Se ha visto vulnerada la salud de mujeres jaliscienses en los últimos dos años: SSA

Viridiana Saavedra - LA JORNADA JALISCO

La salud de las mujeres en Jalisco se ha visto vulnerada durante los dos últimos años, pues de acuerdo con las cifras del Programa de Acción Caminando a la Excelencia, en el caso del cáncer cérvico uterino, en 2006 Jalisco estaba en el lugar número 9, calificado por la Secretaría de Salud (SSA) como satisfactorio, y este año está en el lugar 24 a nivel nacional, lo que lo ubica dentro del grupo de las entidades con niveles de atención de la salud más precarios, de acuerdo con la dependencia federal.

Los niveles de mortalidad también han aumentado. Las cifras de 2006 indicaban que era de 12.9 por ciento y ahora es 13.6, pese a que la cobertura ha aumentado en casi el 10 por ciento.

Respecto al cáncer de mama, que también afecta considerablemente a las jaliscienses, el estado se ubica en el lugar 18, pero las cifras más alarmantes son aquellas que tienen que ver con los programas de prevención, que por estar en una entidad donde el conservadurismo sigue latente, es difícil que se lleven a cabo –al menos así lo indican las cifras–, pues en el caso de la planificación familiar, Jalisco, uno de los estados con mayor presupuesto para educación y salud a nivel nacional, está ubicado en el lugar número 28, y la cobertura de programas encaminados a dicho sector sólo tienen el 33 por ciento, lo que contrasta con el estado de Durango (primer lugar en planificación familiar), que tiene cerca del 80 por ciento de cobertura.

Violencia familiar y de género es otro de los espacios que no se han atendido, y Jalisco, a la par con Querétaro, no presenta interés en emprender algún programa a través de la Secretaría de Salud (SSJ), pues sus indicadores marcan cero. Dicha lista la encabezan el Distrito Federal, Tlaxcala y Michoacán.

En la cobertura de atención a mujeres que viven con violencia severa las cifras no son más alentadoras, pues al igual que en el caso anterior, la entidad sigue en blanco y a la par de Querétaro, pero esta vez San Luis Potosí, Coahuila y Aguascalientes encabezan la lista de mayor atención a dicha problemática social.

El asunto de atención a adultos mayores, al que se ha dado suma importancia en la capital del país, es otro de los puntos que en Jalisco se han descuidado, pues en 2006 la entidad estaba en el lugar número 7, con el 100 por ciento de cobertura de vacunación, y en 2008 se ubica en el lugar 28, con sólo el 66 por ciento de vacunación a ancianos.

Los enfermos de diabetes son otro de los sectores que se han descuidado, pues en 2006 Jalisco estaba ubicado a nivel nacional en el lugar 23 en la cobertura de diabetes, y ahora se ubica en el número 29.

Las cifras están, y los cuestionamientos de los grupos en favor de la salud surgen luego de ver que los números se modificaron durante los dos últimos años, justo los que lleva la actual administración, dirigida por Alfonso Gutiérrez Carranza, a quien han calificado de incompetente.

Nuevo San Juan, el oasis purépecha

Caso notable de éxito social y económico en las regiones indias de México lo constituye esta comunidad que creció entre dos volcanes muertos: el milenario pico de Tancítaro y el legendario Paricutín; los purépechas superaron ampliamente la avaricia de los talamontes y el fuego de la última montaña ígnea que se vio nacer; sus empresas generan hoy 1,400 empleos y han sacado de la marginación al municipio

Fotos: Marco A. Vargas

Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán.

Agustín del Castillo, enviado.

PÚBLICO-MILENIO

La mayoría de las comunidades indias y mestizas de la meseta Purépecha sobreviven entre los despojos legales o ilegales de sus tierras, las mafias más o menos violentas que saquean sus bosques, y una falta general de oportunidades que incentiva la emigración. Pero la historia exitosa de los indígenas de Nuevo San Juan Parangaricutiro, a 30 kilómetros de Uruapan, demuestra que en algún momento de la vida, la fatalidad es una elección.

Ellos así lo ven. En 1980, tras décadas de discreto nivel económico y de entregar sus riquezas a contratistas inescrupulosos, optaron por el camino de la apropiación de sus recursos: cuidar la floresta de los talamontes clandestinos, recuperar sus tierras primordiales, generar una institucionalidad fuerte y democrática al interior de la asamblea, y seguir la ruta de las empresas bien gestionadas.

Hoy sostienen dos decenas de fábricas, procesadoras y proyectos que aportan más de 800 empleos directos y 500 indirectos y son el soporte económico del municipio de Nuevo Parangaricutiro, el cual ha superado las barreras de marginación endémica que padecen las demarcaciones indígenas nacionales, pues se ubica entre los 600 municipios más desarrollados del país (en un universo de 2,400).

Las cifras económicas de esta comunidad-empresa se guardan celosamente para las asambleas de comuneros. No obstante, se trata de millones de pesos anuales que se reinvierten para crecer y dar certidumbre de largo plazo a los puestos de trabajo. "La idea es que a ningún comunero ni a su familia le falte trabajo, es lo más importante que consideramos", señala Daniel Aguilar Saldaña, director técnico de las empresas.

Hay además un elevado potencial de crecimiento de ingresos: una investigación del Instituto Nacional de Ecología (INE) reveló lo que se podría cobrar por la captura de carbono en sus bosques —la gran apuesta global contra el cambio climático—, al menos nueve millones de dólares, considerando un promedio de captura de 100 toneladas de carbono por hectárea.

Nuevo San Juan es un pueblo que nació contiguo a un volcán apagado, el Tancítaro, y sobrevivió a la furia del último volcán que ha nacido en este planeta, el legendario Paricutín, de 1943. Y después no fue invadido por conquistadores caucásicos ni recolonizado por extraterrestres; simplemente, sus moradores eligieron evolucionar social, económica y ambientalmente para romper con los fatalismos culturales, la abulia y el destino de víctima que dictan los prejuicios sobre lo indígena.

Hoy habitan industriosos en medio de la locura especulativa y criminal desatada en la meseta por el auge del aguacate, ese oro verde que no a todos corrompe.

El difícil aprendizaje

En realidad no sabían cómo, confiesa el presidente de bienes comunales, Alejandro Anguiano Contreras.

"En todas estas comunidades todo el tiempo se vivió en lo forestal, y al cerrar en cada año, siempre había pérdidas; fue en 1980 cuando nos comenzamos a organizar, fueron varias reuniones, pero no sabíamos cómo empezar ni el gobierno creía en comunidades como ésta. Nos costó mucho trabajo, pero arrancamos".

El primer aserradero se montó en 1983. "Nada más un aserradero y alrededor de 60 gentes; como cualquier otra comunidad, inicia sin capital; quisimos sacar un crédito y una comunidad no es sujeto de crédito, entonces hay una empresa que ahora es Crisoba, y nos presta para financiar y abastecerlos; así, comenzamos a producir tabla y a repartir utilidades […] en el segundo año se determina por asamblea que ya no se van a repartir utilidades, porque les tocó equis cantidad a cada comunero, y son 1,254 comuneros; fue poco y nomás sirvió para que se emborracharan o hicieran cosas que no tenían ningún beneficio…", añade Daniel Aguilar.

¿Qué se hace desde entonces? Reinvertir todo, "de tal forma que cuando se presenta a dar resultados el gerente, cada año, con la utilidad que se genera se presentan propuestas de proyecto, y la asamblea determina cuál es el más viable, y se empieza a trabajar en el siguiente año".

De este modo, se pasó del aserradero a las estufas, para industrializar lo mejor posible la madera. Hoy se cuenta con estufas de secado, con una fábrica de muebles (que surte de forma preferencial a una gran mueblera mexicana), con una astilladora "que se encarga de procesar todo el desperdicio: va moliendo y haciendo el material que es celulosa, que es lo que mandamos a [la empresa productora de cuadernos] Scribe"; existe un taller que hace los empaques; "también se hizo una inversión en una mezcladora de resina", lo cual ayuda a que la gente visite el monte y este se encuentre vigilado constantemente, con dos ganancias adicionales: evitar la presencia de talamontes y hacer más eficiente el combate de incendios, advierte el director técnico. Todo el proceso forestal tiene certificación de calidad ambiental y social, y se puede vender en los mercados más desarrollados del mundo.

Pero "no todo lo que se haga o vaya a generar va a ser del bosque; se trata de ir abriendo nuevas cosas; tenemos una empresa de huertas comunales [que cultiva y cosecha exitosamente cientos de hectáreas de aguacate]; tenemos otra empresa que se llama Bodega de Fertilizantes; tenemos otra que es una tienda comunal, que ayuda a equilibrar precios en el mercado local, e incluso tenemos una empresa de transporte y una que da el servicio de televisión por cable". Sin faltar una embotelladora de agua de manantial y una importante zona ecoturística en un claro de bosque desde el que se observa la silueta del volcán.

Otro aspecto de la gestión empresarial, dice por su parte el gerente de las empresas, Martín Antolino Echeverría, es cuidar la capacitación constante del personal, la adquisición de nuevas tecnologías, un abastecimiento adecuado de insumos, la promoción y comercialización de las mercancías, el mantenimiento del equipo y una contabilidad rigurosa.

Paralelamente al proceso económico, parte de las utilidades se reinvierten en un aspecto medular para este éxito: la seguridad en la tenencia de la tierra. Creada como comunidad según las Leyes de Indias vigentes en el imperio español, en 1715, el decreto de restitución se gestionó desde los años cuarenta del siglo XX, hasta su emisión, por el presidente Carlos Salinas de Gortari, en 1991. La superficie original supera 18 mil ha, pero quedaron alrededor de cuatro mil ha pendientes, en litigios que han sostenido, de forma mayormente exitosa, desde ese momento "refundador".

El orgullo de Nuevo San Juan Parangaricutiro es que en más de 25 años, jamás han dejado de reunirse en su asamblea mensual. La perla de su vida democrática es que nunca se ha hecho un proyecto que no sea apoyado por la mayoría de votantes. Pero esta próspera república de indios está vedada a los forasteros, con el mismo espíritu con que las prohijó el humanismo de tata Vasco de Quiroga en el siglo XVI: gerentes, asesores técnicos, operadores, burocracia en general de la comunidad, son cargos sólo para sus miembros y descendientes.

No es el viejo y cristiano miedo a la corrupción exterior, fantasma que perseguía a los franciscanos evangelizadores, sino un acotamiento racional de los alcances del proyecto económico y cultural que es Nuevo San Juan, aferrado a seguir siendo purépecha, pero no por eso, menos moderno. Sus productos se pueden encontrar en Nueva York o París como en Guadalajara o Mérida; sus paisanos se mueven libremente entre México y Estados Unidos. Su prestigio llena de perplejidad o asombro a otros comuneros o ejidatarios visitantes, que no han sabido o podido acceder al misterio difícil de elegir.

El pueblo que se negó a morir

El 20 de febrero de 1943 nació el volcán Paricutín y obligó al poblado de San Juan a ser evacuado mientras la lava inundaba más de tres siglos de asentamiento. Otros hubieran decidido —siempre se abre la oportunidad de optar por algo— emigrar y desaparecer en las grandes corrientes de la historia, pero como dice la propaganda del Ayuntamiento de Nuevo Parangaricutiro, este pueblo "se negó a morir".

Hoy prospera entre dos volcanes extintos y en medio de una marea desconcertante de cambio y violencia que inunda los bosques de la meseta purépecha, hogar de otros indios, que parecen condenados.

CLAVES

Los antecedentes de la comunidad purépecha más próspera Nuevo San Juan Parangaricutiro pertenece a la cultura purépecha, propia del oeste de Michoacán. Cuenta con títulos virreinales desde 1715, y vivió en 1943 la erupción del volcán Paricutín, que sepultó el poblado principal; la lava se detuvo a las puertas de la iglesia

En 1944, la población decide trasladarse 30 kilómetros al sureste, y fundar Nuevo San Juan Parangaricutiro. Crece desde entonces la fama del Señor de los Milagros, que hoy atrae 1.5 millones de peregrinos al año

La comunidad cuenta con 18,138.25 hectáreas, bajo los siguientes usos: arbolado bajo cultivo silvícola, 10,464 ha; arbolado de protección a manantiales y áreas de recreación, 578 ha; plantaciones forestales, 1,100 ha; plantaciones agrícolas, 3,162 ha; plantaciones frutícolas, 1,208 ha; con lava volcánica, 1,626 ha

Madera. Los volúmenes de aprovechamiento en la comunidad promedian 80 mil m3 anuales de pino, encino, oyamel y otras hojosas; se obtiene también resina de pino en mil toneladas por año

Aspectos jurídicos: la titulación de bienes comunales se obtuvo en 1991. Son 1,229 comuneros censados

Antecedentes a la organización comunal (que fue a partir de 1980): aprovechamiento irracional del bosque por particulares, sin ninguna inversión al mismo; escasa o nula participación de los comuneros; la comunidad indígena no recibía ingresos por el corte de madera; imperaba el caciquismo de los pequeños propietarios; las actividades principales de los comuneros eran la resinación, el cultivo de maíz para autoconsumo y la confección de artesanías. Se iniciaba el cultivo de frutales

A finales de los años setenta se participó en la creación de la Unión de los ejidos y comunidades de la meseta tarasca, sin resultados satisfactorios. Por medio de esa organización se obtuvo la primera autorización de aprovechamiento forestal en 1979. En 1981 la comunidad indígena inició el aprovechamiento forestal con personal contratado, "pero poco a poco los comuneros se fueron capacitando", lo cual ha dejado esos oficios en sus manos

En 1983 se estableció un primer aserradero, marcando el inicio del proceso organizativo. A partir de 1983 se tienen asambleas mensuales ordinarias y se ha integrado un consejo comunal, compuesto por 80 comuneros, que sesiona mensualmente, revisa los estados de las empresas y toma las decisiones más importantes

Preocupa a dependencia federal erosión de suelos en el bosque de La Primavera

Evelyn Águila Carranza - EL INFORMADOR A pesar de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) no emitió opinión alguna sobre el proyecto de Geotermia en La Primavera, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), le dio luz verde a este centro de generación de energía eléctrica. Durante el proceso de evaluación, la dependencia federal le pidió a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, información adicional sobre el volumen de tierra que será extraída en el sitio de Cerritos Colorados, dentro del bosque, pero nunca se la hizo llegar. Alberto Elton, director de la Conanp en la región Occidente, aseguró que por no contar con toda la información, es que hasta el momento no han emitido una opinión técnica del proyecto que pretende la perforación de 14 pozos en La Primavera. Prefieren reservarla. “Nosotros le pedimos (información adicional) directamente a la dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, le dijimos que para poder dar una opinión técnica requerimos de elementos extras. Pero no nos han mandado nada. “Les dijimos que nos dieran información sobre el movimiento de suelos y cuando nos las den, nosotros les damos nuestra opinión, entonces no me pueden aplicar la positiva ficta, es decir ‘opinión a favor’, porque les preguntamos y nunca respondieron, nosotros respondimos a la primera”, detalló. El pasado 11 de noviembre, la dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, encabezada por Eduardo González, ex funcionario de la Secretaría estatal de Medio Ambiente (Semades) en Jalisco, dio el permiso para instalar esta central de generación de energía, luego de siete meses de evaluación y sin que ninguna organización civil ni experto opositor solicitara una reunión pública para mostrar su rechazo. Este proyecto operó hace casi 10 años, pero fue suspendido en 1989 debido a los daños ambientales provocados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien tumbó más de 31 mil árboles en La Primavera. Con este permiso, la paraestatal podrá perforar 14 pozos destinados a la generación de energía eléctrica, adicionales a los 12 pozos ya creados por la misma dependencia en los años 80 en el bosque. El funcionario sostuvo que aunque no hayan opinado, existen una serie de condicionantes emitidas por la Semarnat al proyecto de la Comisión Federal de Electricidad que deben cumplir, para iniciar con las obras. “Ya está autorizado, tienen condicionantes, entonces van a tener que cumplirlas y la mayoría son antes de que arranquen”. — ¿Pero para la Conanp es viable el proyecto? — Gran parte del proyecto de geotermia es viable, otra no. — ¿Qué no sería viable? — El movimiento de suelos que van a tener, como están ampliando, van a tener un movimiento de suelos y no se sabe con claridad dónde van a quedar, a dónde los van a echar. Se tiene que cuantificar el volumen de suelo que va a salir y a dónde se va a ir ese suelo. Sobre la contaminación de aguas subterráneas que se provocarían por esta obra, el funcionario sostuvo que no será así y que en el propio documento de Manifestación de Impacto Ambiental se especifica lo que harán con sus aguas. Sin embargo, Alberto Elton insistió en que es preocupante la remoción de suelos, porque se modificará el hábitat donde crece la vegetación. “Es algo muy importante porque lo que van a crear es que van a empezar a depositar suelo de un tipo en otro lado donde hay otro tipo de suelo, entonces ese es un problema de contaminación natural, pero es contaminación. “Lo que pasará es la modificación del hábitat, la vegetación se va a distribuir en un tipo de suelo bajo un tipo de clima, si tu le cambias el tipo de suelo, automáticamente las especies que se distribuyen o prosperan en un tipo de suelo al cambiarlo, van a cambiar las especies, entonces empiezas a modificar el hábitat, empiezas a transformar la vegetación”, subrayó. En la Manifestación de Impacto Ambiental, la CFE señala que en este campo geotérmico se instalará una unidad de generación eléctrica con capacidad total de 25 megawatts, bajo el argumento de solventar la creciente necesidad de energía que demanda la Zona Metropolitana de Guadalajara. Adicionalmente, construirá una línea de transmisión para enviar la energía fuera del bosque, por lo que se deberán eliminar algunas áreas de arbolado dentro del Área Protegida de La Primavera. Incluso, esta sólo sería la primera etapa de construcción, ya que la paraestatal pretende adicionar —en una segunda etapa— infraestructura para generar hasta 75 megawatts de energía. Aunque la paraestatal cuenta con 12 meses para comenzar a operar, todavía falta que se autorice el cambio de uso de suelo. De ser así, la Comisión ya no contaría con ningún impedimento para arrancar. El Bosque La Primavera es considerado como el “pulmón” de la Zona Metropolitana de Guadalajara, al contar con 30 mil 500 hectáreas protegidas. El proyecto: - La superficie requerida es de 15 hectáreas. - Para la generación de energía se perforarán 14 pozos adicionales a los existentes. - Se instalará una línea de conducción eléctrica. - En total, la paraestatal desembolsará poco más de 42 millones de dólares. - Se removerá vegetación en una extensión de tres hectáreas. - La paraestatal cuenta con 12 meses para comenzar a operar. - Se instalará una unidad de generación eléctrica con capacidad de 25 megawatts. Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental autorizada por la Semarnat. “Con el movimiento de suelos que van a tener, no se sabe con claridad dónde van a quedar, a dónde los van a echar. Se tiene que cuantificar el volumen de suelo que va a salir y a dónde se va a ir éste” Alberto Elton, director de la Conanp en la región Occidente.

Denuncian habitantes de Mismaloya intento de desalojo

Javier Santos - LA JORNADA JALISCO

Puerto Vallarta, 21 de diciembre.- Cerca de 150 habitantes del poblado de Mismaloya, la zona más privilegiada por su montaña, ríos y su vista al mar, se manifestaron la tarde del sábado ante el temor de ser desalojados por las fuerzas policiacas.

Los vecinos de Mismaloya salieron a orillas de la carretera Puerto Vallarta a Barra de Navidad, frente al hotel Barceló, y donde pidieron a los gobiernos federal, estatal y municipal que impidan “por favor que nos quiten nuestras casas”; “no al desalojo”, decían.

El temor del desalojo entre los vecinos radica en que el empresario tapatío Fernando Beltrán y Puga mantiene un juicio desde hace más de una década, ya que se dice dueño de las tierras donde están asentadas las familias; además de que mantiene un juicio de desalojo desde 1999 ante el Tribunal Unitario Agrario contra el ejido de Mismaloya, reclamando alrededor de 10 hectáreas arguyendo contar con escrituras de las mismas, con lo que le dio la razón jurídica.

Debido a ello, el 10 de abril se ordenó desalojar a cerca de 30 familias que habitan dentro de las 10 hectáreas citadas, pero al mismo tiempo el Tribunal solicitó al empresario tapatío realizar un peritaje, que fue concretado, y en noviembre le pidieron a Beltrán y Puga que depositara 3 millones de pesos para cubrir los gastos de las personas desalojadas.

Mientras tanto, los pobladores dicen tener la posesión desde 1937, por lo que en mantas y cartulinas mostraron las leyendas “No al desalojo. No a la aprobación del plano de 1964… Fuera rateros. Respeten el plano de 1937”.

Fue justo el sábado cuando los vecinos se enteraron de que autoridades agrarias les notificaron del inminente desalojo a las autoridades municipales, por lo que los afectados se manifestaron y montaron guardia permanente para evitar ser sacados de sus casas.

Entre los afectados se encuentra el diputado federal Leobardo Curiel Preciado, integrante de la Comisión de la Reforma Agraria, quien no se encontraba en el lugar sino en Villa Purificación, y señaló que “ya no se podía hacer nada”, pues la decisión de un juez era inapelable.

La Sedesol reprueba a Bahía de Banderas

La federal Sedesol estima que nueva planeación destruiría el patrimonio natural, por lo cual emitió una opinión desfavorable a la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.

Zonas del litoral nayarita en San Pancho ya lucen cercadas con malla.

Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La federal Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) emitió una opinión desfavorable a la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit, pues, de aplicarse como fue propuesto, sacrificará los ecosistemas más valiosos de la demarcación por los intereses económicos del ramo turístico, y pidió integrar un nuevo documento mejor soportado.

El dictamen fue emitido el 5 de septiembre por la Dirección General de Desarrollo Urbano. Bahía de Banderas es uno de los tres municipios de la Riviera Nayarit, y el que actualmente recibe más inversión para desarrollos inmobiliarios. La presión en ese terreno ha sido de tal modo fuerte que, hace dos años, una oleada de amparos canceló la reserva estatal de la biosfera Sierra de Vallejo sobre 25 mil hectáreas de selva, la cual hoy afronta severas amenazas.

La Sedesol opinó que en la actualización "no se consideran dos temas […] de primordial importancia dentro de cualquier ejercicio de planeación: el diagnóstico-pronóstico integrado y las condicionantes de los niveles superiores de planeación […] Tampoco se presenta, y esto sí es más grave, una tabla de compatibilidades de usos del suelo y destinos, ni tampoco una tabla que muestra las zonas que contengan perspectivas para generar proyectos detonadores de desarrollo subregional".

Así, "queremos externar nuestra preocupación frente a la posibilidad de que cientos de hectáreas en suelo agrícola y ecológico sean modificadas por la citada propuesta, ya que se han definido nuevas áreas de urbanización y de incorporación de suelo al uso turístico, pero sin el suficiente cuidado".

Añade: "Faltan espacios verdes en las zonas urbanas de Bahía de Banderas. Sabiendo que estos espacios son fundamentales para una óptima calidad de vida, no se dice cómo se resolverá esta carencia, por lo que se sugiere arborizar calles y avenidas con vegetación de la zona".

Se habla de corredores ecológicos "como una nueva propuesta de estructura territorial para el municipio […] pero no se señala dónde se ubicarán. Asimismo, se habla de hacer factible la preservación del patrimonio ecológico, pero el uso del suelo [específico para ese fin] desaparece en prácticamente todo el territorio municipal, con lo que se debilita la mencionada preservación, a más de que el uso pasa de ecológico a urbano".

Hay 46,246 ha de bosque, "de las que 65 por ciento se encuentran en buenas condiciones. Asimismo, que 25.7 por ciento de las especies faunísticas del municipio habitan en el ecosistema protegido por la NOM-26. Por tanto, se pretende destruir este ecosistema y buena parte del bosque que se encuentra en condiciones óptimas".

El documento abunda sobre problemas como las altas densidades de ocupación de suelo, la falta de preservación del agua y la escasez de reservas territoriales.

"Debe romperse, asimismo, la sobreoferta de suelo ejidal existente, para que ya no se traslade a dominio pleno para su urbanización y se conserve su productividad agrícola, evitando en lo posible, traer alimentos de fuera".

Hay muchas observaciones más sobre incongruencias e imprecisiones. Por eso, la Sedesol estimó que la actualización debía regresarse hasta integrarse un documento mejor soportado que garantice el equilibrio entre negocios, sociedad y ecosistemas.

Fraccionadores de selva acusan ahora a la Semarnat

Foto. Marco A. Vargas

Iniciaron una campaña contra la autoridad federal, que no ha dado permiso para cambiar uso de suelo forestal a favor de una inmobiliaria en el bosque de San Pancho. Los ecologistas defienden a la dependencia. La crisis empieza a afectar las inversiones en Riviera Nayarit

Agustín del Castillo - PÚBLICO-MILENIO

La firma Emerald Coast Developments, SA de CV, propiedad de los estadunidenses Faurest Vaugham Taylor (o Montenegro Vázquez) y Erik James Logerquist, contraataca: el fracaso en obtener permisos federales para fraccionar la selva de San Francisco, en Bahía de Banderas, le ha llevado a montar una campaña contra el delegado en Nayarit de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Armando Zepeda Carrillo, al que acusa de promover "el trámite más inútil".

Esta oportunidad les fue abierta con el concurso lanzado por el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que los ciudadanos mexicanos denuncien el procedimiento regulatorio más absurdo, tardado y engorroso —en suma, "el trámite más inútil"—, pues la idea es avanzar en la simplificación, combatir la corrupción y hacer un país más atractivo a la inversión.

El "ganador" de la competencia será fallado en este mes. Los inversionistas de San Pancho, denunciados por los ambientalistas locales de haberse enriquecido con la especulación de tierras ejidales de Sayulita y de corromper autoridades para establecer sus desarrollos a costa del frágil entorno ambiental (ver "Los nuevos millonarios de Riviera Nayarit", Público, 27 de enero a 3 de febrero de 2008), contaron con los buenos oficios del empresario Alejandro Vital, quien interpuso la queja ante la SFP.

Alejandro Vital es muy cercano a los dueños de Emerald Coast (EC) y, de hecho, defiende con su denuncia uno de los tres proyectos de fraccionamiento en zona de selva que tiene el corporativo.

El expediente ante la SFP habla de "un desarrollo turístico en Bahía de Banderas, Nayarit, llamado La Joya de la Costa o La Joya Vistas, que, a un año y medio de iniciadas las gestiones respectivas, se encuentra en punto muerto", y mantiene en suspenso una inversión de 90 millones de pesos.

A juicio de Vital, "el proceso se ha topado con requisitos más allá de los legales […] y hasta amenazas de terceros contra el desarrollador, sin que se haya expedido aún la autorización respectiva".

Lo que no cuentan es que los empresarios abrieron ilegalmente zona de selva y destruyeron arbolado, aunque dicen que fue un error del promotor que contrataron. La Ley Forestal, la Ley Agraria —son tierras ejidales— y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente prohíben estrictamente el aparcelamiento o fraccionamiento de bosques y selvas.

La queja de los empresarios deriva de que no se les ha otorgado autorización de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo forestal. En su opinión, "la resolución emitida por la Semarnat es completamente contraria a la ley, no sólo porque violentó las reglas del procedimiento administrativo, sino que también se encuentra totalmente injustificada desde el momento en que tenía la opción de autorizar el proyecto de manera condicionada a las medidas correctivas adicionales que considerara convenientes".

EC es, según los ecologistas, emblemática de los defectos que arrastra Riviera Nayarit: un ejemplo de la formación de rápidas fortunas con base en la especulación inmobiliaria y la compra de autoridades locales. Por ello, esos mismos críticos buscaron hacer contrapeso a la campaña contra la Semarnat, y entregaron el 12 de noviembre pasado una carta abierta a la opinión pública, pero dirigida al titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada, en defensa de la legalidad con que ha actuado la dependencia.

La misiva indica que el delegado en Nayarit, Armando Zepeda, "ha atendido de forma profesional, decidida y oportuna" los conflictos, "lo que le ha valido calumnias y difamaciones en los medios de comunicación impresos y electrónicos".

En cuanto al proyecto inmobiliario Las Joyas Vistas, y en general todos los proyectos de EC, "han sido cuestionados en numerosas ocasiones por querer ser impuestos en zonas de selva tropical, mediante la lógica de para qué respetar la ley si puedo pagar las multas". Multas "insignificantes contra las ganancias de comprar hectáreas de tierra protegida ejidal barata y venderla a precios competitivos en el mercado internacional".

Estos desarrollos "han deforestado, subdividido, vendido y después obtenido la autorización del municipio; el Estado no los ha detenido, sino sólo levemente condicionado; los montos de inversión que presumen son muy altos pero no creemos que suficientes para sacrificar la legalidad ambiental en nuestro país y la certidumbre jurídica, al cambiar el uso de suelo de bosques tropicales a residencial sin respeto a las leyes vigentes y aplicables", añaden.

Así, los empresarios, "en un acto desesperado, acusan a nuestras autoridades ambientales locales y las apuntan inmerecidamente como candidatas a ganar el título de El trámite más inútil convocado por la SFP […] como una franca estrategia de presión", agrega la carta.

Firman la Alianza de la Costa Verde, AC; Alianza Jaguar, AC; Desarrollo Comunitario y Conservación de la Naturaleza Nuestra Tierra, AC; Grupo Ecológico Manglar, AC; Grupo Ecologistas de Nayarit, AC; Mujeres Unidas de Bahía de Banderas, AC; Natura Nayarit; Comunidad de Artistas de Nuevo Vallarta y Punta de Mita Fundation, y otras organizaciones civiles preocupadas por la falta de sentido ambiental con que se desarrolla Riviera Nayarit.

Llegó la crisis

No ha habido respuestas oficiales en esta guerra de cartas. Pero mientras la disputa no se resuelve, la crisis económica global ejerce de juez involuntario para este desarrollismo no sostenible: los inversionistas extranjeros —en gran parte, los baby boomers, jubilados nacidos después de la Segunda Guerra Mundial—, que son el mercado fundamental al que están dirigidos los megaproyectos de este litoral, empiezan a retraerse, prudentes, guardando sus capitales para los tiempos aciagos que están en marcha.

En el caso de EC, ya está despidiendo a parte del personal que contrataron en el poblado de San Francisco. Pero hay más: los moradores del poblado de Higuera Blanca, contratados por la transnacional Ibero Star —el mayor beneficiario de los terrenos de Litibú, que el gobierno federal vendió en un solo día a "precio de regalo", según denuncia de Greenpeace—, ya fueron notificados de que la empresa va a detener sus obras "hasta nuevo aviso". Todos los trabajadores regresarán al desempleo el último día de este año.

Según datos que manejan los ecologistas locales, Ibero Star ya había arrancado la edificación del primero de sus tres hoteles en Litibú hace alrededor de un año. Las obras se quedan a medias.

"Nuestra suposición: de estas cosas vamos a ver más y muy pronto. Las consecuencias son múltiples. Por lo pronto, las tiendas y cuartos para rentar —que brotaban en Higuera Blanca como hongos— se van a quedar sin 500 de sus clientes e inquilinos", estiman Magdalena Barrios de Steinmeyer y Horst Steinmeyer, de Alianza de la Costa Verde. "La naturaleza va a tener un respiro", señalan esperanzados.

Incluye en paquete presupuestal megaobras

Evelyn Águila - EL INFORMADOR Las plantas de Agua Prieta, El Ahogado y las presas de Arcediano y El Zapotillo, tienen garantizados recursos de la federación para 2009. De los 32 mil millones de pesos presupuestados a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para ejercer el próximo año, 15 mil millones se invertirán en obras de agua potable y saneamiento, en el que incluyen recursos para proyectos hidráulicos de Jalisco. De esta bolsa, se destinará dinero para la construcción de las plantas de tratamiento El Ahogado y Agua Prieta, recientemente licitadas por la Comisión Estatal del Agua (CEA), así como para las presas de Arcediano y El Zapotillo. Durante la presentación sobre el Balance de Programas y Acciones 2008 y Perspectivas 2009, el titular de la dependencia federal, José Luis Luege Tamargo, señaló que con estas obras de saneamiento se espera lograr 100% de tratamiento de las aguas residuales, lo que automáticamente incrementará el porcentaje de limpia en el país, propuesta al final del sexenio en poco más de 60 por ciento. Se prevé que sea el próximo año cuando se de a conocer a las empresas ganadoras de las dos mega plantas de tratamiento y la Presa El Zapotillo, que sigue sin ser aceptada por las tres poblaciones que tendrán que ser reubicadas. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad de la CEA ha confirmado cuándo podría iniciar la construcción de la Presa de Arcediano, pese a que a juicio de su director, César Coll Carabias, no existe "amparo vivo" que obstaculice iniciar en un primer momento con el proceso de licitación. Por otro lado, dijo la mayoría de las presas rebasaron ya los 40 años de antigüedad, por lo que una de las metas más importantes de la Conagua, será la rehabilitación de los embalses mediante obras de reforzamiento y en caso de ser necesario, sobre-elevación de la cortina para garantizar su operación en las mejores condiciones de seguridad. Ala fecha se lleva un avance de 127 presas rehabilitadas de una meta sexenal de 300, de los cerca de 800 grandes embalses que están bajo administración de la dependencia. GASTO ESTIMADO: Planta de Agua Prieta: Dos mil millones de pesos. Planta El Ahogado: 800 millones de pesos. Presa El Zapotillo: Ocho mil millones de pesos. Presa de Arcediano: La última estimación fue de cuatro mil millones de pesos. Fuente: CEA En la Barranca de Huentitán se construirá Arcediano.

La CEDHJ se niega a decirme dónde está Rosa Isela: Alondra

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

La tercera visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), que encabeza Alfonso Hernández Barrón, se ha negado a dar información sobre el paradero de la menor Rosa Isela, así lo dio a conocer ayer la transexual Alondra, cuyo nombre oficial es Alberto Avila Vélez, y quien crió a la pequeña desde recién nacida hasta que el Consejo Estatal de la Familia (CEF) se la retiró hace aproximadamente tres años.

“Barrón me dijo que está bien la niña pero que no me puede decir dónde se encuentra porque no tiene autorización”, reveló Alondra en rueda de prensa, acompañada por miembros del Partido Social Demócrata (PSD) en Jalisco.

El 28 de octubre de 2008 la juez séptimo de lo Familiar del Poder Judicial del Estado de Jalisco, María del Carmen Mejía Tostado, dictó una sentencia interlocutoria en la que “se concede a Alberto Avila Vélez la custodia provisional de la menor Rosa Isela Jiménez Hernández”.

Pero el CEF retiró a la menor del albergue Niñas Desamparadas al que había sido trasladada hace casi tres años por lo que la transexual desconoce el paradero de la niña.

La CEDHJ ha logrado visitar a la menor pero, a decir de Alondra, se ha negado a decirle dónde se encuentra.

“Es lamentable que (Felipe de Jesús) Alvarez Cibrián haya hecho arreglos con los panistas para no darle seguimiento al caso”, expresó por su parte Jaime Cobián Zamora, secretario nacional de elecciones del PSD en torno a la nula intervención del presidente de la CEDHJ.

Rodrigo Rincón Jiménez, presidente estatal del partido comentó que solicitarán que el caso pase de la tercera a la quinta visitaduría de la CEDHJ, pues es esta última la que lleva los expedientes de los grupos vulnerables.

Rincón informó que Alondra trabaja en el PSD desde el primero de diciembre pasado y que personal del partido la capacita en su educación básica.

“El caso de Alondra, no es que quiera adoptar a la niña, pues son 10 años en los que le ha dado educación”, comentó por su parte Cobián Zamora.

Alondra ha sido un caso que le ha dado la vuelta al mundo en diarios de España, Argentina, Perú y algunos nacionales. De ahí que, cerca de 150 organismos civiles de América Latina que trabajan con transexuales y transgéneros en la defensa de los derechos humanos de éstos, se han interesado en la situación de Alondra.

Hoy, la asociación Humana AC, con sede en el Distrito Federal, lleva de forma jurídica el caso de Alondra, quien también pretende cambiar su nombre y así, aparezca en documentos oficiales con el que ha usado hace más de 15 años.

Evaluarán a municipios en separación de la basura

Evelyn Águila - EL INFORMADOR La titular de la Secretaría estatal de Medio Ambiente (Semades), Martha Ruth del Toro Gaytán, aseguró que a principios del próximo año, iniciarán con una serie de reuniones con los municipios para evaluar el avance que llevan en el cumplimiento del programa de separación de residuos. La funcionaria admitió que este nuevo esquema, emprendido desde el pasado mes de octubre, ha sido difícil para los ayuntamientos, pero advirtió que deberán consolidarlo, pues de lo contrario se harán acreedores a multas económicas. "En los primeros días del próximo año, lo que va a suceder son reuniones muy concretas en donde estemos evaluando no en forma general, sino de manera particular cuántos domicilios, cuántas colonias, cuántos sectores están siendo ya recolectados de la manera en como lo indica la norma. "También antes de que concluya el periodo de seis meses, que si mal no recuerdo es en marzo, deberemos tener ya una claridad absoluta de la manera en que el ayuntamiento llegará a todas las colonias". De acuerdo con lo establecido en la norma estatal de separación y clasificación de los residuos, todos los municipios del Estado de Jalisco, cuentan con un plazo de seis meses para cumplir para salvarse de sanciones que van de los 20 a los 20 mil salarios mínimos. Pese a que está fijado este tiempo, hasta el momento únicamente el 25% de la población en la Entidad está separando la basura que genera, ante la falta de un mecanismo que garantice que la recolección selectiva, es decir, días determinados para los desechos orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Si bien existe la posibilidad de que las autoridades municipales puedan solicitar una prórroga, la titular de la Semades sentenció que no se extenderá el plazo a menos de que existan argumentos de peso que la justifiquen.

Cuenta Sedeur con 200 mdp para segunda y tercera etapas del Macrobús: Carmona

Juan Carlos G. Partida - LA JORNADA JALISCO

Aunque la inversión para la ruta del Macrobús en la calzada Independencia rondará los 600 millones de pesos, el secretario de Desarrollo Urbano, Sergio Carmona Ruvalcaba, anunció que existen apenas 200 millones de pesos para iniciar en 2009 lo que serán la segunda y tercera etapas, que deberá ir desde Tesistán hasta Tonalá, pasando por Avila Camacho, Alcalde y Revolución, aunque todavía no se han definido los detalles ni se ha logrado atraer inversión privada para terminar la infraestructura necesaria.

“En la actualidad no está totalmente terminado con sus detalles, eso dependerá que se defina el proyecto de inversión. Si es de inversión pública con participación privada será algo que nos dé luz para el próximo año estar iniciando. De entrada, en el proyecto 2009 tenemos 200 millones de pesos para iniciar a reponer algunos carriles en donde se defina de acuerdo con el proyecto que sea el arranque”, dijo Carmona Ruvalcaba.

Agregó que la ruta 1, que incluye 16 kilómetros desde la barranca de Huentitán hasta Miravalle a lo largo de la calzada Independencia y avenida Gobernador Curiel, lleva un avance en general superior al 90 por ciento y estará listo para ponerse en marcha en enero, si bien antes deberá estar lista toda la parte de automatización necesaria para darle fluidez al tráfico del Macrobús. Recordó que la cantidad original comprometida fue de 520 millones de pesos.

“Si acaso es un poco más, no creo que llegue a los 600 millones, porque el proyecto de infraestructura contempla el arbolado en la calzada Independencia que forma también parte del proyecto panamericano”, explicó.

Organizan ONG asamblea estatal para diagnosticar nivel de deterioro ambiental

Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO

Con miras a lo que será la primera Asamblea Estatal de Afectados Ambientales, varias asociaciones, grupos y colectivos se reunieron el miércoles pasado para comenzar a organizar lo que será un diagnóstico minucioso de los problemas ambientales en Jalisco; el ejemplo del trabajo que se intenta hacer a nivel estatal es el mapa que en septiembre pasado presentó por primera vez Un Salto de Vida, en el que se da cuenta de los problemas ambientales que aquejan la cuenca del Ahogado.

El objetivo de realizar esta asamblea es comenzar a articular el trabajo de los grupos y vincular los problemas del campo con los de las ciudades, señaló Octavio Rosas Landa Ramos, miembro del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, organización que organiza talleres donde se explica cómo generar los mapas donde se identifican los problemas ambientales territorialmente.

Indicó que después de que se celebre la asamblea estatal, en marzo de 2009, se planea celebrar la tercera asamblea nacional de afectados ambientales en El Salto.

Rosas Landa señaló que este tipo de mapas ayuda a ver cómo se estructuran los conflictos ambientales en torno a grandes proyectos de infraestructura; en ese punto recordó que la forma en que los distintos niveles de gobierno administran estos conflictos es la misma: “cuando los gobiernos estatales o municipales se topan con la resistencia de las comunidades, procede a la dilación y diluye las responsabilidades para que la gente no sepa a quién reclamarle, así provocan la impaciencia y al menor atisbo de reclamo organizado reprimen; así pasó en Atenco y en otros lugares, y eso mismo estuvo a punto de suceder cuando la gente de El Salto intentó cerrar el basurero”.

Este tipo de herramientas sirven a su vez para abordar los problemas ambientales con una visión más integral, pues a través de las descripción de lo que sucede en el territorio se puede ver que lo que afecta a las comunidades rurales incide en otros sitios y a su vez en la economía de quienes viven en las ciudades. De ahí, la importancia de que los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara tomen conciencia de que lo que acontece en El Salto repercutirá inevitablemente en la ciudad.

Landa Ramos señaló que el caso de El Salto es emblemático de lo que sucede en el país y puede considerarse un espejo de otros casos tanto a nivel macro como micro; hacer una microhistoria de El Salto –dijo– puede explicar la historia ambiental del país y su relación con los temas económicos.

“Lugares como El Salto son ejemplo de cómo parece que los gobiernos y los capitales privados toman la macabra decisión de que hay pueblos que pueden ser sacrificados en aras del progreso; son lugares que reciben todos nuestros residuos, donde la gente vive hacinada en casas mínimas, donde hay una urbanización feroz y lo único que se le ofrece a la gente son tiendas de conveniencia o centros comerciales. Eso representa El Salto para Guadalajara y México para Estados Unidos”.

Pero en opinión de Landa Ramos, a todo esto hay que agregar otro elemento: la actual crisis, que no es de ganancias únicamente, sino también ambiental y tecnológica. En ese punto habló de que las crisis se neutralizan con la destrucción, incluyendo la de vidas humanas. “Después, el negocio viene con la remediación. Ahí está el proyecto de la macro planta que supuestamente va a resolver los problemas de contaminación del agua y que probablemente sea tan obsoleta como todas las plantas de tratamiento del país. Es un negocio que de cualquier forma no resuelve el problema de fondo, que es cómo evitar que se contamine el agua”.

Indicó que la Asamblea de Afectados Ambientales se ha vinculado con la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad para crear el Observatorio Socioambiental, donde los mapas que se van generando se integran en un servidor que va generando un diagnóstico de todo el país y que se puede consultar en la página electrónica www.unionccs.net.

Intereses inmobiliarios limitan protección a la barranca

Comité Salvabosque del Nixituil cuestiona proyecto de área protegida que defiende la Conanp, del cual se desmarcaron en la consulta del 17 de diciembre

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

Vecinos integrantes del Comité Salvabosque de El Nixticuil criticaron el proceso de la consulta pública promovido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para el área de protección de recursos naturales de las barrancas de los ríos Santiago y Verde, por considerar que fueron excluidos importantes polígonos del bosque que defienden, a favor de los intereses inmobiliarios de la ciudad.

En una carta enviada al director regional de la Conanp, Alberto Elton Benhumea, señalaron las causas de su inasistencia al foro realizado el pasado 17 de diciembre, entre las que destacan también la falta de respeto a las propuestas de las organizaciones ciudadanas.

"Los estudios justificativos, el polígono de protección, ni ningún otro dato técnico sobre el bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente están incluidos en esta Propuesta de Área Natural Protegida, por lo que puede afirmarse que tal propuesta está incompleta y por tanto presenta serias inconsistencias […]".

Preocupa que 278 hectáreas que fueron excluidas, y son esenciales para la recarga de más de un millón de metros cúbicos de agua.

Esa superficie en cuestión "son propiedad de distintos corporativos y empresarios que promueven distintos proyectos inmobiliarios que implican la destrucción de las mismas; por lo que esta se mantiene como la única evidencia clara que explica el porqué estas zonas no fueron protegidas".

La organización ciudadana menciona los siguientes proyectos inmobiliarios: El fraccionamiento La Cima, de Abelardo Garciarce Ramírez, dueño del grupo refresquero mas grande del país, el Consorcio AGA; el fraccionamiento San Lorenzo, propiedad de Luis Miguel Moreno Gómez, "que flanquea la misma cañada por el lado contrario a La Cima, desde Colinas del Rey"; el fraccionamiento Bosque Encantado, de Marco Antonio González Mora, sobre dos hectáreas.

El fraccionamiento Mirasierra, del fideicomiso BBVA Bancomer "que pretende extraer más de un millón de litros cúbicos anuales y la construcción de un fraccionamiento de seis mil viviendas que cercaría al bosque y destruiría parte de él", añaden. El fraccionamiento que impulsa el ejido Zapopan "sobre el área conocida como La Roblera, que ha provocado incendios, el derribo de docenas de árboles y el seccionamiento del bosque".

Finalmente, el Parque de Investigación Científica y Tecnológica del Corporativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara "que pretende la destrucción de más de 17 mil árboles en una extensión de 51 hectáreas", así como 32 hectáreas en el núcleo de El Nixticuil, "en el que existen intereses inmobiliarios por parte de los dueños del fraccionamiento 'ecológico' [sic] Los Guayabos".

El respeto a esos fraccionamientos demuestra que el daño al patrimonio natural es nada al lado del peso de los intereses económicos, concluyen.

La disputa por la barranca

Última consulta pública del área protegida de los ríos Santiago y Verde deja en suspenso la eventualidad de que se protejan; inconformidad de propietarios y tibia defensa de autoridades al proyecto

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

El caprichoso contorno del polígono de 56 mil hectáreas de la propuesta de área natural protegida de los ríos Santiago y Verde, al norte de Guadalajara, se parece a uno de esos dragones chinos popularizados con la Olimpiada de Pekín.

Para muchos de sus habitantes, campesinos temporaleros y ganaderos extensivos, la sola idea de proteger por decreto fue definida ayer, 17 de diciembre de 2008, así: monstruosa, pues dará al traste con la calidad de vida de que gozan –lo cual es un decir-. Para sus defensores y promotores, el dragón puede dar suerte y traer felicidad, como los legendarios gigantes orientales.

Por la tarde, en el Centro de la Amistad Internacional, se vivió la última jornada de consulta pública del área de protección de recursos naturales, que tendría un decreto presidencial a más tardar el 5 de junio de 2009, Día Mundial del Medio Ambiente.

Quedó patente la deficiente forma de promover sus bondades por las autoridades gubernamentales, así como los numerosos fantasmas, viejos y difíciles de disipar, que las áreas protegidas tienen para los propietarios de bosques y selvas. Por ejemplo, no se supo vender que el decreto acelerará el saneamiento del río Santiago, cuya contaminación constituye el principal reclamo de los moradores, como recordó Cristóbal Castro, ex alcalde de San Cristóbal de la Barranca. Nada los convenció de que no se trata de un decreto expropiatorio, el mito más viejo en el tema.

La defensa corrió a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) –Alberto Elton, director de la región occidente, y Martín de la Rosa- y de las voluntariosas organizaciones civiles, mientras los funcionarios estatales y municipales fueron meros espectadores. Esto mandó otro mensaje equivocado: que el proyecto, aunque jurídicamente sujeto a los tres ámbitos de gobierno, se vea como imposición "del centro".

Ejidatarios y parvifundistas de San Cristóbal e Ixtlahuacán del Río piensan que la medida sólo defiende los intereses de la zona metropolitana de Guadalajara –agua para Arcediano-, metrópoli que arrastra medio siglo de contaminar sus ríos. "Es como pedirle a Dios que se haga su voluntad, pero en los bueyes de mi compadre. Primero limpien el río, después veremos", condicionó don Felipe Dueñas.

Otros piensan distinto. Jesús Palacios Orozco pidió recapacitar: el río se sanea más rápido con decreto; hay que perderle el miedo a los nombres, "dejemos de satanizar… todos queremos conservar, pero el nombrecito (de área protegida) nomás no nos gusta…".

Tampoco es claro de qué modo se valorarán las opiniones de la consulta, y cómo pesarán en el decreto final, que "no es hecho consumado", según advertencia de Elton. Todo pasará a manos de la Comisión Federal Regulatoria y habría un decreto en seis meses. O no lo habría: es una historia que aún no tiene final.

Recuperación de espacios públicos, el objetivo de Eugenio Arriaga

Cecilia Durán y Raúl Torres

Con la consigna de recuperar los espacios públicos de la ciudad, Eugenio Arriaga Cordero asumió ayer la dirección de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. Además de tener su propio proyecto sobre el tema, que se implementará a través del Consejo Ciudadano para la Recuperación del Espacio Público (CCReP), el nuevo director considera que pueden retomarse proyectos de la administración pasada como el Paseo Chapultepec.

Hasta ayer Arriaga Cordero fungió como director de Vinculación Política del Ayuntamiento tapatío y desde esta instancia participó, junto con la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ), en septiembre en el proyecto cultural Grieta, a través del cual hicieron una especie de ensayo de recuperación de espacios públicos, lo que hoy es la meta principal de su programa de un año.

Ayer por la mañana, antes de asumir la dirección de Cultura, recibió a La Jornada Jalisco y platicó de sus proyectos en torno a su objetivo primordial. Aunque el hoy director de Cultura reconoció que no hay forma de medir el impacto de Grieta, insistió en que con la creación del Consejo Ciudadano para la Recuperación del Espacio Público (CCReP) se busca democratizar la cultura, llevarla a las calles y parques y así ampliar la oferta de espacios públicos, su mantenimiento y evitar su invasión.

Este Consejo está integrado por académicos como Rosana Regillo, Jorge Alonso y Martín Mora, por colectivos de artistas como Liga y Sector Reforma, por funcionarios públicos de SCJ y otras dependencias y por ciudadanos, como Ludger Kellner, del Parlamento de Colonias.

Entre otros planes, la Dirección de Cultura mejorará la imagen de los parques de la ciudad; la idea es que cuenten con Internet inalámbrico, computadoras “a prueba de vandalismo” disponibles para la población y se proyectará cine en pantallas gigantes. Se pretende cambiar el uso de suelo en los alrededores de los parques con la finalidad de que se instalen cafés, restaurantes, librerías, museos, teatros o centros culturales.

Arriaga Cordero adelantó que en enero iniciará un programa con los colectivos de artistas para instalar esculturas en diferentes puntos de la ciudad. Una de ellas será Paso de cebra gigante que servirá para educar a la gente en cuestiones de derechos peatonales.

Ayuntamiento de Guadalajara negó permiso para realizar la Semana Cultural Indígena

Jorge Covarrubias - La Jornada Jalisco

El Ayuntamiento de Guadalajara se negó a expedir un permiso a las comunidades indígenas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que buscaban realizar a partir del pasado lunes y hasta el domingo la Semana Cultural Indígena en la plaza del Santuario o en el camellón de la avenida Chapultepec.

Juan Martín Nicolás Jiménez, representante de los indígenas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, dijo que hubo “cerrazón” de parte de las autoridades, pues ni siquiera se dignaron a escucharlos.

“Con ustedes no tengo nada que hablar”, les dijo el secretario general del municipio, Alfonso Rejón Cervantes.

El vocero de los indígenas mencionó que este tipo de eventos son esenciales para la sobrevivencia de los grupos, debido a que muchos de ellos no tienen trabajo y una manera de hacerse de recursos es mediante la venta de sus artesanías.

“Es el único ayuntamiento que no nos ha querido dar permiso, porque nos hemos instalado en la plaza Xihualpilli de Tonalá, nos hemos instalado en la plaza de Zapopan, en Tlaquepaque, pero en el caso del ayuntamiento (de Guadalajara) se ha negado rotundamente”, comentó.

La Semana Cultural Indígena captaría la presencia de nahuas de Guerrero, zoques y mixtecos de Oaxaca, así como otomíes de Querétaro.

No es la primera vez que solicitan permiso, Juan Martín mostró las copias de anteriores solicitudes, todas con resultado negativo.

Dijo que también han recurrido a instancias como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), gobierno del Estado, Comisión Estatal Indígena y tampoco se ha encontrado una respuesta positiva.

Explicó que la CDI tiene sus limitaciones y no desean entrar en conflicto con otras instituciones.

“No vemos una política más clara de solución a la problemática real de los compañeros indígenas aquí en la Zona Metropolitana, como que es un organismo donde… pues sí tiene los recursos, los apoyos, pero se ha dedicado a otras áreas como es a lo mejor la parte de la Sierra Norte”, subrayó.

Juan Martín dijo que las comunidades indígenas viven en Guadalajara desde hace 20 años, sin embargo son “nómadas”, no cuentan con vivienda propia.

“Estamos dándole vueltas y vueltas y estamos batallando todos los días y todos los meses y todo el año, la mayoría estamos rentando”, agregó.

Ofrece CEA planta de Agua Prieta sin acuerdo en terreno para lodos

Evelyn Aguila - EL INFORMADOR A pesar de que la Comisión Estatal del Agua (CEA) llevó a los representantes de empresas constructoras interesadas en ganar el proyecto de tratamiento Agua Prieta al sitio donde se construirá, no hay acuerdo entre la dependencia y los comuneros de Mezquitán para obtener el terreno donde serán depositados los lodos residuales del proceso de limpieza de las aguas negras. El director de la CEA, César Coll Carabias, reconoció que ante la oposición de los propietarios se está buscando un nuevo sitio, pero no descartó seguir en pláticas con ellos para llegar a un acuerdo, pues a juicio del funcionario es una minoría la que se opone a vender sus tierras. “Hasta este momento no hemos tenido todavía la solución con ellos (los comuneros de Mezquitán), sin embargo, lo que estamos planteando con los participantes es una segunda alternativa, en el cual podamos nosotros disponer realmente de un lugar donde podamos disponer los lodos que se van a generar”. — ¿Definitivamente no será en este predio de Mezquitán? — No está cancelado, seguimos platicando con ellos, hemos hecho propuestas, hay una parte del grupo de los ejidatarios que está a favor de que sí se les compre los terrenos y hay una, yo siento, mi percepción, hay una minoría que no está de acuerdo, pero pues yo creo que ellos son los que tendrán que decidir. Ayer, ocho diferentes constructoras nacionales y otras más con inversión extranjera, recorrieron el sitio donde se edificará la planta de tratamiento de Agua Prieta para conocer las características topográficas del terreno que actualmente pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que sería donado, sin embargo, no está liberado el predio donde serán confinados los lodos y que es propiedad de los comuneros de Mezquitán. Y es que la CEA quiere esos terrenos porque están casi juntos al lugar de donde se instalará la planta de tratamiento de Agua Prieta y al no lograr obtenerlos, se dificultará el traslado de estos residuos. La planta de Agua Prieta saneará ocho mil 500 litros de agua residuales provenientes de las cuencas de Atemajac, San Juan de Dios, San Andrés y San Gaspar. En total, esta infraestructura rondará los dos mil millones de pesos, mientras que la planta El Ahogado, con una menor agua a tratar, dos mil 250 litros por segundo, costará 800 millones de pesos. Con estas dos plantas se limpiará el 100% de las aguas negras que actualmente llegan a ríos y lagos sin ningún tipo de tratamiento, lo que ocasiona que no exista vida acuática por la alta concentración de contaminantes. Coll Carabias indicó que hasta el momento estas empresas ya compraron las bases de licitación publicadas el pasado 18 de noviembre, así que lo resta será una serie de juntas aclaratorias para responder a las dudas de los constructores, para luego presentar a la dependencia sus propuestas económicas. “Yo calculo que si nos va bien, en unos tres o cuatro meses, osea en abril del año próximo podemos estar recibiendo (las propuestas económicas de las compañías participantes), pero tú sabes que todos estos procesos licitatorios están también en una ley en el que le permite a todos los participantes pues inconformarse o solicitar periodo mayor para entregar las ofertas, en el caso anterior tuvimos que dar 30 días más, en fin, ese tipo de cosas se van negociando, se van viendo según se desarrollen”, precisó. Ésta sería la segunda licitación que se publica, pues la anterior fue declarada por la Comisión Estatal del Agua como desierta. Por su parte, Ricardo Robles, director de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la CEA, subrayó que los constructores tendrán un gran reto ingenieril, pues el terreno donde se levantará la planta es muy accidentado. “Es un terreno complicado, pero estamos conscientes de ello, porque desde el punto de vista estratégico en relación a las aguas que llegan aquí, es el punto adecuado. Si los ponemos en otro lugar, al rato vamos a tener bombeos, imagínense lo que va a costar el proyecto, entonces este es el punto prácticamente único, es un terreno accidentando, pero definitivamente es factible y existe la solución para poner aquí una planta de esa capacidad”. El funcionario admitió que por las características del suelo, la obra podría ser más costosa pero insistió en que no hay otro sitio. La construcción de la planta de Agua Prieta por lo menos se llevará 36 meses, por lo que podría comenzar a edificarse hasta 2010. Vigila “testigo social” proceso de licitación Un “testigo social” le está dando seguimiento al proceso de licitación de la planta de tratamiento de Agua Prieta. Se trata del experto en hidráulica Elías Sahab Haddad, quien ayer acompañó a las companías concursantes en su recorrido. El exfuncionario de la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos, ahora conocida como la Comisión Nacional del Agua, forma parte de un consejo ciudadano que labora de manera independiente a la Secretaría de la Función Pública. En entrevista, señaló que la intención de su participación es vigilar que el proceso de adjudicación sea “transparente”, para que no haya dudas del proyecto. “La intención es que no haya ninguna selectividad, que todo sea parejo. Que las personas que participan se sientan que van a trabajar con transparencia, con profesionalismo, con ninguna ventaja hacia nadie, para que el concurso sea lo mejor para el país”. Elías Sahab, con una carrera de trabajo en el Gobierno federal de cerca de 45 años y ahora jubilado, también a participado como testigo social en proyectos como la instalación de una línea de conducción de crudos de petróleo en la refinería Madero, así como Ciudad del Carmen, en Campeche para el manejo de residuos especiales que se recaba en las plataformas de Petróleos Mexicanos, entre otros. La zona donde irán a parar los lodos de las aguas residuales, no quiere ser vendida por sus propietarios; recorren empresarios lugar de obras Representantes de empresas constructoras que participan en la licitación de la planta de tratamiento de Agua Prieta, tomaron una serie de fotografías para determinar las características del terreno donde se construirá la obra.

El Ciruelo, pueblo sumergido bajo las aguas de la presa El Cajón

Cecilia Durán - LA JORNADA JALISCO A 132 kilómetros de Guadalajara, en Temacapulín, el gobierno de Jalisco pretende construir la presa de El Zapotillo, cuyo embalse inundará este pueblo fundado en el siglo XVI, además de Palmarejo y Acasico, dos pequeñas poblaciones aledañas. Sus habitantes resisten en una lucha que aún tiene un final incierto. Ubicado a 100 kilómetros de esta ciudad estaba El Ciruelo, en Nayarit, cuya historia puede ser un espejo de lo que podría vivir Temacapulín en un futuro próximo. Con la construcción de la presa El Cajón se inundó la comunidad, previas promesas de construcción de escuelas y calles hechas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que aún no han sido cumplidas, y a los pobladores les fueron expropiadas sus casas y sus tierras. En la historia del pueblo está basado el documental El Ciruelo, de Emiliano Altuna y Carlos Rossini, que obtuvo mención del jurado en el Festival de Cine de Morelia. Hacer una película de todo un pueblo Los realizadores investigaron sobre la construcción de la presa, iniciada en el 2003 y concluida este año, con el interés de hacer un documental basado en el grupo de gente afectado por una circunstancia adversa, porque supuestamente con la presa llega el "progreso" que arrasa con sus vidas. Viajaron a El Ciruelo en el momento en que la gente estaba siendo trasladada a El Nuevo Ciruelo, y esta situación colaboró para captar justo el momento en que dejaban las casas ocupadas durante años. Las imágenes captadas en la cinta muestran el agua arrasando con las casas de adobe, las tierras, la iglesia, las calles y la gente sacando de apuro sus pertenencias en camionetas de la CFE. Hay numerosos momentos impactantes en el documental, los silencios dicen mucho, la incertidumbre es una constante en todos los pobladores, nadie sabe para qué se hizo la presa y si su construcción es positiva o negativa. "Llegamos justo cuando el agua estaba subiendo, cuando la gente se estaba mudando. Sabíamos que queríamos hacer una película de todo un pueblo, no de una persona o una situación particular. Queríamos hacer protagonista a todo el pueblo ante la situación, por lo tanto teníamos que seguir a varios personajes. Por otro lado, teníamos claro contar de una manera más observacional, algunos dirían antropológica, sin intervenir nosotros y contar la historia cerca de los personajes, no irnos a opiniones externas", dijo Altuna. "Lo estético siempre fue secundario. Teníamos planos bonitos y decidimos dejarlos afuera, porque carecían de contenido. Por más que es importante lo estético, el contenido dictaba la forma". Rossini explicó que el nudo de la película estaría en la mudanza. "Si hubiésemos llegado en el momento en que aún existía el pueblo, hubiese sido más nostálgica y menos vivencial como lo es ahora. Creo que ahí ganó mucho la película y le da mucho a los personajes, porque el vivir los hechos toca en un punto delicado para nosotros que es la dignidad de la gente. Si hubiéramos captado al pueblo antes de hundirse, creo que hubiéramos perdido eso tan importante para el final de la película que es que el espectador se quede con la dignidad de la gente y de lo que pasaron. En la película, que obtuvo apoyo económico del Imcine, también puede verse cuando funcionarios de la CFE organizan una fiesta para trasladar al santo del pueblo y es en ese momento en donde se ve la resistencia de los pobladores que se niegan a participar de la celebración. "Era indignante ver cómo los estaban engañando. Ellos no nos preguntaron nuestra opinión. Intentábamos observarlos y hablar sólo cuando nos pedían opiniones, pero no involucrarnos al punto de decirles qué hacer. Tratamos de no intervenir en sus decisiones, lo más doloroso fue tratar de ser ecuánimes", dijo Altuna. Rossini contó que "la CFE inmediatamente que vio una cámara nos corrieron muchas veces del pueblo. Cuando aparece la gente de Comisión no pueden explicar nada, lo único que dicen es apaguen la cámara. El pueblo es de la CFE, se adueñaron de todo, legal o ilegalmente, no sabemos, pero nos decían que no podíamos estar ahí, porque el pueblo es de la Comisión. Los pobladores nos alojaron en sus casas". Los directores coinciden en resaltar su deseo de que el documental aporte información a los pueblos en donde se tiene previsto hacer presas, como Temacapulín, La Yesca o La Parota. "La sociedad en general no les importa mucho si hay un pueblo arrasado y ya no tienen de qué vivir con tal de tener más watts de electricidad. Nadie se ocupa de esa gente, nadie los oye, nadie los pela, y es claro que lo que hacemos nosotros tiene que ver con un tema político. Una sociedad con tal de tener más electricidad es capaz de arrasar un pueblo. No le preocupa hacerlo bien y reubicar a la gente de buena manera, que pueda tener un pago digno por su historia, por sus tierras. Nos interesa que quede claro que el público que será víctima de estas cosas lo vea", dijo Rossini. Rossini y Altuna inscribieron El Ciruelo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y aún están en espera de una respuesta para entrar en la competencia.

Michoacán: la fiebre del "oro verde"

El auge de las huertas de aguacate, ese codiciado fruto verde del que la entidad aporta un cuarto de la producción mundial, y el ingreso de personajes y dinámicas propias del crimen organizado, están destruyendo aceleradamente los bosques y desarticulando las comunidades indígenas. La amenaza ya está presente en Jalisco

 

Meseta Purépecha, Michoacán. Agustín del Castillo, enviado

Público-Milenio

 

Todos lo conocen como Luis Arias; en las comunidades purépechas se le teme o se le admira. Su persuasión es doble: amenazas o dinero constante y sonante. Su leyenda dice que ha arrasado laderas completas de bosque para instalar huertas de aguacate, pagando de 30 mil a 60 mil pesos por hectárea, y ha reducido a cientos de indígenas a la condición de peones. Es un nombre emblemático dentro de la "fiebre del oro verde" que vive su auge en Michoacán, y comienza a invadir el sur de Jalisco.

Al calor de este movimiento febril, lleno de historias parecidas a las de este colonizador-depredador, están desapareciendo algunos de los macizos forestales más importantes del oeste mexicano.

La alarma se ha encendido entre los ambientalistas: el cambio de uso de suelo forestal para crear huertas tiene un ritmo de 2.5 por ciento anual en la llamada "franja aguacatera", con 775 mil hectáreas, casi el triple de la tasa de deforestación del país (según la Comisión Nacional Forestal), y contra menos de uno por ciento que se registra en la generalidad del estado. Son 25 municipios michoacanos con 12.5 por ciento del territorio estatal, donde se concentra este cultivo que le ha dado fama mundial.

La derrama económica del cluster del aguacate supera ocho mil millones de pesos, pero se distribuye de forma desigual. 70 por ciento de las huertas son propiedad privada, y las comunidades indígenas y ejidos apenas reciben migajas de la prosperidad, con la salvedad de algunos núcleos aborígenes que, o bien, han decidido bloquear el acceso de los aguacateros a su territorio, y enfrentan en condiciones precarias la intimidación de las armas, el saqueo de su madera y los incendios "espontáneos", o tienen sus propias huertas y mantienen celosamente su integridad territorial.

"Luis Arias llega a los pueblos y contrata 100, 200 peones y se los lleva a pelar el monte, vendiendo la mayor parte en aserraderos, y enterrando en barrancas otra parte de la madera", señala un testigo. El paisaje entre Pátzcuaro y Uruapan es revelador de ese modus operandi: manchones de antiguos bosques de pino en laderas pronunciadas, y contiguos, amplios plantíos de matitas del codiciado especimen. El depredador llega, tala, siembra el huerto y revende, a precio de oro. Luego va en busca de nuevos bosques.

"Una hectárea de maíz nos da dos mil pesos, cómo se puede competir contra lo que da una hectárea de aguacate, de 100 mil a 150 mil", advierte el presidente de bienes comunales de San Francisco Pichátaro, Heriberto Rodríguez Silva.

Para el director de la Comisión Forestal de Michoacán, Alejandro Méndez López, la intromisión del crimen organizado en esta industria es mucho más que un rumor. "En algunos lugares han recibido a balazos a nuestros inspectores que habían recibido una denuncia por cambio de uso de suelo; en 2007, consideramos que 70 por ciento de los incendios tuvieron que ver con el mismo asunto, y en dos o tres ocasiones en la temporada nos corrieron a las brigadas grupos armados, para que no se apagara el fuego…".

En Michoacán nace un cuarto de la producción mundial del codiciado fruto de aguacate, árbol de la familia de las Lauraceas, cultivado por primera vez en Mesoamérica hace cuatro mil años. Su nombre en náhuatl remite a "agua", pero también a "testículos". Y en una historia de deforestación, de ilegalidad y de violencia, ambas imágenes forman una metáfora convincente, y entonces, Luis Arias quizá sea el aguacatero perfecto.

 

La muerte del bosque

Cada día, el equivalente a un macizo forestal de 53 hectáreas es derribado en la "franja aguacatera", principalmente para abrir nuevas huertas.

La superficie estimada de huertos es de 86,538 hectáreas, 84 por ciento del total nacional, según cifras de Jaime Navia Antezana, del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (www.gira.org.mx).

El especialista contrasta: el aguacate ha sido una bendición para muchos, pero eso no puedo ocultar el desastre socioambiental que le da sustento.

En 2006, datos de la Comisión Michoacana del Aguacate (Coma) revelaban que esta industria producía más de 47 mil empleos directos, 70 mil empleos estacionales y 187 mil empleos indirectos permanentes. Los ingresos de ese año se calcularon en 8,141 millones de pesos. 75 por ciento de la producción la consume el mercado nacional (México es el primer consumidor mundial de aguacate), y 25 por ciento se exporta, principalmente a Estados Unidos. Las exportaciones del sector rebasan 400 millones dólares.

La trascendencia económica es evidente: "de 1989 a 2002, el promedio nacional de precios [de productos del] medio rural se redujo en términos reales en 46 por ciento", mientras "el valor de la producción nacional de aguacate creció 0.3 por ciento", destaca el Plan rector sistema nacional aguacate, elaborado por instituciones académicas, la Secretaría de Agricultura federal (Sagarpa) y el gobierno michoacano, en 2005.

Navia Antezana hace un recuento del lado no amable de este auge: de los 25 municipios de la franja, en once se concentra la mayor dinámica del sector. Allí "se ha perdido 30 por ciento de la cobertura forestal [a partir de 1990]"; de las huertas de esos municipios, "46 por ciento se ubican en terrenos que eran de bosque en 1990 y 54 por ciento en terrenos reconvertidos del uso agrícola".

Quienes han subsidiado este crecimiento anárquico son ejido y comunidades purépechas desorganizados. Ejidos sin manejo forestal han perdido la mitad de sus tierras desde 1990; vendieron la mayor parte de sus tierras de uso común a terceros y cuentan con estructuras de gobierno interno debilitadas. El proceso comenzó desde antes, con la venta de madera; las mafias de talamontes propiciaban ese desorden.

En cambio, los que supieron pasar a esquemas de manejo lograron fortalecer sus gobiernos internos, establecer de forma ordenada el desarrollo y estructuras internas y democráticas muy fuertes.

El experto señala tres momentos clave de políticas públicas que propiciaron el problema: la reforma al artículo 27 constitucional, que abrió la posibilidad de meter las tierras ejidales y comunales al mercado; la Ley Forestal de 1992, que "liberó" el transporte de la madera y generó "uno de los mayores índices de deforestación y de tala ilegal en todo México"; finalmente, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que eliminó barreras a la exportación del aguacate. Todo eso "aumentó la presión sobre las tierras de bosque".

Navia Antezana pone en relieve que la enorme importancia de este cluster ("concentración de empresas relacionadas entre sí, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un polo productivo especializado con ventajas competitivas", define la Wikipedia) obliga a mirar hacia las consecuencias políticas y sociales del cambio de uso de suelo en la región.

"Lo que sí parece evidente es que la industria del aguacate se ha convertido en uno más de los poderes fácticos en Michoacán; así lo evidencia su capacidad de establecer miles de hectáreas del fruto sin haber obtenido un solo permiso de cambio de uso de suelo –pues en Michoacán no se permiten desde hace más de veinte años- […] la impunidad de su actuación, a la vista de todos y ante la total displicencia de las autoridades; la apropiación de recursos como el agua que ya está afectando a terceros y, finalmente, la influencia desmedida que ejerce sobre las agencias del estado", resume en su artículo El aguacate, éxito económico y destrucción forestal.

Por si fuera poco, hay indicios de que el desorden puede revertirse contra sus propiciadores. Un análisis de la calidad de suelo y clima de la zona de expansión del aguacate, elaborado por el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), no sólo reconoce que 20 por ciento de las más de 86 mil ha de huertos se ubican sobre espacios originales de bosque, sino que la expansión desmedida se está dando sobre sitios menos favorables al aguacate por condición de suelos, agua, sombra y clima. 23 por ciento de esta superficie ya es considerada "en condiciones marginales" en cuanto a altitud; 24 por ciento en cuanto a clima, 24 por ciento para temperatura máxima y 40 por ciento para mínima, lo que de forma inevitable significa menor producción y negocio.

¿Quiere decir esto que se ha llegado al tope en la expansión de la frontera aguacatera? La realidad indica lo contrario, y no sólo en Michoacán. Jalisco se ha sumado de forma entusiasta a la fiebre del "oro verde".

La Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) reconoce un irresistible crecimiento de huertas en la región sur; "en el año 2006 se tenían reportadas tanto de riego como de temporal una superficie de 1,574 hectáreas, de las cuales 768,13 se encontraban en producción, con un rendimiento promedio de 8,25 toneladas por hectárea […] para 2007, aumentó a 2,167 hectáreas, con una superficie en producción de 1,025.76 y un rendimiento de 9,95 toneladas por hectárea".

La junta local de sanidad de Zapotlán el Grande informa que "a la fecha se tienen anexadas a esta junta aproximadamente dos mil hectáreas, y sin afiliarse un promedio de 500 hectáreas más en desarrollo".

La Seder dice que no hay daño ambiental qué reportar, pues se están ocupando viejos terrenos de cultivo. Pero un paseo por los bosques del Nevado de Colima o por la sierra del Tigre no permite tanto optimismo: el patrón de las mafias michoacanas está en vías de reproducción.

 

La defensa de las comunidades

San Francisco Pichátaro es una comunidad indígena cercana al lago de Pátzcuaro que se ha tomado en serio el deber de resistir el boom aguacatero.

"El asunto del aguacate empezó a subir, aparte se metió el Procede [Programa de Certificación de Derechos Ejidales], y a todos los ejidos de la cuenca los partió, en lo que es tierra de uso común y de bosque […] todo mundo empezó a vender, muchísimo aguacate se está metiendo y se está acabando el bosque, el agua […] nosotros decidimos no permitirlo, Procede no pudo seguir para permitir la privatización de las tierras y hemos enfrentado a los invasores", explica el presidente de bienes comunales, Heriberto Rodríguez Silva.

"Tenemos esa presión fuertísima; estamos aguantando como área de contención, aquí no hay aguacate, pero nos están presionando, ¿cuánto quieren por sus tierras?; son hasta 100 mil pesos por una hectárea, y así quien no le va a entrar. Y para una huerta establecida el valor es de 700 mil hasta un millón de pesos".

- ¿Cuál es el daño que está generando el aguacate?

- Primero, un comunero normal no puede acceder a tener una huerta de aguacate, porque es muy costosa, entonces pueden entrar capitales de muy dudosa procedencia y le dicen, "véndeme la tierra y yo me encargo ahí de hacerlo"; entonces viene la división de las comunidades; en Tingambato por ejemplo, ya todos los indígenas son peones, perdieron todo, y nosotros aprendemos de esas experiencias […] aquí hubo una asamblea y no se permitió la entrada del Procede, y sin embargo, para delimitar las tierras, nos obligaron a que se hiciera el padrón de comuneros…".

Entonces, las instituciones agrarias han logrado penetrar, y como en otros negocios, suelen ser cabeza de playa para mover a comuneros a que vendan, añade el comisariado. Pichátaro también enfrenta, con muy poco respaldo gubernamental, a los madereros ilegales, muchos de los cuales traen acuerdos con los aguacateros para provocar incendios y saquear potreros que faciliten su cambio a huertas.

"Hay mafias armadas […] llegan de noche y se llevan la madera, no hay forma de enfrentarlos porque andan muy bien armados, es muy difícil; nosotros negociamos de comunidad a comunidad para que no vengan, pero siempre se nos brincan". Rodríguez Silva estima que la ausencia gubernamental obligará a que las comunidades se provean solas su seguridad, organizadas. Un eco de las autodefensas rurales, que en tiempos de violencia revolucionaria, tuvieron auge en muchos rincones del país, con todo y excesos.

 

Milagros michoacanos

El pasado 18 de noviembre, el presidente Felipe Calderón Hinojosa visitó Uruapan, para presidir la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación de Productores Empacadores y Exportadores de Aguacates de Michoacán, y resaltar la gran prioridad para su gobierno de fortalecer la industria aguacatera en tiempos de crisis financiera mundial, dada la gran derrama económica que se genera.

De hecho, el fenómeno económico en torno al "oro verde" tiene rostros insospechados.

La Familia, agrupación criminal más extendida por Michoacán, entendió desde el principio el valor fabuloso de un negocio legal al alza y con bendición gubernamental. No solamente muchos narcotraficantes se presentan socialmente como "aguacateros" (y el cártel del Milenio también es conocido como "del Aguacate"), no sólo invierten en el sector para "blanquear" sus recursos ilícitos, sino que operan vendiendo protección.

La Familia trabaja en 87 de los 113 municipios de Michoacán, y controla cabarets, negocios de máquinas tragamonedas, la piratería, gran parte de más de dos mil puntos de venta de droga, cientos de aserraderos ilegales (se estima hay unos tres mil), venta de armas, presidencias municipales (nombran a los jefes de la policía y tesoreros). La protección a los negocios establecidos es obligatoria; los aguacateros, si no son parte de la mafia, pagan de 2,500 a 25 mil dólares de cuota. Sólo algunas comunidades indígenas resisten. Hoy se habla de la irrupción del grupo criminal rival del cártel michoacano: Los Zetas, que también van por el negocio de protección de otros ilegales, como los talamontes.

Un oasis entre esos espacios de ingobernabilidad lo forma la comunidad indígena Nuevo San Juan Parangaricutiro, cerca de Uruapan. Su historia pudo ser tan desastrosa como otros vecinos purépechas, pero los aborígenes han levantado uno de los negocios agrícolas y forestales de régimen comunal más impresionantes del país.

"Dicen que nosotros somos indígenas mejorados", señala irónico Daniel Aguilar Saldaña, director técnico de las empresas comunitarias.

Añade: "Lo que pasa es que lo que aquí la comunidad ha hecho que esto funcione y que todo esto siga adelante; es por la unión que se tiene […] muchas comunidades que nos visitan son más ricas en bosque que nosotros, pero lo que no funciona es que no se ponen de acuerdo, que haya grupos de choque, grupos de esto y esto, y la gente de fuera, que se mete para ganarles...".

Hay una democracia interna sólida y viva. La envidia es un tema que se ha aprendido a procesar. La competencia por los cargos es fuerte, pero siempre es calificada en términos de calidad.

- ¿El fortalecimiento de una democracia interna ha sido la clave?, eligen todos, todos discuten, todos tienen derechos y los ejercen…

"Así es", contesta convencido. "Tan lo es, que desde 1983, en que comenzó la historia de las empresas, cada primer domingo de mes se hace asamblea con los comuneros, y no se ha interrumpido nunca una junta; la asamblea pide cuentas de todo, exige que se le diga qué pasa, y la gente responsable tiene qué responder […] si nosotros [como directivos] queremos que se haga un proyecto y la asamblea dice que no, no se hace, ellos mandan".

El control del bosque y sus recursos es total. Poseen huertos de aguacate, aserradero, mueblería, almacén de resina, desarrollo ecoturístico y hasta una estación de televisión por cable. Los incendios son mínimos y el saqueo de madera casi nulo. Las empresas comunales generan 800 empleos directos en la zona, son el principal empleador regional.

Y todo esto, en medio de la fiebre del "oro verde", que amenaza con reventar la riqueza de los bosques michoacanos, las montañas sagradas de la raza purépecha guiada por el dios Tirepeme Curicaueri, y de la república de los indios evangelizados por la dulce férula de Tata Vasco de Quiroga.

Michoacán no es Sicilia, pero cada día se le parece más. Michoacán no es Nuevo San Juan, pero algunos quieren reproducir su milagro.