Las colonias Jardines del Castillo y La Azucena se encuentran inundadas desde hace 4 días
Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCO
A Bertha Alicia Moreno le advirtieron no una, ni dos, ni tres veces que la Cuenca del Ahogado no es sitio apto para la cons trucción de viviendas. El tiempo les daría la razón a los industriales de El Salto. Desde el pasado lunes cientos de casas levantadas en los nuevos fraccionamientos que autorizó la ex alcaldesa se encuentran inundadas por el crecimiento del agua a causa del temporal de lluvias.
La ex munícipe panista, la misma que refugió en su hogar un fémur de mamut y un tiempo se negó a devolverlo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es hoy el centro de las acusaciones tanto de los colonos afectados como de las autoridades en turno.
El actual presidente municipal Joel González, -de extracción priísta- no se anda con rodeos cuando se le pregunta quien es el responsable.
“Bertha Alicia”, dice sin cortapisas.
Después de cuatro días que comenzó la inundación en las colonias Jardines del Castillo y La Azucena, el nivel del agua no ha descendido, e incluso existe una amenaza de que se desborde el canal y aumente la elevación de la misma, advirtió el presidente municipal. Hasta ayer los afectados seguían sacando sus muebles de las casas, lo poco que pudieron rescatar dado que los electrodomésticos se estropearon por completo, algunos en automóviles particulares y otros apoyados por los vehículos de seguridad pública y Protección Civil.
“Yo la verdad perdí todo, es que todo está bien mojado y huele muy feo. La cama anoche me quise acostar en ella, no aguante … pues se siento lo mojado y lo feo que huele”, comentó Marisol López Serratos, cuya vivienda se encuentra casi en el lecho del canal.
El desconcierto y la desazón es lo que priva en los afectados. Cuando adquirieron sus viviendas, la inmobiliaria nunca les dijo que a unos metros pasaba un río, el más contaminado de México, donde hace unos meses cayó el niño Miguel Ángel, quien a la postre falleció víctima de una intoxicación por arsénico.
Hoy esa inmobiliaria no quiere hacerse responsable de los daños y tampoco da la cara a sus compradores, y a pesar de las desgracias sigue comercializando las viviendas que no se han habitado, y continúa levantando más en otro tramo de la Cuenca del Ahogado.
La inmobiliaria se llama SARE, y según su página de Internet www.sare.com.mx ofrece tres tipos de casas; vivienda social de 180 a 500 metros cuadrados, vivienda media de 500 a 2,000 metros cuadrados, vivienda residencial de 2,000 a 10,000 metros cuadrados y una categoría que abarca construcciones hoteleras de 10,000 metros en adelante.
Como toda institución, posee un manifiesto de visión, misión y valores, en este último se destaca que la gente de SARE se distingue por su “honestidad, lealtad, compromiso, capacidad, responsabilidad, calidad, respeto, ética, formalidad y eficiente servicio”.
Los habitantes cuentan que el gancho de la inmobiliaria fue la rapidez para acceder al crédito, áreas verdes y juegos infantiles (que no existen), así como la dotación de servicios básicos.
Fabiola Jiménez obtuvo las llaves de su casa en seis días después de depositar un enganche en una cuenta bancaria, y cada quincena le descuentan de su nómina para pagarle al Infonavit lo correspondiente. Ella, al igual que muchos de sus vecinos es gente de escasos recursos, que trabajan para alguna de las industrias instaladas en el corredor de El Salto, y que precisamente por la proximidad de sus empleos eligieron adquirir una casa alrededor de la zona.
Dichas casas tienen un año de garantía, la cual se pierde sí los propietarios hacen modificaciones sin permiso de la constructora.
Ya no las quieren, a esa conclusión llegaron después de entrevistarse en la cabecera del municipio con el alcalde Joel González. Por la mañana harían una caminata hasta las oficinas del primer edil, pero la desesperación ha llegado a tal punto que son incapaces de organizarse. Un grupo proponía el cierre de la carretera a Chapala, otro caminar hasta la presidencia y otro más preguntaba a los reporteros que se dieron cita, qué hacer para reclamar sus bienes.
Tuvo que intervenir la Coordinadora Estatal del Movimiento Urbano Popular (CEMUP) encabezada por José Luis Sánchez, quien rápidamente organizó a los inconformes y en vehículos propios y transporte público se trasladaron a la presidencia municipal. Ahí se armó una comisión de 15 personas e ingresaron al salón de sesiones.
La primera reacción de Joel González al escuchar las quejas fue un: “denme chancita (sic) de empezar a hacer llamadas para localizar a los desarrolladores”, pues dijo, también hay preocupación por un desbordamiento en Las Pintitas, La Huizachera, y El Castillo.
La propuesta de los habitantes es simple; desean un careo con los desarrolladores y exigirles la devolución de su dinero o la reubicación a una casa “habitable”. Ayer mismo el jefe de la oficina de comunicación social Francisco Javier López intentó contactar a la inmobiliaria y no tuvo respuesta. El plazo acordado por el munícipe para atender la demanda fue de tres días, mientras desciende el nivel del agua en las viviendas.
Se propuso además su intervención para que el Infonavit suspenda los descuentos de nómina, sin embargo el edil rechazó esto por no ser de su competencia.
En posterior entrevista dijo que lamentablemente no pueden impedirle a los desarrolladores que sigan construyendo vivienda en dicha zona, pues obtuvieron sus permisos en la pasada administración conforme a la ley. Advirtió que algunos de los fraccionamientos autorizados todavía no empiezan a construirse, como el Conique, que se encuentra rodeado de industrias.
“Nosotros ahí ya un juez valoró que es procedente construir y están empezando a construir”, mencionó.
Durante la administración de Bertha Alicia Moreno se aprobó la edificación de 40 mil viviendas en fraccionamientos que están en proceso de construirse: El Llano, El Arroyo y El Popul, así como el de Tierra Mojada, promovido por el gobierno del Estado.
El pasado miércoles, el gobernador Emilio González Márquez se comprometió a interponer denuncias penales en contra de los responsables. Los afectados se preguntan sí en el paquete va el nombre de la ex alcaldesa.
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