Ejidatarios frenan la Riviera Nayarit

Agustín del Castillo - PÚBLICO Una acción legal de ejidatarios de La Peñita de Jaltemba, en Compostela, inconformes con el proceso de apropiación de tierras para los desarrollos turísticos promovidos por Riviera Nayarit, dio un golpe al proyecto al obtener una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 1557/08, lo que impide aparcelar y vender 6,460 hectáreas de bosque tropical de uso común, tierras que están previstas para alojar fraccionamientos turísticos en la cercanía del Océano Pacífico. Pedro León Corrales, asesor jurídico de los quejosos, informó a este diario que la determinación judicial proviene del Juzgado Tercero de Distrito de Tepic. La novedad del enfoque legal, informó, es que se otorga al grupo de ejidatarios quejosos no sólo como “representación sustituta” de la autoridad ejidal omisa (por estar presuntamente involucrada en el negocio), sino a título de “personas individuales” que se ven despojadas de sus derechos sobre las tierras de “uso común”. El proyecto Riviera Nayarit, detonado por el gobierno federal a través del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), ha sido cuestionado por sus costos ambientales y sociales: hay una rápida pérdida de ecosistemas naturales valiosos a escala mundial; un desplazamiento gradual de campesinos y la pérdida acelerada, al menos de facto, de playas públicas (Público, 27 de enero a 3 de febrero de 2008). Los campesinos disidentes son Flavio Gómez Covarrubias, Sabino Infante Montes, Erika Vallejo, Ismael Jaimes Bañuelos, Felipe Palomera Contreras,Gumercindo Bravo Tapia, Ernesto Infante Montes, Sebastián Gómez Covarrubias, Roberto Gómez Estrada, Lucio Gómez Covarrubias y Jesús Isiordia Ortega. El juez consideró viable concederles la suspensión de actos que pudieran entrañar su violación de garantías por parte de las secretarías federales de la Reforma Agraria (SRA) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como las autoridades municipales de Compostela, Nayarit, y de seguridad pública de ese estado. La suspensión es “para que los quejosos no sean privados de los derechos colectivos que tiene cada uno de ellos como ejidatarios, sobre 6,400 hectáreas de terrenos que fueron dotados mediante resolución presidencial del 16 de febrero de 1938 y no se apruebe la asignación de parcelas individuales en los terrenos de uso colectivo, que corresponden a bosques tropicales”, señala la resolución, emitida el 22 de octubre de 2008. El problema. En el cuerpo de su demanda, los campesinos quejosos explican sus temores: primero se modificó la resolución presidencial por parte del Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales) para aparcelar una selva que por ley no se puede fragmentar, y que fue dotada como tierra de uso común. Segundo, se excluyó de la lista de ejidatarios a 100 campesinos opositores a esa medida. Tercero, se cambió el uso de suelo forestal a uno apto para desarrollo urbano. La propia resolución presidencial de 1938 señala: “Esta resolución debe considerarse como título comunal para el efecto de amparar y defender la extensión total de los terrenos que la misma comprende a favor del poblado beneficiado […] estándoles prohibido, en términos absolutos, ejecutar todo acto que destruya sus bosques o arbolados…”. Los ejidatarios reclaman no ser desposeídos de su patrimonio común, y que no se les impida el libre acceso a sus tierras, lo que les ha concedido el juez de distrito de Tepic, en tanto se desahoga el procedimiento para llegar a una resolución definitiva, puntualizó León Corrales.

Retrasado, decreto federal para la sierra de Vallejo

Agustin del Castillo - PÚBLICO Mientras se consolidan las acciones legales en contra de la reserva estatal de la biosfera sierra de Vallejo, santuario de especies en peligro de extinción como el jaguar, la actitud de las autoridades federales se mantiene en la tibieza, y no se ve el momento en que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emita el decreto federal para salvar esas montañas. O sea, no hay actos para contrarrestar la lluvia de amparos que le cercenaron a la demarcación protegida unas 25 mil hectáreas, en un proceso sostenido con “una campaña de miedo” para captar votantes que impulsó el priista Héctor Paniagua Salazar, hoy alcalde de Bahía de Banderas (Público, 17 de diciembre de 2007). Esa vasta superficie de bosque tropical “liberada” está hoy sumada de manera abierta a la especulación inmobiliaria. Es decir, las acciones de los ejidos de Bahía de Banderas buscaron el efecto contrario a la promovida por los ejidatarios de La Peñita, en Compostela: mientras estos promovieron un amparo para impedir que su selva fuera aparcelada y fraccionada, los ejidos del municipio vecino ejercieron sus derechos para poder vender y fraccionar sus terrenos selváticos, que estaban bajo régimen de protección (decreto estatal publicado el 27 de noviembre de 2004). El ex presidente Vicente Fox y ex secretario de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas, se comprometieron a emitir un decreto federal para reforzar sierra de Vallejo. Pero nunca llegó y el área protegida se redujo a 38 mil ha.

Alondra obtuvo custodia, pero su niña “desapareció”

Vanesa Robles - PÚBLICO La titular del Juzgado Séptimo de lo Familiar otorgó a la transexual tapatía Alondra (Alberto Ávila) la custodia provisional de la niña Rosa Isela JH, el 28 de octubre, en un acto sin precedentes en el país. Ahora, el Consejo Estatal de Familia de Jalisco (CEF) se niega a entregar a la nena de diez años de edad, pues la cambió del albergue de religiosas donde la mantuvo los últimos dos años y se niega a informar dónde está. Con su actuación, la responsable del consejo, Claudia Corona, incurre en delitos penales, afirma el secretario técnico de la comisión edilicia de Derechos Humanos de Guadalajara, Rafael Cárdenas. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) señaló ayer que el cambio es irregular. El 6 de noviembre, el organismo dirigió una medida cautelar al Consejo Estatal de Familia para que informe el domicilio del nuevo albergue de Rosa Isela, precise las razones del cambio y reintegre a la niña a la Casa Hogar Niñas Desamparadas. La comisión no ha obtenido respuesta. El abogado Rafael Cárdenas recurre al Código Penal de Jalisco para enumerar las faltas del consejo. El artículo 128 prevé entre un mes y un año de prisión para quien se rehúse a cumplir el mandato legítimo de una autoridad competente: aplicaría también para las monjas. El artículo 146 señala que cometen abuso de autoridad los funcionarios encargados de instituciones de custodia o rehabilitación de menores que mantengan a una persona privada de su libertad “o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente”. A decir del abogado, el CEF delinque al ignorar la sentencia interlocutoria en que la jueza María del Carmen Mejía ordenó la custodia provisional a favor de Alberto Ávila. La transexual crió a Rosa Isela —sobrina biológica de su ex novio— en Tala desde que tenía dos semanas de nacida. En 2006 la pareja se separó, por lo cual Alondra y la niña se mudaron a Guadalajara. En mayo, el CEF envió a la menor a la Casa Hogar Niñas Desamparadas, pues consideró que un homosexual no es apto para criar a una niña.

Prodeur cuestiona actuación jurídica de Zapopan en Bosque Los Colomos

Luis Herrera - EL INFORMADOR El titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco (Prodeur), Aarón Vázquez Huerta, cuestionó la actuación de la Sindicatura de Zapopan durante el juicio que se resolvió a favor de Amparo Meneses, en el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), y en el que se ordenó autorizar dos torres en un predio que se presume parte del Bosque Los Colomos. Tanto el presidente municipal, Juan Sánchez Aldana, como el síndico, Ricardo Anguiano Apodaca, han hecho señalamientos contra el procurador por el oficio que emitió a la Dirección de Obras Públicas, en el que solicita que se emita la licencia de construcción, y asevera que el predio pertenece efectivamente a la particular. A esto, respondió Vázquez Huerta: “Qué sucedió, que Zapopan pierde el juicio, no recurre, no apeló en contra de la sentencia… no se fue a juicio de garantías. Realmente dejó que el asunto se fuera solo, pudiéramos decir que la señora Meneses litigó sola, no hubo una defensa adecuada por parte de Zapopan en el asunto”. El procurador señaló que Amparo Meneses se acercó a la Prodeur para que interviniera ante la negativa del Ayuntamiento por cumplir con la sentencia definitiva que resultó del juicio en el TAE. El 14 de octubre la Sindicatura emitió una respuesta a la Prodeur, en la que luego de enlistar sus facultades, le asevera que con su petición por otorgar la licencia, cayó en una extralimitación de funciones: “La existencia del oficio que se contesta, donde, entre otras cosas, se hace mención de sanciones a las que se es acreedor en caso de incumplimiento de una ejecutoria de juicio de nulidad, implica exceso en el uso de sus atribuciones, ya que no es autoridad competente para ejercer funciones jurisdiccionales ajenas al poder ejecutivo, del cual depende, al ser competencia exclusiva del TAE”. A esto respondió el procurador: “Pues sería interesante que leyera la Ley Orgánica el señor síndico de la Prodeur, que entendiera cuál es el papel de la Prodeur; a nosotros nos toca ser el garante de la ley, y al Ayuntamiento le toca ser el ejecutor cabal de la ley”. Después cuestionó la capacidad profesional del síndico: “El asunto nada más lo hicieron en medios, donde debieron haberse defendido fue en el procedimiento que inició la señora Meneses, no tanto en medios, ni echarle la culpa a alguien distinto. Realmente sería muy interesante, o sería poco decente de mi parte, decir que para poder platicar entre iguales, pues el señor síndico, por principio de cuentas, requeriría ser abogado, no solamente abogado, haberse especializado en la materia”. El procurador indicó que ni la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, ni el Ayuntamiento, demostraron ante el TAE que existía un juicio civil promovido por el Gobierno estatal para recuperar la posesión del predio. Y se le señaló al procurador que el predio en cuestión es reconocido por el Gobierno estatal como parte de Los Colomos: “Las cuestiones de propiedad no le atañen a la Prodeur, es más, en el oficio que nosotros le comunicamos a Zapopan, sí le decimos que nosotros no atendemos asuntos de propiedad, atendemos la violación al estado de derecho que marca la Ley de Desarrollo Urbano donde se establecen plazos y condiciones para la entrega de licencias”.

Existe en Colombia una paraestatal de agua exitosa y honesta

El caso de Empresas Públicas de Medellín: independencia de la política y alto sentido del servicio, claves en logros

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

Si en México, la experiencia de las empresas públicas suele remitir a ideas como burocracia, ineficiencia y corrupción, en Colombia, hay ejemplos diametralmente opuestos, que demuestran que servicios públicos, paraestatales y calidad pueden ser conceptos aliados: se trata de Empresas Públicas de Medellín (EPM), un conglomerado que reúne los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, energía, gas y teléfono, que es propiedad del municipio y que ganó en 1999 un galardón como "la empresa del siglo XX" en ese país sudamericano.

En la XXII convención anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua Potable y Saneamiento (ANEAS), que se realizó la semana pasada en esta ciudad, en la mesa de trabajo sobre "competitividad en los servicios de agua y saneamiento", se hizo una presentación de sus logros, con énfasis en cómo se logró y por qué.

Empresas Públicas de Medellín "es una entidad descentralizada del orden municipal creada en 1955. Su objeto social es la prestación de los servicios públicos […] su patrimonio y sus rentas son propios, totalmente separados de los bienes y de los fondos comunes del Municipio de Medellín", señala el documento difundido en la reunión.

Su mercado principal es Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá, pero hay un mercado regional que incluye Aguas del Oriente Antioqueño (El Retiro), Aguas de Urabá, Aguas de Occidente, y otros mercados nacionales como Bogotá, Manizales, Armenia, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Cali y Quibdó.

"EPM Aguas atiende 3.6 millones de habitantes de Medellín y su área metropolitana mediante el manejo integral del ciclo del agua: suministro de agua potable, recolección y tratamiento de aguas residuales". Sus indicadores: 99.99 por ciento de cobertura de agua, 96 por ciento de alcantarillado. Las utilidades netas anuales andan entre 84 y 91 millones de dólares anuales.

¿Cómo y por qué se logró? "Es una larga historia de buen gobierno corporativo: los bienes y rentas de EPM se manejan con total independencia del propietario: Municipio de Medellín"; siempre ha contado con autonomía presupuestal y administrativa; todas las decisiones de inversión se toman por la junta directiva con base en estudios rigurosos realizados en lo técnico, financiero y jurídico; "sus relaciones con el municipio se basan en reglas a largo plazo, orientadas a garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de la organización y a producir un flujo de transferencias creciente y racionablemente previsible para su dueño"; hay transparencia en la contratación, "ortodoxia financiera", y un sistema de selección y promoción basado en el mérito.

Para EPM, "ser competitivo significa ser la mejor opción frente a otras para desarrollar negocios, lo cual lo lleva a desarrollar ventajas competitivas y a establecer alianzas" en las cuales se aporta capital por parte de terceros, se considera nueva tecnología y se insertan mejores prácticas.

El ejemplo de EPM demuestra que la empresa pública no tiene por qué ser la casi completamente desalentadora experiencia mexicana.

Cuestionan decreto sobre área natural protegida

Propietarios hacen análisis legal sobre reserva de 1949, recategorizada en 2002: resoluciones de Echeverría desvirtuarían la de Alemán, pero la Conanp lo niega

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

Un grupo de propietarios de predios ubicados en la recategorizada área de protección de recursos naturales del distrito 043, creada en 1949 por el presidente de la república Miguel Alemán Valdés, pretende hacer valer dos posteriores decretos presidenciales de Luis Echeverría Álvarez, que a su juicio, habrían abrogado el decreto del primero, lo cual echaría abajo el área natural protegida, que ocupa cientos de miles de hectáreas de bosques y selvas de Jalisco.

Se trata de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 19 de mayo de 1971 y 20 de julio de 1976, los cuales, a juicio de los impugnadores, dejan "implícitamente" sin efecto el decreto del 3 de agosto de 1949, el cual, de este modo, habría sido ilegalmente recategorizado el 7 de noviembre de 2002. Ambos textos invocados, levantan vedas forestales en municipios de Jalisco, para estimular la producción silvícola.

Sin embargo, el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Ernesto Enkerlin Hoeflich, descarta la posibilidad de esa interpretación: "la abrogación o el levantamiento de la veda no significa la abrogación del decreto, por lo que más que debilitarlo lo fortalecería […] por si fuera poco, las abrogaciones de Echeverría son respecto de otros decretos y no el de protección de obras de irrigación, recategorizado en 2002, que está plenamente vigente".

El decreto inicial, de Miguel Alemán Valdés, declara "zonas protectoras forestales y de repoblación las cuencas de alimentación de las obras de irrigación de los distritos nacionales de riego, y, por consiguiente, se establece una veda [forestal] total e indefinida en los montes ubicados dentro de dichas cuencas".

Según el levantamiento realizado por la Conanp y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, dentro del distrito 043 se incluyen más de 1.5 millones de ha (tres tantos el estado de Colima) correspondientes a cinco entidades, de las cuales, apenas la mitad de las tierras son "rescatables" como área natural. En esa superficie de 711,219 hectáreas se recategorizó en 2002 el régimen a "área de protección de recursos naturales".

Pero, advierte Enkerlin, "lo importante es que el decreto no obstaculiza el desarrollo forestal sostenible y brinda nuevas oportunidades en muchos ámbitos complementarios.". Es decir, no hay motivo real para inconformarse, asegura.

Los decretos de Echeverría. El del 19 de mayo de 1971, faculta a la Secretaría de Agricultura y Ganadería a autorizar aprovechamientos forestales en la zona Huicot (huichol, cora y tepehuana), lo que en Jalisco beneficia a los municipios de Mezquitic, Bolaños, Huejuquilla el Alto y Villa Guerrero (algunos de los cuales forman parte de la reserva ecológica rescatada por la Conanp); y señala que en esa superficie pierde vigencia un decreto de Miguel Alemán, de 1949, solo que de 14 de mayo, es decir, no es el mismo que se pretende combatir ahora.

El decreto del 20 de julio de 1976 extiende el levantamiento de la veda forestal a todo el estado de Jalisco, pero tampoco cancela el decreto de área protegida, sino el de la propia veda de 1949.

Sintetizando: en mayo de 1949 se decretó una veda forestal completa para Jalisco. En agosto, se estableció el área protegida del distrito de riego 043 sobre miles de hectáreas de bosques de Jalisco. En 1971 se levantó la veda forestal a cuatro municipios, y en 1976, a todos. Pero nunca se abrogó el decreto de área protegida. Al menos no han salido evidencias de ello. En 2002, el área protegida fue recategorizada, y en 2007, se nombró un director y presupuesto para echarla a andar en una sola de sus cuatro superficies, ubicada entre Jalisco y Nayarit, correspondiente a la cuenca del río Ameca. Hasta allí va la historia.

¿Está la sierra Huichola en la ANP?

Agustín del Castillo - PÚBLICO

No son solamente propietarios de la zona del río Ameca los que cuestionan la forma en que les fue impuesta el área de protección de recursos naturales del distrito de riego 043. Hay un núcleo de poseedores de bosques de la sierra huichola, quienes están también preocupados por los posibles efectos del decreto.

¿Tienen razón? El área protegida abarca, según los levantamientos realizados por el gobierno federal, cuatro polígonos, uno de los cuales corresponde a la zona del río Ameca, de poco más de 350 mil hectáreas. En esa zona se decidió por parte de la Conanp realizar los primeros esfuerzos de rescate del área protegida. Para ello se asignó un presupuesto y personal que ya tiene más de un año trabajando, y ha logrado acordar con los particulares la elaboración del programa de manejo.

Cuando se hizo público el rescate del polígono, Ernesto Enkerlin dijo a este diario que por ahora los esfuerzos se concentrarían en la zona del río Ameca, y dependiendo de los resultados, se intentaría financiar y operar el rescate de los otros polígonos, fase que no se ha superado aún.

No obstante, la existencia del área protegida en la zona norte de Jalisco ya ha trascendido y ha levantado ámpulas por un lado, aunque por el otro, ha sido un argumento utilizado a favor de la comunidad huichola de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) para frenar una carretera estatal que con un esquema de área protegida, se encuentra totalmente ilegal (ver Público, 21 de marzo de 2008).

El titular de la Conanp insiste hoy en no adelantar vísperas: "el caso del distrito 043 lo estamos haciendo por subcuencas, en lo correspondiente al Ameca ya se hizo pero faltan otros tributarios incluyendo el que drena la Sierra Huichola". No hay todavía datos precisos de esta cuenca.

Sin embargo, propietarios de bosque aseguran que las dependencias de gobierno ya les exigen respetar un decreto de área protegida desconocido, por lo que el presunto fantasma parece haber cobrado vida antes de tiempo.

Tiene la alcaldía 180 días para poner en marcha plan de separación de basura

Javier Santos - LA JORNADA JALISCO La Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) otorgó un margen de 180 días al municipio vallartense para que ponga en marcha el programa de separación de basura que arrancó el pasado mes de octubre.

Juan Pablo García Castillón, titular de Servicios Municipales, reconoció que lo más urgente para Puerto Vallarta es primero solucionar y encontrar un nuevo relleno debido a que el plazo para cerrar de manera definitiva el basurero actual del Magisterio es el 4 de diciembre. “El programa de separación de basura va a arrancar hasta el año que entra. Nos están dando un plazo de 180 días para el inicio y ver avances. Puerto Vallarta, ya lo señalaba la Semades, es un caso muy particular y especial. Creo que esos 180 días los podemos cumplir”, señaló.

Sobre la infraestructura para comenzar la separación de la basura, el funcionario explicó que se cuenta con siete camiones nuevos que “nos pueden ayudar en cuestión de orgánico e inorgánico”.

Asimismo, dijo que para crear la infraestructura necesaria para la separación de la basura, se buscará “bajar recursos con la aprobación de este plan para que podamos adquirir camiones”, y agregó que se está a la espera de que el gobierno del estado determine los mecanismos para realizar los trámites necesarios para obtener tales beneficios económicos. Así, dijo, “podemos bajar recursos y llenarnos de infraestructura en todo el municipio”.

Destacó que los recursos que pretenden bajar no tienen límite y son 60 por ciento a fondo perdido y el resto a fondo federal. “No hay límites, siempre y cuando se aplique, si no lo aplicamos, obviamente lo vamos a pagar como municipio”.

Se instalarán verificentros para evitar entrada de autos chocolate: Semarnat

Juan Carlos G. Partida - LA JORNADA JALISCO

El secretario de Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada, dijo que se trabaja en la instalación de “verificentros” para impedir el paso de automotores “chocolate” que entran al país desde estados que no cumplen con las normas mecánicas y ambientales mexicanas, ya que se ha detectado que gran parte de ese parque vehicular, además de viejo, llega en mal estado. Desde la Secretaría de Hacienda se endurecerán las exigencias ambientales para dar permiso a los vehículos usados que se importen, incluidos los tractocamiones, para quienes se abrirá el libre comercio en 2009.

En el marco del primero de tres días del Foro Global de Desarrollo Sustentable: Transporte y Medio Ambiente en un Mundo Globalizado, organizado por la OCDE, el titular de Semarnat también señaló que las conclusiones que emanen de la reunión en la que participan expertos de 28 países, serán incluidas en las acciones inmediatas que el gobierno federal promueve en la materia. Recordó que existe un fondo de 6 mil millones de dólares en el Banco Mundial para impulsar proyectos de transporte sustentable.

“La entrada de vehículos chocolate nos está saliendo cara en muchas medidas, en cuanto a control, aplicación de ley, el cumplimiento de la misma ley para obtener licencias, placas, y en materia de contaminación atmosférica sí es un factor importantísimo en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Tijuana o Mexicali”, dijo Elvira en entrevista posterior al acto inaugural del foro coorganizado por la Semarnat y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo titular, Luis Téllez, no se presentó.

Lo que llamó verificentros estarían ubicados en las entradas fronterizas y en ellos se daría el aval sólo a los vehículos que cumplieran una revisión mecánica que garantizara el buen estado de la unidad. El endurecimiento fiscal buscaría también restringir la importación de automotores en malas condiciones, como primera medida.

Durante el discurso, Elvira también se refirió a los vehículos usados importados: “México importa alrededor de un millón de vehículos usados cada año y esto ha dañado la calidad del aire en muchas ciudades, tenemos la federación y los estados que hacer muchas acciones en este sentido, acciones que ya van caminando, están a punto de darse a conocer para frenar la llegada de automóviles usados que muchas veces no tienen ese desempeño ambiental que buscamos”.

El foro global

El foro organizado por la OCDE reúne a expertos en transporte público sustentable de 28 países, funcionarios de 24 municipios de México que concentran el 60 por ciento de la población del país, representantes de 10 estados y 40 empresas relacionadas con el negocio del transporte.

“Es un foro para los tomadores de decisiones en materia de transporte, municipios, empresas y capital privado”, sintetizó Elvira Quesada.

Respecto al fondo para incentivar el uso de energías renovables producto de la reforma energética, el titular de Semarnat señaló que no está definido cuánto y a qué dependencias serán entregados los recursos, pero señaló que proyectos particulares, como es el caso de la implementación de un servicio de autobuses articulados BRT como el de Guadalajara, podrían optar por fondos del Banco Mundial, quien dispone de 6 mil millones de dólares para incentivar el uso de tecnologías que no contribuyan al calentamiento global.

El organizador encargado que designó la OCDE para el foro, Axel Friedrich, insistió todas las veces que pudo acerca de la importancia del uso de las bicicletas en las grandes ciudades como una de las más prácticas soluciones para evitar la conglomeración vial propia de las urbes.

De su lado, el gobernador Emilio González Márquez dijo que las conclusiones derivadas del foro serán incluidas en las acciones inmediatas que en la materia realiza la administración estatal. “Es sumamente importante para nosotros lo que tienen que decir los expertos de todo el mundo que habrán de exponer sus puntos de vista aquí en este foro; de particular importancia, el poder justificar el trabajo que se hace, de poder adecuar de acuerdo con las experiencias de otras partes del mundo, de poder confirmar lo que estamos llevando a cabo”, agregó.

El programa de conferencias será de tres días y en ellos se analizarán los problemas del transporte urbano, globalización y medio ambiente, los impactos de la globalización sobre los distintos niveles de actividad del transporte, los impactos ambientales del crecimiento del transporte internacional y los instrumentos de política para abordar los impactos medioambientales del crecimiento del transporte.

Los inversionistas continúan devastando impunemente la Costa jalisciense: CEDHJ

Javier Santos - LA JORNADA JALISCO La Costa de Jalisco, desde Puerto Vallarta pasando por Cabo Corrientes, Tomatlán y hasta Cihuatlán, es víctima de los inversionistas depredadores que han devastado los humedales y manglares, dijo Alfonso Hernández Barrón, tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

Agregó que otro problema en esa franja es la constante violación a las garantías individuales contra campesinos. quienes enfrentan problemas con inversionistas por tierras situadas cercas o frente al mar.

Barrón subrayó que en esos municipios la gente depende en mucho de la protección del medio ambiente, pero, dijo: “hemos encontramos una serie de practicas administrativas inadecuadas que hacen concurrir a los tres niveles de gobierno” como lo son municipio, estado y federación.

“Uno de los temas que más nos ha llamado la atención, agregó, es la devastación de los humedales, por ejemplo hablando de manglares; encontramos que hay una serie de atentados contra zonas que son parte importante del equilibrio ecológico, que mantienen ecosistemas completos”, señaló.

Detalló que uno de los municipios ejemplos en devastación de manglares es Cihuatlán, donde actualmente enfrentan perdidas de playas. "Cihuatlán en sí es un ejemplo de la devastación que ha ocasionado el hombre con un desarrollo no sustentable, lo presentan incluso con la pérdida de las playas por obras mal planificadas sin tomar en cuenta los elementos naturales”.

Barra de Navidad enfrenta similar problema que Cihuatlán, pero “en su momento no se tenía esta visión de la protección al ambiente y encontramos que se han perdido importantes zonas de humedales y si venimos recorriendo desde ahí hasta Puerto Vallarta es frecuente encontrar en las laderas de los cerros construcciones que no tienen desde luego los estudios de impacto ambiental, que en su momento se autorizaron cuando no se exigían una serie de requisitos”.

Además, agregó que esas fincas construidas en laderas o en la punta de los cerros “va incluso atentando contra un derecho, que es relativamente nuevo, que es el derecho paisajista”, explicó, y sostuvo que en el municipio de La Huerta existe un problema donde la mancha urbana “le está ganando terreno al hábitat de los cocodrilos, y como esto pone en peligro a la misma población”.

En esa afán voraz del crecimiento de los centros poblaciones, sostuvo el defensor de derechos humanos, “se está dejando de lado las otras dos partes, que son lo social, lo ambiental", aspectos que sostienen la sustentabilidad.

Subrayó que los tres elementos de la sustentabilidad son lo social, lo ambiental y lo económico, y “si no hay equilibrio en estos tres elementos no hay sustentabilidad ni viabilidad en las generaciones presentes y futuras”.

A lo largo de esos municipios, especificó, también “vamos a encontrar también problemas de violación a los derechos humanos de legalidad contra los propietarios de la tierra. Son varios conflictos que se están dando por la propiedad de la tierras cercanas al mar y esto ha generado, incluso, importantes conflictos sociales”, detalló Barrón.

Uno de esos problemas, puntualizó, es el de Campo Acosta, donde decenas de campesinos fueron desalojadas violentamente por fuerzas policiacas del municipio y estado ya que, después de vivir más de 15 años en el lugar, resultó que las tierras habían sido vendidas a un desarrollador turístico. "Aquí ya se les ha estado retirando y en algunas otras comunidades cooperativas pesqueras que también ha venido viendo limitados por el crecimiento de proyectos inmobiliarios”.

De Vallarta, señaló, ni hablar porque en la ciudad ya se habla de contaminación atmosférica cuando no existe industria alguna. "Entonces los problemas de medio ambiente en toda la zona de Jalisco son claros. Hay un crecimiento desmedido, una voracidad económica sin sustentabilidad y desde luego hay afectaciones que tarde o temprano nos van afectar a todos”, concluyó.

En el agua, "falta un debate más informado"

Director del Consejo Consultivo del Agua pide "desideologizarlo"

Falta de cultura de participación no ha permitido madurar a los críticos

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

El debate sobre los problemas del agua en México está profundamente "ideologizado", a juicio del director ejecutivo del Consejo Consultivo del Agua (CCA), Eduardo Vázquez Herrera.

El representante del organismo ciudadano subraya que los pendientes en el tema están tanto por el lado de las instancias gubernamentales, que no terminan de entender la necesidad de información, transparencia y participación social, como del lado de la propia sociedad organizada, que en términos generales se sale poco de la mera descalificación como contraargumento.

"Para llegar a una maduración hay varias cosas que se deben tomar en cuenta, como la transparencia, la apertura a la revisión de cuentas para la sociedad, y que la misma sociedad se informe", pone en relieve en entrevista con este diario.

- Es evidente que hay más apertura institucional hacia la participación social, pero ¿hasta donde es mero maquillaje y hasta dónde es genuina?

- Falta, falta, pero es que depende de los casos también; habrá casos donde hay una participación real, otros con maquillaje, y otros donde ni los pelan [a los miembros de la sociedad civil]; lo cierto es que falta participar más y hay que ir hacia allá; es más, las mismas autoridades deberían de ser las más interesadas pues con esto legitimarían sus acciones, y en el país la participación debería ser propositiva y proactiva.

- ¿Pero no cree que aún falta una cultura sólida para eso?

- Sí, absolutamente; es un proceso que tiene que madurar. Lo que tenemos ahora muchas veces parece una mera oposición por sistema a todo lo que viene del gobierno, y es un escenario donde todos pierden; primero, la autoridad debe de sensibilizarse de que es fundamental tener apertura, entender que ellos están para rendirle cuentas al ciudadano, que están para escucharlo; la autoridad no sólo fue electa para tomar decisiones y hacer cosas, y así es como pasa; también hay que entender que cuando toma una decisión nunca va a dejar contenta a 100 por ciento de la población; hay que ver cuál es el bien común, para eso está la autoridad, y bloquearle cualquier cosa que deba hacer, pues lleva a que todos pierdan.

- Uno quisiera ver que las instituciones publicas apostaran por la cultura del agua y no lo ven como prioridad, al menos de acuerdo al recurso que le dedican…

- Es cierto, el año pasado hubo un encuentro de la cultura del agua en Durango, y el comentario que les dije fue: "señores, las prioridades están en los presupuestos; crear un departamento de cultura del agua, para sacar fotocopias, demuestra que no es una prioridad, lo siento pero no es admisible". Efectivamente, se tiene que profesionalizar, pero falta mucho.

A juicio del entrevistado, que participó en la recién clausurada XXII convención anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), los mensajes en la materia deben ser claros y hacer entender a la sociedad que el problema del agua no es algo lejano en espacio y tiempo.

"Por eso queremos trasmitirle a la gente que todo lo que haga cuenta, cualquier cambio que hagan tiene una gran incidencia, compartirles que el problema ya llegó, que es un problema que se puede agravar; eso de qué mundo le voy a dejar a mis hijos es falso, es qué mundo es el que estoy viviendo con mis hijos; es un problema que debemos enfrentar todos con información, con responsabilidad, con sensibilidad; el hecho de que una persona se esté lavando lo dientes con la llave abierta significa que alguien más no va tener ese recurso, esa es la línea que queremos reflejar", enfatiza.

- Hay un tema en el debate público sobre el agua como derecho o el agua como negocio, ¿qué opina?

- Creo que hay que disociar; a nadie le debería quedar duda de que el agua es un derecho humano, por una razón muy sencilla, porque sin agua nadie vive; ya extenderse más allá de esta discusión es un poco gastado.

- ¿No tiene sentido?

No tiene sentido discutirlo […] saquemos este tema porque se contamina fácilmente la discusión por factores ideológicos; el agua es un derecho humano, y se le debe dar agua a todos, ahí no hay duda; el segundo punto es cómo se le da el agua a esa gente, estamos en un país donde todavía doce millones de personas no tienen agua, ahí hay varios temas: el cobro de tarifas a precio real y sin subsidio indiscriminado, porque debe salir de allí el dinero para dar agua a todos.

Es decir, agrega, se debe buscar "un sistema operador que sea eficiente", con todos los elementos que eso trae consigo.

- ¿Y no importa que sea privado o público?

- Exacto; lo que importa es que rinda cuentas, que sea transparente; los organismos operadores son empresas, y deben ser eficientes, tener utilidades dando un buen servicio, esa es su lógica, entonces si es público o privado a mi no me interesa; lo que importa es que todos los mexicanos tengan agua en calidad y cantidad.

Las megapresas "no son capricho"

Luege asegura que Arcediano y El Zapotillo dejan beneficios ambientales

El titular de la CNA reconoce debate mundial en contra de esas obras

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

Las megaobras de Arcediano y El Zapotillo, que aprovecharán las aguas de las cuencas de los ríos Verde y Santiago y abastecerán a las ciudades de Guadalajara y León, segunda y sexta del país en población, así como catorce localidades alteñas, no son "capricho" e incluso generan beneficios ambientales, aseguró el titular de la Comisión Nacional del Agua (CNA), José Luis Luege Tamargo.

Entrevistado en su reciente visita a esta ciudad, a la que acudió a inaugurar la XXII convención anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), el funcionario reconoció que hay un debate vigente en el país e incluso en otras naciones sobre el tema de la gran infraestructura.

- Hay una tendencia en la opinión publica contra la construcción de presas para abastecimiento o la generación de energía; aquí en Guadalajara hace poco se reunieron y señalaron que primero debería resolverse la enorme pérdida de caudales en la red, antes que incentivar altos consumos con más agua, ¿usted qué piensa?

- Sí, es un debate que vemos con mucha seriedad, y que se da principalmente en Europa, donde las condiciones son completamente distintas; en la construcción de una presa el tema mas importante es la evaluación del impacto ambiental, porque en efecto tu fraccionas ecosistemas, pero si la evaluación está bien hecha, todas las acciones de mitigación compensan el impacto que tu puedas afectar al medio ambiente.

Y mencionó: "si ponemos en la balanza los beneficios ambientales que se tienen, estos son altísimos en el caso de Arcediano; por ejemplo, tu vas a dejar de extraer de Chapala cerca de ocho metros cúbicos por segundo, y vas a dejar de extraer del subsuelo mas de tres m3 por segundo; esto va a aliviar acuíferos, va a balancear la sobreexplotación de algunos acuíferos en la zona, fundamentalmente de El Bajío, pero también de la zona metropolitana de Guadalajara, y esto ambientalmente también tiene un beneficio que hay que sopesar…".

Respecto a la mención de los daños a la flora y fauna y determinados ecosistemas, advirtió que "no están valorando el beneficio directo en cuanto a evitar sobreexplotación de acuiferos y no toman en cuenta lo que significa para el futuro de México recuperar Chapala, es decir, dejar de extraer agua de allí en sí mismo tiene un valor ambiental incalculable, que si lo tradujéramos en recursos serian miles y miles de millones de pesos".

Consideró que si la crítica no ve todos los aspectos de una obra, pierde su valor como crítica sólida.

Proponen "nuevo pacto por el agua" en México

A los pobres, cobrar tarifa cero, pero suprimir subsidios "ciegos" que dañan el sector

Retomar grandes inversiones públicas, pide Fernando González Villarreal

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

México demanda un nuevo "pacto por el agua" que permita crecer a coberturas universales de agua y saneamiento, con costo cero para los más pobres más no permanencia de los subsidios "ciegos" que imperan en la actualidad, pues de otro modo no se logrará la sustentabilidad económica y ambiental a largo plazo, sostuvo el ex director de la Comisión Nacional del Agua (CNA) e investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Fernando González Villarreal.

Al participar en la XXII convención anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), que se realizó en esta ciudad, el experto puso en relieve que los principales retos del sector agua en la actualidad son "la gestión integrada de recursos hídricos, la sustentabilidad ambiental, la gobernabilidad, la ampliación de infraestructura, la creación de un sistema financiero del agua y el desarrollo de capacidades", esto último, sobre todo entre gobiernos locales y organizaciones ciudadanas.

Como logros, reconoció la creación de consejos de cuenca y de un plan hídrico nacional; la apertura de seis millones de hectáreas de riego, el manejo de los distritos de riego por los usuarios, que se haya alcanzado el servicio para 90 millones de personas (con agua potable) y 80 millones (con alcantarillado); el haberse generado un registro público de concesiones, un incipiente mercado de derechos de agua y un igualmente naciente sistema financiero del agua.

Sin embargo, dijo a su auditorio, es fundamental "avanzar hacia una verdadera sustentabilidad en el uso del agua", lo que conlleva "cambiar las bases de la gobernabilidad del recurso, hacer realidad la gestión integral de los recursos hídricos, retomar el ritmo de construcción de la infraestructura, reformar el sistema financiero del agua y reconstruir las capacidades de las instituciones públicas y aumentar las capacidades de las privadas".

En cuanto al tema de la gobernabilidad, abundó que se debe construir con un fuerte componente de corresponsabilidad social, lo que obliga a reformar la estructura de la autoridad federal, alcanzar acuerdos de delegación a los estados y acrecentar y fortalecer las capacidades municipales; fortalecer las asociaciones de usuarios y los consejos de cuenca, y alcanzar la real "transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas", todo esto base para la solución de conflictos.

Sobre la sustentabilidad ambiental, subrayó que el reto es "lograr un balance entre la conservación del agua y sus usos benéfico, que se traduzca en mejor calidad de vida para la sociedad", lo cual exige "detener y revertir la sobreexplotación de aguas subterráneas; recuperar la calidad del agua para garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas; aumentar seguridad hídrica para disminuir los riesgos y los impactos del cambio climático que amenazan a la población más pobre y vulnerable, que ocupa con frecuencia los cauces y llanuras de inundación".

Otro aspecto es la urgencia en retomar el ritmo de inversiones en infraestructura hidráulica, lo cual incluye "abatir rezagos en agua potable, alcantarillado y saneamiento; apoyar con infraestructura el desarrollo de las zonas tropicales donde existe potencial que puede beneficiar a regiones marginadas; dar seguridad a la infraestructura hidráulica a la luz de los fenómenos extremos recientes, del posible cambio climático".

También es necesario invertir para "modernizar o reemplazar infraestructura obsoleta o insegura; mejorar la eficiencia y competitividad de las zonas de riego; conciliar la construcción de infraestructura con los criterios ambientales y sociales que hoy demandan los objetivos de sustentabilidad".

El experto se refirió al sistema financiero del agua, el cual debe establecerse bajo los siguientes axiomas: "lo del agua al agua"; "el que la usa o contamina la paga"; protección a los pobres, mediante "tarifa cero" para cubrir necesidades básicas; estructura tarifaría diferenciada y política de subsidios explícita y racional; "transparencia y rendición de cuentas en la prestación de los servicios y los sistemas públicos de riego", así como "organismos bien administrados [que logren una certificación de calidad], que puedan acceder al mercado de capitales", sin olvidar "una mayor efectividad y eficiencia de la banca de fomento".

"Hay más apoyos desde que se rescató la reserva"

La Conanp se compromete a consolidar área protegida del río Ameca con apoyo de los dueños

Sostiene que régimen de protección ayuda a mejorar producción forestal

Guadalajara. Agustín del Castillo

Para el gobierno federal, el rescate del área de protección de recursos naturales del antiguo distrito de riego 043 no será el viejo expediente de imposiciones que tanto temen los propietarios de bosque. Hay una colaboración estrecha con ellos y los resultados en financiamiento de proyectos ya se están dando, advierte el director de la reserva, Juan José Llamas

"Son varias la acciones que realizan para compensar el hecho de que los propietario se encuentren dentro de un área protegida, este año aunque es el primero, se realizaron inversiones por alrededor de 500 mil pesos en proyectos productivos y alternativos en comunidades marginadas -se espera crecer esta inversión-; se realizan acciones de sensibilización para reducir los incendios forestales y el cuidado del medio ambiente [talleres, actividades de educación ambiental, el próximo año se implementará una campaña, etcétera] entre otras cosas".

A su juicio, "no todo gira alrededor de la producción forestal; hay otros temas no atendidos como la sanidad forestal, el cambio de uso del suelo, la contaminación del río, la marginación", donde también hay personas con derechos que deben ser atendidas, pues un proyecto de área protegida atañe a todos los niveles de la vida social, económica y natural.

Da más cifras: "45 por ciento del área protegida ha ingresado como zona elegible para el esquema del Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos de la Comisión Nacional Forestal [Conafor]; sé que por lo menos tres ejidos has sido beneficiados con varios millones de pesos, aunque posiblemente hay más, como La Estancia y San Sebastián […] estas acciones no ha sido coincidencia, es el resultado de la sinergia institucional".

Por si fuera poco, "existe potencial para que en el marco del ANP se puedan generar mecanismos a largo plazo de compensación con ciudades como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas", las cuales reciben valiosos servicios ambientales de los cuales está pendiente traducirlos a su equivalencia en dinero.

Llamas juzga relevante "que los actores involucrados nos centremos en temas comunes como la elaboración del programa de manejo y posibilidades de compensación futuras, ya que todos sabemos de los problemas ambientales pendientes de resolver en la zona; considero que en estos momentos hay una acuerdos importantes con el sector forestal y es posible hacer cosas juntos", añade optimista.

Esto lo complementa el propio titular de la Conanp, Ernesto Enkerlin Hoeflich: "lo único que pide la Conanp es que intentemos esto juntos y que no nos juzgen por los preservacionistas de antaño. Los productores rurales progresistas están concientes de su responsabilidad y de la conveniencia de la conservación para lograr la sostenibilidad. Nosotros somos una nueva generación en la conservación y estamos para apoyarlos. No es una pelea como algunos quisieran, sino una interdependencia y complementariedad".

No obstante, "el trabajar juntos no les quita a ellos el derecho de inconformarse o ampararse en su momento si así lo consideran adecuado", pone en relieve el funcionario federal.

CLAVES

El área natural protegida del río Ameca y sus problemas

El área de protección de recursos naturales denominada "Cuenca Alimentadora del Distrito de Riego 043", que incluye las subcuencas de los ríos Ameca, Atenguillo, Bolaños, Grande de Santiago, Juchipila, Atengo y Tlaltenango, abarcaba un millón 711,219 hectáreas de los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Durango y Aguascalientes, y fue creada por el presidente Miguel Alemán en 1949.

Dicho decreto, según la Conanp, permanece en vigor, en virtud del acuerdo del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger Waisman, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de octubre de 2002, en que dicha zona fue recategorizada a su actual rango de protección.

La superficie total rescatada en la actualidad se redujo a 714,255.85 ha, en cuatro polígonos, de los cuales el polígono dos, subcuenca del río Ameca, consta de 354,849.11 ha, de las cuales, 250,917 ha se encuentran en Jalisco, en los municipios de Ameca, Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Guachinango, Hostotipaquillo, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Tomatlán; 103,931.41 ha corresponden a Nayarit, en los municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Ixtlán del Río y San Pedro Lagunillas

Otro polígono corresponde a la sierra Huichola, pero no ha sido aún rescatado ni hay trabajo gubernamental en ese sentido.

Dentro del polígono dos hay 6,058 habitantes en 24 centros de población; todas las cabeceras municipales y las poblaciones mayores están fuera del polígono, además de los valles y terrenos de cultivo en planicies; la mayor parte del área protegida pasa por las partes altas, montañosas, con pendientes elevadas, que son zonas de captación de agua, recarga de mantos acuíferos y afluentes de ríos con alta diversidad biológica. Las áreas de protección de recursos naturales "son áreas destinadas a la protección de recursos forestales, suelos y aguas".

Los opositores a la reserva señalan que en 1971 y 1976, el presidente Luis Echeverría canceló las vedas forestales del estado, lo que habría echado abajo la vigencia del área protegida. Este argumento lo pretenden hacer valer ante los tribunales.

Fuentes: Conanp / propietarios rurales

"Conservar le cuesta al dueño, no al gobierno"

Propietarios de bosques, inconformes con políticas sobre reservas ecológicas

El establecimiento de áreas naturales protegidas es un tema polémico porque trae regulaciones al uso de propiedades legalmente constituidas; los dueños reclaman ser escuchados e incluidos en los procesos, pero hay posturas más enconadas que consideran las reservas como violación a sus derechos constitucionales

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

No es para menos: si un decreto gubernamental va a cambiar la vida y la forma de ganársela de quien tiene el dominio de un pedazo de bosque o selva, lo menos que se puede exigir es que las autoridades se tomen la molestia de explicar y convencer, de justificarlo legalmente, de ofrecer compensaciones y garantías suficientes, de disipar ese fantasma de "perdedor" que para muchos propietarios es todo aquél que habita las áreas naturales protegidas.

Lo cierto es que "conservación de naturaleza a la mexicana es en terrenos de personas, familias y grupos [comunidades, ejidos]. A las personas no se les pregunta si quieren conservar; si tienen posesión y dominio de tierras legalmente rurales están obligados a conservar si les tocó estar en cualquier modalidad de área natural protegida. La gente conservará lo que esté a su alcance y medios, sea o no suficiente para lograr lo que se desea", señala el profesor investigador del Colegio de Postgraduados, Martín Alfonso Mendoza Briseño.

Este experto, con estudios en las universidades de Chapingo, Idaho y Washington, ha trabajado en diversas instituciones gubernamentales del país, en el sector forestal, pero en esta ocasión apoya a los productores forestales de la región Sierra Occidental, quienes han pasado de una oposición inicial a la recategorización de una vieja reserva ecológica en la zona del río Ameca (protección del distrito de riego 043), a una recelosa colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), bajo la promesa de que intervendrán en la elaboración del programa de manejo de la nueva área de protección de recursos naturales.

Mendoza Briseño es considerado por muchos madereros de la región Ameca-Mascota como el vocero ideal que refleja las posiciones del sector.

Se trata "no de oponernos rotundamente por todos lo medios a la recategorización, sino intentar cambiar el sistema obsoleto que actualmente rige el manejo y administración de las áreas naturales protegidas en el país, por uno más participativo y proactivo con índices y mediciones internacionales", señala por su parte Alejandro Lovera Ruiz, productor forestal de San Sebastián del Oeste y ex vicepresidente de esa demarcación últimamente famosa por sus bosques y su patrimonio cultural.

En otras áreas de Jalisco, como la sierra Huichola, hay también a futuro la tentativa de recuperar el área protegida del distrito de riego 043. Marco Montaño, propietario en Bolaños, considera el hecho una imposición violatoria de las garantías individuales: "no puedo considerar aceptable que el gobierno me diga lo que yo debo hacer con mis bienes, como si fuera una expropiación […] por supuesto que me interesa conservar la vida natural, pero eso es un proyecto que ya estoy realizando por mi cuenta; si quieren los predios para área protegida, que los paguen entonces a su precio real, con gusto se los vendo", exclama irritado.

Las inconformidades han hecho eco en diversas organizaciones de los propietarios. Julián Orozco González, ex presidente de la Federación Nacional de Propietarios Rurales (adscrita al PRI), advierte que se están analizando los caminos legales adecuados para enfrentarlo, porque aparte de la "resurrección" del área protegida del distrito de riego 043, hay varios expedientes nuevos como la reserva ecológica El Edén (Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán), la reserva del bosque de arce (en Talpa y Tomatlán), o la de los cañones de los ríos Verde y Santiago (en diez municipios al norte y poniente de Guadalajara).

Orozco González coincide con Marco Montaño en la necesidad de acudir a los tribunales para definir de una vez la controversia, "porque como están las cosas, están sacrificando a los propietarios y la gente de las ciudades ni siquiera es consciente de los beneficios que se le proveen desde los bosques; cómo va a compensar entonces a sus dueños de forma adecuada".

El experto

Martín Alfonso Mendoza Briseño envió a este diario su reflexión sobre el tema de las áreas protegidas, bajo la advertencia que es su punto de vista sobre una "discusión colectiva" que se ha susucitado en la región Sierra de Occidental de Jalisco a raíz de que la Conanp anunció que retomaba el decreto de 1949, publicado por Miguel Alemán Valdés (recategorizado en 2002 como "área de protección de recursos naturales).

"Conservación de la naturaleza en el mundo [excepto México] es algo que es responsabilidad de los gobiernos, generalmente cumplida mediante tierras de propiedad gubernamental donde una burocracia hace lo que puede por cumplir las metas imposibles de darle gusto a todo mundo sin poner en peligro lo natural del terreno".

Sin embargo, en México "le cuesta al dueño conservar, no al gobierno. Hay subidios a la conservación pero no son ni compensación ni son proporcionales al valor de lo conservado. El usuario final que goza de los beneficios producto de la conservación no sabe que es usuario, tampoco sabe el valor del servicio y no paga costo alguno, ni aporta a los subsidios [al menos no paga más que los que no son usuarios o beneficiarios]", añade.

El experto forestal destaca que para el área protegida del río Ameca (ver Público, 8 a 11 de julio de 2007) "los propietarios y otras agrupaciones e instituciones han ofrecido a la Conanp colaborar con la elaboración y ejecución de los programas de conservación y estamos por definir detalles concretos de esta participación […] la política deseable en el proceso de puesta en marcha de esta y otras ANP es informando y permitiendo participación abierta de pobladores, propietarios, poseedores, industria, afectados, interesados, academia y autoridades locales.

Esta postura ha sido recibida con buenos ojos por la Conanp, pero no se ha pasado aún a emprender acciones de este tipo en forma oficial. Los hechos recientes hacen prever que se logrará materializar este tipo de propuestas, y estamos atentos para facilitarlo".

Mendoza Briseño reconoce que un proyecto de esta envergadura (la reserva recategorizada se extiende sobre 354 mil hectáreas de Jalisco y Nayarit) podrá tener resultados diversos y no dejará contentos a todo. "No es razonable esperar un éxito universal satisfactorio a todo mundo ni habrá situaciones acabadas a las que no se pueda responder o modificar después. Tener mentalidad plural, favorecer la diversidad de posturas, la tolerancia y convivencia entre todos los involucrados en este asunto es algo abiertamente sano y deseable que todos debiéramos imaginar como posible", señala conciliador.

El problema legal

Martín Mendoza también profundiza en el problema legal de las reservas.

"La constitución mexicana dice que las tierras [y por cierto también los recursos naturales] en territorio nacional son propiedad de la Nación […] la Nación tiene el derecho de otorgar en concesión las tierras a los particulares; eso en castellano significa otorgar dominio y posesión de la tierra a dueños o poseedores".

Derivado de esto, "un problema gordo de la justicia agraria y la ambiental es que la Nación se reserva el derecho de imponer modalidades a la tenencia de la tierra, como por ejemplo reglas de zonificación llamadas áreas naturales protegidas. Esta reserva es incondicional y sin responsabilidades, excepto en caso de expropiación. El Estado no tiene obligación de actuar con justicia, o sea de compensar su "impacto nomativo" [taking se llama en derecho internacional]".

Entonces, agrega, "no da igual estar adentro o afuera de un ANP. Personas que tienen derechos pueden estar adentro, otras afuera y se les trata esencialmente igual; incluso los subsidios se dan adentro más que afuera, pero sin ser obligación darlos. Un predio que cambia de estar afuera a estar adentro de un ANP nueva por ese solo hecho baja de valor en todo sentido de la palabra valor, de donde nace la noción de impacto normativo, y eso implica que la Nación le quita al dueño o poseedor algo de la riqueza que antes le había dado, y no lo compensa por ello. Esta desventaja no ocurre con los que estaban afuera y quedaron afuera al establecerse nuevas ANP".

A juicio del experto del Colegio de Postgraduados, "moralmente el Estado está obligado a compensar su impacto normativo para poner en condiciones de equidad a los que están adentro respecto a los que están afuera de cada nueva ANP. Además, se deduce que si el impacto normativo fuese superior al valor del predio, el Estado está obligado moralmente -con leyes o sin leyes- a ofrecer comprar el predio a precio de mercado previo a la declaratoria de ANP, a quien no quiera entrar o a quien se quiera salir de un ANP y no encuentre comprador que pague ese precio desregulado".

Y enumera otra serie de problemas que arrastra el diseño de las áreas protegidas mexicanas, "como el valor marginal de las prácticas de conservación de uno o de otro tipo y tecnología, y el problema de la variabilidad natural inseparable de la variación causada por los efectos de las acciones de personas sobre los terrenos que se desea conservar".

También "hay confusión entre lo que es un terreno con ambiente natural, y los efectos de este terreno sobre el ambiente de las personas, y eso da lugar a poner objetivos irracionales a muchos programas de conservación mexicanos […] suena técnico y confuso, pero su resultado es simple, no cualquier programa de conservación y manejo de ANP da igual".

Sin embargo, señala que en el caso de la reserva del río Ameca se espera evitar estos problemas porque "existe la voluntad de autoridades e involucrados de la zona de llegar a trabajar juntos las propuestas para manejar el ANP en formación; en ese espacio de decisiones se podrán poner en la mesa las propuestas tecnológicas que mejor resultado pudieran tener en conservar de verdad y no solo en apariencias o en papel: midamos lo que hay ahora, midamos lo que pase con el tiempo y separemos lo atribuible a las acciones y previsiones conscientes de manejo responsable de los espacios naturales".

Seguro tardará en madurar, "mientras, propongo dos hipótesis por demostrar: uno, conservación pasiva es demagogia, conservación activa es manejo responsable; dos, en cualquiera de los dos casos, el villano es el gobierno federal [especialmente el poder Legislativo], por su negligente actitud al evadir la responsabilidad de ofrecer a la sociedad servicios públicos de alto interés nacional, como el poseer y manejar directamente al menos unos pocos lugares del territorio mexicano que sean los más frágiles, menos fértiles, o más importantes que aún hay […] los particulares, personas, familias y comunidades hacen lo que pueden, pero las condiciones ecológicas objetivas dicen que eso no es suficiente", concluye el asesor de los propietarios.

Frases

"Como están las cosas, están sacrificando a los propietarios y la gente de las ciudades ni siquiera es consciente de los beneficios que se le proveen desde los bosques; cómo va a compensar entonces a sus dueños de forma adecuada"

Julián Orozco González

Ex presidente de la Federación Nacional de Propietarios Rurales

"Por supuesto que me interesa conservar la vida natural, pero eso es un proyecto que ya estoy realizando por mi cuenta; si quieren los predios para área protegida, que los paguen entonces a su precio real, con gusto se los vendo"

Marco Montaño - Propietario en Bolaños

"Un predio que cambia de estar afuera a estar adentro de un ANP nueva, por ese solo hecho, baja de valor en todo sentido de la palabra valor, […] y eso implica que la Nación le quita al dueño o poseedor algo de la riqueza que antes le había dado, y no lo compensa por ello"

"[En México] le cuesta al dueño conservar, no al gobierno. Hay subsidios a la conservación, pero no son compensación ni son proporcionales al valor de lo conservado. El usuario final no sabe que es usuario, tampoco sabe el valor del servicio y no paga costo alguno, ni aporta a los subsidios"

Martín Alfonso Mendoza Briseño

Profesor investigador del Colegio de Posgraduados