Agustín del Castillo - PUBLICO
Sobre aviso no hay engaño. El 22 de noviembre de 2007, los indígenas wixaritaris de la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán dieron a conocer, por medio de Público, su total oposición a la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, por afectar sus derechos comunitarios. Ayer, casi dos meses después, sin obtener respuesta del gobierno de Jalisco, clausuraron la obra en sus tierras comunales.
A las seis de la mañana, cerca de seis centenares de huicholes entraron al sitio de los trabajos e impidieron que las máquinas operaran. El acuerdo lo habían tomado poco más de doce horas antes, en una asamblea comunal realizada en Nueva Colonia, poblado de Tuapurie (denominación en wixaritari de la comunidad). Al cierre de esta edición, permanecían en la zona, resistiendo la presión de policías de Mezquitic, que llevaban órdenes "de volver a abrir la obra".
El sitio del bloqueo se llama Ciénaga de los Caballos y se ubica cerca del cerro de La Puerta, el más alto de la región Norte de Jalisco, unos 40 kilómetros al sur de Huejuquilla el Alto. Los comuneros están molestos por el modo en que a su juicio se pretende imponer la obra, dijo uno de los voceros de la comunidad, Claudio de la Rosa Valdés.
Estas quejas están ampliadas en sendos escritos entregados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a las que demandan la reversión de la autorización de impacto ambiental y la clausura de este proyecto.
Ambos documentos, con copia en poder de este diario, detallan que las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) están trampeadas: "Se han elaborado sin ninguna consulta a la comunidad para su realización; esto ha provocado que los trabajos hayan afectado irremediablemente ya varios de nuestros lugares sagrados, así como nuestros bosques y manantiales, violándose tanto la normativa nacional como la internacional vigente en el país, particularmente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo", que habla del derecho de los pueblos indígenas a mantener su cohesión territorial y social y sus formas de autogobierno.
Las MIA "se están presentando y aprobando de manera segmentada […] lo cual atenta contra las mejores prácticas ambientales dado que se trata de una unidad ambiental que forma la cuenca del río Bolaños; asimismo, viola la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento en materia de riesgos e impacto ambiental, debido a que la normatividad obliga a los promoventes a presentar proyectos integrales, lo que permite evaluar en su conjunto las afectaciones a la integridad del ecosistema tal como existe, y no con subdivisiones superficiales". Tanto peor, tratándose de "un territorio de gran valor ambiental". Por si fuera poco, falta la autorización de la comunidad para el "derecho de vía" y no han presentado el cambio de uso de suelo forestal.
Los comuneros de Santa Catarina están molestos, pero ayer la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), responsable del proyecto, minimizó los hechos: "La obra no está suspendida sino en el punto de la comunidad, y no fueron 600 huicholes".
La dependencia afirma además que la negociación con los quejosos correrá a cargo de la Secretaría de Gobierno.
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