Representantes indígenas exigen cancelar el proyecto carretero Amatitán-Huejuquilla

Exigen al gobierno se disculpe públicamente de sus errores y repare los daños causados


Juan Carlos G. Partida - LA JORNADA JALISCO

Mesa de Tirador, municipio de Bolaños, Jal., 6 de julio

Representantes de al menos diez pueblos indígenas de la región Centro-Pacífico de México reunidos entre sábado y domingo en esta remota comunidad wixárika del norte de Jalisco acordaron, durante la celebración del XXI Congreso Nacional Indígena (CNI), una participación conjunta para impedir la explotación y el despojo de su soberanía territorial con énfasis especial en el respeto irrestricto a la decisión de la comunidad de Tuapurie para cancelar la ejecución del proyecto carretero Amatitán-Huejuquilla El Alto en el tramo correspondiente a sus tierras comunales.

“Ratificamos la Declaración de Awatsaita (Ciénega de los Caballos) suscrita en la XX reunión del CNI en la región y hacemos nuestras las siguientes demandas de la comunidad de Tuaupurie expresadas a través de sus asambleas para que no se siga hostigando, difamando y amenazando a sus autoridades, voceros y asesores por parte de los tres niveles del mal gobierno; estando la comunidad abierta al diálogo, que el gobierno se disculpe públicamente y por escrito con la comunidad, reconozca sus errores y repare los daños y perjuicios causados con la ilegal construcción de la carretera Amatitán-Huejuquilla El Alto en el tramo correspondiente a sus tierras comunales; se destituya a los funcionarios públicos involucrados en la ilegal construcción de la carretera y se abstenga el gobierno de militarizar o paramilitarizar la región con la finalidad de intentar nuevamente la imposición del proyecto carretero”, señala el manifiesto final, terminado poco después de las 19 horas de este domingo.

El año pasado el gobierno panista estatal comenzó el trazo de la mencionada carretera; los wixaritari de la comunidad de Santa Catarina se quejaron de no haber sido tomados en cuenta para el proyecto, el cual comenzó a realizarse y pasó por el territorio comunal de Tuapurie, sepultando debajo de las rocas removidas dos sitios ceremoniales, el conocido como Paso del Oso y un Ojo de Agua del que los indígenas peregrinantes hacia uno de sus sitios sagrados, Real de Catorce, tomaban agua que consideran bendita. Ante los hechos, desde febrero los wixaritari de esa comunidad decidieron hacer un bloqueo que se mantiene hasta ahora, ante la falta de acuerdos con el gobierno estatal.

“El proyecto de la carretera Amatitán-Huejuquilla El Alto, actualmente paralizado por la lucha y la movilización activas de la comunidad wixárika de Tuapurie, tiene como finalidad fragmentar y privatizar el territorio wixárika con el propósito de propiciar el despojo de la madre tierra en la región occidental del país”, se agregó en la conclusión.

En las dos largas jornadas participaron wixaritari de las comunidades de Wauta y Tutsipa (San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños), Tapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) y Uweni Muyewe (Bancos de San Hipólito, Durango); nahuas de Ayotitlán, Tuxpan del sur y de La Yerbabuena, Colima; purhépechas de Nurio, Uruapan, Arantepacua, Cherán y Nuevo Urecho, Michoacán; migrantes zoques de Chapultenango, Chiapas; cuicatecos de Cacalotepec, Oaxaca; mixtecos de Plan de Zaragoza, Oaxaca; migrantes triquis de San Juan Copala, Oaxaca; Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), Oaxaca; las tribus yaqui de Vicam, y mayo de Yoreme, Sonora; nahuas de Tepeco, Hidalgo, y de Huitziltepec, Puebla, además de Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco.

Unión contra el mal gobierno

Divididos en cuatro mesas de trabajo, los representantes de los pueblos que asistieron realizaron un trabajo basado en tres ejes temáticos que giraron todos en torno a la soberanía de las comunidades indígenas del país, que han sido fuertemente atacadas por las políticas neoliberales y capitalistas de los tres órdenes constitucionales de gobierno, que buscan terminar con sus tradiciones ancestrales para que sus ricos territorios sean presa del interés económico bajo el pretexto del desarrollo.

“Nuestro rival que tenemos enfrente no es fácil de enfrentarlo, pero nosotros hemos vivido siempre con dignidad y les hemos hecho frente siempre, ahora estamos aprendiendo a unirnos aunque el esfuerzo del mal gobierno por dividirnos es también intenso”, dijo Salvador Campanur, purhépecha quien también ofreció una larga explicación para rememorar el nacimiento y los objetivos del CNI. Además se pugnó por realizar acciones muy concretas para manifestar el repudio hacia la política de Felipe Calderón en el sureste del país, una avanzada militar que quienes acudieron al Congreso señalaron como la parte inicial de una nueva escalada violenta y militarización de las comunidades bajo el pretexto del combate al narcotráfico.

En sus conclusiones el XXI Congreso del CNI enfatizó que durante los últimos meses y días “el mal gobierno, violando nuestros derechos más fundamentales y respondiendo a los intereses de los grandes consorcios capitalistas, ha recrudecido la guerra de exterminio en contra de pueblos, tribus y naciones a través de la aplicación de diversos proyectos y políticas neoliberales que tienen como finalidad despojar nuestras tierras y territorios, robar y destruir nuestra cultura y provocar la migración y explotación despiadadas de nuestras comunidades”.

Se afirmó que la incursión de numerosos convoyes militares provenientes de los cuarteles de Toniná, Patiwitz y San Quintín, acompañados por policías judiciales y de seguridad pública estatal, el pasado 4 de junio en la comunidad zapatista de La Garrucha, Chiapas, además de las reiteradas provocaciones en contra de la reserva comunitaria zapatista “El Huitepec” que desde el mes de marzo del 2007 está bajo la responsabilidad y la protección de la Junta de Buen Gobierno “Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo”, zona Altos de Chiapas, “forman parte central de la violenta guerra de exterminio en contra de los pueblos zapatistas y los pueblos indígenas del país”.

También se señaló que la política del gobierno federal busca la desaparición de los maíces nativos, ha propiciado el desabasto y carestía de alimentos básicos, políticas que como el corredor marítimo en el Pacífico o los supuestos proyectos turísticos hacia las zonas indígenas “buscan la destrucción de nuestra madre tierra a través del despojo de nuestros territorios y cultura y la privatización de las costas, las aguas, el viento, la lluvia, las plantas, los animales, los minerales y los energéticos que constitucionalmente corresponden a la propiedad de la Nación mexicana”.

Se quejaron de las “contrarreformas al artículo 27 constitucional en 1992, junto con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte” porque han generado la ruina de las comunidades indígenas y de los campesinos en general, la migración masiva. Criticaron la militarización del país y la aplicación de la Iniciativa Mérida con la finalidad de poner bajo el control de los Estados Unidos de América al Ejército y a las corporaciones policíacas nacionales y desatar una amplia ofensiva represiva en contra de las luchas y movimientos sociales que atenten o se opongan a los intereses neoliberales.

“Nos pronunciamos en contra de la salvaje destrucción que el capitalismo neoliberal impone a toda la humanidad; nuestros pueblos, tribus y naciones sueñan, proponen y construyen un mundo distinto sobre las bases del respeto y la protección de la madre tierra y la continuidad de la vida, la preservación de nuestra identidad y el fortalecimiento de nuestra organización comunal opuesta a la organización capitalista de la sociedad que mercantiliza la vida. El daño que se le ha producido a la madre tierra es demasiado grande y nuestra lucha es para detener la siembra de tanta muerte”, concluyeron.

El manifiesto leído a partir de las 20 horas de este domingo condena y se declara alerta de cualquier agresión contra las comunidades zapatistas, respalda a la comunidad wixárika de Wauta (San Sebastián Teponahuaxtlán) en la recuperación de su territorio con relación a las invasiones que sufre actualmente por parte del ejido Puente de Camotlán y ganaderos de Huajimic, ambos del municipio de La Yesca, Nayarit; se une a la inconformidad de la comunidad de Wauta en contra de la fuerte contaminación del Río Camotlán que atraviesa su territorio, impunemente provocada por el vertedero de desechos que realizan habitantes de Puente de Camotlán con la complicidad de la Comisión Nacional del Agua. También exige el reconocimiento legal a favor de la comunidad autónoma wixárika de Bancos de San Hipólito, Durango, sobre sus tierras comunales, las cuales “fueron ilegalmente tituladas a favor de la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa”.

Finalmente los pueblos reunidos en Mesa del Tirador ratificó el carácter anticapitalista de su lucha, su adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y participación dentro de La Otra Campaña “y llamamos a nuestros pueblos a no creerse del mal gobierno y a continuar su lucha por el ejercicio de su autonomía y sus derechos en la vía de los hechos. Asimismo llamamos a los pueblos indígenas de América a continuar el esfuerzo iniciado en el Encuentro de Vícam, hermanando nuestras luchas y resistencias contra el capitalismo a lo largo de todo el continente”.

Un juez ordena quitar 600 ha a La Primavera

Se confirmó en segunda instancia una sentencia de amparo a favor del comisariado ejidal de Santa Ana Tepetitlán, que deja casi 600 hectáreas de bosque fuera de la zona protegida, lo cual las hace susceptibles de urbanización; el gobernador de Jalisco y la Secretaría de la Reforma Agraria fueron omisos en la defensa.

La Primavera pierde 584 hectáreas, aproximadamente. Además, otras reservas ecológicas del país podrían ser atacadas por la misma vía. Foto: Público

Agustín del Castillo - PÚBLICO

En el último año, la presidencia de la república no tuvo argumentos jurídicos suficientes para defender ante dos instancias judiciales la integridad territorial del área de protección forestal y de fauna La Primavera, creada en 1980, por lo cual la reserva boscosa acaba de perder en forma definitiva casi 600 hectáreas de su superficie, las cuales, de este modo, podrán sumarse a la especulación inmobiliaria.

Ése es el efecto de la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, que notificó la pasada semana que “hasta 584 hectáreas” de la primera ampliación del ejido Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, enclavadas en esta serranía, ya no forman parte de la reserva ecológica más importante de la región metropolitana de Guadalajara.

En la revisión 465/2007 del juicio de amparo 413/2001, con el voto dividido de los tres ministros integrantes, dos de ellos consideraron válido equiparar —por sus efectos jurídicos— una expropiación (en la cual el Estado se queda con la propiedad de los bienes) con una declaratoria de área natural protegida (en la que sólo limita sus usos), y al no haber sido notificados los quejosos del decreto de la reserva de 1980, ni mucho menos oídos y vencidos, como lo establece el artículo 14 constitucional, determinaron que el decreto del presidente José López Portillo es violatorio de las garantías individuales.

Esto viene a confirmar los términos de la sentencia emitida un año atrás por el juez tercero de distrito (la primera instancia en que el gobierno fue derrotado), la cual fue recurrida tanto por el Ejecutivo federal como por un grupo disidente de ejidatarios, quienes ven, detrás de la “lucha reivindicatoria” de su comisariado ejidal, un fabuloso negocio de especuladores inmobiliarios, nada extraño en la historia de la segunda ciudad del país, mucho menos en estas florestas largamente codiciadas para desarrollos residenciales.

Lo que más preocupa a los ambientalistas y responsables del bosque es que este caso desate un “efecto dominó”: los promotores del amparo acaban de mostrar el camino legal para desvirtuar el mandato presidencial. A decenas de propietarios del interior de la reserva, que vieron frustrados sus grandes negocios con el decreto de hace 28 años —cómo olvidar Ciudad La Primavera, faraónico desarrollo de medio millón de habitantes con que soñaron Jorge Dipp y sus socios en el interior de las montañas—, parece que les ha llegado la hora de revertir los hechos que, a su juicio, les despojaron de derechos legítimos para explotar y especular.

Lo peor es que gran parte del sistema nacional de áreas naturales protegidas está construido sobre el mismo frágil supuesto: afectar usos y destinos de los terrenos bajo el argumento del superior interés público, sin cambiar el régimen de propiedad. Ésa es la esencia del “modelo mexicano de conservación”.

¿Puede un caso específico, que abarca apenas 2 por ciento de la superficie de La Primavera, cambiar la historia de la protección ambiental para siempre? Pronto habrá respuestas.

• El ejido de Santa Ana Tepetitlán reclamó su derecho a influir sobre el destino del territorio de bosques que ya no está dentro de la reserva. Foto: Iván García

Los hechos

La cuestionada dirigencia del ejido Santa Ana Tepetitlán argumentó que la creación de la reserva ha significado la desposesión real de sus terrenos forestales en la zona de la primera ampliación, que abarca 640 hectáreas, casi todas boscosas, y además, que el decreto que formó el área protegida señala literalmente que la superficie afectada asciende a “30,500 hectáreas de propiedad particular”, lo que, a su juicio, excluye otro tipo de propiedad, como son en México la comunal, la social o ejidal y la pública.

Les creyó el juez tercero de distrito en materia administrativa con sede en Guadalajara, al emitir su resolución sobre el juicio de amparo 413/2001-3, el 19 de abril de 2007.

En ella, determina que “la justicia de la unión ampara y protege al ejido Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, en contra de las autoridades responsables Presidente de la república, secretario de la Reforma Agraria y gobernador del estado de Jalisco, que se hicieron consistir en el decreto expedido por el primero [el Presidente] el 19 de febrero de 1980 [publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente], y el acuerdo y convenio celebrados el 18 de agosto de 2000 y 8 de enero de 2001, por el gobernador del estado de Jalisco…”.

Esto significa que el territorio ejidal referido fue afectado por el decreto, en condiciones equiparables a las de una expropiación, por lo cual queda fuera de la zona de protección de La Primavera, pues la sentencia es “… para el efecto de que dejen insubsistente el decreto reclamado, respecto de la superficie propiedad del ejido quejoso, así como sus consecuencias”.

Como la resolución dañaba el interés general, la presidencia de la república y los ejidatarios disidentes interpusieron el recurso de revisión. Las actas del toca 465/2007, que obtuvo este diario, revelan cómo fue el proceso.

¿Qué arguyó la representación del Poder Ejecutivo Federal? Insistió que el amparo debía “sobreseerse” (dejarse sin efecto por carecer de materia jurídica), pues “el decreto reclamado no cancela los derechos agrarios de los habitantes de las zonas de afectación”, y además, que el artículo 27 constitucional establece el derecho del Estado a establecer regulaciones a la propiedad.

“Es claro que el decreto que se tilda de inconstitucional de ninguna manera constituye un acto que deba ser puesto a consideración del quejoso, ya que el mismo obedece al deber que tiene el Estado de conservar los recursos forestales y las especies de flora y fauna silvestres del territorio nacional, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 27 constitucional…”, señala.

Hay una evidente primacía del interés general sobre el particular, lo que permite “restringir privilegios” si las condiciones varían en cuanto al equilibrio ecológico, añade.

Y rebate la equiparación a expropiación. El juez “confundió el concepto de expropiación con el de modalidad de la propiedad […] el asunto a dilucidar es simple y sencillamente una modalidad de propiedad, sin que se vean afectados esos derechos reales […] no estamos en presencia de un acto de privación, como tampoco ante la imposición de una pena, supuestos exclusivos en los que opera la garantía de audiencia […] la sentencia no apreció el acto reclamado en su verdadero sentido […] no existe la afectación al artículo 14 constitucional a que alude el juez…”.

En cuanto a los ejidatarios disidentes de Santa Ana, consideraron que sus “supuestas autoridades” estaban conformadas por ejidatarios privados de sus derechos agrarios por haber incurrido en anomalías como la venta ilegal de parcelas, por lo cual no eran “verdaderos representantes” de la asamblea y, más bien, tenían el respaldo de los intereses especuladores que han fraccionado buena parte del territorio ejidal, actualmente invadido de asentamientos humanos irregulares.

El escrito de revisión lo firman Tranquilino Flores Aguilar y cinco campesinos más, como “comisionados para la administración y resguardo de las 641 ha que componen el potrero Las Lomas y que forman parte de la resolución presidencial de primera ampliación”.

El ejido “siempre ha tenido y tiene como beneficioso el decreto [de La Primavera] impugnado porque el mismo no nos afecta en nuestra propiedad y, al contrario, gracias a su protección se ha evitado en parte que el Ayuntamiento de Zapopan y los sedicentes comisariado ejidal y el licenciado José Antonio Soto Becerra hubiesen terminado de despojar a nuestro ejido…”.

A su juicio, esa pretensión es clara: los bosques de Las Lomas se integrarían a una amplia y multimillonaria especulación de terrenos urbanos.

¿Qué respondió el tribunal a los impugnadores? Descalificó sus argumentos.

Al Presidente de la república le insistió que había afectación real de derechos: “El decreto impugnado se equipara a un reglamento federal, y éste a su vez, a la ley, en su aspecto material”, pues fue emitido con esas atribuciones que le da el artículo 89 constitucional al Presidente de la república. Por ende, son inobjetables las violaciones a las garantías individuales materia de los juicios de amparo.

A los ejidatarios, les negó personalidad jurídica como representación sustituta y les dijo que no podían oponerse a un amparo, pues la naturaleza de éste es beneficiosa para ellos. Entonces vino la resolución confirmatoria, que le revela a la sociedad de Jalisco, y a la mexicana en general, las precarias bases legales sobre las que se asienta la protección de la naturaleza, uno de los ejes fundamentales de la gobernabilidad en nuestro tiempo. A los fraccionadores les llega una especie de susurro que seguro atenderán, hombres hábiles que son: “¡Ya volvió el tiempo para los negocios!”.

• Santa Ana, en Zapopan. Según el ejido, el decreto que estableció la reserva terminó por afectarlo. Foto: Iván García

Recuentos de lo extraño

¿Quién estuvo ausente de este proceso judicial? La sentencia de amparo fue concedida contra actos del Presidente de la república, pero, además, del secretario de la Reforma Agraria y del gobernador de Jalisco, así como de los directores del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara y del Registro Agrario Nacional. Sólo compareció para la revisión la primera autoridad. Los motivos: ¿mero desinterés, confianza extrema en el papel y el poder de la institución presidencial, o compromisos vergonzantes?

Luego vino una ponencia del magistrado Álvarez Escoto, que pedía no confirmar la resolución impugnada y regresar el asunto al juzgado, pero sus compañeros, Rogelio Camarena Cortés y Jaime Ramos Carreón, no lo respaldaron, y simplemente ratificaron una sentencia cuyas consecuencias no pueden desconocer: deja en situación de precariedad la armazón jurídica de todas las áreas protegidas del país. ¿Puro amor a la ley?

Los disidentes de Santa Ana están preocupados por lo que venga: “Así nos fue, y eso que nuestro aliado era el Presidente, que antes era poderoso pero ahora ha sido humillado”, dice uno de sus abogados. Y luego repone, sapiencial y malicioso: “Cuando hay negocio, hasta al Presidente le toca perder…”.



- Claves
Lo que sigue

• ¿Qué efectos jurídicos y prácticos puede traer la resolución final del amparo a favor del comisariado de Santa Ana Tepetitlán y en contra del decreto de La Primavera? Aquí, algunos escenarios

• El efecto dominó. Propietarios y ejidos de la reserva se amparan siguiendo el exitoso ejemplo del vecino, con el consiguiente riesgo no sólo para sostener La Primavera, sino cualquier área protegida decretada sin afectar propiedades en el país

• El gobierno de la república y las entidades federales y estatales involucradas meten recursos jurídicos para subsanar los vacíos en la defensa ante el amparo 413/2001, lo cual no puede llevar a reabrir el proceso (jurídicamente es ya imposible), pero sí a reestablecer la demarcación protegida con una nueva declaratoria que cubra todas las formalidades legales

• El gobierno de la república demanda penalmente a los magistrados que habrían “torcido la ley” a favor de los amparados y contra los intereses de la comunidad

• Los gobiernos deciden no hacer nada jurídico por el decreto, sino que se limitan a negar permisos de cambio de uso de suelo (federal) y de urbanizaciones (municipal) en el macizo forestal “liberado”

• Guadalajara
Abogados consultados por Público

Encabeza Jalisco ranking de playas sucias

Gilberto Franco - EL INFORMADOR

La organización ecologista Greenpeace denunció que Jalisco ocupa el primer lugar nacional en playas contaminadas. Los miembros de la agrupación acudieron a la Vía RecreActiva y colgaron una manta en forma de medalla en los Arcos de Guadalajara con la leyenda “Jalisco # 1 en playas sucias”.

Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace México, explicó que durante los primeros seis meses de 2008, Jalisco, Chiapas, Campeche, Veracruz y Colima se mantuvieron dentro del “top ten” de las playas más sucias del país.

“No hemos visto acciones concretas en materia de saneamiento de aguas residuales en Jalisco. A pesar de que en 2006 se invirtieron 100 millones de pesos en saneamiento de zonas urbanas de la Entidad, para tener un total de 95 plantas tratadoras de aguas residuales, sólo se sanean el 22.4% de las aguas residuales del Estado”.

De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), las playas de Puerto Vallarta, Acapulco y Tapachula, presentaron riesgos sanitarios en diversas ocasiones durante 2007. La playa Boca de Tomatlán rebasó en ocho ocasiones el límite máximo permisible establecido por la Cofepris, y en 16 ocasiones, el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“México tiene las medidas más laxas para determinar cuando existe un riesgo sanitario. Según la OMS el límite no debe rebasar una concentración de 100 enterococos por cada 100 mililitros y México usa el límite de 500, es por eso que utilizando los criterios de la OMS el 37% de las playas del país presentaron algún riesgo sanitario en 2007”.

Olivera además advirtió que ninguno de los municipios costeros de Chiapas cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, lo que afecta al menos a 590 mil personas que habitan dichas zonas y que se encuentran expuestas a un riesgo sanitario.Dijo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha actualizado en su totalidad la información sobre la calidad bacteriológica de las playas, a pesar de que ya comenzaron las vacaciones de verano.

“Exigimos que en las playas se exhiban los índices de contaminación, ya que el riesgo sanitario significa que hay altas probabilidades de contraer alguna enfermedad”.

Dentro de las playas más contaminadas en Jalisco durante 2007, destacan Boca de Tomatlán, Quimixto, Mismaloya y Playa del Cuale con niveles máximos de seis mil 131, mil 723, cinco mil 476 y dos mil 198 enterococos, respectivamente.De enero a mayo de 2008, la playa de Mismaloya ocupa el primer lugar del ranking, con un nivel máximo alcanzado de mil 201 enterococos.

Cárdenas pide “el máximo” de protección para Los Colomos

Alberto Cárdenas encabezó ayer la jornada de reforestación en la ZMG. Foto: Giorgio Viera

Jaime Ramírez - PÚBLICO

El parque de Los Colomos es intocable, no debe movérsele un metro cuadrado más; bastante daño le hicieron ya los hambreadores urbanos, quienes abusaron muchos años atrás, como para que sigamos pensando que se le puede seguir mordiendo”, dijo Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Agricultura federal, sobre el daño a esa zona pública. El ex gobernador de Jalisco señaló que Los Colomos es uno de los bosques urbanos “más hermosos y maravillosos de este país, y nadie debe permitir que se venga para abajo”.

Reconoció que el gobierno federal no puede hacer nada, porque el dominio es municipal: “Quizá el Congreso del Estado pueda hacer algo, decretar a su máxima expresión para que no toque”.

Explicó que México está abajo de la media internacional que señala que deben de existir diez metros cuadrados de árboles o espacio verdes por ciudadano: “Aquí andamos en los 2.5 o 3.5 metros [cuadrados por habitante]”.

Los tapatíos han ido perdiendo su ciudad cultural y socialmente: Eduardo González

Cecilia Durán - LA JORNADA JALISCO

Cada vez es más evidente la fragmentación en la sociedad tapatía. Aquella vieja división de la Guadalajara antes y después de la calzada ya no existe, se movió. Hoy es la Guadalajara antes y después de López Mateos, que la podemos llevar más al oriente pero no más allá de Chapultepec y Américas, afirmó el profesor investigador Eduardo González en la conferencia La Guadalajara fragmentada, misma que ofreció como invitado de la asociación Ciudad para Todos.

El también colaborador de La Jornada Jalisco sostuvo que hoy existen dos grandes Guadalajaras, una que está al oriente y norte de la ciudad y otra al poniente y sur, y entre las dos hay “una serie de islas o lunares”.

“Si uno pasa por el cerro del Tesoro, el ITESO, Colón y Periférico y se mueve hacia la carretera a Chapala, nos podemos dar cuenta cómo baja la calidad de los servicios urbanos. Pero si se mueven en sentido contrario, y cruzan la zona de Vallarta, empieza a verse otro panorama, que se rompe cuando uno llega a la zona de Santa Margarita, Tuzanía, zonas de Belenes”, dijo.

“Otro caso interesante es la colonia Seattle, que a un lado tiene La Constitución; o la zona de Plan de San Luis, o al recorrer la avenida Mariano Otero y cruzar el Periférico, uno pierde hasta el camino por donde venía; sin embargo, al alzar la vista aparecen Bugambilias, El Palomar. Es decir, a 40 metros de altura hay 100 años de distancia histórica. Esta zona en algún momento será muy conflictiva, cuando los desarrolladores inmobiliarios se la quieran comer, como lo quieren hacer con Agua Blanca, Santa Anita Pueblo, San Agustín.

“Porque si hacemos un barrido de las colonias que se están levantando en López Mateos y Periférico hacia Tlajomulco, son desarrollos muy caros pero tienen frontera con zonas ejidales que no tienen servicios, donde los terrenos ni siquiera están regularizados. Estos enormes lunares urbanos va a llegar un momento en que empiecen a ejercer presión sobre ellos y sobre sus habitantes y nos traerá muchos problemas”.

Aseguró que Guadalajara está fragmentada en lo urbano, en lo político y en las cuestiones de servicios que tienen que dar los gobiernos. Cada vez más se distingue por tener zonas de primer mundo y otras como si fueran en el segundo patio.

Históricamente los tapatíos han ido perdiendo su ciudad en numerosos aspectos, sobre todo en cuestiones culturales y en procesos sociales. Han llegado tarde a muchos movimientos nacionales y políticos. Lo más evidente es la destrucción arquitectónica y la construcción sin planeación.

“Uno se pregunta en la cabeza de quién está ordenar que se construya la misma Villa Panamericana, con todo lo que implica, y otros espacios que lo único que hacen es dejarlos que se caigan para que después sea Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) o Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no puedan intervenir y la mejor opción sea tirar (los edificios) o rematar los terrenos y levantar construcciones como las que ahora tenemos.

“Otro problema que tenemos, y nos muestra la fragmentación de servicios, es la enorme carencia de los servicios más básicos en una buena parte de la ciudad. Hay una Guadalajara que tiene consumos de agua que rayan en los estándares de calidad y hay zonas donde el consumo es de menos de 100 litros”.

Agregó que la fragmentación de Guadalajara se refleja también en las diferentes prácticas culturales.

Violencia latente en la zona de Ayotitlán

Los potreros que los parvifundistas cultivaron hoy están en manos de sus vecinos. Foto: Tonatiuh Figueroa.

Agustín del Castillo - PÚBLICO

La tarde del 15 de enero de 1993, cuando doña María Dolores Vargas Elías y su esposo Pedro Cobián Roblada eran jaloneados por policías preventivos a punta de ametralladora R-15, acusados de ser “invasores de tierras”, la anciana recordó, bajando por las colinas agrestes de El Pedregal, los largos años de la infancia, a salto de mata entre revolucionarios y cristeros, huyendo de la sierra, velando hermanos muertos, viviendo en la costa o en Minatitlán y regresando al monte, para al fin poseer la tierra, reservada a quienes tienen el corazón manso (San Mateo, 5,4).

A partir de 1930, habían pasado 60 años de casi quietud, si no fuera por las irrupciones cotidianas de gendarmes o guardias blancas que defendían la ley de los caciques y de los madereros.

Y llegaron hijos, nietos y bisnietos, y esta tierra en la región de Cuautitlán se pobló de montañas escarpadas y cielos luminosos. Pero ese día invernal de hace quince años, la vida volvería a cambiar completamente.

La mujer añosa relata que durmió en la lobreguez de la cárcel de Telcruz, y al día siguiente en Cuautitlán, junto con una docena de parientes, amenazados de no recibir cena y de ser sumergidos en un pozo de agua “hasta que firmáramos los papeles”. Algunos lo hicieron.

A todos los dejaron salir a la segunda jornada, bajo la advertencia de no regresar.Hoy vive de nuevo en el rancho, pero ninguno de sus hijos puede sembrar las tierras que araron los abuelos.

Doña María dice que El Pedregal fue adquirido a “precio de oro” en el año 1903 por su madre Sebastiana Elías Virgen, por Marcelino Zúñiga y otros socios, que le pagaron religiosamente a Camilo Mateo Jacobo, comisariado de la comunidad de Ayotitlán.

La violencia latente no impide que entre el común de los habitantes de la sierra, las actividades productivas se mantengan.

Siempre fue una pequeña propiedad colectiva, de unas tres mil hectáreas. Hasta que los caciques forestales y los cenecistas intentaron dividir a la larga prole de Sebastiana.

Guadalupe Michel, el famoso Cazango, repartió algunos pesos para quedarse con sus pinares y encineras, y generó la discordia. Caínes y abeles brotaron cuando la comunidad indígena nahua, revertida a ejido, se quiso aposentar de estos solares, treinta años después de la resolución presidencial (1963), jamás ejecutada completamente y que nunca menciona entre los bienes de Ayotitlán las laderas de El Pedregal.

Unos se alinearon con el ejido, otros se negaron a perder sus terrenos.Entonces se dio el desalojo.

En 1995, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 122/95, pidió a la Secretaría de la Reforma Agraria “gire instrucciones a efecto de que se resuelva de manera definitiva la situación jurídica del rancho El Pedregal […] particularmente mediante el seguimiento del acuerdo tomado entre las autoridades ejidales de Ayotitlán y los pobladores del mencionado rancho, a efecto de dar solución a la controversia derivada de la indefinición jurídica que sufre El Pedregal”.

Al gobernador de Jalisco, “que instruya al procurador general de justicia del estado para que se inicien las averiguaciones previas tendientes a esclarecer […] diversos delitos que manifestaron los pobladores del rancho El Pedregal que fueron cometidos en su agravio…”.

Doña María Dolores relata su historia ante la mirada atenta de sus hijos.

Ninguna de las dos recomendaciones se ha cumplido. Doña María tiene 98 años. Y aunque todavía pelea, su lucidez le hace atisbar más amarguras.

Los hijos de la diáspora

Doña María no pudo nacer en El Pedregal en 1910. Sus padres habían debido huir de la marea revolucionaria, que significó casi puro sufrimiento para los habitantes del campo. Fue alumbrada en la seguridad de una finca de El Mamey (Minatitlán).

“Por estos cerros andaba una gavilla, por todos lados, y a los que estaban más acomodados los agarraban y los ahorcaban, les quitaban el dinero, creo que eran carrancistas”.

Conforme se apaciguó el ambiente, regresaron a los potreros adquiridos a los nahuas, pero a mediados de los años 20, mientras la clase revolucionaria se afianzaba en el poder de la república y se acentuaba la violencia por el tema religioso, regresaron las balas a la sierra y los pacíficos debieron salir de nuevo.

“Cuando lo de los cristeros, ellos mataron a un hermano que teníamos, entonces nos fuimos de aquí; teníamos ganado y caballos en el cerro pero los largamos”, refiere la anciana, de cuerpo menudito y de voz temblorosa pero mirada clara.Al firmarse los acuerdos iglesia católica-Estado, de 1929, retornaron los campesinos a sus heredades .

“Yo ya vine aquí otra vez ya grande, teníamos unas vaquitas y aquí las cuidaba”.A sus hijos Jesús, Ángel y Cresencio, y tres más, les tocaron muchos años relativamente tranquilos. Ayotitlán fue dotado como ejido en 1963 y ejecutado, de forma parcial, en 1964, pero “jamás nos notificaron o nos avisaron que hubiéramos sido afectados”, advierten.

El Pedregal hizo un juicio de prescripción ante el Juzgado de Primera Instancia del Partido Judicial de Autlán, para obtener escrituras públicas en el año de 1949. Los herederos del predio aseguran que en total existen nueve escrituras de fracciones de propiedad originales.

“En 1962 se hizo la escrituración de las excedencias en Autlán”. La superficie de la familia andaría así cerca de las tres mil hectáreas. Por eso, el 15 de enero de 1993, pasaron la sorpresa de sus vidas.

“Se nos volteó mucha gente, muchos de los primos hermanos del lado de mi papá se fueron con ellos, y nosotros peleamos del lado de mi mamá [María Dolores]. Nos cayeron con policías, un comandante que se llamaba Apolonio, y nos persiguieron y golpearon. A nuestros padres, ancianos, los jalaban del cuello para llevárselos, a mi hermano Ramón lo golpearon […] rompieron las alambradas, quemaron las milpas o las destruyeron con maquinaria; la casa de nuestros papás la saquearon”, señala Jesús Cobián. “Querían que se firmara la aceptación de que no éramos pequeños propietarios”, añade.

Ramón revela su experiencia: “Me llevaron amarrado a una casa de abajo y ahí ya me llevaron a Telcruz, me recibió la preventiva […] En Chancol se bajaron todos y nomás quedó el que me iba vigilando, y me dijo: ‘Mira, ellos me pagan tanto para que yo te golpie [sic], pero no va a ser así’ […] En mi mochila me echaron una bolsa de mariguana, me dijo ese policía: ‘Mira, yo soy tu amigo, nomás fíjate lo que llevas aquí, te la pusieron para que allá con la investigación con esto te quieren chingar’, y pues sí, pero él me ayudó”.

No regresaron pronto.

Doña María se la pasó un año en casa de su hermana, en Minatitlán. Los hijos salieron a Colima, a Ciudad Guzmán e incluso migraron a Estados Unidos.

Ángel se reinstaló, sólo para comprobar la intolerancia extrema que se había apoderado del ánimo de sus vecinos, casi todos parientes.Por ejemplo, en el terremoto de 1995, que destruyó la finca de su madre, nunca recibieron apoyo gubernamental, pues fueron borrados de las listas oficiales.

Los hijos eran acosados en las escuelas. Los padrones del Procampo también los hicieron a un lado, y ahora solamente pueden trabajar parcelas rentadas, “como si no fuéramos los dueños de todo esto”, señala con tristeza.

Así consigna los hechos la recomendación 122/95: “…en la práctica se ven perturbados en sus actividades agropecuarias y en su propia integridad física y patrimonial por los ejidatarios de Ayotitlán, quienes alegan que el rancho referido forma parte de la dotación ejidal con la que fueron favorecidos, habiendo constancias en las que se manifiesta que el comisariado de Ayotitlán se compromete a estudiar el problema que se comenta y en su momento convenir con los pobladores del rancho sobre la solución a la controversia derivada de la indefinición jurídica que sufre…”.

Pero un escrito de 1997 al gobernador Alberto Cárdenas Jiménez revela que esa intención no pasó de la buena voluntad: “Las autoridades municipales, estatales y federales, a la fecha, desde 1991 que reportamos la invasión ilegal a nuestra propiedad privada, dichas autoridades no han hecho nada por solucionar nuestro problema, aclaramos que ha intervenido la Procuraduría Agraria con oficinas en Autlán de la Grana Jal, nos ponen citas cada quince días más o menos, pero como no se presentan los comisariados ejidales, nunca se ha llegado a un acuerdo que nos favorezca, suponemos que hay acuerdos económicos privados, que son sobornados como lla [sic] ha venido siendo costumbre”.

Hoy, los Cobián Vargas y sus parientes aliados han abierto un juicio agrario en el tribunal competente, enclavado en Colima, cansados de esperar a que las autoridades legales y las de facto les reconozcan algo de su antiguo derecho.

Desasosiego centenario

El rancho El Pedregal cumple 105 años de fundación. María Dolores Vargas Elías, nacida en 1910, entre los rumores de los máuseres y las matanzas cruentas de los años revolucionarios y cristeros, parece despedirse de la tierra prometida —entre montañas escarpadas y cielos memorables— recordando discordias y desasosiegos, hermanos muertos e hijos perseguidos, caínes y abeles, judas y centuriones, y bienaventuranzas aplastadas, como si fuera la guardiana de una paz imposible.

Ayotitlán y El Pedregal: una disputa sin soluciones

Las tierras yermas, desgastadas a tantos años de sobreexplotadas, no merman su valor identitario. Foto: Tonatiuh Figueroa

Agustín del Castillo - PÚBLICO

La recomendación 122/95, del 27 de septiembre de 1995, se envió a los gobernadores de Jalisco y Colima y al secretario de la Reforma Agraria, y “se refirió al caso de los pobladores del ejido Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, quienes manifestaron que por la indefinición de límites territoriales entre los estados y la inejecución total de una resolución presidencial que les favoreció, enfrentan diversos conflictos agrarios y de seguridad pública”El 28 de agosto de 1963, se emitió una resolución presidencial en la que se dotaba de 50,332-50-00 hectáreas ejidales a la vieja comunidad indígena nahua de Ayotitlán, cuyo proceso de titulación fue revertido con la supuesta desaparición de los títulos virreinales.

Después se supo que dichos documentos habían sido robados por los caciques madereros que saquearon la sierra en esos años.

La resolución dotatoria se ejecutó parcialmente en mayo de 1977, cuando se entregaron sólo 34,700 hectáreas. En septiembre de 1977, la Secretaría de la Reforma Agraria notificó a los ejidatarios de Ayotitlán que dentro del ejido que les fue dotado quedaron inscritos los poblados de El Pedregal y Las Pesadas.

El 12 de marzo de 1992, “esta comisión nacional recibió el escrito del 24 de enero del mismo año, suscrito por los señores Ángel y Guadalupe Niz Elías, Jesús, Cresencio y Ramón Cobián Vargas, y Natividad Cobián Cobián, todos ellos pobladores del Rancho El Pedregal […] los quejosos manifestaron que desde 1903 han habitado el predio y que hasta la fecha no ha sido abandonado por ellos. Que al realizar cualquier actividad para el cultivo de sus tierras se ven entorpecidos por un grupo de personas que se dicen ser integrantes del Ejido Ayotitlán, que consideran al Rancho El Pedregal como afectado por la dotación ejidal de Ayotitlán, a grado tal que han querido echarlos de su propiedad. Esta situación prevalece desde hace varios años al carecer de una solución favorable para ambas partes, por parte de las autoridades competentes. Que no han sido escuchados por las agencias del Ministerio Público a las que han acudido a denunciar los delitos de lesiones con arma blanca y amenazas de muerte, en contra de los vecinos de Ayotitlán; asimismo, señalaron que han sufrido daños diversos en sus propiedades…”.

Los parvifundistas de El Pedregal “consideran que la información que originó el trámite de afectación a su propiedad fue completamente errónea, ya que en los documentos que obran en la delegación de Reforma Agraria consta que los terrenos afectados fueron tomados de terrenos de propietarios desconocidos, que, por lo tanto, jamás fueron comunicados de tal afectación […] no ejercieron su derecho en tiempo, además de que en tales documentos no se menciona lo que ellos estiman de su propiedad; es decir, que se pretende dotar al ejido con la totalidad de su propiedad…”.

En el oficio 3781 del 2 de julio de 1992, suscrito Alejandro Díaz Guzmán, entonces delegado Agrario en Jalisco y dirigido al jefe de la oficina del Registro Público de la Propiedad de Autlán de Navarro, “manifestó que en atención a la solicitud del comisariado ejidal de Ayotitlán, Cuautitlán, Jalisco, se inscribiera la Resolución Presidencial del 28 de agosto de 1963, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1964 […] haciendo de su conocimiento que dentro de esta superficie está ubicado el predio El Pedregal, que se encuentra inscrito en la oficina a la que se remite el oficio, a nombre de varias personas, en calidad de propiedad privada”

El 3 de julio de 1992, se buscó un acuerdo en las oficinas de la Delegación Agraria, ante los integrantes del Comité Estatal de Concertación Agraria y siendo testigo de honor el presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari, frente a las autoridades ejidales y los campesinos afectados.

En la reunión, “… los presuntos pequeños propietarios manifestaron que el predio El Pedregal, que reclaman como de su propiedad, está incluido totalmente dentro del plano de ejecución del mandamiento presidencial del 28 de agosto de 1963, por lo que sometían a la consideración de los representantes del ejido Ayotitlán la posibilidad de ser incluidos dentro del mismo, entregándoseles en forma parcial la superficie que reclaman…”.

Pero a pesar de que hubiera sido una solución ideal, no sucedió nada más en ese sentido Para la CNDH, resultaba indispensable hacer estudios y levantar planos para delimitar propiedades antes de llegar a un acuerdo. Tampoco se realizaron. Ante la indolencia de las autoridades, los propios vecinos interpusieron sus recursos legales: se espera que el juicio agrario 80/06, ante los tribunales competentes, todas esas lagunas queden colmadas, y se avance en la solución jurídica del conflicto.

Estima Conafor 50% de sobrevivencia en reforestación

Evelyn Águila - EL INFORMADOR

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) estima que un 50% de los árboles que serán plantados mañana durante la Jornada Nacional de Reforestación, logrará sobrevivir.

Ignacio Marmolejo Altamirano, encargado de despacho en la región de la dependencia, sostuvo que pese a esta tasa de sobrevivencia, no se trata de un evento de "lucimiento" para la Conafor.

"No es ni lucimiento, ni mucho menos. Yo creo que en principio hay una demanda de la sociedad de involucrarse o de participar, de no estar pasivo y la situación del cambio climático que es evidente. Esta es una forma de participar.

"Lo que tenemos y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen las universidades, año con año la Conafor contrata universidades para hacer una evaluación de las reforestaciones rurales que se apoyan a través de ProÁrbol, los números que tenemos hasta la última evaluación, en el Estado de Jalisco aproximadamente el 50% de sobrevivencia".

El funcionario señaló que mucho del crecimiento dependerá del cuidado que le den los dueños de los predios donde las diversas especies serán plantadas.

A nivel nacional se tienen contemplados 363 predios, de los cuales 34 pertenecen a Jalisco.

Se pretende que en un solo día, se siembren en todo el país cerca de seis millones de árboles, de los cuales más de 400 mil estarán en territorio del Estado.

Como parte de las facilidades que la Conafor y otras instituciones brindarán a las personas para que se sumen a esta reforestación, se pondrán a disposición más de 12 unidades de camiones en cuatro puntos de la ciudad: Tetlán, Auditorio Benito Juárez, Tonalá y Glorieta del Álamo.

El predio que será el punto más cercano a la metrópoli y el más extenso, se ubica en Zapotlanejo a unos cuantos metros de la autopista, ingresando a la caseta por el carril seis, las personas que acudan a sembrar un árbol no pagarán peaje.

Colomos tiene su cara fea

El parque de la ciudad sufre varios efectos por la depredación y la invasión de los terrenos. Foto: Iván García

Vanesa Robles - PÚBLICO

Ésta es la otra cara del parque Colomos. La horrible. Aquí las mallas ciclónicas anuncian la propiedad privada; corrientes de agua y barrancos naturales están rellenos de escombros, llantas y basura; manantiales naturales se mezclan con el agua negra de clubes privados… Es el patio trasero de la Sección I del bosque.

Aquí hay terrenos del DIF que asilan autos abandonados, caballerizas donde el poder protege a sus mascotas, un lienzo charro y decenas de verbecinas: plantas silvestres que anuncian la depredación.

Ayer, el grupo Ciudadanos por Colomos hizo el “paseo del terror”, para demostrar que, contra lo que afirman las autoridades de Guadalajara, no todo el bosque es verde. Al final, la regidora del Partido Revolucionario Institucional Claudia Delgadillo González dijo que pedirá que destituyan del Patronato de Colomos a su colega de Acción Nacional, Juan Pablo de la Torre Salcedo.

El acusado es regidor, miembro del patronato y amigo de los supuestos invasores de quince mil metros de Colomos —Álvaro Corvera Nepote y Tomás Colsá Chalita—. Él afirma que su corazón no influye en sus funciones públicas y que los quejosos tienen malas intenciones (Público, 12 de junio de 2008).

Una realidad es que la devastación de los terrenos de Colomos es obvia, según evidenció ayer el “paseo del terror”. Otra es que el bosque ha perdido mucho.

El gobierno del estado reconoce como suyas 198 hectáreas; 40 están en comodato del Ayuntamiento de Zapopan, aunque en ese municipio debería haber 82 hectáreas: más de la mitad fue invadida en una zona donde el suelo se vende en dólares. Guadalajara tendría 116 hectáreas. Pero tampoco: el parque mide 90 hectáreas. Otros quince mil metros están en litigio. El resto se encuentra en manos de particulares.

A la cara fea del parque se llega por la avenida Paseo del Torreón, sólo que, en lugar de internarse en los jardines, hay que caminar por los senderos que recorren los caballos en renta.

Pronto quedan al descubierto los autos abandonados en un corral del DIF, así como las caballerizas, llenas de basura y deforestadas; pertenecen al lienzo charro y a la gente que alquila cuacos. Los trabajadores dicen que en los potreros vive el Pocobueno, uno de los caballos de Juan Pablo de la Torre.

Más adelante, el tour muestra una parte seca del arroyo Chochocate. Al parecer, el movimiento de tierra ha tapado las galerías que canalizan el agua hacia los tanques que surten a casi 46 mil tapatíos. Ahí mismo, la muralla trasera del fraccionamiento Rinconada del Arroyo invade una cañada.

Luego otro desastre: toneladas de escombros, llantas, zapatos, bolsas plásticas en los escurrimientos de los manantiales. Los Ciudadanos por Colomos afirman que el material salió cuando se emparejaron los lotes que reclaman los amigos de regidor panista.

Y el remate: la mezcla de aguas negras que provienen del club San Javier con los manantiales del bosque. Sí, los que llenan los bebederos del parque y los tinacos de las colonias Santa Teresita, Ladrón de Guevara, Mezquitán Country, Chapultepec Country, Lomas del Country, Country Club, Prados Providencia, Providencia 1, 2 y 3, Italia Providencia y Villaseñor.

La cara horrible de Colomos es redonda. Termina en los quince mil metros invadidos. De ella, a las autoridades no les gusta hablar, afirman los colonos.

Parlamento va por amparo vs Código Urban

Ludger Kellner, presidente de la agrupación de más de 200 colonias. Foto: Rafael del Río

Dolores Reséndiz - PÚBLICO

Pese a que desconoce su versión final, el Parlamento de Colonias analiza la posibilidad de ampararse ante la publicación del Código Urbano de Jalisco, si el gobierno estatal no modifica algunos de los puntos del documento aprobado en el Congreso del Estado el 25 de junio pasado.

Ludger Kellner, presidente del Parlamento de Colonias, dijo ayer que solicitaron una entrevista con el gobernador del estado, Emilio González Márquez, para que se comprometa a cambiar los términos actuales del Código Urbano. De lo contrario, apuntó el líder vecinal, el Parlamento de Colonias, que agrupa a más de 200 organizaciones de colonos, tramitará el amparo en contra del decreto.

“Es la posibilidad que estamos considerando. Sería el siguiente paso para buscar que se anule este documento, pero antes esperaríamos a que el gobernador nos reciba y nos diga que regresará el documento al Congreso, ya sea con observaciones o que lo tire al caño”, apuntó Kellner.

La reunión con el gobernador aún no tiene fecha, ya que, aunque el Parlamento solicitó desde principios de esta semana la audiencia, no han recibido una respuesta.

“Cada día nos dicen que mañana sí, que mañana ya, pero ya suena como los mecánicos que dicen que el carro estará listo para mañana y sigue descompuesto”, apuntó Kellner.

El Código Urbano para Jalisco fue aprobado el 25 de junio pasado con un anexo en el que se incluyeron modificaciones con propuestas de distintos actores sociales y empresariales, entre ellas las del Parlamento de Colonias. El documento pretende reunir la reglamentación relacionada con el desarrollo urbano del estado, excepto lo que tiene que ver con la ejecución de obra pública.

En el Código se aprueba la desaparición de los planes parciales de urbanización y evitar que los proyectos sean modificados constantemente, además de que se elimina la posibilidad de cambiar la cesión de terrenos por un pago en efectivo (Público, 26 de junio de 2008).

Ayer, Kellner dijo que no conocen el documento que fue aprobado en esa fecha, porque la respuesta del Congreso del Estado ha sido que éste aún se encuentra en proceso de modificaciones; sin embargo, explicó que esperan conocer el Código antes de que sea publicado.

Pero, al mismo tiempo, el representante del Parlamento reconoció que no hay plena confianza en el Poder Legislativo, ya que una vez fueron engañados: el Parlamento de Colonias recibió de parte de Iván Argüelles, diputado titular de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Congreso, una versión antigua del Código Urbano que se tenía prevista para su aprobación unos días después.

“Confiar, tanto como confiar, no, para nada, porque ya una vez nos engañaron, pero sí esperamos que el gobernador nos presente ese documento antes de que decidan aprobarlo”, refirió Kellner, quien dijo esperarán esta semana la respuesta del mandatario.

Sedeur ingenia proceso para meter tubos al túnel

Por el momento se instalan los tubos que van a la salida del túnel. Foto: Marco A. Vargas

Ignacio Pérez Vega - PÚBLICO

Meter los tubos bajo el túnel de López Mateos y Las Rosas significa un reto para la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), que ya no descarta un eventual retraso en los trabajos ante las complicaciones que implica trabajar en un espacio de baja altura.

Tal y como lo habían previsto ingenieros consultados por este diario, la altura de 4.70 metros del túnel hará muy difíciles las maniobras para colocar cada tubo en la zanja que va al centro de los carriles y así renovar el colector fracturado, pues no pueden maniobrar libremente las máquinas adecuadas para ello, grúas y retroexcavadoras entre ellas. Ante ello, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, José Luis Brenez Moreno, había dicho que una posible solución era armar una estructura de rieles para mover los pesados tubos, cuyo peso calculó entre tres y seis toneladas (Público, 1 de julio de 2008).

Meter los tubos bajo el túnel de López Mateos y Las Rosas significa un reto para la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), que ya no descarta un eventual retraso en los trabajos ante las complicaciones que implica trabajar en un espacio de baja altura.

Tal y como lo habían previsto ingenieros consultados por este diario, la altura de 4.70 metros del túnel hará muy difíciles las maniobras para colocar cada tubo en la zanja que va al centro de los carriles y así renovar el colector fracturado, pues no pueden maniobrar libremente las máquinas adecuadas para ello, grúas y retroexcavadoras entre ellas. Ante ello, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, José Luis Brenez Moreno, había dicho que una posible solución era armar una estructura de rieles para mover los pesados tubos, cuyo peso calculó entre tres y seis toneladas (Público, 1 de julio de 2008).

El secretario de Desarrollo Urbano, Sergio Carmona Ruvalcaba, explicó que luego de estudiar varias posibilidades, se decidieron por acoplar una grúa viajera a un camión tipo trailer, que colocará cada tubo en su sitio.

Poner cada tubo de 1.52 metros en el colector implicará una tarea de entre tres y cuatro horas, señaló el funcionario (ver gráfico).

La solución que encontró la Sedeur, aseveró su titular, no encarecerá el costo de la obra, calculada en 50 millones de pesos: “Todo lo que se está haciendo forma parte de lo que se calculó. Esperemos que el porcentaje de imprevistos nos permita sortear esa dificultad, sabíamos que no iba a ser fácil”.

Abordado en su oficina ubicada en el segundo piso del edificio de la Sedeur, Carmona Ruvalcaba reconoció por primera vez que pudiera presentarse algún retraso en la conclusión de los trabajos.

Días después del 10 de junio, cuando el colector se colapsó y el túnel vehicular sufrió una inundación de dos metros, el titular de la Sedeur afirmó que el plazo para reparar el colector sería de entre dos y medio y tres meses.

“Sí. Sí estamos sujetos a que el tiempo se extienda. Esto pudiera suceder. No le estoy apostando a ello. Soy optimista y además soy muy ‘cuchillo de palo’, estoy sobre de ellos [las constructoras] para que la gente no entregue las cosas cuando sea o que no trabajen en las jornadas para emparejar los retrasos”.

Por ejemplo, una dificultad que ya ocurrió es que los proveedores enviaron los primeros 36 tubos de 1.52 metros de diámetro. Sin embargo, cuatro de ellos llegaron dañados y serán devueltos sin costo para el gobierno estatal.

El funcionario indicó que le preocupa que el procedimiento de colocación de los tubos funcione, pero también le inquieta que los tubos se están fabricando en este momento y pudiera haber algún atraso en la entrega: “Queremos quedar bien, pero quedar bien significa salir en tiempo y hacerlo con calidad y con responsabilidad. Si eso nos lleva más tiempo, no quedaremos bien, pero sí quedaremos con la conciencia tranquila. No le estoy apostando a ello. No me estoy curando en salud”.

Renovar 350 metros del colector de López Mateos implica la adquisición y colocación de 314 tubos de 1.52 metros de diámetro para los colectores auxiliares y otros 157 tubos de 2.44 metros para el central. En total, se requieren 417 piezas que vienen de Aguascalientes y de Morelos.

Los trabajos de reconstrucción del colector los realizan las constructoras Aldsanmb (por la parte norte del túnel) y Casgo (por la sur), a las que se asignó en forma directa la obra ante la urgencia para reparar el colector. Tal eventualidad está prevista por la Ley de Obra Pública, señaló el secretario estatal.

Colector seguro

Para que el nuevo colector esté seguro y sin riesgo de que se presenten fisuras otra vez, la Sedeur dio a conocer que se lleva a cabo un proceso conocido técnicamente como acostillado.

El acostillado no es otra cosa que hacer un “empaque” a la tubería. Primero se coloca una cama de grava, sobre ésta lleva una plantilla de superficie lisa y encima se coloca el tubo. A su vez, éste es fijado con mortero fluido (mezcla de cemento) dentro de una “caja” lo que hace que, pese a la presión que ejerza el agua que irá por el colector, no habrá desplazamientos del ducto, lo que sí ocurrió con el viejo, que data de 1965 y se fracturó tras que se removió la cubierta de cinco metros de tierra que tenía para construir el paso a desnivel en López Mateos y Las Rosas.

Carmona Ruvalcaba indicó que incluso la cama de grava permite una medida adicional de seguridad ante un eventual escurrimiento de agua que pueda presentarse por las paredes del túnel, pues ese material permite la filtración al subsuelo. Además, el tubo es de concreto preforzado, lo cual soporta los empujes del líquido.

Las tareas descritas cuentan con el aval del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). “Estamos elaborando las actas y todo el proyecto se pasa al organismo para que nos lo valide. Hay actas donde se acepta el procedimiento”, dijo el informante.

La auditoría federal alcanzará a 14 obras

El túnel vehicular de López Mateos y Las Rosas sigue cerrado a la circulación Esperanza Romero - PÚBLICO Además del paso a desnivel de Las Rosas, que tendrá una investigación especial, suman trece las obras públicas realizadas en diversos municipios del estado, anteriores al ejercicio de 2007, en que hubo participación de recursos federales, las que conforman el programa anual de auditorías conjuntas de la Contraloría del Estado y la Secretaría de la Función Pública (SFP). La lista apenas se afinó y aunque aún no se aportan datos respecto a la magnitud de las obras a auditar, sus características, ni la inyección de recursos de los diversos niveles de gobierno, se sabe que son proyectos que de haberse concretado como se planearon, repercuten en el beneficio de la sociedad porque están directamente relacionadas con la calidad de vida al resolver la necesidad de dotación de agua potable y alcantarillado o la limpieza de las aguas que se beben. La revisión de obras ejecutadas con fondos federales se da en el marco de una serie de señalamientos respecto al aprovechamiento político de éstas, particularmente de los partidos gobernantes (Público, 4 de julio de 2008). La auditoría a la construcción del túnel vehicular de López Mateos y Las Rosas se manejará en forma independiente de las trece revisiones, pero también se realizará en forma conjunta. La revisión del paso deprimido tendrá un manejo “integral”, precisó María del Carmen Mendoza Flores, contralora estatal, quien explicó que el trabajo se inscribe en el esquema de participación con la autoridad federal donde el personal de la SPF se traslada para ello. El mismo proceso se podría seguir para la obra del nodo vial Colón, que también está en la mira del Ejecutivo federal, según anticiparon a este diario fuentes vinculadas a la investigación (Público, 4 de julio de 2008). Este viernes fue entregada al responsable de la SFP toda la documentación recabada sobre la obra en Las Rosas (donde se fracturó el colector central), quien se presentó con la contralora y el próximo lunes se levantará el acta que marcará el inicio formal de la investigación y se espera la llegada de expertos de la ciudad de México para la coordinación los trabajos. La funcionaria designará a cuatro auditores locales para el trabajo conjunto y ya facilitó el espacio físico, dentro de la dependencia, donde el personal de la SFP hará su tarea. En tanto, las trece obras que forman parte de la agenda de fiscalización coordinada se refieren principalmente a construcción o rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado y plantas tratadoras de aguas, en Puerto Vallarta, Chapala, Tomatlán, Tepatitlán, Zapotlanejo, Tlajomulco, Cuquío, Valle de Guadalupe y Hostotipaquillo (ver recuadro). Mendoza Flores no aportó los montos invertidos ni la cantidad que aplicó el gobierno federal en ellas. Dijo que estas revisiones se harán con el personal de la Contraloría estatal para la revisión de la obra pública con fondos federales (hay 50 elementos que auditan las obras estatales y otros 50 de las federales) bajo la coordinación de la SFp y con la participación de ésta. Aclaró que la auditoría al Velódromo para los Juegos Panamericanos se lleva a cabo por parte de su dependencia, pero no tiene recursos de la Federación, por lo que la SFP está al margen. Dicha obra está en proceso, por lo que llama la atención que se investigue. Las obras a revisar en conjunto con el gobierno federal Listado de auditorías conjuntas que realizan la Contraloría del Estado de Jalisco y la Secretaría de la Función Pública (SFP) de obras realizadas con fondos federales: Planta potabilizadora de La Mojonera, en el municipio de Puerto Vallarta Construcción de la red de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario en la colonia Lomas de San Nicolás, en Puerto Vallarta Red de distribución de agua potable en la colonia Volcanes, en Puerto Vallarta Equipo hidroneumático para limpieza de drenaje y alcantarillado, en Chapala Colector marginal al río Ameca, en Ameca Planta estabilizadora y tratadora de aguas residuales, en Tomatán Diseño, construcción y puesta en operación de la planta tratadora de aguas residuales en Cuquío Construcción de colectores en Tepatitlán Puesta en marcha y estabilización de planta tratadora de aguas residuales, en Valle de Guadalupe Colectores La Palma-Huejotitlán, en Zapotlanejo Equipo hidroneumático para limpieza de drenaje y alcantarillado, en Tlajomulco de Zúñiga Red de alcantarillado sanitario en Tlajomulco de Zúñiga

Ven difícil separar la basura

Jessica Pilar Pérez - MURAL La dificultad para lograr conciencia social con el fin de que las personas separen la basura en orgánica e inorgánica es la razón que imposibilita a la empresa recolectora Caabsa a arrancar esta medida al mismo tiempo en todas las colonias de cuatro municipios. El director de Caabsa, Antonio Villada Navarro, comentó ayer que ya quedó comprobado en otros estados que la sociedad no separa la basura, aunque se le ponga un plazo fatal, por lo que es mejor apostarle primero a la concientización. "No vamos a incluir a todo el municipio completito. En septiembre no todo mundo separa, eso ha dejado la muestra que la gente en todos los estados, en el DF, en todos lados que lo han hecho, la gente no se pone a separar de un día para otro", afirmó. La estrategia de la empresa es realizar una campaña previa de concientización casa por casa, entregando trípticos, que durará tres meses. "Zapopan lo hizo hace tiempo, (decir) 'mañana todo mundo separando'; no lo hacen, en el DF no lo hace, el chiste es que pase y se quede", explicó. En septiembre entrará en vigor la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-007/2008, que establece la obligación para separar la basura en orgánica, inorgánica y sanitaria, con distintivos de color azul, verde y naranja, respectivamente. La norma se publicó el 10 de junio y se encuentra en un periodo de consulta ciudadana de 60 días, la cual terminaría el 2 de septiembre. El proyecto de la empresa para la cobertura de separación de desechos en Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá está programado a un año, pero están en negociaciones con Semades, la cual podría acortarlo a un semestre. Actualmente tienen un programa de recolección separada que está funcionando en más de 130 colonias de Guadalajara, algunas desde hace tres años. "Una propuesta para hacer una campaña de separación de basura y tratar de que en un término no mayor de un año esté todo Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y El Salto separando la basura orgánica tres veces a la semana e inorgánica tres veces a la semana", afirmó. "No vamos a recoger orgánico e inorgánico el mismo día, entonces todo el día de orgánico se recoge orgánico, y esa basura se va una gran parte a elaborar composta, y todos los días de inorgánicos se recoge puro inorgánico, y ese día la basura va con los pepenadores para que tengan más facilidades de separar, tengan más producto más limpio para vender". Cada Municipio será dividido en dos zonas; mientras en una zona se recoge inorgánico, en la otra será orgánico, con la finalidad que los pepenadores tengan trabajo todos los días. Villada Navarro dijo que se usarán los mismos camiones para recoger la basura. Negó que la entrada en vigor de la norma estatal los haya efectuado administrativa u operativamente, porque es un proceso que ya realizaban en colonias tapatías como Jardines Alcalde, Hermosa Provincia, Residencial Victoria, entre otras. El director dijo esperaría que no hubiera sanciones si no tienen la cobertura total, porque es una acción imposible. Para recolectar La empresa cuenta con 254 camiones para dar el servicio. Tiene mil 200 trabajadores. Cada camión tiene una capacidad de nueve 9 toneladas. En Guadalajara recolectan la basura 172 camiones. Hay 40 unidades para atender Tonalá. En Tlaquepaque trabajan 27 camiones y en El Salto son 15.

Sin control, las plagas que atacan árboles de Los Colomos: especialista

Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO Varias enfermedades atacan a los árboles del bosque Los Colomos sin que hasta el momento se tomen las medidas necesarias para evitar una situación emergente; sin embargo, lo que pasa dentro de esta área protegida sólo es una muestra de lo que sucede con todo el arbolado de la Zona Metropolitana de Guadalajara, asegura el investigador de la UdeG Antonio Rodríguez Rivas, quien advierte que, de seguir las cosas como están, en una década podría perderse entre el 40 y 60 por ciento de los árboles de la ciudad. Rodrígez Rivas, quien trabaja en el Departamento de Madera y Celulosa del CUCEI y se especializa en el manejo y la producción forestal, recordó que hasta el momento no existe en la Zona Metropolitana un diagnóstico de las plagas animales y vegetales que atacan a los árboles, y cuando se detecta una, no se aplican las medidas de control necesarias. Como ejemplo mencionó el caso del muérdago, que durante los últimos nueve años se dejó avanzar y se ha dispersado por toda la ciudad; además –dijo– las podas que se hacen para controlarlo son inadecuadas porque se hacen en temporadas no apropiadas y no se sellan las heridas de los árboles, lo que provoca la proliferación de hongos o insectos que los atacan. En su opinión, las direcciones de Ecología de los distintos ayuntamientos de la ZMG son las responsables de hacer o encargar este tipo de diagnósticos para abordar el problema –que dijo ya es crítico– e implementar las soluciones preventivas necesarias. A ese respecto, aseguró que las medidas inmediatas que deberían tomarse son las podas adecuadas y la eliminación del arbolado más dañado. Recordó que en 1997, la entonces administración de Los Colomos, encabezada por Jesús Jiménez Cavazos y Jaime Vázquez Martín, firmó un convenio con la Universidad de Guadalajara para crear el plan de manejo forestal del bosque, pero debido a la denuncia que la misma Universidad hizo por el uso indiscriminado de un insecticida dañino, el Ayuntamiento decidió no seguir con el convenio. En aquella ocasión, indicó Rodríguez Rivas, quien era el responsable del proyecto por parte de la UdeG, se hizo un primer diagnóstico, que en febrero de 1999 quedó plasmado en el documento titulado Análisis retrospectivo de los daños causados por los insectos descortezadores y barrenadores a los árboles de pino del bosque Los Colomos. Tras ese análisis se tomó la decisión de derribar mil 70 árboles enfermos y hacer una sola aplicación de insecticida Decis, que es altamente tóxico, pero la administración del bosque –asegura el investigador universitario– siguió aplicando el producto y dañó severamente a colonias de aves, peces, mamíferos e insectos controladores de plagas. Desde entonces hasta ahora, dijo el experto, no se ha hecho otro análisis del estado que guardan los árboles del bosque, mucho menos de la ciudad.

Instalarán radar contra tormentas

Daños por la tormenta local severa que a principios de la temporada azotó el Cerro del Cuatro

Rebeca Herrejón - MURAL

Para evitar falsas alarmas sobre lluvias torrenciales en la entidad, el Gobierno del Estado y la UdeG instalarán un radar antitormentas en el Bosque La Primavera.

El equipo, que costará un millón de dólares, permite conocer con una anticipación de tres horas los lugares en donde habrá tormentas severas, para alertar a la población y tomar las medidas necesarias.

Según el Rector general de la UdeG, Carlos Briseño Torres, la iniciativa fue de los investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad, y el aparato estará en la estación del instituto en La Primavera.

El 12 de junio, el Secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán, alertó de una tormenta severa en la Ciudad para ese fin de semana, la cual no llegó. Incluso exhortó a la población a evitar estar en la vía pública.

Los investigadores de la Universidad, encabezados por Ángel Meulenert, estarán encargados de la operación del radar y descifrarán los informes que emita, aunque aún no tienen fecha para recibirlo.

México y Monterrey ya tienen un radar antitormentas, que generalmente se localiza en los aeropuertos.

Además, las instituciones también invertirán otros 10 millones de pesos para establecer una red sísmica en 20 estaciones repartidas por el Estado, que permitirá alertar sobre temblores antes de que sucedan, y será operada por la Red Sísmica de la UdeG.

Briseño Torres adelantó que recibirán otros 30 millones del Gobierno estatal para que, junto con otro monto igual que invertirá la UdeG, puedan financiar proyectos de ciencia aplicada que realizan los investigadores de la institución.

Invaden con dolo predio en Los Colomos

Sergio Hernández - MURAL

Meses antes de que invadieran un predio de Los Colomos, en el año 2007, la empresa Plasencia Autos Británicos fue advertida que el terreno donde querían edificar la agencia Mazda Acueducto era del Gobierno del Estado y aun así no desistieron de la acción, obteniendo permisos de la actual administración del Ayuntamiento de Zapopan.

La agencia Mazda Acueducto se inauguró el 29 de mayo de este 2008.

Antes de que todo esto sucediera, la empresa Plascencia Autos Británicos había logrado los acuerdos necesarios con la empresa japonesa Mazda para distribuir estos vehículos en el país.

Los Plasencia, que distribuyen también vehículos de la marca Ford, colocaron su primer agencia Mazda sobre Avenida Mariano Otero, frente a la Kodak, y buscaban crecer en la zona de Los Colomos, cerca de la Autónoma de Guadalajara, donde se ubican un mercado potencial de mayor poder adquisitivo.

Javier Plasencia Moeller, directivo de Plasencia Autos Británicos, consultó a integrantes de la familia Leaño quienes le sugirieron ubicar la nueva agencia automotriz por Avenida Acueducto, entre Patria y Periférico.

Pero el predio que eligieron los Plasencia es del Gobierno del Estado desde hace más de 100 años, formando parte de las 198 hectáreas de Los Colomos que fueron adquiridas para cuidar la zona de recarga que abastece de agua a la ciudad.

Esta situación les fue advertida a los empresarios en una reunión realizada el 18 de julio de 2007 a la que asistió Carlos Castanedo Ríos, por Plascencia Autos Británicos, a quien un día antes Javier Plascencia Moeller le otorgó una carta poder para representar sus intereses ante funcionarios de la Dirección de Patrimonio del Gobierno del Estado, quienes buscaban evitar la invasión.

La conclusión de la reunión, en la cual Carlos Castanedo Ríos firma de conformidad, es que el predio donde ubicarían Mazda Acueducto sí estaba dentro del polígono de Los Colomos, de propiedad estatal.

"Del análisis de los trabajos realizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y analizando las escrituras de compraventa de los supuestos propietarios donde se pretende realizar el proyecto automotriz antes mencionado, Carlos Sabino Castanedo Ríos, gestor de Plasencia Autos Británicos y la Dirección de Patrimonio Inmobiliario:

"Se determinó que la superficie correspondiente a la fracción A de la que en su momento fue fracción B del lote de terreno urbano ubicado en Av. Acueducto 5455 (antes 5869) del municipio de Zapopan, resultante de la subdivisión del predio El Torreón, San Ramón, Lomas del Callejón o Corral de Piedra, con superficie de 4 mil 602 metros cuadrados, está perfectamente definida dentro de los polígonos del Gobierno del Estado..."

Esto a la empresa no le importó y dos días después, el 20 de julio de 2007, solicitó al Ayuntamiento de Zapopan el permiso de construcción para la agencia automotriz sobre terrenos del Gobierno del estado que les fue otorgado una semana después por personal de la administración que preside Juan Sánchez Aldana.

Los funcionarios municipales que avalaron con su firma la edificación de Mazda Plasencia sobre terrenos de Los Colomos fueron el propio director de Obras Públicas, Ricardo Robles Varela, y Nicolás Espinoza Urzúa, director de Control de Ordenamiento Territorial.

Debido a la invasión dolosa del predio, el Secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, giró un oficio el 15 de agosto del 2007 al Procurador de Justicia Tomás Coronado Olmos, para que iniciara las acciones necesarias tendientes a recuperar el terreno.

"Solicito a esta Representación Social se ejerciten las acciones legales correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables de dicha invasión, tendientes a la restitución de la posesión física y material del inmueble de propiedad estatal", dice el oficio.

MURAL tiene copias del poder otorgado por Plasencia Autos Británicos a Carlos Sabino Castanedo, de la minuta de la reunión donde la empresa reconoce que están sobre terrenos del Gobierno del Estado, de los permisos entregados por el Ayuntamiento de Zapopan y de la orden que se le da al Procurador para que recupere el predio invadido.

Fechas clave

17 de julio de 2007

Plasencia Autos Británicos otorga a Carlos Castanedo Ríos poder de negociación sobre la aparente invasión

18 de julio de 2007

Carlos Castanedo Ríos conoce oficialmente que el predio donde ubicarán la agencia es del Gobierno del Estado, y firma de conformidad

20 de julio de 2007

Plasencia Autos Británicos solicita permiso de construcción para la Agencia Mazda a través de Oromont Inmobiliaria

27 de julio de 2007

Los funcionarios de Zapopan Nicolás Espinoza Urzúa, director de Control de Ordenamiento Territorial y Ricardo Robles Varela, director de Obras Públicas autorizan la construcción de la agencia automotríz sobre terrenos de Los Colomos, propiedad del Gobierno del Estado.

Urgente declaratorias sanitaria y ambiental en El Salto: Greenpeace

Evelyn Águila - EL INFORMADOR

Es tan grave el nivel de contaminación que padecen los pobladores de El Salto y Juanacatlán por el paso del Río Santiago, que Greenpeace México sostiene que es urgente que la zona sea declarada de riesgo sanitario y ambiental.

Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de Océanos y Costas de Greenpeace, aseguró que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la responsable de emitir este blindaje, pero dijo, ha faltado voluntad de los gobiernos estatal y federal.

“Hay falta de voluntad política y lo que se ha hecho hasta ahora son puras medidas paliativas que no tienen ningún sentido como la construcción del ducto y el anunciar que van a construir una planta de tratamiento en la Cuenca El Ahogado, no es suficiente, son medidas completamente insuficientes”.

El experto señaló que el primer paso es que el gobierno “reconozca” que existe un grado de polución que está poniendo en riesgo la salud y el bienestar de los lugareños.

Si bien señaló que a nivel nacional no hay antecedentes de este tipo de declaratorias por contaminación en ríos, sí existe la figura de riesgo sanitario pero para el caso de las playas que exceden los niveles máximos permisibles por la normatividad.

Pese a ello, Alejandro Olivera aclaró que la Ley General de Salud establece el término de “Zona de Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad General”, en los artículos 182 y 183, que permiten una declaratoria de riesgo sanitario, así como la Ley General de Equilibrio Ecológico, para una alerta ambiental que permitiría tanto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitir la contingencia a manera de decreto.

A nivel nacional, 54% de las aguas residuales municipales se vierten a cuerpos de agua como arroyos, ríos y mares, llegan sin ningún tratamiento.

Denuncian a ritmo de blues

Rostros de niños, ancianos y adultos con cubrebocas, enmarcan la historia de un videoclip presentado ayer por el grupo de rock Tragicomic-K, que dedica una canción a los afectados de Juanacatlán y El Salto por la polución del Río Santiago.

Cada una de las imágenes retrata el deterioro en el que vive la gente, la angustia y su paso por el puente donde no sólo se escucha el paso del río, sino también se puede ver la enorme espuma blanca que despide el Santiago.

La banda dio a conocer el material con la intención de sumarse a la lucha de los que por más de 30 años han tenido que soportar los olores, malestares, enfermedades y noches de insomnio.

Detienen a 2 mil 'cochinos'

Margarita Valle - MURAL En lo que va del año, la Policía de Guadalajara ha detenido en promedio a 12 personas al día por tirar basura, pues se tiene un registro de 2 mil 216 detenciones. En el 2007, los 3 mil policías tapatíos arrestaron a menos de uno por día, pues apenas detuvieron a 587 personas, una cuarta parte de lo que se ha acumulado en los primeros seis meses de este año. El director de Seguridad Pública de Guadalajara, Macedonio Tamez Guajardo, indicó que este rigor se debe a que tratan de educar a las personas para que eviten ensuciar la Ciudad. "Obviamente se hace primero el exhorto a la gente a que no ensucie su Ciudad, pero si no cumple, bueno, vamos a proceder a arrestarlos y a llevarlos ante un juez a que los multe", advirtió Tamez Guajardo. "Finalmente el problema de fondo es de educación y de higiene, no tanto de seguridad, una sociedad debe estar tan bien educada y tener tanta inclinación a la higiene que espontáneamente debe cuidar su entorno y no tirar basura y mantener limpios los lugares por donde transita, cuando eso no sucede para eso está la ley". De enero hasta el 20 de mayo, la dirección de Justicia Municipal reportó que de los detenidos, 506 personas pagaron la sanción a través de trabajo comunitario, es decir, contribuir con la limpieza de áreas verdes. Además, 424 optaron por cubrir el costo de la multa que va de 15 a 50 salarios mínimos, es decir de 750 a 2 mil 500 pesos. En el 2007, los ingresos que se obtuvieron por este motivo fueron de 64 mil 678 pesos. La otra alternativa que tienen quienes son sorprendidos tirando basura en la vía pública, es cumplir con 36 horas de arresto, y aunque no se especificó el número de los que prefieren el encierro, también hay quienes eligen esta opción.