El proyecto comercial Plaza Andares. La facultad de vecinos para impugnar obras es una de las demandas. Foto: Luz Vázquez
Vanesa Robles - PÚBLICO
Mañana y el jueves, un grupo de diputados locales analizará los probables cambios al dictamen del Código Urbano de Jalisco. Advertencia: con o sin modificaciones importantes, la ley que pretende ordenar el crecimiento y los usos de la tierra en todas las ciudades de la entidad se votará el lunes próximo, según Enrique Alfaro Ramírez, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
Mientras, el Parlamento de Colonias entregará hoy a los legisladores la compilación de las observaciones que especialistas en distintas disciplinas le hicieron al documento que redactó la Comisión de Desarrollo Urbano del congreso, anunció Ludger Kellner, presidente del colectivo que agrupa a unas 200 asociaciones vecinales.
Añadió que solicitará al presidente de la comisión, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Iván Argüelles Sánchez, que las reuniones de mañana y el jueves sean abiertas, para conocer de cerca el contenido del documento que, se pretende, sustituirá a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.
La desconfianza del Parlamento tiene antecedentes. Durante la segunda quincena de mayo, luego de casi un año de insistencia del Parlamento de Colonias, Iván Argüelles entregó al organismo la supuesta redacción final del Código Urbano, próximo a aprobarse. Los miembros y asesores del colectivo se quemaron las pestañas en el documento y, el 24 de mayo pasado, durante una reunión a la que faltó Iván Argüelles, legisladores y ciudadanos descubrieron que lo estudiado no coincide con el dictamen aprobado por la Comisión de Desarrollo Urbano.
Incluso así, unos días más tarde el Código Urbano entró a la primera lectura —se distribuyó entre todos los legisladores, para que lo conozcan. El Parlamento de Colonias comenzó de cero, para analizar el documento real, mientras Iván Argüelles declaraba a un diario local que las leyes son tarea de los legisladores, no de los ciudadanos comunes.
El análisis preeliminar del Código que hizo el Parlamento de Colonias es más bien pesimista, pues la ley que se pretende aprobar beneficia sobre todo a los constructores, no impone sanciones a los servidores públicos corruptos —por ejemplo, los que autorizan obras que violan la ley o dañan los ecosistemas—, limita la participación ciudadana en las decisiones que tienen relación con el crecimiento de las urbes, minimiza la conservación de los edificios patrimoniales e ignora la protección del medio ambiente.
El diputado perredista Enrique Alfaro señaló ayer que algunas de las observaciones serán tomadas en cuenta, pero hay otras que son imposibles de aplicar, pues violarían las facultades que la Constitución mexicana le concede a los municipios.
Añadió que la Comisión de Desarrollo Urbano espera también comentarios del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, un grupo colegiado cuya conformación es motivo de polémica. Entre sus casi 30 miembros, la mayoría representa a empresarios de construcción, dependencias de gobierno y sindicatos, pero sólo hay dos espacios para la voz de los ciudadanos comunes.
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