea del pueblo wixaritari Felipe Bautista Carrillo y Daniel Medina de la Rosa, respectivamente presidente y tesorero del comisariado hasta noviembre de 2007, quienes estamparon su rúbrica en los documentos que la Secretaría de Desarrollo Urbano exhibió a Público como demostración de que el “derecho de vía” para el proyecto, que afecta 19 kilómetros de Tuapurie, había sido legalmente otorgado.

Es un relato escrito en tercera persona. La historia comienza en la cabecera municipal de Mezquitic, “el día 18 de marzo de 2007, estaban en los portales enfrente de la plaza, cuando llegó el presidente municipal Ernesto de la Torre Martínez, junto con personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano [Sedeur]; ahí les presentaron el croquis del proyecto y les propusieron que firmaran el convenio, pero no lo hicieron”.

Días después,“los encontraron en una tienda de abarrotes y los invitaron a la Presidencia Municipal o al restaurant bar El Lobo a una plática y a que firmaran el documento de cambio de uso de suelo; se negaron a firmar, argumentando que con la pavimentación iban a aumentar los maltratos y arbitrariedades de la policía a los peregrinos a Wirikuta y a los que realizan los ritos de la cacería del venado, y que la asamblea estaba proponiendo que se indemnizara a la comunidad antes […] ya de regreso, en la Cuesta de los Huesos, fueron molestados y esculcados por la policía estatal de Jalisco”.

Luego, en Las Latas, el 9 de septiembre, los agentes del gobierno arribaron en helicóptero “presionando a la poca gente reunida a que firmaran los convenios del megaproyecto con el argumento de que traería grandes beneficios y desarrollo […] que si no firmaban en ese momento podríamos perder la oportunidad de crecer…”. Fracasaron otra vez.

El 15 de septiembre, “sin previo aviso, llegaron a Santa Catarina Cuexcomatitlán los presidentes municipales de Huejuquilla, Mezquitic y Bolaños, personal de las diferentes secretarías del gobierno, acompañados de varios policías, y les pidieron que se reunieran en la oficina del gobernador Aurelio Torres, porque era urgente firmar […] como no los dejaban en paz, decidieron firmar el comisariado y el tesorero los papeles que llevaban, previamente redactados en computadora; el secretario estaba ausente […] los presidentes se comprometieron a hacer un convenio con el gobernador del estado sobre la peregrinación a Wirikuta y los rituales de la cacería de venado, cosa que no se ha cumplido […] se les pidió que hicieran llegar copia de cada uno de los documentos firmados por ellos, cosa que nunca cumplieron…”

Al otro día, obtuvieron en Pueblo Nuevo la firma de Pedro Hernández Torres, secretario, a quien no le quedó de otra. Y lograron el objetivo sin necesidad de consultar a la asamblea.

Así se configuró el acta espuria, lo cual “es ofensa grave para la comunidad, porque se hizo a espaldas de la asamblea”.

Por eso el plantón sigue. Y el proyecto de comunicar la Sierra Madre Occidental está a punto de irse al caño de las aparentes buenas intenciones.


“No hubo falsificación”

Ignacio Pérez Vega - Público

• Ante la inconformidad de los huicholes, el gobernador Emilio González Márquez, anunció que los recursos destinados este año para la construcción de la carretera Huejuquilla-Bolaños, se utilizarán en otro tramo que no esté en conflicto y rechazó que se haya falsificado el acta de anuencia para efectuar la obra.

“Hubo un acuerdo previo que ahora se está desconociendo, pero el acuerdo existió. A nosotros nos toca seguir actuando, por medio del convencimiento, yo estoy seguro que llegaremos a acuerdos. Esta carretera trae 500 años de retraso y no estamos dispuestos a que tarde otros 500 años, pero somos pacientes”, aseveró.

“Todas las obras grandes tienen grandes complicaciones […] respetamos las creencias, pero consideramos que este quehacer del gobierno del estado no vulnera su idiosincrasia y que, por el contrario, les puede llevar beneficios importantes”. González Márquez señaló que las pláticas con la etnia seguirán.

Inadmisibles, las condiciones de trabajo de Caabsa en el tiradero de Los Laureles: Semades

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

El descontento por la contaminación que sufren los municipios de El Salto y Juanacatlán, tanto en tierra, agua y aire, continúa irritando a los habitantes de estas localidades, separados, y unidos a la vez, por las aguas negras del río Santiago.

Luego de la muerte del menor Miguel Angel López Rocha el pasado 14 de febrero –tras vivir una agonía en coma por 19 días-, a causa de una intoxicación por arsénico, cerca de 200 personas, oriundas de El Salto y Juanacatlán, se manifestaron ayer por la tarde afuera del tiradero Los Laureles.

El contingente salió de la presidencia municipal de El Salto y recorrió cerca de 2 kilómetros para llegar al tiradero. Niños, mujeres, ancianos, discapacitados marcharon con una sola consigna: “¡Queremos El Salto sin basura!”.

Al frente, un grupo de menores exigían con cartulinas rosadas y amarillas, el cierre definitivo de Los Laureles. Pequeños de 6, 10, 12, 8 años, como la edad que tenía Miguel Angel cuando murió. Atrás de ellos, otros menores un poco más cercanos a la mayoría de edad: estudiantes de la preparatoria que portaban un listón negro en alguna manga de la playera. El luto sigue vivo en El Salto y Juanacatlán.

Cerca de las 16:30 horas, los vecinos del río Santiago –del que en sus últimos momentos de lucidez, Miguel Angel había comunicado a los médicos que había estado en sus aguas–, se ubicaron frente a las puertas del tiradero en el que se descargan diariamente, unas 2 mil toneladas de basura provenientes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La directora de regulación y disminución de la contaminación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades), Dulce María García Bugarín, al ver a los inconformes exigió: “si no se controlan no entramos”. La orden fue dirigida hacia un grupo de representantes de organizaciones civiles de El Salto. La funcionaria de la Semades, sirvió de enlace entre Graciela González, de la asociación Un Salto de Vida y la titular de la dependencia, Martha Ruth del Toro Gaytán. González acabó por convencer –vía telefónica– a Del Toro Gaytán: “sólo vienen a manifestarse para apoyar”.

Mientras, ante los gritos que pedían el cierre de Los Laureles, una empleada de la Semades, cuestionaba a un grupo de vecinos: “a ver, ustedes, ¿separan la basura? ¿cómo la separan?”, con un tono de voz que deja entrever a quienes pertenecen a la alta clase social, o al menos eso aparentan.

Ante los fuertes rayos del sol de entre las 4 y las 5 de la tarde, el coraje se alzó con el polvo ante la insistencia de algunos operadores de los camiones de la empresa Caabsa Eagle que insistían con entrar al tiradero.

“Compañeros, bloqueen la entrada”, gritó un hombre. Lo hicieron. Con sus lentes de sol, García Bugarín, insistía a Graciela González controlar la situación. La “maestra” como suelen decirle a González, tomó el micrófono y recordó que desde noviembre se acordó con Semades la revisión del sitio.

“Yo sé que existe una situación de rabia y coraje que sienten y que permanece en los ciudadanos de El Salto, Juanacatlán e incluso de Tonalá”, dijo González.

La respiración fue calmándose en los manifestantes y al final concordaron en un punto: por 15 minutos no dejarían entrar ni salir ni un solo camión de basura.

Pasado un cuarto de hora, seis representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) locales fueron designados para entrar con las autoridades a revisar el lugar: José Luévanos, Víctor Martínez, Santiago Márquez, Ernesto Baltazar y Enrique Encizo. Por parte de Semades: García Bugarín y un puñado de empleados de comunicación social de la dependencia.

Luego de casi dos horas de recorrido, Semades concluyó que era “inadmisible que Caabsa laborara en esa situación”, según comentaron algunos ecologistas de El Salto que estuvieron presentes.

Reconocieron que la postura de Semades es de puertas abiertas y que durante el trayecto, empleados de la dependencia fotografiaron y recogieron muestras de los lixiviados.

“Nos dijeron que durante esta administración (encabezada por Martha Ruth del Toro), se le han apretado las tuercas a Caabsa”, dijo uno de los activistas.

Así, hubo un compromiso de 11 puntos a realizarse a partir de hoy entre Semades, Caabsa y las agrupaciones locales.

Como primera actividad, Semades entregará hoy a los grupos ecologistas de El Salto y Juanacatlán, un estudio de impacto ambiental “que ya tenían hecho”. Se trata de una investigación hecha en la zona “muerta” del tiradero donde conviven lixiviados desde hace unos 10 años. Es un espacio de unas 11 hectáreas en las que se alzan montañas de basura de entre 12 y 15 metros. La zona “muerta” además, se ubica frente al río Santiago.

De igual forma, se harán estudios de permeabilidad del suelo; de mecánica de suelos, de monitoreo de aguas del Santiago en los puntos anterior y posterior a Los Laureles; se efectuará un estudio de monitoreo de pozos, presas, arroyos aledaños la basurera; otro estudio más de suelos de zonas afectadas unos 10 años atrás; estudios también de la calidad de aire; análisis CRETIB (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, infeccioso y biológico, por sus siglas), de los lixiviados y un estudio de vientos debido a los malos olores que llegan a los habitantes de El Salto y Juanacatlán.

A la vez, Caabsa se comprometió a realizar una campaña de cultura de separación de residuos en la región así como pagar los estudios de un laboratorio electo por los grupos locales. También se solicitó la creación de un bosque espeso entre la basurera y la población a efecto de contrarrestar los malos olores.

Por lo pronto, hoy, a las 17 horas, la minuta de los acuerdos será dada a conocer a los lugareños frente a la presidencia municipal de El Salto, donde esperan los activistas, acuda el alcalde, el priísta Joel González.