Guadalajara. Rubén Martín. PÚBLICO-MILENIO
La actuación del juez José Guadalupe Lomelí González, quien emitió una resolución que entregó a particulares el predio de Las Joyas, de propiedad estatal, es una conducta grave que podría llegar a la suspensión definitiva.
Así lo anticipó el presidente del Poder Judicial del estado, Celso Rodríguez González, al confirmar que el pleno de la Judicatura estatal decidió iniciar un procedimiento en contra del juez segundo de lo Civil en Autlán, cuya decisión afectó 2,700 hectáreas de predios ejidales y estatales que entregó a particulares. En una parte de estos terrenos está asentada la estación científica de Las Joyas, que es propiedad del gobierno del estado y que está en posesión de la Universidad de Guadalajara.
Interrogado sobre la investigación en contra del juez Lomelí González, Celso Rodríguez dijo que "la ley nos faculta a separar del cargo, cuando haya una falta aparentemente grave, y en este caso así era, y entonces le vamos a seguir procedimiento a efecto de continuar la investigación del juez".
El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado explicó que, además de una queja interpuesta por una de las partes afectadas (la Universidad de Guadalajara), los integrantes del Consejo de la Judicatura tomaron en cuenta las publicaciones en medios donde se expusieron las conductas indebidas del juzgador. "Hay publicaciones y hay queja escrita y también eso nos obligó a tomar la decisión a la que llegamos todos los consejeros".
Sobre las sanciones que podrían imponerse a este juez, el magistrado Celso Rodríguez detalló: "Tenemos sanciones que nos establece la ley, que son la llamada de atención en privado, en público, separación por determinado tiempo de sus funciones y, cuando la falta lo amerita, la suspensión definitiva". Ya antes había señalado que en este caso se trata de una falta grave.
Celso Rodríguez no se animó a opinar qué influyó en la conducta del juez Lomelí González: si la presión de una de las partes interesadas o incluso la corrupción: "No podemos hablar todavía de elementos que serán motivos de analizar en la resolución final del procedimiento. Consideramos de entrada que la falta es grave y, aun cuando pudiera darse o no, la suspensión es sana a efecto de llevar a cabo el procedimiento".
A pesar de la separación del juez que falló esta resolución, el procedimiento sigue su curso. El presidente del Poder Judicial explicó que "sigue el procedimiento normal: si una decisión de un juez es apelada, se admite y tendrá que venir a apelación con los jueces de segundo instancia, y sí podría ser modificada, revocada o confirmada".
Por su parte el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, se complació de la decisión del Consejo de la Judicatura, pues confirma que "hubo irregularidades graves, gravísimas, y no tenemos duda de que la sentencia tendrá que concluir con la anulación de la misma". Según el funcionario estatal, más que un error del juez, hay complicidad.
La UdeG aplaude la decisión Como una decisión acertada y hecha a tiempo calificó el rector general sustituto de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Marco Antonio Cortés Guardado, la determinación del Consejo de la Judicatura de cesar al juez segundo de lo civil de Autlán de Navarro, José Guadalupe Lomelí González, quien emitió un resolución con la que se despojó del predio Las Joyas a la UdeG y al gobierno del estado: "Si las irregularidades fueron por razones de incompetencia, se justifica la decisión del Consejo de la Judicatura; si fue por otras razones, si hubo dolo, pues con más razón […] Yo creo que fue una muy buena medida, fue a tiempo, antes de que esa determinación tuviera efectos quizás irreversibles. Se protegió no solamente un espacio importante para la Universidad, sino un patrimonio ecológico de Jalisco". (Guadalajara. Natalia Barragán)
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