lunes, 9 de junio de 2008

Buscan que, por Colomos, la Auditoría Superior investigue a funcionarios


Gilberto Franco – EL INFORMADOR

La Asociación Civil Ciudadanos por Los Colomos solicitará ante el Congreso local, que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), investigue a los funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos que no comparecieron ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), para defender ocho mil metros cuadrados de la Cuenca Hidrológica de Los Colomos en el municipio de Zapopan.

Raquel Gutiérrez Nájera integrante de la agrupación y presidenta del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), señaló que la intervención de la ASEJ es necesaria en este caso, ya que los servidores públicos omisos, pudieron haber incurrido en un delito al no defender el patrimonio de los jaliscienses.

Gutiérrez Nájera además recalcó que según información del Sistema Intermunicipal Agua Potable y Alcantrillado (SIAPA), el Bosque Los Colomos abastece de agua aproximadamente a 17 colonias a través del rebombeo de los manantiales la Campana, El Barreno, El Torreón, El Amarillo y la Culebra.

“El que se siga cercenando a Los Colomos puede implicar una pérdida de agua drástica para 17 colonias de acuerdo con el Siapa, tales como Italia en sus cinco secciones, Providencia primera sección, Mezquitán Country, Country Club, Lomas del Country”.

Para evitar que el área siga siendo asediada por constructores, la Asociación Civil Ciudadanos por Los Colomos, también solicitará al Congreso del Estado que el bosque sea elevado a la categoría de Área Estatal de Protección Hidrológica. También pedirá que se integre una mesa de trabajo intersectorial y ciudadana, para elaborar una estrategia de conservación y recuperación de la Cuenca Hidrológica.

Para saber

• La propiedad estatal del Bosque Los Colomos estaba integrada originalmente por 248 hectáreas. Hoy en día únicamente se reconocen 116 hectáreas en el municipio de Guadalajara y 81 en el municipio de Zapopan, de las cuales 41 le fueron cedidas en comodato.

• Actualmente sólo se encuentran protegidas bajo la categoría de Área Municipal de Protección Hidrológica alrededor de 90 hectáreas de Guadalajara.
• Todos los pozos y manantiales de la zona de Colomos pertenecen a la microcuenca del Arroyo de Atemajac.

El Estado pierde predio en Colomos

Por no defender un terreno de ocho mil metros cuadrados ante el TAE, un particular construirá una torre en la cuenca hidrológica. Foto: EL INFORMADOR

Luis Herrera - EL INFORMADOR

El Gobierno del Estado perdió una nueva fracción de su propiedad en la Cuenca Hidrológica de Los Colomos, en el Municipio de Zapopan, de ocho mil metros cuadrados sobre los que próximamente se erigirá una torre departamental.

La perdió en un juicio entablado por un particular contra el Ayuntamiento de Zapopan en el que, a pesar de haber sido citada para comparecer la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, actualmente encabezada por Martín García Topete, no respondió al llamado.

La disputa legal comenzó el 13 de noviembre de 2006, cuando el entonces director general de Obras Públicas de Zapopan, Ignacio Vázquez Ceceña, negó la licencia de construcción para la torre, por localizarse al interior del polígono del Gobierno del Estado de 81 hectáreas, en Avenida Acueducto.

La resolución negativa de Vázquez Ceceña, que consta en el oficio 150521/2006/7-981, llevó al particular al año siguiente a demandar al director de Obras Públicas en un juicio de nulidad ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), bajo el expediente I-06/2007.

La Sindicatura de Zapopan compareció en el juicio para reiterar la negativa en la emisión de la licencia de construcción, invocando como causa el oficio 1587/2004 del 30 de septiembre de 2004, por el que la Dirección General de Archivos del Estado, de la Secretaría General de Gobierno, le solicita al Ayuntamiento que se abstenga de emitir licencias en el polígono.

En el documento, suscrito por José Javier Ezquerra González y dirigido concretamente a la Dirección de Control de Desarrollo Territorial de Zapopan, se argumenta la solicitud para impedir licencias de la siguiente forma: “Toda vez que el Gobierno del Estado acredita ser propietario, además de que se hace necesario que se sigan utilizando esas áreas como reserva ecológica de nuestra zona metropolitana”.

No obstante, cuando el Gobierno del Estado fue llamado a juicio el 14 de febrero de 2007 —todavía bajo el interinato de Gerardo Octavio Solís Gómez—, no compareció ni respondió a los citatorios, perdiendo de esta forma la oportunidad de demostrar ante el tribunal su propiedad sobre el predio y defender así lo que era patrimonio de los jaliscienses.

El 30 de noviembre de 2007, el TAE resolvió la sentencia definitiva, en la que declara la nulidad de la negativa del director de Obras Públicas y le ordena emitir un nuevo acto en el que declare procedente la autorización de lo solicitado, es decir, la licencia de construcción.

Debido a que la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos no se presentó para acreditar la propiedad del predio, la Sindicatura de Zapopan optó por no recurrir la sentencia, a través de un recurso de reclamación.

En el presente año, el 28 de mayo, se requirió el cumplimiento de la sentencia al presidente municipal de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, como superior jerárquico de la autoridad demandada, que es el titular de Obras Públicas, actualmente Gabriel Hernández Romo.

Para la emisión de la licencia de construcción se otorgó un término de cinco días para su cumplimiento, el cual fue notificado el pasado 2 de junio y concluye el próximo 10 de junio.

Sigilo en la Secretaría General de Gobierno ante invasión en Los Colomos

Autoridades estatales negaron en varias ocasiones hablar sobre el último terreno que perdió el Ejecutivo en la cuenca hidrológica, con un valor estimado a los 40 millones de pesos. Foto: EL INFORMADOR

Luis Herrera - EL INFORMADOR


La inasistencia de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos en el juicio I-06/2007 para acreditar la propiedad pública de un predio en Avenida Acueducto, que podría valer alrededor de 40 millones de pesos, no ha sido esclarecida por esa dependencia.

EL INFORMADOR solicitó desde la última semana de mayo una entrevista para conocer el estatus legal del polígono de 81 hectáreas, sobre el que se reconocen cuatro invasiones de grandes dimensiones, según el levantamiento topográfico que realizó la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) en 2005: los fraccionamientos Real del Parque, Pontevedra y Sotogrande, así como el edificio “La Reserva”.

La entrevista fue negada en la Secretaría General de Gobierno durante dos semanas. Tampoco hay explicaciones sobre el oficio 1205/2007, del 31 de agosto de 2007, por el que la Dirección General de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno, le solicitó a la Dirección General de Obras Públicas de Zapopan que restrinja la emisión de licencias de construcción solamente en la sección del polígono que fue entregada en comodato al Ayuntamiento —41 hectáreas— y ya no en la totalidad del mismo.

El documento fue signado por Francisco Castillo Rodríguez, titular de la dependencia estatal. En éste, se pidió dejar sin efecto el oficio de 2004 que requería a la autoridad municipal para que no emitiera licencias en todo el polígono.

Este cambio, en las instrucciones de la Secretaría General de Gobierno, se dio cuando se encontraba en marcha el juicio de nulidad para la construcción de la torre departamental en Acueducto. Sobre las razones para delimitar la negación de licencias al área de comodato, Castillo Rodríguez refirió en el oficio:“El Ayuntamiento de Zapopan ha realizado acciones que han derivado en una serie de reclamos y procedimientos judiciales, entablados en contra del Ayuntamiento de Zapopan y del Gobierno del Estado de Jalisco, relacionado con el inmueble ‘Los Colomos’”.

Autoridad descarta anomalías en centro comercial

Desde la delimitación de los polígonos de Los Colomos que efectuó la Sedeur en 2005, se ha señalado que una fracción del predio de la Plaza Andares era en realidad propiedad pública. Esto ya fue descartado por la autoridad estatal, según la revisión de las escrituras que realizaron los particulares con Adolfo Martínez Cortinas y Luis Ángel Mendoza Magaña, jefes del Área de Asignación y del Departamento Jurídico, respectivamente, de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.

Esta reunión se llevó a cabo el 27 de junio de 2007 y tuvo como conclusión que la totalidad del proyecto privado está fuera del polígono. José Ceballos Flores, titular de la Dirección General de Archivos del Estado, envió esta información a la Dirección General de Obras Públicas de Zapopan el 18 de julio de 2007.Con este documento, fue emitida la licencia de construcción para la segunda etapa de la obra.

Ceballos Flores es responsable de los proyectos “Guarda y Custodia del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Jalisco” y “Operación Eficiente de los Archivos del Estado”, con una asignación presupuestal para este año de 10 millones 558 mil 800 pesos.

No obstante, Jaime Eloy Ruiz Barajas, investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista de la Cuenca Hidrológica de Los Colomos, señala que esa resolución contradice la información obtenida del levantamiento topográfico de la Sedeur.Asegura que los criterios utilizados en la revisión deben ser aclarados por la subsecretaría, pues inclusive el plano digitalizado del área que utiliza la Dirección General de Obras Públicas de Zapopan, de manera oficial establece que el predio en cuestión tiene una fracción dentro de la propiedad estatal.

Desencuentros entre el Ejecutivo y el Ayuntamiento

Las instrucciones que el Gobierno del Estado ha dado a la Dirección General de Obras Públicas de Zapopan desde 2004, para que no se emitan licencias en su propiedad, han causado desencuentros entre ambas instancias cuando se ahonda en la sustentación jurídica de las solicitudes.

Luego de enfatizar que coadyuvarán con la protección del polígono estatal, Nicolás Espinoza Urzúa, director de Control de Ordenamiento Territorial de Zapopan, señala que las edificaciones en el interior –como los tres fraccionamientos– contaron con licencias porque los particulares acreditaron su propiedad previamente con escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad y Comercio.

Por ello, ante la posibilidad de que se presenten nuevos casos de particulares en la dirección que cuenten con escrituras sobre los predios públicos, lo que Espinoza Urzúa destaca es que se requiere de una orden judicial promovida por el Gobierno estatal para dejar de entregar licencias sin caer en una irregularidad.

“Puedo decirles que no a los terceros que lo soliciten (una licencia), pero no es una situación legal para nosotros como Obras Públicas, ni justa tampoco para los terceros”. Es decir, el Ayuntamiento no es la instancia que debe dilucidar si las escrituras que se le presentan carecen de valor ante las del Gobierno del Estado.

A poco de haber comenzado la presente administración municipal, el entonces director de Obras Públicas, Ricardo Robles Varela, le solicitó información a la Dirección General de Archivos del Estado sobre el sustento legal del oficio de 2004, que le pide a la autoridad municipal abstenerse de emitir licencias en todo el polígono.

El 31 de enero de 2007, José Javier Ezquerra González, titular de la dependencia estatal, le respondió dos cosas en el oficio 0099/2007: “Que los predios en cuestión son propiedad del Gobierno del Estado, y que otra fracción se entregó en comodato al Ayuntamiento, por lo que está obligado a su resguardo”, pero no hace referencia a una estrategia jurídica ante tribunales.

En el polígono de 81 hectáreas propiedad del Ejecutivo, se reconocen cuatro invasiones de grandes dimensiones, según el levantamiento topográfico de la Secretaría de Desarrollo Urbano en 2005: los fraccionamientos Real del Parque, Pontevedra y Sotogrande, así como el edificio “La Reserva”.

Invaden llantas a colonias del Nororiente de la ZMG

Huentitán el Alto y Doctor Atl se han convertido en auténticos tiraderos; por la madrugada, camiones descargan cientos de estos residuos, afirman vecinos. Foto: Edmundo Pacheco

Evelyn Águila - EL INFORMADOR

Durante el día pueden verse por ambos lados de la acera, en casi cualquier esquina, cúmulos de llantas abandonadas de todos tamaños: inservibles y en pedazos. Por las banquetas de la colonia Huentitán el Alto, cuentan los vecinos, es común ver neumáticos apilados en una esquina, o simplemente acomodados uno tras otro.

El problema con este tipo de residuos de manejo especial es que son abandonados en mayor medida en predios y baldíos que, aunque están delimitados con malla de alambre, son utilizados como basureros.

En estos sitios repletos de hierba seca, donde el vandalismo está a la orden del día, llegan por la madrugada camiones para tirar todas las llantas que puedan, asegura Martín Contreras, quien aprovecha la sombra de un árbol para sentarse al ras de una de las llantas ahí tiradas.

“Aunque está este lienzo de púas para que nadie pase, vienen y echan todas las llantas que puedan; lo hacen en la madrugada, cuando según ellos nadie los está mirando.
“Pero no se crea. Uno los ve, pero no se les puede decir nada, se enojan y acaba uno de pleito, pero aquí llegan camiones y a veces es la misma gente que no entiende y las echan como si fuera basurero”.

En Huentitán el Alto, al borde de la Barranca del mismo nombre, donde al fondo se trabaja en un Jardín Botánico, es común caminar entre las estrechas banquetas y brechas de tierra a las que los neumáticos restan espacio.Verónica Quintero, vecina, camina con su hija en brazos mientras trata de esquivarlas.

Se detiene un poco, al tiempo que asegura que “todo aquí es un desorden, tiran las llantas como si la calle fuera un basurero, apenas se puede caminar”.

El problema de los neumáticos se traslada a la colonia vecina, Doctor Atl, al Nororiente de la ciudad, a unos cuantos minutos del Periférico: “Vienen y tiran a los baldíos o a la calle y nadie se hace responsable de recogerlos.

Aquí se quedan y uno es quien luego los anda sacando”, apunta Filiberto Ibarra, quien a diario padece esta problemática.Las llantas son residuos de manejo especial que muy difícilmente logran degradarse en el ambiente.

El problema es que además de ser susceptibles a fuertes incendios, también son el sitio ideal, al albergar agua, para la reproducción de mosquitos transmisores del dengue.

Piden ayuda

Vecinos de las colonias asentadas al Nororiente de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), están cansados de los incendios que provocan las llantas abandonadas.“Nos arde la nariz y los ojos.

El humo que sueltan estos incendios es muy fuerte. Llegan los bomberos, los apagan, pero al siguiente día es el mismo problema”, se queja Martha Elena Gómez, vecina de la colonia Doctor Atl.

Al quemarse los neumáticos, se producen intensas olas de calor y humo que afectan las vías respiratorias, además de ocasionar daños al ambiente por la alta cantidad de contaminantes que desprende.

Si bien a cada siniestro acude personal de bomberos para sofocarlos, habitantes piden a las autoridades una mayor vigilancia para que se termine con este foco de infección.“Aquí nadie se responsabiliza. Lo que queremos es que las autoridades estén atentas para que ya no tiren llantas. Son muchas y no podemos hacer nada”, reclama José Bautista, uno de los afectados.

Testimonios de vecinos

"Los bomberos llegan y apagan los incendios de las llantas, pero no pasa mucho tiempo para que se prenda otro", Martín Contreras.

"La verdad, es peligroso decirle algo a la gente que tira las llantas a los baldíos; uno se arriesga demasiado y de todos modos no hacen caso", Filiberto Ibarra.

"Hemos visto que son los mismos dueños de las llanteras de los alrededores, los que tiran las llantas en la madrugada", Martha Elena Gómez.

Titánica labor para limpiar la ciudad

- Hace dos semanas, la Secretaría estatal de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semades) lanzó un programa para el acopio de neumáticos. Si bien la respuesta en este tiempo fue la colecta de mil 500 toneladas, es un hecho que la tarea será titánica.El pasado jueves se inauguró la trituradora de llantas instalada por la empresa Ecoltec, filial de Holcim, Apasco, en el vertedero de Picachos.

- La intención de este programa es limpiar la ciudad de neumáticos en la vía pública; ya se piensa en la regularización de llanteros.Para evitar que las llantas sean abandonadas en la vía pública o en baldíos, la Sección Especializada de Distribuidores de Llantas de la Cámara de Comercio se sumó al programa estatal, con la disposición de 100 puntos de acopio.

- Los ciudadanos que tengan hasta cuatro llantas para desechar, pueden llevarlas a estos puntos. El servicio es gratuito.El costo de la trituradora, por más de un millón de dólares, fue asumido por la compañía Ecoltec, que coprocesará los residuos para utilizarlos en sus hornos cementeros.

- La planta que triturará los neumáticos trabaja con un mínimo de 800 toneladas, sin costo para los ciudadanos y el Gobierno de Jalisco.

Problema ambiental

1: Las llantas de desecho son consideradas foco de riesgo ambiental y sanitario a nivel mundial, puesto que representan riesgo de incendio o por quedar apiladas por años. Según información de Cementos Mexicanos (CEMEX), tardan cerca de 500 años para degradarse.

2: Las consecuencias sanitarias por el abandono de llantas son graves, pues al atrapar el agua y absorber el calor se incuba fauna nociva como mosquitos, ratas y microorganismos, lo que contribuye a propagar enfermedades como el dengue, virus del Nilo, malaria, encefalitis y fiebre amarilla.

3: Debido a los problemas causados por la acumulación de neumáticos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) busca una serie de alternativas con los gobiernos locales para el manejo integral de estos desechos; de ahí que se impulse, entre otras cosas, el uso de concreto ahulado o llancreto desarrollado por Cemex, elaborado a partir de este material.

¿De qué están hechas?
Las llantas están compuestas de caucho natural, caucho sintético, fibra de poliéster y nylon. Actualmente, los desechos de llantas son utilizados como combustible en los hornos en las industrias cementera y termoeléctrica, que aprovechan su poder calorífico.
También se pulverizan y se integran como aditivo en el pavimento asfáltico, pistas de correr, zapatos de lona, respaldo de alfombra, mangueras y colchonetas, entre algunos.

Para saber
- En Jalisco se desechan dos millones 700 llantas.
- 90% de las llantas desechadas se deposita en sitios inadecuados.
- En México se desechan entre 25 y 30 millones de neumáticos.
- Sólo 5% de las llantas se renueva.
- El 2% de los residuos de este tipo, se utiliza para energía eléctrica.

Semades debe dictaminar impacto ambiental en la Villa Panamericana

Palomar Verea aseguró que todos los estudios técnicos para determinar la factibilidad de la Villa Panamericana alrededor al Parque Morelos, estarán listos antes de que concluya este mes. Gilberto Franco - EL INFORMADOR Los trabajos de ingeniería urbana (en los que se incluyen los estudios de mecánica de suelo e impacto ambiental) para el polígono del Proyecto Alameda (Villa Panamericana), tuvieron un costo de 853 mil 472 pesos y fueron contratados por la Dirección de Obras Públicas a la empresa Comuna Ingeniería S.A. de C.V. De acuerdo con el número de contrato OPG-CPU-EYP-AD 023/08, los trabajos del proveedor comenzaron el 13 de marzo de 2008 y debieron estar terminados el 30 de mayo del mismo año. Respecto a los estudios de impacto ambiental, Juan Palomar Verea, vocal ejecutivo de la Comisión de Planeación Urbana (Coplaur), precisó que también están a cargo de la misma empresa, pero aclaró que por tratarse de un asunto municipal, la Dirección de Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento, es la instancia competente para determinar los lineamientos que deben respetarse en la zona. No obstante, en el plan maestro del Proyecto Alameda se establece que la Coplaur se someterá a la jurisdicción de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), para que sea ésta la que dictamine el impacto ambiental de las obras. “El Municipio de Guadalajara a través de la Comisión de Planeación Urbana (Coplaur), se somete a la jurisdicción estatal de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), para la dictaminación del impacto ambiental de las obras, la cual se encuentra en el proceso de elaboración de guía o lineamientos para la ejecución del estudio”, señala el documento. El plan maestro del Proyecto Alameda también advierte que para la dictaminación del impacto ambiental, se requiere el proyecto conceptual de la Villa Panamericana, los materiales y la mano de obra a utilizar, el proceso constructivo y el plan de suministro. Palomar Verea aseguró que todos los estudios técnicos para determinar la factibilidad de la Villa Panamericana alrededor al Parque Morelos, estarán listos antes de que concluya este mes. Para saber El estudio de mecánica de suelo es una herramienta que proporciona datos confiables de las condiciones del subsuelo, como capacidad de carga, asentamientos probables y sugerencias acerca del sistema de cimentación para la realización de obras civiles. EL PROYECTO 180.60 hectáreas polígono del proyecto. 14 mil 499 habitantes actualmente habitan el polígono. Cinco mil 916 habitantes se sumarán al polígono con la Villa Panamericana. Ocho mil 651 habitantes constituyen la población móvil. Mil 165 viviendas con automóvil. Seis mil 062 cajones de estacionamiento. 65.959 litros por segundo de agua potable demandarán los habitantes de la zona. 52.767 litros por segundo de aguas residuales desalojarán los habitantes de la zona.

Basureros del estado cumplen con las normas ambientales: Semades

Ernesto Naranjo, Fernando Montes de Oca, procurador de Protección al Ambiente; Martha Ruth del Toro, titular de Semades, y Mónica Reyes, en rueda de prensa Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

Juan Carlos G. Partida - LA JORNADA JALISCO

Alejada de los problemas ambientales más serios de la entidad, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) promueve la trituración de llantas pero se olvida del saneamiento de los cuerpos de agua en una entidad donde hasta el propio gobernador acepta que todos están contaminados; aplica un programa de revisión de emisiones a la atmósfera de los automotores, mientras cientos de fábricas continúan con impunidad deteriorando el aire en la zona de Miravalle, y hasta se abroga como propios, programas como el que realizarán habitantes y activistas de El Salto y Juanacatlán con la aplicación de métodos científicos para limpiar los lodos que escurren por la Cuenca del Ahogado y llegan al río Santiago.

Martha Ruth del Toro, titular de Semades, dijo que en cuanto a los tiraderos de basura más grandes que hay en la entidad, aunque todavía tienen saldos ambientales por cubrir, están mucho mejor que como estaban hace un año, cuando ella llegó a su actual cargo.

Por ejemplo, señaló que en el caso de Los Laureles, ubicado en Tonalá y donde se recibe la mayor cantidad de basura que se produce en la Zona Metropolitana de Guadalajara, han verificado que sus incumplimientos no están al nivel de lo que se ha señalado, en especial por la población de El Salto y Juanacatlán, que acusan a la empresa Caabsa Eagle, concesionaria del lugar, de no implementar medidas que impidan los escurrimientos de lixiviados hacia el río Santiago.

“El próximo martes (mañana) se dará a conocer todo un estudio que se hizo con un avión no tripulado, el video y las fotografías de toda el área, y ahí se advierte con claridad el nivel de cumplimiento que ha tenido la empresa; desde luego (también), todo lo que todavía no cumple en forma satisfactoria. Y se verá con toda claridad que ése no es un punto focal de contaminación, como sí lo son por ejemplo las descargas de los dos penales, del federal y el local; como sí lo es la población de El Salto, que arroja en forma directa a Tololotlán y Puente Grande, y que se deriva de manera directa también al vaso anterior a la presa de Puente Grande”, dijo la funcionaria.

Afirmó que la clausura que el jueves pasado hizo el Ayuntamiento de Tonalá del vertedero Los Laureles no tuvo nada que ver con problemas ambientales, sino “con una licencia de uso del Ayuntamiento que no la tienen vigente”.

Aunque sólo permaneció 24 horas clausurado, luego de una reunión en Casa Jalisco en la que estuvo el alcalde tonalteca, la titular de Semades y el propio gobernador, es un hecho que la empresa –quien firmó un acuerdo con Tonalá desde la pasada administración– ha incumplido en la construcción de caminos alternos para el paso de los camiones recolectores rumbo al tiradero para evitar que transiten sobre el centro de ese municipio; además del mantenimiento a las vialidades, que deterioran por el uso sostenido de los camiones y por el pésimo servicio que hay hacia la ciudadanía tonalteca, que se queja de que hasta ocho días tarda en pasar el camión recolector, de los cuales, la empresa se había comprometido a comprar 24 unidades nuevas.

Sin embargo, para la secretaria los avances en materia de cumplimiento de normas ambientales en los basureros más grandes del estado son evidentes y ahora esos lugares “no tienen nada que ver con la manera, la disposición adecuada, el manejo de lixiviados, los taludes; todas las acciones que nos marca la norma 083 ahora sí se están cumpliendo”.

Saludar con sombrero ajeno


Martha Ruth del Toro dijo que la Semades no se quedará cruzada de brazos en tanto se construye la planta de tratamiento de aguas residuales en El Ahogado, la cual, en hipótesis, permitirá que el agua que llegue por ese lecho al río Santiago ya no tenga las características que desde hace años han convertido la zona de Juanacatlán y El Salto como una de las más fuertemente contaminadas del país.

Habrá, dijo, “cuarentaitantas acciones” que se realizarán para mitigar el problema en tanto llega la solución de fondo.

El problema es que una de las inmediatas y que aseguró está bajo la responsabilidad de la Semades, es una acción tomada por los propios habitantes de las dos demarcaciones, quienes encomendaron a una empresa privada una serie de pruebas a los lodos de las aguas del canal del Ahogado para emprender así, a detalle, un proyecto de limpieza.

“Hay una variedad de problemática que hoy la tenemos bien identificada, entre el 4 y 16 de junio se están haciendo pruebas muy consistentes con tecnologías aplicables a la remediación en sitio de las aguas estancadas y las provenientes de industrias y de descargas residuales; esperemos que este tipo de tecnologías tengan un nivel de desempeño alto para que las podamos aplicar de inmediato y no esperarnos a que haya un tratamiento masivo de aguas residuales”, comentó.

Incluso señaló que esas pruebas “estamos haciéndolas sobre El Ahogado, en alguna confluencia con el Santiago”, y dijo que se trata de muestras de cómo un agua con una calidad inaceptable puede convertirse en un agua que puede descargarse sin riesgo para la salud.

Sin embargo, la ONG Un Salto de Vida había anunciado ya este trabajo, e incluso la contratación de la empresa Ecología y Biotecnología Natural a Tu Servicio, conocida como Corporativo Ecobyonat, un proyecto que surgió por iniciativa de la comisión edilicia de Ecología de Juanacatlán y de asociaciones civiles de El Salto.

De acuerdo con los resultados que se obtengan, la empresa elaborará el proyecto ejecutivo en un tiempo aproximado de 10 días a partir de la recepción de los resultados de laboratorio de las aguas del Canal del Ahogado. Dicho proyecto ejecutivo incluirá costos, tiempo y será entregado a las ONG locales y los ayuntamientos. Si las pruebas resultan positivas, las ONG podrán exigir ahora sí que el apoyo del gobierno estatal sea más allá que simples palabras y entregue el dinero necesario para este proyecto.

Macrobús levanta suspiros de camioneros

Ignacio Pérez Vega - PÚBLICO Al considerar que fue exitosa la licitación del Macrobús, ganada por camioneros de la Alianza y de la ruta 621 del Sistecozome, otros transportistas ya se preparan para organizarse en empresas y competir por los siguientes dos corredores que construirá el gobierno estatal antes de 2011. Juan Carlos Villarreal Salazar, presidente de la Mutualidad Forssa que agrupa a cerca de 500 propietarios de minibuses, explicó que en las rutas donde ellos tienen afiliados trabajan en crear conciencia para que se formen esas sociedades anónimas, como la que ganó la concesión del Macrobús. “Estamos tratando de concienciar a los compañeros que es indispensable una forma distinta de organizarnos, hacer compras masivas [de llantas, refacciones y otros insumos] para lograr mejores precios y que el negocio sea más rentable”. Una vez que se comparta la idea de que a todos “nos conviene” estar asociados, el segundo paso será conformar las empresas, que pudieran ser por rutas o por determinadas zonas de la ciudad. El coordinador del proyecto de movilidad estatal, Diego Monraz Villaseñor, anunció que los siguientes corredores por ponerse en marcha sería la diagonal Zapopan-Tonalá, cuyo eje central sería las avenidas Ávila Camacho-Alcalde-Revolución, así como el corredor calzada Juan Pablo II-Belisario Domínguez-calzada del Ejército, hasta llegar a la glorieta del Álamo. Villarreal Salazar, quien es secretario general de la Cámara del Transporte y Suburbano de Jalisco, admitió que algunos dueños de minibuses aún expresas resistencias al modelo de crear empresas, pues siguen acostumbrados al modelo hombre-camión, donde una persona es dueña de una y hasta tres unidades. “Nosotros creemos que es un logro de la Cámara del Transporte y de la organización de los transportistas, que el corredor de la calzada Independencia lo vayan a operar transportistas que ya trabajan ahí”, expresó. Sin embargo, anticipó que en los siguientes corredores, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), como cabeza de sector, propiciara la participación aún más amplia de transportistas, aún así se trate de personas que tengan unidades cuyas rutas tengan una participación menor en esos corredores. Incluso, señaló que en la siguiente fase pudiera admitirse la participación de transportistas locales en los corredores del Macrobús, aún sin entregar los permisos a cambio. La inversión Tras ganar la licitación para operar el sistema de transporte articulado del corredor de la calzada Independencia-Gobernador, la empresa Macrobús, SA de CV informó que tendrán que invertir unos 120 mdp en los próximos seis meses para ponerlo en funcionamiento Esta empresa la forman unos mil concesionarios de la Alianza de Camioneros y unos 20 propietarios de minibuses de la ruta 621.

Por falta de presupuesto, cerrará Museo de la Iguana


El Museo de la Iguana se ubica en Colima. Bios Iguana, AC acusa al gobernador Silverio Cavazos de atacarlos. Foto: Sergio Velasco

Agustín del Castillo - PÚBLICO

En una acción de la que responsabilizan al gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, los ambientalistas de la organización no gubernamental Bios Iguana, AC, se ven obligados al cierre del Museo de la Iguana, en la capital de ese estado, ante la negativa de presupuesto público y dos años de deudas que arrastra el inmueble, único en su tipo en toda la región.

“El Museo de la Iguana cerrará sus puertas finalmente el próximo mes de julio […] el recorte del presupuesto que el gobierno del estado de Colima otorgaba, fue promovido a iniciativa del gobernador del estado y del apoyo de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD y Partido Verde […] a pesar de que las fracciones parlamentarias reconocían el trabajo de Bios Iguana, AC en el estado”, señala un escrito enviado a este diario por la organización ambientalista.

Las gestiones ante el gobierno y los legisladores fracasaron; “se impuso el carácter autoritario a ultranza del gobernador, que trata de acallar opiniones que disienten de su política antiambiental y destructiva de los ecosistemas estratégicos”, acusan los ecologistas.

Los “delitos” de Bios Iguana, AC: “Haber promovido la participación ciudadana abierta e incluyente, promover foros de análisis y la discusión sobre los proyectos de crecimiento portuario [de Manzanillo] e instalación de infraestructura industrial, como la regasificadora; así como promover recursos legales contra servidores públicos en los que tenemos pruebas contundentes de cómo se han violado reglamentos y leyes para favorecer cambios de uso de suelo y manifestaciones de impacto ambiental”, para proyectos que “sin certidumbre jurídica y técnica”, se tratan de imponer en el territorio estatal con un alto costo ambiental.

De este modo, en Colima “no existe un espacio de atención al público ya sea de gobierno o privado, especializado en medio ambiente, dirigido al público en general en donde se informe de la importancia ecológica de las especies de flora y fauna silvestres: tampoco un ecomuseo, o un lugar con una videoteca, hemeroteca y biblioteca ambiental y menos un lugar demostrativo del éxito de manejo de iguanas en cautiverio; al cerrar este espacio se cancela la voluntad política oficial de crear o mantener espacios educativos en materia ambiental”.

La negativa de subsidios al proyecto, añaden, “es una prueba del nivel de perversidad política y una pobreza ética como servidores públicos”.

Cavazos Ceballos, antes de ser gobernador, ya había golpeado a Bios Iguana. “En el año 2000, siendo secretario de gobierno municipal de Tecomán, obstruyó las posibilidades de apoyar esta iniciativa que por cuatro años se instaló en la cabecera municipal”.

Bios Iguana, AC acusa al mandatario de ordenar el acoso a sus miembros y de inventarle procedimientos fiscales “para amordazar su opinión crítica”.

No les extraña, pues Cavazos tiene en su expediente “mandar golpear a ambientalistas que defienden la laguna de Cuyutlán [el 5 de junio de 2007] y despojar a organizaciones pacíficas y legalmente constituidas, de los recursos públicos ganados por la calidad y persistencia en la defensa del medio ambiente”.

domingo, 8 de junio de 2008

Caabsa Eagle ha incumplido sus contratos con distintos municipios

El conflicto con Tonalá por la clausura del vertedero Los Laureles, sólo uno de los caso

Al menos 39 faltas cometió la empresa en el contrato con el Ayuntamiento de Guadalajara


Empleados de Caabsa Eagle manifiestan su inconformidad con la clausura del vertedero Los Laureles. Imagen de archivo

Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO

El conflicto que se vivió el jueves en Tonalá entre el Ayuntamiento y la empresa Caabsa Eagle por la clausura del vertedero Los Laureles, es sólo una muestra de la forma en que desde hace años la empresa incumple los contratos con diferentes municipios y éstos poco hacen por resolver la situación.

Desde 2006, en Guadalajara se presentó una iniciativa para revocar el contrato con Caabsa por incumplimiento; el documento presentado por el entonces regidor Martín Márquez Carpio, da cuenta de al menos 39 faltas al contrato.

“En 1993, la concesión del aseo público del Municipio de Guadalajara fue otorgada a la empresa Simon Waste Solutions, Inc., pero a causa de irregularidades legales de la empresa, se dejó sin efecto esta decisión, notificándosele debidamente a la antes señalada. Ante esta situación, el H. Congreso del Estado convocó a la presentación de propuestas para otorgar la concesión a otra empresa o proyecto. Debido a esto, las empresas Caabsa y Eagle Energy, motivados por su interés de prestar el servicio de aseo público municipal, manifestaron su intención de obtener la concesión presentando una propuesta, misma que en sesión de Ayuntamiento de fecha 22 de noviembre de 1994 fue autorizada a la sociedad que formaron dichas empresas, denominada Caabsa Eagle SA de CV”, señala el documento a manera de antecedente.

Temas como la recolección de basura en aceras seis días a la semana, la compra de equipos nuevos y suficientes para garantizar al 100 por ciento el servicio, la construcción y rehabilitación de plantas de transferencia y separación, son algunos de los puntos que se tocan en el dictamen que enumera las obligaciones a las que ha faltado la empresa y que incluso hoy sigue sin cumplir.

Según el diagnóstico jurídico sobre el incumplimiento del convenio de ejecución, operación y reinversión, celebrado entre el municipio de Guadalajara y Caabsa Eagle, SA de CV, que se presenta en la iniciativa rechazada en aquella ocasión, da cuanta de los retrasos de más de un año en las obras que la concesionaria debía realizar tanto en el vertedero de Matatlán como en Los Laureles.

A pesar de demostrarse los incumplimientos al contrato en aquella ocasión, el Ayuntamiento decidió seguir operando con Caabsa Eagle, que a la fecha sigue incurriendo en este tipo de incumplimientos.

Durante la presente administración, el regidor Leobardo Alcalá promovió una iniciativa para revisar el contrato de concesión con la empresa en cuestión; el asunto sigue detenido en la comisión que se creó para tal fin.

Reforestación en Tlaquepaque

Mauricio Ferrer- LA JORNADA JALISCO


Cerca de 5 mil árboles fueron plantados en 55 hectáreas del Parque Central del Cerro del Cuatro, en Tlaquepaque, en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente y como parte de los compromisos del alcalde Hernán Cortés Berumen. El proyecto de reforestación continuará con los 40 millones de pesos provenientes del fondo del Consejo Metropolitano de Colaboración que ya fueron autorizados, dijo el munícipe FOTO: ARTURO CAMPOS CEDILLO

Zapopan carece de un depósito para residuos peligrosos



EL INFORMADOR

Debido a la falta de un depósito para residuos peligrosos, la Dirección de Ecología del municipio de Zapopan, suspendió la expansión del Programa de Recolección de Pilas usadas.

Según información de Notisistema, el director de la dependencia, Justo Osorno Vizcaíno, admitió la que existe un retraso en el cumplimiento del programa porque aún no se decide dónde se depositarán los residuos.

“Había planes de expandirlo y de incluso meter en todos nuestros camiones recolectores un compartimiento especial para pilas y empezar… bueno, eso fue lo que se detuvo, no lo crecimos el programa hasta tener asegurado qué vamos a hacer con todo ese material”.

El funcionario agregó que la dependencia se encuentra analizando la posibilidad de establecer un convenio con la Compañía Siderúrgica de Guadalajara para que reciba las baterías y reutilice algunos elementos de las mismas, como el metal.

La falta de agua amenaza el futuro de La Manzanilla

Leopoldo Loza, encargado del sistema de agua potable y alcantarillado de La Manzanilla, ve un panorama difícil. Foto: Marco A. Vargas

Agustín del Castillo - PÚBLICO
La Manzanilla Enviado

Enclavada al final de un vasto territorio dominado por la selva estacional (o seca), con lluvias que suelen ser inferiores a 600 milímetros anuales, el desarrollo inmobiliario que se ha desatado en La Manzanilla enfrentará pronto los predicamentos de la falta de agua. La deforestación, con una de las tasas más elevadas del país (3 por ciento anual), y los patrones de consumo desbordados, explican la inminente crisis

“Se está acabando el agua de los mantos más superficiales, todo lo que son norias, y ha sido necesario traer el agua de zonas más profundas, hasta 80 metros”, explica don Leopoldo Loza, encargado del sistema de agua y alcantarillado.

El abastecimiento de la comunidad, golpeada por un tsunami en 1995 —violencia que parece haber dado a conocer sus playas de ensueño, que desde entonces son cada vez más visitadas por extranjeros—, se ha hecho precario también por la creciente salinidad de los pozos (fenómeno denominado “intrusión salina”), pero además, está la fuerte competencia por el recurso.

Mientras crece el número de fincas en la próspera localidad, el vecino desarrollo exclusivo El Tamarindo, situado al otro lado de las montañas que enmarcan la bahía, utiliza pozos de esta cuenca para irrigar su campo de golf y su demandante consumo “de Primer Mundo”. Ya en el pasado, los manzanillenses debieron enfrentarse a esos poderosos intereses, y lograron recuperar el pozo principal para el abastecimiento de la antigua aldea de pescadores.

Por si eso no bastara, la Comisión Nacional del Agua (CNA) no les quiere otorgar el título de concesión de agua, pues el ayuntamiento ha pretendido quedarse con el sistema, lo cual es un riesgo porque se llevaría las recaudaciones y podría colapsar financieramente el sistema.

Don Leopoldo, apodado Morgan entre los ejidatarios, señala que de seguir las tendencias de crecimiento y las extracciones hacia fuera de la zona, será inevitable la escasez. “Mire, con esta bomba y aquella, y la que tenemos allá [en otro pozo], es agua suficiente por ahora; no sé, tal vez un año o dos…”.

La Manzanilla tiene mil tomas de agua y ronda los tres mil moradores. Sólo paga el servicio 60 por ciento de las cuentas; “otros se atrasan y luego van pagando, y a veces es un problema que nos den lo que deben, porque de ese dinero sale todo, el mantenimiento, la cloración, la energía eléctrica para el bombeo […] tengo ya doce años en esto y nunca he pedido prestado un centavo, lo hemos hecho rendir”, se ufana Morgan.

Y vaya que se paga poco. “Acabamos de incrementar, subimos a 35 pesos por mes, pero pueden ser 120 pesos por año completo adelantado, y si todos pagaran, yo siento que fuera suficiente; pero como hay gente que debe de tres o cuatro años atrás, pues no se puede […] el gasto más fuerte es la energía, tenemos un tope de gasto mensual, si lo pasamos se va a otro costo, por eso siempre doy ocho horas de agua en el día, que es suficiente”.

—¿No cree que los pozos se merman por la deforestación?

—Uh sí, muchísimo […] hay un pueblo que se llama Los Ingenios, al otro lado de la carretera, en que la mayoría de la gente se dedica a la madera para hacer casas de palma, y con permiso o sin permiso el árbol se corta, y el daño se hace.

—¿En doce años ha notado cambios en la recarga de agua?

—Sí, han bajado muchos los niveles, y también las lluvias […] este año que pasó se llenaron los mantos freáticos porque hubo unas lluvias fuertes, lluvias de tres o cuatro días, y luego ya no llovió igual; los buenos años son, por ejemplo, cuando llueve una o dos veces por semana de julio a octubre.

—¿Hace cuánto que no ve esos buenos años?

—El último bueno fue 1998; después, como siete años de sequía.

Morgan dice que si a estos factores ambientales se agrega el crecimiento poblacional, la cosa se agrava. “Pues cada día somos más; todos necesitamos el agua, y si aquí en el pueblo se aplicaran multas, tal vez se hiciera más […] toda la gente se la vive echando agua a la calle, porque hay mucho polvo, pues las calles son de tierra…”.

Por si fuera poco, hay privilegiados eximidos del pago del servicio. “Recientemente me dijeron que les cobrara a los Testigos de Jehová, pero mire usted, no es justo, porque la Iglesia [católica] no paga, se trata de que sea parejo para todos”.

Don Leopoldo teme por el futuro, y aunque parezca extraño, prefiere que sea El Tamarindo el que compre las tierras ejidales que de unos años por acá están como en barata (Público, 18 de mayo de 2008). “El Tamarindo anda queriendo comprar tierras para asegurar sus reservas, nosotros [en el ejido] tenemos mucho terreno, un cerro que se está vendiendo arriba […] a los compañeros ejidatarios yo les digo que nos conviene venderle a El Tamarindo, porque no lo van a desarrollar tan fuerte, ya están instalados; si vendemos a otra persona, va a necesitar agua, y no tenemos de dónde darles”.

Y si a este dilema se agrega el muy posible retorno de la sequía, en muy poco tiempo se colapsará la zona. “Yo pienso, de acuerdo con la experiencia que tengo, que si dejara de llover este año y el otro año, tendríamos agua para unos cuatro años, racionándola mucho. Pero nada más”

Brecha social, principal limitante en materia ambiental en el estado: Curiel Ballesteros


Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO

Los problemas prioritarios en la agenda ambiental de Jalisco deben ser aquellos que están generando impactos y consecuencias en la salud de las personas, en el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio, pero mientras a nivel municipal y estatal siga existiendo la gran brecha que hay entre los actores sociales, no se lograrán generar esquemas de desarrollo sustentable que logren equilibrar las decisiones de gobierno a este respecto, aseguró el director del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas (IMACH) de la UdeG, Arturo Curiel Ballesteros, quien el jueves pasado, y a nombre del Instituto, recibió el Premio al Mérito Ecológico 2008.

“Los que detentan el poder son las autoridades y las empresas, siendo que en un esquema de desarrollo sustentable tienen que estar empoderados todos los actores para tener un mejor equilibrio en las decisiones. Como ejemplo está Zapopan, donde las empresas inmobiliarias son los grupos más empoderados y las organizaciones sociales están en el lugar 23; mientras esto siga así, no habrá buenas decisiones para determinar los cambios de uso de suelo. Si no se genere un capital social y se acorte la brecha, esta situación seguirá siendo la principal limitante en materia ambiental en el estado”, señaló.

Según datos de Curiel Ballesteros, en Jalisco hay menos de 30 municipios que trabajan en ordenamiento territorial; el investigador explica que uno de los problemas graves del estado consiste en que aunque hay varios municipios donde se muestra un interés para planear en materia de desarrollo sustentable y ordenamiento territorial, después lograr una propuestas bien estructurada los alcaldes no la someten a votación del cabildo o simplemente no la operan.

“En el gobierno del estado sucede lo mismo, el ordenamiento territorial que trabajó el Instituto ya está publicado en el Diario Oficial del estado pero no se le ha dado el seguimiento que determina el reglamento. No hay programas de restauración o conservación porque no se maneja este marco. Lo principal es que haya un capital social para la participación y que se tenga la percepción de que la información que generamos no es una ocurrencia científica”, afirmó.

El director del IMACH recordó que una de las principales dificultades a las que se enfrenta el Instituto tiene que ver con el rechazo de las autoridades a los trabajos que realiza: “somos el único instituto cuyas investigaciones han sido juzgadas por un gobernador que dice que las investigaciones que hacemos y los resultados que tenemos no son ciertos; eso es difícil”, recuerda en referencia a la posición de Francisco Ramírez Acuña respecto al estudio en que se demostraron los daños que causa la contaminación a la salud.

En su opinión, la agenda ambiental del estado debe contemplar cuatro ejes fundamentales: contaminación (que en Jalisco registra todos sus tipos: de suelo, de agua, de aire y de alimentos), degradación de los recursos, biodiversidad y cambio climático.

“Un problema grave es que la base de los recursos naturales se está degradando muy rápidamente, y esto nos pone en situación de vulnerabilidad en términos de competitividad y bienestar al estado.

“Más del 54 por ciento de los suelos de Jalisco tienen un grado de erosión muy fuerte, ya llevamos más de la mitad de la pérdida del patrimonio y los costos de una falta de actuación para detener y revertir esto van a ser cada vez más grandes”, señaló.

En lo que respecta a la biodiversidad, Curiel Ballesteros recordó que la posición de Jalisco es única porque en él termina un corredor biológico que viene desde Canadá y comienza otro que llega hasta Colombia.

“Pero para mantener esa riqueza debemos mantener esos corredores y los estamos fragmentando a través de obras de infraestructura y con los constantes incendios. Somos el segundo estado con más incendios forestales y el único que pone alambradas en sus áreas naturales protegidas”, explicó.

Por alguna razón –indicó el director del IMACH, creado en 1995– Jalisco no reconoce el gran patrimonio natural que tiene y le apuesta a cosas que se pueden hacer en cualquier lado en vez de hacer cosas donde se aproveche la unicidad de cada sitio. Ejemplificó el caso con el Lago de Chapala, que cuenta con todos los parámetros de valores intangibles que puede tener un bien natural y los proyectos de carácter turístico que se desarrollan ahí no los toman en cuenta.

“El estado debe reconocer esa gran riqueza y los planes de desarrollo tienen que basarse en su conservación y promoción. No se detona el valor económico que pueden tener todos los sitos del patrimonio natural que tenemos”, opinó el investigador.

Insistió en que el cambio climático es un tema que debe entrar en la agenda del estado, pues sus efectos ya se presentan en la producción de alimentos, en la salud de las personas y en el deterioro de área naturales protegidas de alto valor.

“Es un tema que no está en la percepción de problemas prioritarios, al igual que no lo están el sobre pastoreo, el alto consumo de energía y el alto consumo del agua”.

El premio al Merito Ecológico 2008 que recibió el IMACH es un reconocimiento que se otorga a propuesta de organizaciones internacionales, nacionales y estatales.

En este caso, a nivel nacional quien hizo la propuesta a favor del Instituto de la UdeG fue la UNAM, mientras que a nivel estatal fue la Benemérita Institución de Geografía y a nivel internacional la oficina regional para Mesoamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Buscan que, por Los Colomos, Auditoría Superior investigue a funcionarios

Condominios La Reserva, que invaden los terrenos públicos de Los Colomos


Gilberto Franco – EL INFORMADOR

La Asociación Civil Ciudadanos por Los Colomos solicitará ante el Congreso local, que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), investigue a los funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos que no comparecieron ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), para defender ocho mil metros cuadrados de la Cuenca Hidrológica de Los Colomos en el municipio de Zapopan.

Raquel Gutiérrez Nájera integrante de la agrupación y presidenta del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), señaló que la intervención de la ASEJ es necesaria en este caso, ya que los servidores públicos omisos, pudieron haber incurrido en un delito al no defender el patrimonio de los jaliscienses.

Gutiérrez Nájera además recalcó que según información del Sistema Intermunicipal Agua Potable y Alcantrillado (SIAPA), el Bosque Los Colomos abastece de agua aproximadamente a 17 colonias a través del rebombeo de los manantiales la Campana, El Barreno, El Torreón, El Amarillo y la Culebra.

“El que se siga cercenando a Los Colomos puede implicar una pérdida de agua drástica para 17 colonias de acuerdo con el Siapa, tales como Italia en sus cinco secciones, Providencia primera sección, Mezquitán Country, Country Club, Lomas del Country”.

Para evitar que el área siga siendo asediada por constructores, la Asociación Civil Ciudadanos por Los Colomos, también solicitará al Congreso del Estado que el bosque sea elevado a la categoría de Área Estatal de Protección Hidrológica. También pedirá que se integre una mesa de trabajo intersectorial y ciudadana, para elaborar una estrategia de conservación y recuperación de la Cuenca Hidrológica.

Para saber

• La propiedad estatal del Bosque Los Colomos estaba integrada originalmente por 248 hectáreas. Hoy en día únicamente se reconocen 116 hectáreas en el municipio de Guadalajara y 81 en el municipio de Zapopan, de las cuales 41 le fueron cedidas en comodato.

• Actualmente sólo se encuentran protegidas bajo la categoría de Área Municipal de Protección Hidrológica alrededor de 90 hectáreas de Guadalajara.
• Todos los pozos y manantiales de la zona de Colomos pertenecen a la microcuenca del Arroyo de Atemajac.

Ataques al bosque Nixticuil

Ozono, para limpiar al río Santiago


La contaminación del río mantiene a raya a los vecinos de los municipios conurbados. Foto: Público

Vanesa Robles - PÚBLICO

Una empresa privada comenzará hoy a realizar pruebas de las aguas y lodos del canal El Ahogado, en la comunidad La Azucena, con el fin de proponer un método de limpieza parcial al río Santiago con base en ozono y bioenzimas, informaron ayer los representantes del organismo ciudadano Un Salto de Vida, AC.

No se trata de librar por completo al río Santiago del daño que tiene, después de casi 30 años de descargas indiscriminadas de aguas industriales y domésticas sin tratamiento, sino de limpiarle algunos contaminantes degradables y quitarle el mal olor, lo cual paliaría la pésima calidad de vida que tienen las cerca de 120 mil personas que diario conviven con el torrente.

Si la propuesta funciona y la empresa Ecología y Biotecnología Natural a tu Servicio, corporativo Ecobyonat, comprueba que, con las muestras de líquido tóxico que recogerá durante siete días continuos, logra obtener agua menos sucia que cumpla la Norma Oficial Mexicana-001-SEMARNAT-1996, la compañía ofrecerá la limpieza parcial del Santiago por 138 millones de pesos, que el gobierno del estado podría pagarle a cinco años.

Graciela González, de Un Salto de Vida, informó que lo de las pruebas fue una decisión de los habitantes de El Salto y Juanacatlán, quienes desde marzo pasado han realizado asambleas en las plazas de ambos municipios.

Añadió que al principio la Comisión Estatal del Agua (CEA) reaccionó con desconfianza y enojo, pero al final la institución debió ceder a la presión de los pobladores de ambos municipios, entre quienes las enfermedades crónicas son un mal común.

A una de las asambleas más recientes, celebrada durante los últimos días de mayo pasado, se invitó a los representantes del corporativo Ecobyonat. Como los pobladores desconfían por sistema, ellos mismos acudieron por dos muestras de agua al río Santiago. En una, sin tratamiento, se dejó a un pez beta (una especie doméstica famosa porque soporta pocos cuidados), que murió en segundos. La otra recibió ozono y el pez que se depositó en ella sigue vivo.

La campaña de recolección de agua durará siete días continuos. Los organismos ciudadanos vigilarán que las muestras de agua se tomen del canal El Ahogado, a la altura de la comunidad La Azucena. Ahí el canal se entronca con el río Santiago y se considera que la contaminación está muy concentrada.

Graciela González explicó que, si los resultados de la aplicación del ozono y las bioenzimas son positivos, la siguiente lucha será para que el gobierno del estado costee los costos de la limpieza parcial del río Santiago.

El Código Urbano, un ensayo del caos


Urbanistas, juristas, ambientalistas y colonos expusieron las anotaciones que llevarán el lunes al Congreso. Foto: Luz Vázquez

Vanesa Robles - PÚBLICO

El Código Urbano que aprobarían en unos días los diputados de Jalisco propicia el crecimiento anárquico de las metrópolis del estado, pone los intereses de los constructores sobre el bienestar de los ciudadanos y limita la participación activa de la sociedad civil en el desarrollo de la urbe: ésas fueron algunas conclusiones de los integrantes y asesores del Parlamento de Colonias.

El colectivo, que agrupa a unos 200 representantes vecinales, hizo su tarea. En dos semanas, estudió cada artículo del dictamen del código que por estos días discute el Congreso del Estado, consultó a especialistas en distintas materias, lanzó convocatorias a los académicos y gente común y organizó una mesa de diálogo horizontal. Ayer, se reunió durante cinco horas para exponer sus observaciones al documento que se aprobaría este junio, con el fin de ordenar el crecimiento de la ciudad y la dotación de servicios, en sustitución de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

Los especialistas opinan que es la misma ley, pero mal revolcada. Los juristas piensan que los ciudadanos comunes tendrán menos herramientas y enfrentarán más burocracia para defenderse si los afecta una obra. Los especialistas en conservación añaden que hacen falta reglas claras que definan cuáles inmuebles deben ser intocables. Los sociólogos, que sigue sin tomarse en cuenta la voz de la sociedad civil en la conformación de las ciudades. Los ambientalistas, que el medio ambiente no se toma en cuenta con seriedad…

En todo ese contexto, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Iván Argüelles Sánchez, declaró hace unos días a un diario local que los ciudadanos deben quedarse en su lugar y dejar que los políticos —él y sus colegas— hagan lo suyo.

Resulta que los ciudadanos piensan distinto. Si el Código Urbano se aprueba tal como está hoy, el Parlamento de Colonias recurrirá al amparo, adelantó ayer el presidente del colectivo, Ludger Kellner.

“Causa gran desilusión, son los mismos medios, instrumentos y/o instituciones contenidos a la Ley de Desarrollo Urbano vigente”, que tiene once reformas, pero ha sido ineficaz para frenar las construcciones que afectan a los ciudadanos, concluyó ayer el Bufete Jurídico Especializado, integrado por especialistas en desarrollo urbano

Otra observación, del coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano del Parlamento, Alejandro Cárdenas: el nuevo ordenamiento indica que al gobierno del estado le corresponde coordinar el equipamiento urbano, pero el gasto por las obras de infraestructura lo realizarán… los ciudadanos. “El código sólo está pensado en franco apoyo a los intereses inmobiliarios y sólo legaliza lo ilegal”, añadió.

La mayoría coincidió que el código debe regresar a comisiones. El Congreso del Estado tiene la última palabra.

Y el problema es que...

¿Qué defectos tiene el Código Urbano que sustituirá a la Ley de Desarrollo Urbano de Jalisco?

Imagínese que regresa de vacaciones y se entera de que las primeras bardas de un nuevo edificio de departamentos —autorizado por un funcionario municipal corrupto— invaden la mitad del patio de su casa. Según el código, usted tendría que acudir a la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) con la esperanza de que la obra se suspenda de inmediato. Pero ahí usted sólo recibirá palmaditas en la espalda: el mismo documento indica que la Prodeur tiene atribuciones para opinar, no para suspender, igual que hoy. Usted acude al ayuntamiento para que los regidores emitan una medida de seguridad… una vez que se reúnan en la sesión de Cabildo, les dé la gana tratar el asunto y se pongan de acuerdo. Mientras el edificio de departamentos fue terminado y comenzó a ser vendido, “gana” el caso: no hay quien le tumbe el edificio vecino y el servidor corrupto conserva su empleo, pues la nueva ley no lo sanciona.



Observaciones

Algunos señalamientos del Parlamento de Colonias:

No se trata de un código, pues no es una compilación de leyes en la materia —lo cual facilitaría su aplicación—, sino sólo la reforma de la Ley de Desarrollo Urbano de Jalisco

La Prodeur tiene las mismas atribuciones que hoy: no puede interponer demandas penales y no puede dictar medidas de seguridad: actos urgentes para la suspensión o clausura de una obra que afecte intereses particulares o colectivos

Señala que los indicados para poner orden son la Prodeur y el ayuntamiento. En el primer caso no es cierto (puesto que no le da atribuciones a la dependencia). En el segundo caso, las obras dañinas pueden seguir creciendo mientras se reúne el Cabildo

No establece sanciones para los funcionarios que por corrupción, ignorancia y/o negligencia aprueban obras o urbanizaciones —como las que rodean la zona industrial de El Salto—

Limita la participación ciudadana al derecho de petición y a las consultas, igual que hoy. No hay espacio para proposiciones activas de la sociedad civil

Incluye a tres universidades en el Consejo de Desarrollo Urbano —el organismo que vota algunas decisiones en ese tema—, lo cual se considera positivo. Pero ahí, de casi 30 sillas, la mayoría es para empresarios y representantes del gobierno y hasta sindicatos. Las organizaciones ciudadanas tienen sólo dos asientos

Deja la existencia, la estructura y el reconocimiento de los consejos regionales y municipales de desarrollo en las manos y al libre albedrío de las autoridades municipales

Señala que hay trece zonas primarias, desde la agropecuaria hasta la industrial, pero no define qué características y límites tendrá cada una de ellas. Borra las zonas de recargas acuíferas e ignora las zonas de amortiguamiento ecológico.

Cae 85% polución de grandes empresas


Instalaciones de la tequilera González González, empresa que hace un par de semanas fue multada por verter descargas fuera de norma en el drenaje de la ciudad. Foto: Felipe Salgado

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Hace diez años, todavía era común que los colectores de la colonia del Fresno quedaran destrozados en pocos minutos, luego de una descarga masiva y puntual de materia orgánica a alta temperatura y PH (acidez) proveniente de la vieja fábrica de alimentos de Arancia CPC, una de las 20 principales contaminadoras de agua de la ciudad. Eventos similares se vivían en otras zonas con grandes factorías, y eran dolor de cabeza habitual para el organismo operador.

La historia ha cambiado espectacularmente a favor del medio ambiente, pero no del todo. El 27 de mayo pasado, la destiladora de tequila González González, también del grupo de las 20 grandes, derramó melaza a los colectores y produjo 100 por ciento de explosividad en cien metros de alcantarillado de la colonia Circunvalación Belisario Domínguez, lo que motivó la clausura de las instalaciones y un largo trabajo de limpieza en la red de la zona.

A fin de cuentas, la empresa pagó una multa de 150 mil pesos y se debió comprometer a restaurar la red. Aunque el susto a los vecinos quién se los quita.

En realidad, el pico más alto de contaminación que vertieron esa veintena de empresas enclavadas en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) se registró en 1999, cuando en conjunto emitían hacia los colectores poco más de 90 toneladas diarias de contaminantes medidos como demanda química de oxígeno (DQO), es decir, alrededor de 22 por ciento del volumen total de la ciudad (que ronda desde entonces 400 toneladas diarias de DQO).

Para 2006, el éxito en la reducción de sus descargas era notable: apenas doce toneladas diarias, 3 por ciento del total generado por la urbe.





El resultado es fruto de un intenso programa de trabajo coordinado por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que ha significado inversión millonaria en plantas de tratamiento, adopción de esquemas de reutilización de aguas residuales en los procesos de las fábricas, así como una política de sanciones a todo el que rebase las “condiciones particulares de descarga” fijadas por el organismo operador.

“Estamos aplicando un proceso de vigilancia que nos lleva a muestrear casi 400 empresas dos veces por año, las cuales son seleccionadas por la carga de contaminantes o bien por el volumen, entre giros industriales, comerciales y de servicios”, señala la bióloga María de Lourdes Ávalos Vaca, jefa de la sección de vigilancia de descargas, adscrita a la gerencia de saneamiento del SIAPA.

La DQO es la cantidad de oxígeno que necesita cualquier organismo para “oxidarse” o descomponerse, es decir, integrarse al ecosistema acuático que lo recibe. Como es lógico, a mayor demanda de oxígeno por parte de la materia extraña recién descargada, los organismos vivos que habitan el cuerpo de agua tendrán menos oxígeno disponible y pueden morir de asfixia. Básicamente, un cuerpo de agua poco oxigenado está “contaminado”, aunque hay otro tipo de desechos, que no son orgánicos y no se pueden descomponer tan rápido, que también son contaminación.

Los totales

De cinco mil establecimientos que se estima existen en la ZMG, hay en total casi cuatro mil giros registrados en el área donde el SIAPA da los servicios de agua y alcantarillado (90 por ciento del territorio de la ciudad); hace diez años, eran apenas 2,400 las empresas regulares, y fue entonces que se identificaron los 20 principales emisores, responsables en esas fechas de 65 por ciento de lo que arrojaban los usuarios no domésticos a la red de alcantarillado (Público, 18 de enero de 1999, y 28 de abril de 2000).

Para María de Lourdes Ávalos, el descenso de más de 85 por ciento del DQO en esa élite de 20 factorías demuestra que los controles crecientes han tenido frutos; admite que la exigencia de procesos de calidad, sobre todo para empresas que compiten en el mercado global, ha sido otro elemento aliado para avanzar en la disminución del daño a los ecosistemas naturales.

Estas grandes empresas corresponden a diversos giros, desde procesadoras de alimentos (Arancia CPC, que invirtió cerca de cinco millones de dólares en sus procesos de saneamiento) hasta aceiteras, cerveceras, refresqueras y pasteurizadoras (ver gráfico anexo).

El accidente que le sucedió a la destiladora de tequila González González, SA, revela que no se puede bajar la guardia en materia de monitoreo e inspección, pues de otro modo, los avances son siempre precarios y provisionales.

Jorge Santoyo Ornelas, jefe de la sección de monitoreo, agrega que a diez años, se tienen mejores condiciones para garantizar información oportuna que permita disminuir el riesgo de eventos como el del 22 de abril de 1992, cuando una explosión en el colector oriente ocasionó la muerte de 208 personas en el sector Reforma. Además de las inspecciones periódicas a las empresas que concentran la mayor parte de las descargas, se tiene el sistema automático de monitoreo sobre 28 puntos de la red de colectores citadina, a lo que se suman una creciente tendencia ciudadana a la denuncia y la experiencia acumulada, como factores que refuerzan la prevención.

Ahora, ¿por qué la ciudad no redujo emisiones pese a este recuento de reducciones de descargas? Si bien se dejaron de arrojar en promedio 78 toneladas de DQO, la creación de nuevas industrias, la ampliación de la zona donde brinda el servicio el SIAPA y el crecimiento constante de la ciudad se han encargado de que las cifras totales de hace diez años se mantengan más o menos estables. Esto quiere decir, sin duda, que si la historia de controles no fuera exitosa, Guadalajara estaría produciendo hasta 20 por ciento más volumen de contaminantes.

No obstante, la estadística que acredita ese recuento exitoso de controles, demuestra que pueden darse variaciones en las descargas: en realidad, fue 2004 el año en que se generaron menos descargas: ocho toneladas de DQO. Desde entonces, la contaminación volvió a crecer. Esto obliga a una constante vigilancia del cumplimiento de las normas, reconoce el organismo.

Los domésticos

Del otro lado, el SIAPA tiene registradas más de 900 mil cuentas de “usuarios domésticos”, que producen más de 300 de las 400 toneladas diarias de DQO generadas por la ciudad. En este caso, no ha habido desde hace diez años más que un modesto principio de solución: el de la planta de tratamiento existente en río Blanco, en Zapopan, que entró en operación hace seis años y en el nuevo proceso de saneamiento integral de las aguas negras de la ciudad, será necesario ampliarla y modernizarla, pues los asentamientos humanos siguen creciendo en aquel extremo citadino.

Este proceso de cambio es urgente en lo ambiental y lo legal. Las normas oficiales mexicanas en materia de descargas planteaban para 2000 el inicio de los procesos de saneamiento en las ciudades con más de 50 mil habitantes. En el Plan Nacional Hidráulico, las dos metas primordiales del sexenio son que la ciudad de México y Guadalajara al fin viertan aguas tratadas a los ríos, mientras la industria está obligada a sus propios procesos. 400 toneladas diarias de DQO, o cerca de diez mil litros por segundo de aguas contaminadas, es el tamaño del problema.

La tarea de controlar aguas grises en el drenaje de la zona metropolitana

El SIAPA mantiene un programa de monitoreo permanente sobre casi 400 empresas que tiene detectadas como principales fuentes de emisiones a los colectores, sea en materia orgánica (como las 20 gigantes consumidoras de agua) o sea en desechos tóxicos. Estas factorías son inspeccionadas dos veces al año, y corresponden a giros industriales, comerciales y de servicios, para determinar si cumplen con la norma oficial mexicana NOM-002-ECOL-2003

Aparte de este programa, existe también de forma permanente otro de atención a denuncias y de monitoreo que incluye los 22 puntos de la red automática (en servicio hace más de diez años), que permite detectar anomalías en la calidad de las descargas y prevenir daños o desastres

Una empresa que maneja descargas debe tener un sistema de tratamiento, trampas de grasas, fosas de sedimentación y otros aditamentos técnicos. El SIAPA exige a los giros que el “pozo de visita” se ubique afuera de la compañía para facilitar las inspecciones

Las “empresas-problema” cuentan con un historial armado con base en lo que se detecta de emisiones constantes y accidentales al drenaje, denuncias de colonos y sanciones acumuladas

Para el SIAPA, la clave es que la empresa en cuestión no puede rebasar los límites fijados en sus “condiciones particulares de descarga”, que es lo máximo permitido por el organismo operador para que ingrese a la red. Rebasar las condiciones particulares lleva a la destrucción de infraestructura o problemas de explosividad

La compañía que rebasa sus límites, entra en “índice de incumplimiento”; el cual contempla que a más descargas aumentan las sanciones, lo mismo si se trata de desechos peligrosos, como los metales pesados, según lo establece el propio tabulador de sanciones

Alrededor de 25 por ciento de las descargas al drenaje de la zona metropolitana de Guadalajara, medidas como “demanda química de oxígeno”, proviene de giros no domésticos

Los giros que manejan más volumen de agua, y son responsables de emitir más DQO, son las procesadoras de alimentos, de refrescos y cerveza

A los anteriores se suman las industrias destiladoras; los centros comerciales, tiendas de autoservicio y hoteles: los autobaños, las lavanderías, los laboratorios, los rastros

Desechos peligrosos pueden provenir de la industria metal-mecánica, de las tenerías, las fábricas de pintura y en general las que tienen procesos químicos. Las gasolinerías y los talleres mecánicos pueden ser peligrosos, pero son los giros más vigilados a escala municipal y por Protección Civil

De cualquier modo, las plantas de tratamiento que se construirán para sanear las aguas negras de la ciudad, que se contempla terminar para dentro de unos tres años, deberán estar preparadas para recibir eventuales emisiones de descargas de la industria; su caracterización incluye la posibilidad de tratar esos desechos de forma adecuada, para evitar daños al ambiente.

sábado, 7 de junio de 2008

La Semana del Arte por la Tierra finaliza hoy sábado con una romería en Chapultepec

Jonathan Lomelí - MURAL La semana de Arte por la Tierra, que ha reunido estos últimos días exposiciones, conferencias, cine y actividades artísticas para generar una cultura ambiental, tendrá una clausura en grande: el Natural Art Fest. Hoy, en el Paseo Chapultepec, de las 12:00 del mediodía a las 02:00 horas de la madrugada del domingo, se realizará el Natural Art Fest, un festival ambiental para toda la familia en el que habrá música, exposiciones, performance y productos ecológicos. En el festival participarán en total 41 expositores, entre empresas que promueven productos alternativos que no dañan el medio ambiente, organizaciones no gubernamentales ambientalistas e instituciones públicas encargadas de generar una conciencia ambiental. Junto a la Glorieta de los Niños Héroes, sobre Avenida Chapultepec, habrá un foro en el que se presentarán todo el día y hasta la madrugada casi 20 grupos de rock local que también lanzarán sus propuestas. "Es fundamental el hecho de que un lugar donde va a haber un evento masivo pueda la gente ver que hay alternativas para un consumo responsable ambientalmente", manifestó el miércoles Armando Romero, Subdelegado de la SEMARNAT Jalisco, durante la una rueda de prensa para dar a conocer los detalles del festival. No sólo se expondrán productos amigables con el medio ambiente. Una parte central del festival incluye exposiciones de pintura, fotografía y performance relacionados con la educación ambiental. Además una exhibición denominada Green Technology, que presenta la embajada de Estados Unidos acerca del futuro de la integración de la tecnología al medio ambiente. La semana de Arte por la Tierra es organizada por el Ayuntamiento de Guadalajara, la SEMARNAT Delegación Jalisco y Colectivo VIDENS en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Ixtlahuacán de los Membrillos arranca programa de separación de residuos


Evelyn Águila - EL INFORMADOR

La Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, a través de su titular, Martha Ruth del Toro Gaytán, y el primer edil de Ixtlahuacán de los Membrillos, Octavio Coronado Vargas, arrancaron el programa de separación de basura (cartón, plástico y papel), dentro de las instalaciones de la Secundaria No. 34 de ese municipio.

En estas instalaciones se colocaron dos contenedores (amarillo para el papel y azul para el plástico) por parte de la empresa Gen Industrial, S.A. de C.V. para su traslado a una empresa recicladora de estos materiales.

Del Toro Gaytán dirigió a los alumnos de dicho plantel el siguiente mensaje: “Tendrán la satisfacción, no sólo ambiental, si no moral, de estar contribuyendo en aportar elementos que tienen el 100 por ciento de la capacidad de reciclarse, como lo es el PET (envases de plástico) y el cartón, pero también ustedes con esto, participan en forma directa y ponen su granito de arena en detener este fenómeno mundial, que es el calentamiento global”.

Coronado Vargas comentó: “Queremos despertar en los jóvenes la cultura ecológica, queremos nuestras calles limpias, queremos que se implemente el habito de la separación de basura por el bien de todos; cada pequeño laguito que tengamos en nuestro municipio, bosque, arbolito, hay que cuidarlo, queremos ver a Ixtlahuacán pionero en este programa de separación de residuos y esperemos que todos los municipios de nuestro Estado se sumen a este proyecto”.

Por su parte, el profesor Juan Ramón Esparza Pérez, director de la Secundaria No. 34, expresó: ”Nos enorgullece que nuestra institución sea pionera de esta campaña tan importante de separación de plástico y cartón, así mismo compartimos la preocupación de ustedes como autoridades estatales y municipales de combatir la contaminación, y por ende el calentamiento global, que todo mundo sentimos cada día los estragos con diferentes circunstancias. Con responsabilidad compartida lucharemos para que este programa se realice y divulgue con éxito”.

Este es el arranque de un programa muy ambicioso de separación de residuos en el municipio, el cual se pretende extender por todas las comunidades de Ixtlahuacán de los Membrillos, con la finalidad de abatir un problema ambiental que es la generación de residuos y disminuir los volúmenes de los vertederos, reciclando el mayor número de desechos posible, recalcó la directora de Regulación y Disminución de la Contaminación, Dulce García Bogarín.

Cabe señalar que el Presidente de este municipio se comprometió a que, por cada peso ganado en la venta de estos residuos separados, el Ayuntamiento de Ixtlahuacán pondrá otro peso para la construcción de un campo de futbol para esta secundaria.