Inician en 6 municipios consultas sobre ordenamiento ecológico

Agustín del Castillo - PÚBLICO Hoy comenzarán en seis municipios de Jalisco las consultas públicas para sus respectivos ordenamientos ecológicos territoriales, instrumentos que sirven para regular los usos de suelo, con la pretensión de conciliar la conservación de la naturaleza con las actividades económicas. Serán los ordenamientos correspondientes a Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán, de la región del litoral, así como Zapotlán el Grande, Zapopan y Jocotepec, todos con importante vocación turística. El marco de este trabajo ya está condicionado por las presiones de los distintos actores económicos y políticos, lo que ha puesto en guardia a los académicos y ambientalistas que esperan que se consoliden las iniciativas protectoras, dado la aplicación tibia y ambigua que tuvo el ordenamiento ecológico estatal —en particular el costero, uno de los primeros del país—, en casi diez años de vigencia. “No se trae la idea de hacer grandes cambios en relación con el ordenamiento anterior; se trata de hacer congruentes los usos reales que se están dando en los predios con los que se marcan en los documentos. Por ejemplo, no se puede poner un campo de golf en un espacio de selva, pero sí en una zona marcada hoy como conservación, pero que en los hechos ha sido totalmente desmontada”, dijo a este diario un investigador participante, que pidió la omisión de su nombre. Justamente, el ordenamiento original, que data de 1997 (y entró en vigor en 1999), elaborado por el Instituto Ecológico de Xalapa para el litoral jalisciense, fue acremente criticado por los grandes desarrolladores turísticos y por muchos agricultores y ganaderos, que lo veían restrictivo e incluso que violentaba sus derechos de propiedad. Esta inconformidad, acompañada de una acusada falta de políticas de aplicación —el gobierno de Jalisco fue abiertamente omiso— generó que muchos propietarios deforestaran sus predios para modificar los usos, sobre todo en aquellos sitios donde se marcaba la vocación de conservación o de área natural protegida. En esta ocasión, hay presiones formales del sector turístico, que desea detonar el área como polo de desarrollo, conforme a las pretensiones que el propio gobernador del estado, Emilio González Márquez, ha dado a conocer (Público, 5 y 6 de julio de 2007). Los diputados han hecho circular entre los alcaldes del litoral un punto de acuerdo que data del 30 de mayo de 2008, en el cual urgen a “la actualización y revigorización [sic] de dos instrumentos de gestión del desarrollo local: la declaratoria de zona turística prioritaria y el programa de ordenamiento ecológico territorial”. La premisa es que no se puede desaprovechar el enorme potencial de sol y playa que dan 320 kilómetros de litoral. Y hay una buena cantidad de inversiones en espera de “luz verde”. David Sanabria Cruz, director de Planeación de la Semades, en contraste, dijo hace dos días: “Se buscó apoyar a estos municipios por presentar alta presión de degradación ambiental en el estado”. Así se abre la disputa de forma clara entre desarrollistas y conservacionistas, que definirá en los hechos qué es el “desarrollo sustentable”.