ROBERTO BARBOZA SOSA / CORRESPONSAL - EL UNIVERSAL
Desde actores de televisión, sindicatos, pescadores y prestadores de servicios turísticos, nacionales y extranjeros, entre otros, pretenden quedarse y usufructuar la superficie de 664 hectáreas del Parque Nacional Tulum, asentado en el municipio del mismo nombre, recién creado.
En ese plan de lucro del área que preserva vestigios mayas, conjugada con el majestuoso Caribe y arrecifes, los traficantes de la paradisiaca zona cuentan con apoyo de autoridades municipales y estatales.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), responsable de la preservación de ese parque, ha fracasado en su intento de impedir que particulares se apropien de esa zona federal.
Para la directora del INAH-Quintana Roo, Adriana Velásquez Morlet, las intentonas de autoridades locales y particulares de desaparecer ese parque “no pasarán”. Empero, la realidad la desmiente hasta ahora. Admite que la tenencia de la tierra es “muy irregular” y objeto de especulación.
El INAH emprendió, y también recibió en contra, varios litigios por la disputa de superficies del Parque Nacional ocupadas por particulares.
Aun con sellos de clausura y oficios donde el INAH los conmina a evitar construir, las edificaciones avanzan sin cesar en el predio considerado con importante legado maya postclásico. Ahí cada metro cuadrado se cotiza en dólares.
Encima, quien fuera alcalde de Solidaridad, más conocido como Playa del Carmen —con parte de su territorio se creó en marzo el municipio de Tulum—, Carlos Manuel Joaquín González, hoy secretario de Turismo del estado, antes de dejar ese cargo aprobó el nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del Centro de Población de Tulum, donde incorpora el Parque Nacional como fundo municipal, con el cual el ayuntamiento podrá autorizar construcciones sobre esa superficie.
Con el acuerdo municipal, publicado en el Periódico Oficial del estado el pasado 9 de abril, se considera que se invadió una competencia federal al decretar medidas sobre ese parque. Por ello, a exhorto de la Cámara de Diputados, el titular del Ejecutivo Federal interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el expediente 00072/2008 de la SCJN.
Aun así, el funcionario estatal afirma estar a favor del desarrollo sustentable, que “significa también derrama económica, generación de empleo y desarrollo social”. Argumenta que la expropiación del Parque Nacional “aún no está terminada”, pues existe incertidumbre e inseguridad jurídica sobre el predio.
Sin dar razón de su deseo de que se realicen construcciones, ni tampoco del porqué mejor dejar que se conserve como área protegida, dijo que sólo procedería usufructuar la zona por particulares, si así lo determina algún juez federal que lleva alguno de los litigios interpuestos por éstos contra el decreto expropiatorio y declaratorio como Parque Nacional.
Con el aval del Congreso local y del gobernador Félix González Canto (PRI), el ex edil de Solidaridad heredó al nuevo municipio de Tulum los planes a que deberá sujetarse.
IP Ignora clausuras del INAH
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mantiene nueve litigios contra hoteles españoles y mexicanos, construcciones de particulares y hasta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por construir, sin su autorización, dentro del polígono del Parque Nacional Tulum.
Uno de los personajes que pretende apropiarse de terrenos de la zona arqueológica es el actor Roberto Palazuelos Badeaux, quien interpuso juicio de amparo en contra de la Ley de Expropiación del 21 de noviembre de 1936 y del Decreto del 23 de abril de 1981. El INAH fue notificado de ese litigio este 2 de mayo, y presentó los informes respectivos ante el juez de Distrito que lleva el expediente.
También la Inmobiliaria Playa Max, SA de CV, interpuso juicios de amparo contra la Ley de Expropiación de 1936 y del Decreto de abril de 1981, de los cuales recibió notificación el 3 de mayo pasado y se respondió ante el juez de Distrito.
En la mayoría de los casos, el INAH solicitó suspender y demoler obras e inmuebles; todos hicieron caso omiso y respondieron con defensas legales, incluso siguieron con las construcciones.
Por ejemplo, la autoridad federal inició procedimiento administrativo en contra de Solé Capital, SA de CV, propietaria del hotel La Mansión Tulum México; ordenó suspender en definitiva el proyecto arquitectónico y demoler la obra.
Defienden patrimonio
El 29 de abril, tras un punto de acuerdo, la Cámara de Diputados exigió al titular del Poder Ejecutivo federal iniciar la controversia constitucional por el decreto municipal del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del Centro de Población de Tulum.
Se fundamentó la necesidad de defender el Parque Nacional Tulum, por ser la única área natural protegida terrestre en el corredor Cancún-Tulum, que funciona como zona protectora de las zonas arqueológicas de Tulum y Tankah, pues es posible que dentro del parque existan restos arqueológicos aún no descubiertos.
El punto de acuerdo que condenó el PDU por incluir el parque dentro del polígono urbano, y por tanto intervenir directamente en el uso y manejo de esa zona federal, así como la Zona de Monumentos Arqueológicos, advertía la amenaza de permitir, en caso de que un juez federal así lo determine, “el derecho de construcción por parte de particulares dentro del polígono protegido de Tulum, vulnerando con ello el futuro y patrimonio de la zona”.
El Congreso de la Unión denunció que la finalidad de los supuestos propietarios de las tierras es construir desarrollos turísticos con impacto ambiental adverso.
Quieren ‘prostituir’ Tulum, acusa legislador
Adriana Varillas - Corresponsal CanCun - EL UNIVERSAL
Luego de haber sobredensificado Cancún y entregado al capital español la Riviera Maya, “Tulum es la última batalla”, advierte Alejandro Landero, presidente de la subcomisión de diputados que, desde el Congreso de la Unión, impulsaron el exhorto para que el presidente Felipe Calderón, solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciar una controversia constitucional para defender el decreto que dio vida al Parque Nacional Tulum en Quintana Roo y con ello, el pacto federal.
“Lo que se hizo en Cancún y Playa del Carmen se quiere triplicar, por eso Tulum es la última batalla. No sólo los legisladores debemos defender esta zona. La defensa de Tulum es un asunto que debería ser de interés nacional, empezando por gobernadores, alcaldes y de todos los mexicanos, porque lo que quieren hacer es prostituir la zona”, afirmó el legislador.
Doble lenguaje
El entrevistado, militante del Partido Acción Nacional (PAN), acusó al gobierno de Quintana Roo de manejar un doble lenguaje, pues el discurso oficial habla de reconocer y proteger al Parque Nacional Tulum, pero el año pasado presentaron recursos de revocación del decreto que declaró el nacimiento de dicha área natural protegida de 664 hectáreas y avalaron la aprobación y publicación del Programa de Desarrollo Urbano de Tulum (PDU).
Ese instrumento de planeación incorporó, indebidamente, al área natural dentro de la mancha urbana, y posibilitar así la construcción de hoteles y desarrollos turísticos en el polígono costero, siempre y cuando se tenga el fallo positivo de un juez, de acuerdo con una cláusula suspensiva incluida en el PDU, cuya aplicación está suspendida en tanto la Corte determina si el municipio de Solidaridad —que lo expidió— violenta o no las competencias de la Federación.
Advierte que, de aplicarse el PDU, los 5 mil cuartos proyectados para el polígono costero provocarían depredación de especies, contaminación de ríos subterráneos, destrucción de manglares, pérdida del hábitat de las tortugas marinas y baja del turismo, que llega atraído por las bellezas únicas de la zona.
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