Javier Santos - LA JORNADA JALISCO
Puerto Vallarta, 3 de diciembre.- Integrantes del Ejido Puerto Vallarta denunciaron al presidente de su organización, Esteban García Aréchiga y a su hermana y al mismo tiempo secretaria del núcleo ejidal, María de Jesús Aréchiga, ya que comercializaron 20.5 hectáreas de terrenos en la zona selvática, gran parte de ellas considerada Area Natural Protegida (ANP).
Todo esos terrenos se encuentran en la zona de Amapas, una de las áreas más exclusivas de Puerto Vallarta y donde habitan magnates extranjeros y artistas, y que actualmente tienen un valor comercial de 4 millones de dólares, dijo Julián Gómez Gutiérrez, ejidatario y abogado del Ejido Puerto Vallarta. En esta zona, detalló, se pretenden construir proyectos inmobiliarios donde varios ex funcionarios locales, entre ellos ex titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Máximo Martínez Aguirre, así como Samuel Aguilar Fletes y Luis Eduardo Anaya, que aparecen como “prestanombres”.
Asimismo, añadió, que el presidente del ejido manipuló documentos de la asamblea que presuntamente fueron avalados de manera ilegal por el presidente de la Procuraduría Agraria, Genaro Parra Covarrubias, quien es además presidente del Comité Directivo Municipal del Pan de Bahía de Banderas, Nayarit, y por el delegado estatal Enrique Landeros Barba, entre otros funcionarios, quienes ya se encuentran citados a declarar para el 13 de enero del próximo año en la ciudad de Guadalajara, de acuerdo con el expediente 509/2008 iniciado ante el el Tercer Tribunal Agrario con sede en la capital del estado.
En rueda de prensa, Julián Gómez señaló que, además, Esteban Aréchiga asignó a su hermana 50 solares en perjuicio de más 2 mil familias que tenían su procedimiento de regularización de predios, pero que debido a la denuncia interpuesta por ellos no podrían realizar ningún movimiento alguno, cuestión que le notificó el tribunal al ejido. Dijo que Esteban García Aréchiga, quien tiene un largo historial de casos de corrupción, recibió solamente por terrenos cerca de 7 millones de pesos, pero el “cañonazo” más fuerte es el de 4 millones de dólares por los terrenos en la zona residencial de Amapas, en Conchas Chinas.
Lo avalaron los funcionarios agrarios, “es ilícito e inmoral de forma y fondo”, expresó el profesionista, quien subrayó que ya ha sido amenazado en varias ocasiones por gente de Esteban Aréchiga, toda vez que está en juego “mucho dinero”.
Narró que la amenaza iba en el sentido de que “me estoy metiendo en asuntos muy delicados, que me cuide… lo que haré es presentar la denuncia correspondiente contra quien o quienes resulten responsables”.
Manifestó que contra los funcionarios Genaro Parra Covarrubias y Enrique Landreros Barba, además de estar involucrados en la denuncia de hechos, se les interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, así como en Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) por permitir la venta de tales predios.
Comentó que todos estos funcionarios avalaron la venta de los predios a pesar de que se les alertó de las anomalías en la alteración de documentos, sobre todo en acuerdos de asambleas.
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