Juan Carlos G. Partida - LA JORNADA JALISCO
Mesa de Tirador, municipio de Bolaños, Jal., 6 de julio
Representantes de al menos diez pueblos indígenas de la región Centro-Pacífico de México reunidos entre sábado y domingo en esta remota comunidad wixárika del norte de Jalisco acordaron, durante la celebración del XXI Congreso Nacional Indígena (CNI), una participación conjunta para impedir la explotación y el despojo de su soberanía territorial con énfasis especial en el respeto irrestricto a la decisión de la comunidad de Tuapurie para cancelar la ejecución del proyecto carretero Amatitán-Huejuquilla El Alto en el tramo correspondiente a sus tierras comunales.
“Ratificamos la Declaración de Awatsaita (Ciénega de los Caballos) suscrita en la XX reunión del CNI en la región y hacemos nuestras las siguientes demandas de la comunidad de Tuaupurie expresadas a través de sus asambleas para que no se siga hostigando, difamando y amenazando a sus autoridades, voceros y asesores por parte de los tres niveles del mal gobierno; estando la comunidad abierta al diálogo, que el gobierno se disculpe públicamente y por escrito con la comunidad, reconozca sus errores y repare los daños y perjuicios causados con la ilegal construcción de la carretera Amatitán-Huejuquilla El Alto en el tramo correspondiente a sus tierras comunales; se destituya a los funcionarios públicos involucrados en la ilegal construcción de la carretera y se abstenga el gobierno de militarizar o paramilitarizar la región con la finalidad de intentar nuevamente la imposición del proyecto carretero”, señala el manifiesto final, terminado poco después de las 19 horas de este domingo.
El año pasado el gobierno panista estatal comenzó el trazo de la mencionada carretera; los wixaritari de la comunidad de Santa Catarina se quejaron de no haber sido tomados en cuenta para el proyecto, el cual comenzó a realizarse y pasó por el territorio comunal de Tuapurie, sepultando debajo de las rocas removidas dos sitios ceremoniales, el conocido como Paso del Oso y un Ojo de Agua del que los indígenas peregrinantes hacia uno de sus sitios sagrados, Real de Catorce, tomaban agua que consideran bendita. Ante los hechos, desde febrero los wixaritari de esa comunidad decidieron hacer un bloqueo que se mantiene hasta ahora, ante la falta de acuerdos con el gobierno estatal.
“El proyecto de la carretera Amatitán-Huejuquilla El Alto, actualmente paralizado por la lucha y la movilización activas de la comunidad wixárika de Tuapurie, tiene como finalidad fragmentar y privatizar el territorio wixárika con el propósito de propiciar el despojo de la madre tierra en la región occidental del país”, se agregó en la conclusión.
En las dos largas jornadas participaron wixaritari de las comunidades de Wauta y Tutsipa (San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños), Tapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) y Uweni Muyewe (Bancos de San Hipólito, Durango); nahuas de Ayotitlán, Tuxpan del sur y de La Yerbabuena, Colima; purhépechas de Nurio, Uruapan, Arantepacua, Cherán y Nuevo Urecho, Michoacán; migrantes zoques de Chapultenango, Chiapas; cuicatecos de Cacalotepec, Oaxaca; mixtecos de Plan de Zaragoza, Oaxaca; migrantes triquis de San Juan Copala, Oaxaca; Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), Oaxaca; las tribus yaqui de Vicam, y mayo de Yoreme, Sonora; nahuas de Tepeco, Hidalgo, y de Huitziltepec, Puebla, además de Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco.
Unión contra el mal gobierno
Divididos en cuatro mesas de trabajo, los representantes de los pueblos que asistieron realizaron un trabajo basado en tres ejes temáticos que giraron todos en torno a la soberanía de las comunidades indígenas del país, que han sido fuertemente atacadas por las políticas neoliberales y capitalistas de los tres órdenes constitucionales de gobierno, que buscan terminar con sus tradiciones ancestrales para que sus ricos territorios sean presa del interés económico bajo el pretexto del desarrollo.
“Nuestro rival que tenemos enfrente no es fácil de enfrentarlo, pero nosotros hemos vivido siempre con dignidad y les hemos hecho frente siempre, ahora estamos aprendiendo a unirnos aunque el esfuerzo del mal gobierno por dividirnos es también intenso”, dijo Salvador Campanur, purhépecha quien también ofreció una larga explicación para rememorar el nacimiento y los objetivos del CNI. Además se pugnó por realizar acciones muy concretas para manifestar el repudio hacia la política de Felipe Calderón en el sureste del país, una avanzada militar que quienes acudieron al Congreso señalaron como la parte inicial de una nueva escalada violenta y militarización de las comunidades bajo el pretexto del combate al narcotráfico.
En sus conclusiones el XXI Congreso del CNI enfatizó que durante los últimos meses y días “el mal gobierno, violando nuestros derechos más fundamentales y respondiendo a los intereses de los grandes consorcios capitalistas, ha recrudecido la guerra de exterminio en contra de pueblos, tribus y naciones a través de la aplicación de diversos proyectos y políticas neoliberales que tienen como finalidad despojar nuestras tierras y territorios, robar y destruir nuestra cultura y provocar la migración y explotación despiadadas de nuestras comunidades”.
Se afirmó que la incursión de numerosos convoyes militares provenientes de los cuarteles de Toniná, Patiwitz y San Quintín, acompañados por policías judiciales y de seguridad pública estatal, el pasado 4 de junio en la comunidad zapatista de La Garrucha, Chiapas, además de las reiteradas provocaciones en contra de la reserva comunitaria zapatista “El Huitepec” que desde el mes de marzo del 2007 está bajo la responsabilidad y la protección de la Junta de Buen Gobierno “Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo”, zona Altos de Chiapas, “forman parte central de la violenta guerra de exterminio en contra de los pueblos zapatistas y los pueblos indígenas del país”.
También se señaló que la política del gobierno federal busca la desaparición de los maíces nativos, ha propiciado el desabasto y carestía de alimentos básicos, políticas que como el corredor marítimo en el Pacífico o los supuestos proyectos turísticos hacia las zonas indígenas “buscan la destrucción de nuestra madre tierra a través del despojo de nuestros territorios y cultura y la privatización de las costas, las aguas, el viento, la lluvia, las plantas, los animales, los minerales y los energéticos que constitucionalmente corresponden a la propiedad de la Nación mexicana”.
Se quejaron de las “contrarreformas al artículo 27 constitucional en 1992, junto con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte” porque han generado la ruina de las comunidades indígenas y de los campesinos en general, la migración masiva. Criticaron la militarización del país y la aplicación de la Iniciativa Mérida con la finalidad de poner bajo el control de los Estados Unidos de América al Ejército y a las corporaciones policíacas nacionales y desatar una amplia ofensiva represiva en contra de las luchas y movimientos sociales que atenten o se opongan a los intereses neoliberales.
“Nos pronunciamos en contra de la salvaje destrucción que el capitalismo neoliberal impone a toda la humanidad; nuestros pueblos, tribus y naciones sueñan, proponen y construyen un mundo distinto sobre las bases del respeto y la protección de la madre tierra y la continuidad de la vida, la preservación de nuestra identidad y el fortalecimiento de nuestra organización comunal opuesta a la organización capitalista de la sociedad que mercantiliza la vida. El daño que se le ha producido a la madre tierra es demasiado grande y nuestra lucha es para detener la siembra de tanta muerte”, concluyeron.
El manifiesto leído a partir de las 20 horas de este domingo condena y se declara alerta de cualquier agresión contra las comunidades zapatistas, respalda a la comunidad wixárika de Wauta (San Sebastián Teponahuaxtlán) en la recuperación de su territorio con relación a las invasiones que sufre actualmente por parte del ejido Puente de Camotlán y ganaderos de Huajimic, ambos del municipio de La Yesca, Nayarit; se une a la inconformidad de la comunidad de Wauta en contra de la fuerte contaminación del Río Camotlán que atraviesa su territorio, impunemente provocada por el vertedero de desechos que realizan habitantes de Puente de Camotlán con la complicidad de la Comisión Nacional del Agua. También exige el reconocimiento legal a favor de la comunidad autónoma wixárika de Bancos de San Hipólito, Durango, sobre sus tierras comunales, las cuales “fueron ilegalmente tituladas a favor de la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa”.
Finalmente los pueblos reunidos en Mesa del Tirador ratificó el carácter anticapitalista de su lucha, su adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y participación dentro de La Otra Campaña “y llamamos a nuestros pueblos a no creerse del mal gobierno y a continuar su lucha por el ejercicio de su autonomía y sus derechos en la vía de los hechos. Asimismo llamamos a los pueblos indígenas de América a continuar el esfuerzo iniciado en el Encuentro de Vícam, hermanando nuestras luchas y resistencias contra el capitalismo a lo largo de todo el continente”.
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