Enorme, el deterioro ambiental en la Cuenca de Chapala, advierten en foro

Juan Carlos G. Partida - LA JORNADA JALISCO

Hay una diversidad de descargas de aguas residuales como las de uso agrícola con carga importante de nutrientes, vertidos industriales y residuales de los municipios que fermentan las aguas de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, por lo que el reto de saneamiento requiere un análisis correcto para la selección del tipo de tratamiento, considerar a largo plazo los costos de operación y mantenimiento además de invertir en la investigación y desarrollo tecnológico en este tema, de mejorar la inspección de descargas y considerar más recursos económicos para cumplir la normatividad en todos los estados que tienen influencia sobre este sistema hídrico.

Estas fueron las conclusiones del Foro Nacional Rumbo al Saneamiento Integral de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, organizado por la Cámara de Diputados de la 60 Legislatura, a través de su Comisión Especial para la Cuenca, dejaron sentados los enormes déficit que existen en diversos temas para contar con un sistema que se encuentra en alto deterioro ambiental, del cual por cierto se quiere tomar una amplia cuota de agua para la proyectada presa de Arcediano.

El diputado presidente de la Comisión Especial para la Cuenca, Joel Arellano Arellano, dio a conocer tres grandes compromisos asumidos como consecuencia del Foro, que reunió a autoridades federales, estatales y municipales, además de legisladores federales y locales, organismos no gubernamentales como el Instituto de Derecho Ambiental, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Corazón de la Tierra, Congreso Ciudadano, entre otros.

Dichos compromisos se refieren a que se integrará una cartera de proyectos específicos para la Cuenca, que serán incluidos en el Presupuesto Federal 2009. Para ello se realizará una reunión técnica; se llevará a cabo un taller dirigido a presidentes municipales de la Cuenca, con el fin de capacitarlos sobre sus atribuciones y reforzar la labor que de manera directa pueden realizar desde su ámbito a favor de la Cuenca, y los tres partidos políticos mayoritarios en la Cámara de Diputados, PRI, PAN y PRD, se comprometieron a sacar por unanimidad el presupuesto federal 2009 en favor de la Cuenca.

Otras conclusiones derivadas de este foro que concluyó el fin de semana se refieren a que en la Cuenca el crecimiento demográfico, la aplicación de políticas públicas equivocadas, el uso ineficiente y la falta de control y vigilancia se ha manifestado en la sobreexplotación del agua superficial y subterránea con la consecuencia de efectos como: degradación del medio ambiente, conflictos entre usuarios, agrietamientos y hundimientos del suelo, deterioro de la infraestructura urbana, entre otros.

“Para favorecer a la gestión del recurso hídrico se requiere crear mecanismos que agilicen la disposición de los recursos económicos, generar mecanismos encaminados a compartir las atribuciones de vigilancia del manejo del agua entre los diferentes órdenes de gobierno y promover la transparencia en los procesos de gestión”, recomendaron también los participantes

Advierten afectaciones por construcción de presas

Aseguran que empeora calidad de vida de desplazados. Indican que al ser reubicados los pobladores pierden sus medios de subsistencia




Mario Gutiérrez - MURAL

A escasos seis kilómetros de la cortina de la Presa El Cajón, una de las principales generadoras de energía eléctrica del País, la comunidad indígena Platanitos, en el Municipio de Santa María del Oro, Nayarit, ha vivido durante meses casi a oscuras.

Unos focos encendidos por fotoceldas solares iluminan con baja intensidad el interior de algunas casas. No hay más, ha sido el único rastro de electricidad en la localidad.

Ni hablar de refrigerador, televisor o aparatos eléctricos, a pesar de que la dotación de servicio eléctrico fue una de las promesas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Gobierno de Nayarit para con la comunidad indígena, afectada por el embalse de El Cajón, aseguran los pobladores.

Desde hace un año, la CFE instaló postes y cableado para dar electricidad a la población, pero hasta febrero no se habían elaborado los contratos con la mayoría de los habitantes.

El embalse, que comenzó a llenarse en 2006, no provocó la reubicación de Platanitos, pero sí afectó 538 hectáreas de las 4 mil 920 que tenía el ejido, integrado por 50 ejidatarios.

Antonio Cruz Rodríguez, ex comisariado ejidal, dice que el pago de 86 millones de pesos por indemnizaciones ya se concretó, pero las ayudas sociales comprometidas por la CFE no han llegado por completo.

En Palmillas, una localidad de 78 habitantes ubicada en el Municipio de La Yesca, también denuncian el incumplimiento de acuerdos verbales sobre la entrega de abrevaderos, mantenimiento de caminos y la entrega de plantas solares nuevas.

"Nos han entregado letrinas y dos canoas para los 50 ejidatarios, pero no podemos pescar, el agua no sirve ni para el ganado", asegura Fidencio González, ejidatario de Palmillas.

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) señala a El Cajón como un ejemplo reciente de los efectos negativos que tiene una obra hidráulica sobre las comunidades, entre ellas la falta de atención gubernamental y el empeoramiento de sus condiciones sociales.

El incumplimiento de las autoridades es uno de los puntos más delicados para el Mapder, que advierte sobre las implicaciones que tendrá para cientos de personas la construcción de la presa El Zapotillo, que estará ubicada al noroeste de la entidad.

La construcción afectará 3 mil 300 hectáreas de comunidades cercanas al Río Verde, como Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón, que deberá ser reubicada, por lo que el Gobierno del Estado y la comisión Nacional del Agua ofrecen edificar un nuevo poblado con todos los servicios.

En principio, la comunidad se opone al cambio. Por eso, del jueves al sábado se realizó en Temacapulín un encuentro del Mapder en defensa de las tierras de los 360 habitantes.



Tienen grietas en casas

A dos años de que la CFE entregara 30 casas nuevas en El Ciruelo, Municipio de Jala, las familias del poblado de 84 habitantes han observado grietas en sus viviendas, la desaparición del negocio de la ciruela y la decadencia de la venta del ganado.

La población fue reubicada en un terreno arenoso e inestable, la casa ejidal tiene filtraciones de agua, la escuela está al filo de una ladera que se desgaja y las casas carecen de corrales.

"Uno se siente desmadrado, acabado. No vivimos a gusto, el ganado no entra porque es pura ladera y las casas apenas las remendaron con chapopote", dice Higinio López, que ha vivido sus 71 años en El Ciruelo.

Buscan municipios conjuntar residuos

Pablo Sepúlveda - MURAL Municipios de dos juntas intermunicipales del sur de Jalisco firmaron la creación de organismos públicos descentralizados (OPD) para el manejo conjunto de residuos. Lo municipios que firmaron fueron Unión de Tula, Ejutla, El Grullo, y El Limón, de la junta Ayuquila-Valles; y Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, San Gabriel, Tuxcacuesco y Tonaya, de Ayuquila-Llano. Al convenio asistieron los presidentes municipales de los nueve ayuntamientos participantes, Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) y Fernando Montes de Oca y Domínguez, Procurador de Medio Ambiente. Con esta nueva estrategia se pretende, según del Toro Gaytán, la clausura de nueve sitios de disposición de desperdicios que no trabajan adecuadamente, para habilitar dos que cumplan con estándares establecidos. Del Toro Gaytán destacó los beneficios del Sistema Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos (SI MAR), como es el dar transparencia a los recursos. "Se pretende un nuevo esquema que permita ir alineando los problemas ambientales de las regiones del Estado a través de una estructura de organización con un manejo de recursos financiero transparente y seguro que permita la trascendencia de este tipo de esquemas", detalló. La Semades ya tiene asignados 5 millones de pesos para que cada una de las juntas intermunicipales haga los nuevos vertederos, sin embargo, la clausura de los antiguos correrá a cargo de los municipios. Según la titular de la Semades, los nuevos basureros podrían estar funcionando en seis meses.

Exigen fijar linderos de Los Colomos

Sergio Hernández - MURAL La colocación de mojoneras que delimiten los terrenos de Los Colomos y una comisión de la verdad que indague cómo particulares se fueron robando los terrenos públicos, fueron dos de las propuestas que ayer se dieron a conocer en torno al problema de esta área. Fue en el programa televisivo Foro Al Tanto en el que la directora del Instituto de Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera, señaló la necesidad de que se pongan marcas físicas alrededor de las 198 hectáreas de propiedad pública que fueron adquiridas a finales del Siglo 19 y principios del 20 por el Gobierno estatal. "La recuperación de los terrenos implica poner las mojoneras en todo el polígono de 198 hectáreas a la brevedad para evitar que se se siga cercenando el bosque, acción que se realizaría por causa de utilidad pública", indicó la abogada. Al hablar del terreno de 15 mil metros cuadrados que se ubica dentro del polígono del parque Los Colomos y que un particular lo limpió de árboles con el argumento de estar en su propiedad, Gutiérrez Nájera lamentó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no haya querido ver daño alguno. "Hicimos una inspección con peritos y gente de la UdeG calificada en hidrología y suelos y detectamos un daño tremendo a la cuenca alta. En esos 15 mil metros, hubo despalme, hubo aplanado, hubo tala de árboles y como quedó ahora es un desierto y un daño a la cuenca alta, si la Profepa no encontró nada qué lástima", comentó. "Nosotros levantamos un acta con Notario y asistencia de peritos y se está haciendo un dictamen ambiental donde el daño que se hizo es tremendo a la cuenca alta del Chochocate y los arroyos que nutren en el bosque Los Colomos". La de Los Colomos es una propiedad pública estratégica para proveer de agua a la Ciudad. Parte de esos terrenos fueron invadidos por particulares que luego los comercializaron para la construcción de fraccionamientos de lujo como Zotogrande, Real del Bosque, Pontevedra, La Reserva, así como negocios particulares como la agencia Mazda Acueducto y la escuela Greenland, según consta en documentos del Gobierno del Estado. El Rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres, fue quien propuso una comisión que investigue el caso y un fiscal especial designado por el Procurador General de Justicia del Estado. Juan José Sánchez, vecino de los alrededores de Los Colomos, cuestionó severamente a las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara y a los integrantes del patronato del bosque Los Colomos ya que no hicieron nada para evitar que un particular metiera maquinaria pesada a desmantelar un predio dentro del parque, y tampoco evitaron la colocación de una malla. Derrocha la UdeG por Los Colomos La UdeG fue el principal patrocinador del programa televisivo Foro Al Tanto en el que participó el Rector de esa casa de estudios, Carlos Briseño Torres. Cada que el conductor enviaba a comerciales se podían ver mensajes relacionados con la casa de estudios, principalmente unos elaborados exprofeso para el caso que se estaba discutiendo. "La cuenca hidrológica de Los Colomos está en peligro, los intereses políticos y económicos de unos cuantos pueden dejar sin su principal fuente de agua potable a 17 colonias en los alrededores de la zona en que se pretende construir". señalaba uno de los mensajes publicitarios de la UdeG. "Ni un metro menos a Los Colomos", "Universidad de Guadalajara, creando conciencia", era como cerraba uno de los spot.

UdeG: crear comisión especial para Colomos

Carlos Briseño y Alfonso Petersen debatieron sobre Los Colomos. Foto: Tonatiuh Figueroa

Rocío Ramos - PÚBLICO

Rocío Ramos - PÚBLICO

Con la exigencia de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y vecinos de Los Colomos de dejar de utilizar dobles discursos y las constantes declaraciones de los presidentes municipales de Zapopan y Guadalajara, de que hay una defensa para el bosque, se llevó a cabo el programa de televisión Foro al Tanto.

En el espacio televisivo se abordó la problemática de Los Colomos, sobre los fraccionamientos construidos en el área delimitada para el bosque y la invasión al predio conocido como Retorno El Torreón.

En los primeros minutos del programa tuvo la palabra el rector de la UdeG, Carlos Briseño Torres, quien propuso una fiscalía especial para esclarecer probables involucramientos de funcionarios en el despojo al bosque. “Propongo una comisión de la verdad […] y que se declare área estatal protegida”, dijo.

Jaime Eloy Ruiz Barajas, investigador de la Universidad y miembro de la asociación Ciudadanos por Los Colomos, exclamó que no puede ser posible que los ayuntamientos inmiscuidos no tengan un plan de ordenamiento territorial y recalcó que poco a poco los fraccionadotes se han ido comiendo el bosque.

Jorge Tostado, del Comité Salvemos Los Colomos, indicó que las escrituras del predio El Torreón son una falsedad, debido a que no existe en el Registro Público de la Propiedad, y que además la compra se realizó de manera irregular. A la par, uno de los propietarios del lugar, Guillermo Orozco Salido, expresó que él y su hermano adquirieron los terrenos en un remate, y que en la Gaceta Municipal del año 2000 se hablaba de que el lugar era de uso habitacional.

El alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, defendió que no fue su ayuntamiento quien dio autorización de construir a particulares.

Al Foro también fue invitado el regidor tapatío Juan Pablo Torres, señalado de velar por intereses particulares, y quien se dijo cansado del tema y llevar seis meses enfrentando unas acusaciones sin pruebas. A lo que Jorge Tostado refutó asegurando que se le ha visto en juntas vecinales defendiendo intereses de particulares. La regidora del PRI, Claudia Delgadillo, se sumó a los señalamientos contra el regidor tapatío y pidió su remoción del puesto.

También estuvieron presentes el alcalde de Zapopan, Juan Sánchez Aldana y el presidente del Patronato Bosque Los Colomos, quienes se expresaron con cautela del tema, y sólo dijeron que ven por los intereses de la ciudadanía y no de particulares.

Los dimes y diretes no se quedaron ahí y las acusaciones entre unos y otros no pararon mas que para mandar a comerciales, en los que por cierto la Universidad de Guadalajara compró espacios para anunciar su defensa por el bosque, en uno de los anuncios se escucha el mensaje: “Ni un metro menos a Los Colomos”, y se ve el logotipo de la máxima casa de estudios

Defensa con spots televisivos

• Por lo menos un anuncio por cada corte comercial de Foro al Tanto fue comprado por la Universidad de Guadalajara (UdeG) para publicitar que defenderá al bosque Los Colomos. “Ni un metro menos al bosque Los Colomos”, anuncia la voz en off del spot, que a decir de Carlos Briseño Torres, rector de la Universidad, es un recurso bien empleado. “Es una campaña que beneficia a toda la ciudadanía, si logramos salvar a nuestro bosque y si somos millones los que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara y que se van a informar; por eso es un recurso bien invertido”, declaró. Al preguntársele cuanto dinero se invirtió en los spots indicó: “No tengo idea, porque son, no sé cuantos spots serían, pero eso no es lo importante, nosotros tenemos precios preferenciales con Televisa con carga a la pauta institucional y es recurso bien invertido”.

Respaldan alcaldes fiscalía especial para Colomos

El Ayuntamiento de Zapopan procedió con la apertura de cuentas catastrales a nombre del Gobierno del Estado sobre las 81 hectáreas que reconoce como propias en ese municipio

El presidente municipal de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, se dijo de acuerdo con la propuesta de la Universidad de Guadalajara para que el gobernador Emilio González Márquez designe una fiscalía especial que se haga cargo de la defensa jurídica de los polígonos de propiedad estatal en la Cuenca Hidrológica de Los Colomos.

Aunque aseveró que el estudio de su conveniencia corresponde finalmente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, también destacó la importancia de establecer una instancia especializada en la resolución del asunto:

“Es importante que en este tema se defina un solo canal, un solo ministerio público que revise este tema, ya sea uno de los ministerios públicos que actualmente trabajan en temas ambientales o un fiscal especial, si es que por la dimensión de la problemática que está revistiendo el Bosque Los Colomos el procurador determina que así sea”.
Según la delimitación de los polígonos que realizó la Secretaría de Desarrollo Urbano en el año 2005, en el municipio de Zapopan existen 81 hectáreas propiedad del Gobierno del Estado sobre Avenida Acueducto, 41 de ellas se consideran entregadas en comodato al Ayuntamiento desde 1983.

“Es necesario darle la seriedad al tema que merece. Es conveniente que la Procuraduría del Estado intervenga en el tema y se involucre como ha tenido toda la disposición de involucrarse en otras materias”, señaló Sánchez Aldana.

También anunció que el Ayuntamiento de Zapopan ya procedió con la apertura de cuentas catastrales a nombre del Gobierno del Estado de Jalisco sobre todo el polígono de 81 hectáreas: “De tal forma que sea una autoridad judicial la que determine quién es el legítimo propietario de cada uno de los predios”.

Por su parte el alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah coincidió en que la fiscalía especial sugerida por Briseño Torres, es una “buena propuesta” aunque indicó que para legitimar el órgano deben incluirse ciudadanos y expertos en el tema.

“Me parece que es una buena propuesta, no sé y lo digo con toda claridad, si sería la solución definitiva para quitar las sospechas que se generan en el entorno, de si la acción jurídica que se está implementando, es una acción completa o no”.

El Lago de Chapala podría recuperar hasta dos metros

Evelyn Águila - EL INFORMADOR

CHAPALA, JALISCO.- El Lago de Chapala tendrá un buen año para recuperase. Las lluvias en este temporal, que se pronostican por arriba del promedio anual de precipitaciones en la cuenca, serán las responsables de que este ciclo el vaso lacustre alcance hasta dos metros de altura.

La razón por la cual se prevé que esta temporada alcance un mejor nivel, o por lo menos sea similar al del año pasado, es que el lago registró el primer centímetro de recuperación cuando estaba al 55% de su capacidad, es decir, con bastante agua.

Héctor Castañeda, director de Cuencas y Sustentabilidad de la Comisión Estatal del Agua (CEA), señaló que con este arranque, el Lago de Chapala podría llegar a finales del temporal de lluvias con más del 70% de su capacidad de almacenamiento total.

"El año pasado subió 1.78 metros y durante el periodo de estiaje que concluyó hace unos días, perdió 1.15 metros. Si los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se cumplen en términos de que lloverá más de la media en la cuenca propia del lago y la zona del Bajío, los pronósticos señalan que llegaremos, por lo menos, a una recuperación similar a la del año pasado.

"La buena noticia no es sólo el nivel de recuperación, sino que lo agarra con un nivel de almacenamiento bastante alto, que es del orden del 55 por ciento".
Este nivel con el que llegan las precipitaciones, dijo, no se había presentado en los últimos seis años. Y es que lo que logró recuperar el lago durante el año pasado, ha sido el mejor volumen de los últimos tres años, mientras que lo que descendió fue el más alto desde el año 2001.

Aunado a los beneficios que el vaso lacustre obtendrá de las intensas lluvias, está el que las principales presas de la Cuenca Lerma también empezaron a subir su nivel de agua, infraestructura que al llegar al 80% comienza a verter a la cuenca hasta llegar al lago.

"El tema tiene que ver específicamente con la infraestructura de presas aguas arriba del lago, y en este momento lo interesante del periodo que estamos viviendo, es que las presas ya empezaron a recuperar nivel.

"Esto significa que al llegar al 80% de almacenamiento de las presas en la parte alta de la cuenca, vierten sus aguas hacia el Lerma; entre más rápido nos hubiera llegado el periodo de recuperación, más rápido llegan al 80% y más rápido vierten", explicó el funcionario.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Conagua, Chapala ha recuperado en las últimas dos semanas, 11 centímetros de agua, que representan más de cien millones de metros cúbicos del vital líquido. Se ubica en la cota 94.64.

El Lago de Chapala es la principal fuente de abasto para la Zona Metropolitana de Guadalajara, junto con los pozos subterráneos.

Descartan uso de glifosato

Porque la maleza acuática que permanece en el lago está controlada y por debajo de lo que la norma especifica para un cuerpo de agua, la CEA no prevé aplicar glifosato como ya en una ocasión lo hizo.

Héctor Castañeda aseguró que actualmente existe una invasión de sólo 2.66% de maleza en las 105 mil hectáreas inundadas por el vaso lacustre, lo que no significa ningún riesgo.

"Esto nos ubica justamente en el rango que marca la norma de existencia de maleza en el Lago de Chapala. Afortunadamente, el tema de la maleza acuática está controlado y además está garantizado para la cuestión de zonas de anidación y aspectos de flora y fauna en el sitio, por lo que se descarta una nueva aplicación de glifosato", subrayó el funcionario.

Aunque la CEA tuviera la intención de rociar el lago con este polémico químico que ha sido rechazado y cuestionado por grupos ambientalistas por las negativas consecuencias, la dependencia no cuenta con un permiso ambiental para hacerlo.

"De todos modos si quisiéramos hacerlo, la CEA no cuenta con una autorización para hacerlo, y hacerlo por la vía manual, pues tampoco, porque no es necesario".

La infesta de lirio en forma desmedida, reduce el oxígeno en el agua y puede llegar a provocar la muerte de peces. Este tipo de plantas, se da principalmente en ríos, lagos y arroyos que están contaminados.

Descensos en el lago

1995-1996: 1.30 metros.
1996-1997: 1.16 metros.
1997-1998: 1.32 metros.
1998-1999: 1.15 metros.
1999-2000: 1.13 metros.
2000-2001: 1.22 metros.
2001-2002: 89 centímetros.
2002-2003: 78 centímetros.
2003-2004: 69 centímetros.
2004-2005: 1.07 metros.
2005-2006: 1.31 metros.
2006-2007: 90 centímetros.
2007-2008: 1.15 metros.

Recuperación en el lago
1995: 1.17 metros.
1996: 62 centímetros.
1997: 33 centímetros.
1998: 1.43 metros.
1999: 60 centímetros.
2000: 36 centímetros.
2001: 83 centímetros.
2002: 1.01 metros.
2003: 3.25 metros.
2004: 2.31 metros.
2005: 39 centímetros.
2006: 63 centímetros.
2007: 1.78 metros.

Fuente: Comisión Estatal del Agua

FRASE

"Los pronósticos señalan que llegaremos, por lo menos, a una recuperación similar a la del año pasado".
Héctor Castañeda, director de Cuencas y Sustentabilidad de la CEA

El Torreón, historia de escrituras fantasma

Con documentos plagados de inexactitudes se pretende hacer valer la posesión legal de un lote de más de quince mil metros cuadrados. Foto: Público

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Los notarios públicos número cinco de Tlaquepaque, Humberto Gascón Orozco, y 122 de Guadalajara, Carlos Gutiérrez Aceves, tienen mucho qué explicar en torno a la legitimación de dos actos de compraventa de propiedad en Los Colomos, que datan de 1989 y 2006; se trata de documentos plagados de inexactitudes, datos imprecisos y personalidades borrosas: la conformación de una escritura fantasma.

El problema es que esos textos legales son base para legitimar los presuntos derechos de propiedad de ocho particulares en Retorno del Torreón, un lote de 15,131.76 metros cuadrados en la zona sur de Colomos, en perjuicio del bosque público, enclavado en una zona donde el precio por metro cuadrado alcanza fácilmente los seis mil pesos, los rangos más altos de la ciudad. Así, el fantasma cobra evidente realidad, con razones de muchos pesos y centavos.

El gobierno de Jalisco acredita la propiedad del inmueble mediante la escritura número doce del 11 de abril de 1899, que pasó por la fe del notario supernumerario de Guadalajara, Manuel M. Tortolero; una de las doce compras que hizo para formar la propiedad pública. 90 años después, una supuesta excedencia de terrenos de una fraccionadora lo intentó convertir en espacio privado.

Es la escritura pública 9,454, elaborada el 27 de julio de 1989 por Gascón Orozco; el vendedor fue el doctor Salvador Madrigal Moreno como “liquidador de la sociedad Fraccionadora del Valle, SA”; los compradores: José Ávila Sánchez, Rodolfo Camacho Salazar, Alejandro Madrigal Orozco, Alejandro Marco Morales Pérez, Susana Ochoa Villaseñor, Guillermo Orozco Salido, Anna Rosa Pelayo Velasco y María de los Ángeles Pelayo Saldívar.

Fraccionadora del Valle, refiere la fe, se constituyó el 11 de diciembre de 1956 (escritura pública 5,192 emitida por el notario 31, Víctor González Luna) y adquirió en ese mismo acto “por aportación que hizo la socia, señora Antonia Verea de Corcuera, los terrenos que formaron un solo paño consistentes en la fracción A de los antiguos predios El Torreón y San Ramón, en la municipalidad de Zapopan, Jalisco, con superficie de 81 hectáreas…”. No se hacen referencias documentales que sustenten esa aportación.

“Con motivo de dicha liquidación se celebra por parte de la sociedad la venta de un saldo de aquella aportación, misma que es objeto de esta compraventa, con una superficie de 15,131.7605 metros cuadrados…”.

Los nuevos propietarios intentaron legitimar su dominio al demandar en 1995 al Ayuntamiento de Guadalajara en el Juzgado Decimosexto de lo Civil (expediente 731/95) para que se retirara el arco de ingreso y la caseta de control que instaló en Paseo del Torreón para acceder al parque. Tuvieron éxito, pese a que el ayuntamiento, en su respuesta, puso el dedo en la llaga: el título de propiedad presentado por los quejosos es “apócrifo” (ver Proceso Jalisco 176).

Once años después de la demanda, la propiedad fue transmitida parcialmente (11,186 m2) a José Tomás Colsá Chalita y Álvaro Corvera Nepote, según escritura 8,107 del notario Gutiérrez Aceves, del 6 de diciembre de 2006.

El documento presenta incongruencias que alcanzan los linderos de lo bufonesco: por ejemplo, el predio se ubica en el distrito Minerva de Guadalajara, pero la fe indica que está en Zapopan y menciona su cuenta catastral en aquel municipio (U103627); además, uno de sus compradores (Corvera Nepote) es un hombre nacido el 14 de julio de 1999.

Diez días después, la sindicatura tapatía abrió la posibilidad de que allí se construyeran “40 viviendas bajo régimen de condominio vertical densidad baja, en ocho niveles de altura”, al aprobar el recurso de revisión DJM/DJCT/FA-671905972006. Y eso que la escritura dice que es un predio de Zapopan. Tantas coincidencias hacen pensar a los defensores de Los Colomos en una acción concertada para consolidar derechos sobre propiedad pública que, como se sabe, es imprescriptible, inalienable e inembargable (o sea, no puede vender ni perder bajo ninguna circunstancia). El fantasma de los intereses especulativos tiene así, aparentemente, una partida ganada.

El debate

Los Colomos padece los intereses especulativos de facto, sobre más de 60 hectáreas del patrimonio público adquirido entre 1897 y 1902, que suman poco más de 198 ha. Esto ha generado un debate público sobre la responsabilidad gubernamental en el caso. Vecinos, ecologistas y políticos de oposición juzgan de “tibia” y hasta “cómplice” la actuación de los gobiernos municipales y el estatal

Carlos Briseño Torres, rector de la UdeG, ha respaldado a los ciudadanos que desean rescatar la propiedad pública, lo que causó malestar entre ediles panistas de Guadalajara, que le han exigido disculparse por sugerir que entre ellos hay cómplices de fraccionadores, lo que ha sido leído como acusación contra el panista Juan Pablo de la Torre. Sin embargo, el dirigente universitario dijo el pasado viernes que no se va a disculpar: "Estamos pisando callos en Los Colomos", aseguró

Pide Cesjal al Congreso establecer plan de trabajo para complementar el código urbano

Propone la participación de especialistas, ONG, legisladores y representantes del Ejecutivo

Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO

Después de pedir al Congreso del Estado un plazo para revisar el Código Urbano antes de su aprobación, el Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal) emitió su primera recomendación al respecto y solicitó al Legislativo “establecer un programa de trabajo ordenado y abierto a la sociedad, para que con la participación de especialistas, organizaciones ciudadanas, legisladores y representantes del Ejecutivo se logre complementar, en un lapso de 30 días, un código urbanístico pertinente”.

El Consejo convocó ayer a sesión extraordinaria y ahí se votó a favor de que el lunes se envíe al Congreso un documento en el que se recomiende analizar a fondo la manera de crear un marco normativo integral en materia urbanística, para que con él se dé certeza a los desarrolladores y se garantice a la sociedad que los proyectos que se generen en la ciudad serán sustentables.

“Como parte de un proceso integral, se solicita al Congreso del Estado que en la discusión legislativa de proyectos de esta magnitud e impacto se abran los canales adecuados para la participación ciudadana amplia y sin cortapisas”, señala el documento que presentará mañana el Cesjal ante el Congreso.

Tomás López Miranda, presidente del Consejo, explicó que el organismo llevó a cabo diversas consultas con expertos donde participaron integrantes del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y Asesores del Consejo para poder emitir esta recomendación.

Tras el análisis de la propuesta de código que entregó el Poder Legislativo, el Cesjal conformó los comentarios y observaciones que entregará el lunes al Congreso.

López Miranda indicó que el pleno del Consejo se reunió en sesión extraordinaria dada la premura con que la Junta de Coordinación Política del Congreso decidió presentar en segunda lectura el dictamen del Código Urbano en la próxima sesión ordinaria.

La recomendación que recibirá mañana le Legislativo contiene 12 puntos establecidos como antecedentes previos, 21 consideraciones respecto de la consistencia jurídica del documento, dos consideraciones respecto de la consistencia técnica aportadas por el Consejo de Desarrollo Urbano, una conclusión general y tres recomendaciones generales.

En la sesión se dio lectura a la respuesta del Congreso del Estado a la solicitud del Cesjal para conocer la propuesta de código: “si bien es cierto que el Consejo está facultado para elaborar recomendaciones para la elaboración de políticas públicas, así como de proyectos de leyes o decretos con la finalidad de que éstas sean valoradas en el ejercicio de las responsabilidades públicas, sus recomendaciones y opiniones emitidas no son vinculatorias ni obligatorias para las autoridades del estado y de los municipios, por lo tanto, el Congreso del Estado no puede detener sus trabajos legislativo”.

Por lo pronto, este lunes los vicepresidentes del Cesjal y el titular del organismo realizarán una rueda de prensa para dar a conocer la postura del Consejo ante esta situación

Ganó joven jalisciense medalla de oro en concurso internacional de programación

Presentó un proyecto sobre educación ambiental para niños

RAUL TORRES- LA JORNADA JALISCO

Se llama Jesús Francisco Rodríguez Pérez, tiene 17 años, una medalla de oro en un concurso internacional de programación y un proyecto de educación ambiental para niños que quiere desarrollar con ayuda de la Universidad de Guadalajara.

Jesús es estudiante de la preparatoria de La Barca, Jalisco, y gracias a su proyecto Ecolab+O2, el 25 de mayo pasado ganó el concurso Infomatrix, que se realiza cada año en la ciudad de Bucarest, Rumania.

El proyecto –explica Jesús– consiste en un programa de computadora para niños orientado al cuidado del ambiente.

El tema del concurso, que además de la medalla de oro ofreció mil 500 dólares como premio, era el de “Niños, futuro y naturaleza”; con esos elementos, Jesús tuvo que crear, además del programa que a través de animaciones y preguntas genera en los pequeños ciertas ideas sobre el cuidado del medio ambiente, toda una campaña publicitaria para el software que ideó.

“Presenté una página electrónica, una página en flash, carteles, calcomanías, un video, un stand; todo como si fuera una campaña publicitaria y un ‘detrás de cámara’ para documentar el proceso de Ecolab+O2”.

El joven explicó que para poder contender en Rumania, primero tuvo que crear otro proyecto que consistió en un software libre, por lo que al recibir las bases para el siguiente programa a desarrollar, decidió combinar lo que ya había hecho con nuevas ideas.

“Lo presenté en mayo y ya hay 12 personas que se apuntaron en el mismo, porque la idea es crear una comunidad de desarrolladores, quienes van a trabajar en la creación del programa con el fin de liberar nuevas versiones mejoradas y aumentadas”.

Jesús dice que lo que llamó la atención de los jueces hacia su trabajo, entre los 111 proyectos que presentaron 26 países, fue el gráfico y que la idea tiene mayores alcances, como el de invitar a participar a una comunidad global de programadores.

La intención de Jesús es que el proyecto no quede ahí y para ello la Universidad de Guadalajara ya ofreció el hospedaje gratuito para la página web en su servidor institucional de Internet, y la empresa GEO Michoacán, una asociación ecológica con presencia nacional y en la ONU, lo apoyará con la difusión.

Expropiar Los Colomos, trampa o estratagema

Agustín del Castillo y Dolores Reséndiz - PÚBLICO

La propuesta que planteará el Ayuntamiento de Guadalajara al gobierno de Jalisco para expropiar los predios invadidos en Los Colomos levantó ámpula entre los defensores del bosque tapatío, que ven en el planteamiento un reconocimiento a derechos “espurios” de los presuntos invasores, que así asegurarían una indemnización millonaria a cambio de perder desarrollos inmobiliarios que de por sí eran “ilegales”.

“Nomás nos faltaba que quisieran asegurar un negocio cuando se trata de invasiones a propiedad pública; jurídicamente es eso: las escrituras del gobierno datan de un siglo y los actos de los invasores tienen pocos años. Así cómo esperan que les creamos que no están protegiendo intereses de los particulares”, advirtió Virginia Acosta, de Ciudadanos por Los Colomos, AC.

A juicio de la defensora del espacio público, lo único sensato es que se planteen los procesos jurídicos indispensables para que se restituya el territorio comprado entre 1897 y 1902 por los gobernadores Ahumada y Curiel en la cuenca de Los Colomos. Sólo procedería expropiar si se demostrara judicialmente que los títulos particulares son mejores a los públicos.

Para Acosta, la solicitud municipal es simplemente de una “cortina de humo” que oculta la indiferencia de Guadalajara por salvaguardar el patrimonio, lo cual, a su juicio, también se demuestra con la indignación que causaron entre los regidores y el propio presidente municipal, Alfonso Petersen Farah, los señalamientos del rector de la UdeG, Carlos Briseño Torres, de que “un regidor” —en alusión al panista Juan Pablo de la Torre— estaría apadrinando intereses de algunos invasores (Público, 6 de junio de 2008).

Sin embargo, el director jurídico de Guadalajara, José de Jesús Hidalgo Sánchez, ve las cosas de otro modo: la petición del ayuntamiento tapatío pretende demostrar que los predios no tienen dueños particulares legítimos.

Aseguró que el dictamen que se aprobará en la siguiente sesión de ayuntamiento solicita primero la protección de la cuenca hidrológica y, en segunda instancia, la declaración de la expropiación de todos los terrenos en disputa, incluyendo los que se encuentran en Zapopan.

“En primera instancia es la protección de la cuenca, después es comenzar con el proceso expropiatorio y que aparezcan quienes se dicen dueños, presenten sus juicios de amparo y demuestren que se trata de propiedad privada”, apuntó Hidalgo Sánchez.

—¿Pero eso no es como perder sin pelear, o sea, pagar el terreno que ya se había comprado?

—No, el ayuntamiento estipula el costo, pero es poco probable que [ellos] puedan demostrar la propiedad.

—¿No tendrían que pedirle al gobierno del estado que les dé herramientas jurídicas para pelear estos terrenos, en lugar de solicitar desde este momento la expropiación?

—Nosotros no podemos pelear ni expropiar solos. El comodato con el que cuenta el ayuntamiento no ha sido firmado por el alcalde; no podemos defender nosotros a Los Colomos. Gobierno del estado ya presentó una demanda en el caso del predio de Paseo del Torreón, pero con el decreto de expropiación saldrán más propietarios a quienes se habrá de pelear la propiedad.

El ayuntamiento tapatío aprobó un punto de acuerdo para solicitar al estado “que inicie los procesos de expropiación de los terrenos que se encuentran en disputa social dentro del bosque Los Colomos”. Al decreto se le realizarán modificaciones en la redacción, por lo que su aprobación será hasta la próxima sesión de ayuntamiento.

La expropiación exige una claridad respecto al dueño del predio a expropiar. Carece de sentido si el titular del derecho es el propio gobierno.

Para abogados consultados por este diario, lo procedente es interponer litigios para rescatar el área pública, bajo los dos presupuestos básicos: el primero en tiempo es primero en derecho, y la propiedad pública jamás prescribe (es decir: así las tierras hubieran sido invadidas al día siguiente de su compra por el gobierno, siguen siendo públicas: su posesión ilegal no genera derechos de propiedad).

La Ley de expropiación de bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, que tendría aplicación en el supuesto, señala en su artículo 7: “La indemnización correspondiente, siempre que no hubiere acuerdo sobre el monto de ella, se basará en la cantidad que como valor fiscal figure en las oficinas catastrales, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por el de modo tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base, aumentándolo en 10 por ciento”.

De la Torre, “defensor de oficio”

Para Jorge Eduardo Martín del Campo, también miembro de Ciudadanos por Los Colomos, la supuesta ofensa de que se dice víctima el regidor Juan Pablo de la Torre, al ser señalado como defensor de los invasores de Paseos del Torreón, no se sostiene en los hechos.

“El 8 de febrero de 2008, en la junta de vecinos de Colinas de San Javier, y ante 250 personas registradas con nombre y firma, el señor Juan Pablo de la Torre arrebató el micrófono y acusó al pleno de la asamblea de estar desinformada [sobre el problema de la propiedad de Los Colomos]. Apersonándose como parte interesada y no como representante de la comunidad, en esta reunión apoyó de manera contundente a los seudodueños de los terrenos que han sido robados a la propiedad estatal […]”, señala en carta entregada a este diario.

Además, “la cuestionable escritura que presenta el regidor, que exhibió en dicha junta, hace referencia a un predio cuyos linderos no corresponden al terreno del bosque”. Acusó a De La Torre de presionar al personal del ayuntamiento para la emisión de permisos para sus amigos, Álvaro Corvera y Tomás Colsá Chalita; “esta información la dio el propio personal de la Dirección de Obras Públicas”.

Guadalajara/Agustín del Castillo/Dolores Reséndiz Mora

Clausura Proepa predio en Retorno al Torreón

Evelyn Águila - EL INFORMADOR

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) clausuró el predio de Retorno del Torreón 1815, aledaño al Bosque Los Colomos, por remover vegetación y suelo sin autorización en materia de impacto ambiental.

Los dueños del terreno arrancaron con una serie de trabajos para preparar el sitio donde pretender levantar un complejo habitacional horizontal sin estar autorizado, lo que el pasado jueves derivó en una clausura temporal.

Ernesto Naranjo Castellanos, director de Verificación Normativa de la Proepa, aseguró que si bien no encontraron durante la inspección principios de la propia obra de infraestructura, sí detectaron diversas violaciones a la ley como la remoción de vegetación, suelo y el azolve de un arroyo intermitente que pasa por el predio.

Aclaró que mientras no cuenten con un permiso ambiental, los dueños del predio asentado en el municipio de Guadalajara, no podrán realizar ningún tipo de actividad. Deben dejar el terreno como está.
Explicó que con esta medida cautelar se arranca el proceso legal con los propietarios, que finalmente podría resultar en una clausura definitiva o que la misma sea retirada siempre y cuando cumplan con la normatividad. Hasta el momento tampoco hay una sanción económica.

El terreno cuenta con una superficie de 15 mil 131 metros cuadrados.

Para los vecinos aledaños al bosque y miembros de la sociedad civil organizada, la clausura del predio constituye el primer triunfo para los jaliscienses, toda vez que se trata de la primera intervención física que realiza la autoridad estatal para defender el área protegida, afirmó María García, integrante de la Asociación Civil Ciudadanos por Colomos.

Agregó que no cederán en la defensa de este pulmón natural.

No cederemos nuestras viviendas ni a precio de oro: pobladores de Temacapulín

Especialistas y miembros de organizaciones civiles analizan el impacto que tendría la presa El Zapotillo

Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ Encuentro de los habitantes que serían desplazados por la construcción de la presa El Zapotillo

Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCO

Temacapulin, municipio de Cañadas de Obregon, 19 de junio.- Aquí en este poblado, sobre el que penden advertencias del gobierno del estado para dar paso a la construcción de la presa El Zapotillo, cuyo embalse sería el más grande de Jalisco, comenzó el Quinto Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).

Un desayuno a las 8 horas y posterior celebración eucarística en el Templo de la Virgen de los Remedios, una joya arquitectónica que data desde principios del siglo XVIII, fueron el preámbulo para iniciar con las actividades.

Las palabras del presbítero Gabriel Espinoza Iñiguez infundieron ánimo a los asistentes y renovaron las esperanzas de la población para continuar su resistencia a los embates de las autoridades de la Comisión Estatal de Agua (CEA), que el pasado domingo hicieron una visita encabezada por el director de Cuenca y Sustentabilidad del organismo Héctor Castañeda, para informarle a los habitantes que tienen que ir escogiendo un lugar donde puedan permanecer el resto de sus vidas.

Más de 30 organizaciones civiles y medios de comunicación independientes acudieron a la inauguración, donde se intercambiaron puntos de vista y experiencias tanto de pobladores y afectados por la construcción de presas, como de académicos e investigadores.

En la primera ponencia participaron los propios pobladores de Temacapulín quienes relataron sus experiencias y dejaron en claro que no cederán sus viviendas ni a “precio de oro”.

“Son hasta tontos, porque pusieron en las mantas que asistiéramos a la junta para elegir dónde ubicarnos. Si ya estamos ubicados ¿qué nos van a ubicar?”, comentó la señora María Abigail Agredano, administradora de uno de los dos hoteles que se encuentran en el poblado.

Posteriormente participó una delegación de campesinos del estado de Guerrero donde desde hace cuatro años comunidades indígenas mediante el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota han emprendido una resistencia legal y a veces violenta para detener el proyecto del embalse que lleva el mismo nombre.

Entre ponencia y ponencia, trovadores amenizaron las sesiones con su canto de protesta y poco después de las 14 horas los asistentes se reunieron en un banquete para degustar el pozole y la ternera de res que se sirvió de manera colectiva.

En septiembre de 2005, pobladores de Temacapulín, ubicado en el municipio de Cañadas de Obregón, advirtieron que defenderían “con sangre” sus tierras, durante una visita que realizó el entonces secretario de Gobierno, Héctor Pérez Plazola, y personal de la Comisión Nacional del Agua para informar directamente a los habitantes que tendrían que desalojar sus viviendas. Además de Temacapulín, entonces se manifestaron ante la presencia de los funcionarios habitantes de Palmarejo y Acasico, en esa misma zona aledaña al cañón del río Verde, cuyas poblaciones también serán inundadas.

Con el aumento en el tamaño de la cortina de 80 a 110 metros, además de inundarse otra población aún no especificada, aumentará también el costo, que se calculaba originalmente sería de 7 mil 450 millones de pesos –un 40 por ciento pagado por Guanajuato y el resto por la Conagua–, a los 7 mil 900 anunciados ayer. Además, a pesar que la presa de Arcediano parecía la opción lógica para alimentar a la Zona Metropolitana de Guadalajara, ahora resulta que también El Zapotillo servirá para ese fin.

Hoy intervendrá una delegación que llegó de Guatemala para hablar principalmente de la contaminación de ríos que ha provocado la extracción de minerales, y la participación especial de una comitiva de Mapder que llega de Brasil en pago a una visita que el Mapder de México realizó hace unos meses.

Por la noche, los realizadores del encuentro junto con los pobladores de la región efectuaron una velada en el panteón antiguo para recordar a sus seres queridos, y hacerles la promesa de que nunca dejarán de visitarlos.

Obras del Puente de Arcediano llevan seis meses suspendidas

Evelyn Águila - EL INFORMADOR

Durante el año pasado, el Puente de Arcediano, al fondo de la Barranca de Huentitán, fue desmontado de su sitio original y no ha sido reubicado como se prometió. La obra lleva suspendida poco más de seis meses.

Ricardo Robles Varela, director de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua (CEA), reconoció que no han podido concluir con el proyecto de reubicación del histórico puente colgante, por falta de recursos económicos.

“El puente está totalmente desmontado, se terminó el contrato con la empresa Deconcrefoc, lo agotaron; estuvieron trabajando todo el año pasado. Ahora nosotros en la propuesta de inversión para 2008, se está proponiendo un recurso para continuar con el puente y terminarlo.

“No pudimos concluirlo por problemas de recursos, son programas anuales que en algunos casos hay obras que sí tienen multianualidades, pero en este caso es un puente que se está rescatando, es valioso, forma parte del proyecto; lo que pasa es que estamos más al pendiente de estudios y proyectos que hacen falta de la propia presa (de Arcediano)”.

El puente tuvo que ser removido para no quedar bajo el agua por la construcción de la Presa de Arcediano, que podría arrancar a finales de este temporal de lluvias.

El funcionario estimó que para montar la infraestructura que data de 1894, se requerirán de alrededor de 14 millones de pesos, por lo que están preparando una nueva licitación.

“Nosotros tenemos que lanzar una convocatoria pública y con el proyecto ejecutivo que tenemos y yo quiero pensar que vamos a andar en esa cantidad, de 14 millones de pesos, para poder terminar el puente”.

De acuerdo con el proyecto de la CEA, los recursos alcanzarán también financiar las obras complementarias que tendrá el puente colgante que son un museo en sitio y una explanada.

“Estamos preparando la licitación para lanzarla en el mes de julio. Todavía no tenemos un programa exacto, pero esta obra debe estar terminada en un lapso de entre ocho y nueve meses, aproximadamente”.

A principios de 2007 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió una serie de condiciones para cambiar el puente de lugar, entre ellas, que las piezas originales se mantuvieran, pero una de ellas, el cableado tuvo que ser modificado para garantizar mayor seguridad a los paseantes.

RECUADRO

Valor patrimonial

El Puente de Arcediano está considerado por la Ley federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, como “Monumento Histórico por Determinación de Ley”, quedando bajo la tutela del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Invasión rapaz en Tulum

ROBERTO BARBOZA SOSA / CORRESPONSAL - EL UNIVERSAL

Ahora, especuladores y hoteleros, con el apoyo de políticos rapaces, tienen la mira puesta sobre la joya del Caribe mexicano e ícono del estado: Tulum.

Desde actores de televisión, sindicatos, pescadores y prestadores de servicios turísticos, nacionales y extranjeros, entre otros, pretenden quedarse y usufructuar la superficie de 664 hectáreas del Parque Nacional Tulum, asentado en el municipio del mismo nombre, recién creado.

En ese plan de lucro del área que preserva vestigios mayas, conjugada con el majestuoso Caribe y arrecifes, los traficantes de la paradisiaca zona cuentan con apoyo de autoridades municipales y estatales.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), responsable de la preservación de ese parque, ha fracasado en su intento de impedir que particulares se apropien de esa zona federal.

Para la directora del INAH-Quintana Roo, Adriana Velásquez Morlet, las intentonas de autoridades locales y particulares de desaparecer ese parque “no pasarán”. Empero, la realidad la desmiente hasta ahora. Admite que la tenencia de la tierra es “muy irregular” y objeto de especulación.

El INAH emprendió, y también recibió en contra, varios litigios por la disputa de superficies del Parque Nacional ocupadas por particulares.

Aun con sellos de clausura y oficios donde el INAH los conmina a evitar construir, las edificaciones avanzan sin cesar en el predio considerado con importante legado maya postclásico. Ahí cada metro cuadrado se cotiza en dólares.

Encima, quien fuera alcalde de Solidaridad, más conocido como Playa del Carmen —con parte de su territorio se creó en marzo el municipio de Tulum—, Carlos Manuel Joaquín González, hoy secretario de Turismo del estado, antes de dejar ese cargo aprobó el nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del Centro de Población de Tulum, donde incorpora el Parque Nacional como fundo municipal, con el cual el ayuntamiento podrá autorizar construcciones sobre esa superficie.

Con el acuerdo municipal, publicado en el Periódico Oficial del estado el pasado 9 de abril, se considera que se invadió una competencia federal al decretar medidas sobre ese parque. Por ello, a exhorto de la Cámara de Diputados, el titular del Ejecutivo Federal interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el expediente 00072/2008 de la SCJN.

Aun así, el funcionario estatal afirma estar a favor del desarrollo sustentable, que “significa también derrama económica, generación de empleo y desarrollo social”. Argumenta que la expropiación del Parque Nacional “aún no está terminada”, pues existe incertidumbre e inseguridad jurídica sobre el predio.

Sin dar razón de su deseo de que se realicen construcciones, ni tampoco del porqué mejor dejar que se conserve como área protegida, dijo que sólo procedería usufructuar la zona por particulares, si así lo determina algún juez federal que lleva alguno de los litigios interpuestos por éstos contra el decreto expropiatorio y declaratorio como Parque Nacional.

Con el aval del Congreso local y del gobernador Félix González Canto (PRI), el ex edil de Solidaridad heredó al nuevo municipio de Tulum los planes a que deberá sujetarse.

IP Ignora clausuras del INAH

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mantiene nueve litigios contra hoteles españoles y mexicanos, construcciones de particulares y hasta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por construir, sin su autorización, dentro del polígono del Parque Nacional Tulum.

Uno de los personajes que pretende apropiarse de terrenos de la zona arqueológica es el actor Roberto Palazuelos Badeaux, quien interpuso juicio de amparo en contra de la Ley de Expropiación del 21 de noviembre de 1936 y del Decreto del 23 de abril de 1981. El INAH fue notificado de ese litigio este 2 de mayo, y presentó los informes respectivos ante el juez de Distrito que lleva el expediente.

También la Inmobiliaria Playa Max, SA de CV, interpuso juicios de amparo contra la Ley de Expropiación de 1936 y del Decreto de abril de 1981, de los cuales recibió notificación el 3 de mayo pasado y se respondió ante el juez de Distrito.

En la mayoría de los casos, el INAH solicitó suspender y demoler obras e inmuebles; todos hicieron caso omiso y respondieron con defensas legales, incluso siguieron con las construcciones.

Por ejemplo, la autoridad federal inició procedimiento administrativo en contra de Solé Capital, SA de CV, propietaria del hotel La Mansión Tulum México; ordenó suspender en definitiva el proyecto arquitectónico y demoler la obra.

Defienden patrimonio

El 29 de abril, tras un punto de acuerdo, la Cámara de Diputados exigió al titular del Poder Ejecutivo federal iniciar la controversia constitucional por el decreto municipal del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del Centro de Población de Tulum.

Se fundamentó la necesidad de defender el Parque Nacional Tulum, por ser la única área natural protegida terrestre en el corredor Cancún-Tulum, que funciona como zona protectora de las zonas arqueológicas de Tulum y Tankah, pues es posible que dentro del parque existan restos arqueológicos aún no descubiertos.

El punto de acuerdo que condenó el PDU por incluir el parque dentro del polígono urbano, y por tanto intervenir directamente en el uso y manejo de esa zona federal, así como la Zona de Monumentos Arqueológicos, advertía la amenaza de permitir, en caso de que un juez federal así lo determine, “el derecho de construcción por parte de particulares dentro del polígono protegido de Tulum, vulnerando con ello el futuro y patrimonio de la zona”.

El Congreso de la Unión denunció que la finalidad de los supuestos propietarios de las tierras es construir desarrollos turísticos con impacto ambiental adverso.

Quieren ‘prostituir’ Tulum, acusa legislador

Adriana Varillas - Corresponsal CanCun - EL UNIVERSAL

Luego de haber sobredensificado Cancún y entregado al capital español la Riviera Maya, “Tulum es la última batalla”, advierte Alejandro Landero, presidente de la subcomisión de diputados que, desde el Congreso de la Unión, impulsaron el exhorto para que el presidente Felipe Calderón, solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciar una controversia constitucional para defender el decreto que dio vida al Parque Nacional Tulum en Quintana Roo y con ello, el pacto federal.

“Lo que se hizo en Cancún y Playa del Carmen se quiere triplicar, por eso Tulum es la última batalla. No sólo los legisladores debemos defender esta zona. La defensa de Tulum es un asunto que debería ser de interés nacional, empezando por gobernadores, alcaldes y de todos los mexicanos, porque lo que quieren hacer es prostituir la zona”, afirmó el legislador.

Doble lenguaje

El entrevistado, militante del Partido Acción Nacional (PAN), acusó al gobierno de Quintana Roo de manejar un doble lenguaje, pues el discurso oficial habla de reconocer y proteger al Parque Nacional Tulum, pero el año pasado presentaron recursos de revocación del decreto que declaró el nacimiento de dicha área natural protegida de 664 hectáreas y avalaron la aprobación y publicación del Programa de Desarrollo Urbano de Tulum (PDU).

Ese instrumento de planeación incorporó, indebidamente, al área natural dentro de la mancha urbana, y posibilitar así la construcción de hoteles y desarrollos turísticos en el polígono costero, siempre y cuando se tenga el fallo positivo de un juez, de acuerdo con una cláusula suspensiva incluida en el PDU, cuya aplicación está suspendida en tanto la Corte determina si el municipio de Solidaridad —que lo expidió— violenta o no las competencias de la Federación.

Advierte que, de aplicarse el PDU, los 5 mil cuartos proyectados para el polígono costero provocarían depredación de especies, contaminación de ríos subterráneos, destrucción de manglares, pérdida del hábitat de las tortugas marinas y baja del turismo, que llega atraído por las bellezas únicas de la zona.

Ofrecerá el Centro Universitario de la Costa Sur la licenciatura en Biología Marina

Raúl Torres - LA JORNADA

A partir del próximo ciclo escolar, el Centro Universitario de la Costa Sur ofrecerá la licenciatura de Biología Marina, que tendrá su sede en San Patricio, Cihuatlán.

Con la apertura de esta nueva licenciatura, la UdeG intenta que los estudiantes aprendan como funcionan los proceso de la naturaleza en el mar y en las zonas costeras, como se deberían insertar las actividades humanas en esos procesos y generar la información necesaria para quienes toman las decisiones, señaló el investigador Francisco de Asis Silva Bátiz.

El programa de estudios contempla cuatro vertientes: ecología marina, manejo costero e impacto ambiental, manejo de recursos marinos y biotecnología.

La licenciatura tendrá cupo para 40 estudiantes cada año y para este año el periodo especial de inscripción se desde el 16 de junio y termina el 27 de junio.

Por su parte, el investigador Jorge Rojo, indicó que entre otras cosas, los egresados de esta carrera podrán realizar proyectos de investigación, planificación y ordenación de las zonas costeras, trabajo de conservación y restauración del medio marino y costero, préstamo de servicios ambientales, consultorías, en estudios de impacto ambiental, gestión de zonas de reservas, auditorías ambientales, prevención de riesgos naturales, o actividades docentes.

Actualmente, los 22 investigadores de tiempo completo que impartirán clases en esta licenciatura, trabajan asesorando a algunas cooperativas pesqueras de la zona y en el ordenamiento ecológico de los municipios de La Huerta, Cihua-tlán y Tomatlán.

Además, el departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras cuenta con un barco de 12 y medio metros de eslora para la investigación y monitoreo.

El límite de pago para inscribirse en esta licenciatura es el 30 de junio; del 1 al 7 de julio se tramitan las credenciales y el 12 de julio es la fecha del examen de ingreso. La documentación se entrega del 14 al 25 de julio la publicación de la lista de admitidos se hará el 4 de agosto. La duración de la carrera es de nueve semestres.

Hoy, en Temacapulín, rechazo ciudadano a los megaproyectos

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Temacapuín, en Cañadas de Obregón, es sede a partir de hoy del V Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, y del I Encuentro de la Red Mexicana Antiminera, lo que reunirá a las voces más críticas del proceso desarrollista que se padece en muchos rincones del país, incluido este áspero pasaje alteño.

Mientras los moradores de Temacapulín insistirán en oponerse a la construcción de la presa El Zapotillo, que condena a la desaparición de su centenario asentamiento, los encuentros buscan integrar comunidades, organizaciones sociales, indígenas y campesinos “amenazados y afectados directa e indirectamente por la minería, la construcción de presas y por la contaminación de las cuencas y los ríos”.

Se espera que arriben representantes de más de 50 organizaciones civiles, sociales, campesinas e indígenas de distintas regiones de México, “las cuales tienen como característica común la defensa de los ríos, las lagunas, la tierra, los ecosistemas costeros, el territorio y el medio ambiente, así como preponderantemente la defensa de la energía, el agua y el entorno natural como un derecho humano básico”, señalaron los organizadores.

Los grandes temas a discutir: el agua, los ríos y las privatizaciones; la energía; la defensa de la sociedad civil del territorio y los recursos naturales; relación presas, minería, ecosistemas costeros y contaminación; alternativas de desarrollo para los pueblos y diálogo Intercultural.

Se trata de compartir “experiencias de lucha, alternativas de desarrollo local sustentable, experiencias de desalojos y desplazamientos, consecuencias y efectos por la minería y la construcción de presas, estrategias de resistencia y criminalización de los movimientos sociales, el agua y la energía como derecho humano, la contaminación de ríos y el neoliberalismo y megaproyectos energéticos”.

Para mayor información, se puede consultar la dirección web www.mapder.org, así como www.noalamineria.lunasexta.org.

Truenan autos la verificación de gases contaminantes

Mónica Reyes Garrido, directora de Mejoramiento Ambiental de la Semades, presentó, junto con otros funcionarios estatales, el resultado del operativo. Foto: Sergio Hernández

Sergio Hernández - MURAL

La mayoría de los vehículos que en los últimos dos meses fueron revisados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) en los ingresos carreteros emiten una cantidad de gases contaminantes fuera de la normatividad vigente.

Mónica Reyes Garrido, directora de Mejoramiento Ambiental de la Semades, explicó que fueron 27 mil 219 automotores los revisados entre el 15 de abril y el 15 de junio, de los cuales 14 mil 436 no pasaron la verificación, que equivalen al 53 por ciento.

Quienes no pasaron la verificación fueron sancionados con una multa de 20 salarios mínimos, y obligados a poner sus vehículos dentro de norma con lo que se les condonaba la sanción económica.

"El programa tuvo resultados muy positivos, además de contribuir a la mejora de la calidad del aire nos dio información valiosa respecto al porcentaje de vehículos que se encuentran en circulación y no pasan la verificación vehicular", señaló.

"A pesar de haber infraccionado a más de 14 mil vehículos, la reducción de emisiones no es significativa puesto que este número representa solamente el uno por ciento de la flota vehicular de la zona metropolitana, por lo cual es importante que el programa sea aplicado permanentemente".

La funcionaria aclaró que una vez a la semana las diversas dependencias revisarán vehículos en las principales arterias de ingreso a la Ciudad, para lo cual se pondrán de acuerdo en los próximos días.

Según el Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana de Guadalajara, dado a conocer en el 2005, la Ciudad emite al año un millón 481 mil 749 toneladas de contaminantes, de las que el 90 por ciento son de fuentes móviles, con un total de un millón 330 mil 969 toneladas.

Reyes Garrido indicó que de agosto del 2007 a mayo del 2008 se incorporaron a la flota vehicular 42 mil 619 vehículos, para totalizar un millón 478 mil 882 automóviles en la zona metropolitana.

De los nuevos autos incorporados, 21 mil 550 fueron autos nuevos.

Reabren centro de revisión

Los dueños de vehículos que no tienen la certeza de saber si están o no contaminando podrán ir de nueva cuenta al Centro Oficial de Medición de la Semades, que volvió a abrir sus puertas luego de dos meses de estar cerrado por los operativos de revisión en accesos carreteros.

Con la reapertura del centro, en Enrique Díaz de León —entre Plan de San Luis y Ávila Camacho—, se poner a disposición del público el servicio de colocación de hologramas, previa revisión, con un costo de 15 pesos.

Red de colectores de López Mateos “está en su límite”

Las tareas para derribar el colector en el túnel de López Mateos y Las Rosas avanzaron ayer. El trabajo de las máquinas fue más que notorio. Foto: Ivan García

Ignacio Pérez Vega - PÚBLICO

El colector de la avenida López Mateos es añejo y está rebasado por el agua de lluvia que cae cada temporal, advirtió ayer el profesor-investigador de la carrera de ingeniería civil de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Isidro Rubio Lozano.

Abordado ayer, el especialista señaló que el ducto se diseñó alrededor de 1970 para lluvias de 51 milímetros (51 litros por metro cuadrado), cuando es frecuente que ahora las tormentas sean de 70 milímetros (70 litros por metro cuadrado).

Sin embargo, el colector de López Mateos es apenas un ejemplo de lo que sucede en toda la ciudad. La prueba es que el propio Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ha identificado 71 puntos de inundaciones, donde la causa es precisamente que las tuberías están saturadas.

Rubio Lozano, miembro de la Academia de Hidráulica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), precisó que al colector de López Mateos, entre Lázaro Cárdenas y Plaza del Sol (2.4 kilómetros), construido en el sexenio 1971-1977, se le fueron sumando otros pequeños colectores, conforme fue creciendo la ciudad.

En la calle Axayácatl existe un colector que se conecta al de López Mateos y que drena principalmente del fraccionamiento Jardines del Sol.

“Este colector aporta un gasto de cinco metros cúbicos por segundo y en avenida Tepeyac, ya casi en Lázaro Cárdenas, recibe otra descarga de 3.5 metros cúbicos por segundo de agua”, refirió el experto.

Por ello, la infraestructura existente en la zona de la avenida López Mateos “está rebasada”. La vida útil de estos colectores (instalados en el decenio de los setenta) “ya está en sus límites”, reconoció.

Rubio Lozano manifestó que “es importante señalar que las condiciones de diseño de los colectores que se tomaron en cuenta en aquel entonces y bajo la normatividad y tecnologías existentes fueron para una intensidad de lluvia de 51 milímetros por hora y una pendiente de la cuenca del valle de Atemajac de diez metros por cada mil metros de desnivel; eso representa una pendiente de diez al millar (un coeficiente de 0.45)”.

Estos valores quedan “obsoletos”, enfatizó el entrevistado, pues los diseños para los nuevos colectores manejan intensidades de lluvia de 70 milímetros, comparados contra los 51 utilizados en aquel entonces, y para coeficientes de escurrimientos de 0.7 a 0.75, cuando hace 40 años se consideraba 0.45.

El indicador de escurrimientos se refiere a que, como la ciudad “se impermeabilizó” al pavimentarse sus calles, el agua corre por las arterias con mayor fuerza, pues ya no se infiltra al subsuelo y eso hace que el colector se sature aún más.

Dijo que de esta forma no sólo el colector de López Mateos trabaja bajo “presión” cuando llueve, sino que lo mismo ocurre en otras zonas de la ciudad. “Esto se pone de manifiesto cuando se botan las tapas de los registros de agua y afloran las aguas combinadas que se observan como fuentes en las calles y avenidas”, apuntó.

Según el docente de la UdeG, “es urgente” que los gobiernos municipales, el estatal e incluso el federal, se pongan de acuerdo y asignen recursos para resolver el problema, realizando obras que “alivien” la presión que tienen los colectores.

La tarea es cuesta arriba, pues hacer esos trabajos requiere de entre 3,500 y cinco mil millones de pesos, de acuerdo con la solución que se escoja, finalizó el especialista en ingeniería hidráulica.

Habitantes de Temacapulín temen expropiación de bienes

Evelyn Águila - EL INFORMADOR

Los pobladores de Temacapulín, en Cañadas de Obregón, temen ser orillados a dejar sus pueblos y a una inminente expropiación por resistirse a vender sus tierras y viviendas al Gobierno del Estado, para dar paso a la construcción de la Presa El Zapotillo.

Ayer, en rueda de prensa, Alfonso Íñiguez Pérez, uno de los afectados, dijo sentirse amenazado por las autoridades, dada su oposición a abandonar la comunidad en la que nació, conocida por sus aguas termales y balnearios.

La forma en que han tratado de convencerlos, cuenta, es diciéndoles que la presa quedará igual de espectacular que Valle de Bravo. El problema es “que ni siquiera lo conocemos”.

“La verdad es que nos sentimos amenazados por el Gobierno, porque ya les quisimos hacer ver que la presa se puede cambiar de lugar y no nos han hecho caso. El 99 por ciento del pueblo está totalmente negado. Se puede decir que al 100 por ciento, porque los que aceptan ignoran el perjuicio que le van hacer al pueblo.

“Nos han dicho que habrá una especie de Valle de Bravo ahí en “Temaca”… bueno, la gente que ahí vive no conoce ni Valle de Bravo, así que no se ilusiona tampoco”.

El domingo pasado, autoridades de la Comisión Estatal del Agua (CEA) convocaron a una reunión en Temacapulín, pero los habitantes no asistieron; realizaron una manifestación en contra del proyecto, lo que impidió el encuentro en el que la dependencia mostraría alternativas de reubicación.

Gabriel Espinoza Íñiguez, habitante, denunció que ese día los funcionarios fueron acompañados por un notario de Tepatitlán para constar que los afectados se resisten a la obra, y así —dice— poder expropiar.

“Nos están sentenciando, por eso la gente tiene miedo. De entrada la gente no quiere reubicarse. Nos están amenazando con una posible expropiación, si ustedes quieren, amañada, pero finalmente es la intención”.

Apoyan organizaciones a afectados por la Presa El Zapotillo

Organizaciones se suman a la defensa de “Temaca”

Integrantes del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), realizarán su quinto encuentro en el poblado de Temacapulín, para apoyar a los habitantes en su defensa contra la construcción de El Zapotillo.

Las jornadas de trabajo se llevarán a cabo a partir de hoy y hasta el próximo 21 de junio, con la intención de intercambiar experiencias de quienes han emprendido luchas similares contra la edificación de presas.

Marco Von Borstel, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, señaló que en la mayoría de los casos los que deben abandonar sus tierras son los menos informados.

El encuentro, que también servirá para que los pobladores conozcan los procesos legales para su defensa, inicia este jueves a partir de las 08:00 horas.

Von Borstel sostuvo que los derechos humanos en Temacapulín son violados constantemente, y que incluso hay personas de la tercera edad que han muerto por el alto grado de angustia que padecen, ante la amenaza de inundar sus propiedades.

Pobladores se sienten amenazados por las autoridades, que les aseguran que el embalse será tan espectacular como Valle de Bravo, desconocido por esa localidad.