martes, 22 de julio de 2008

Denuncian obras por Presa El Zapotillo


Sergio Hernández - MURAL

Las obras de El Zapotillo comenzaron ya, aseguró Miguel Ángel Casillas Báez, presidente del Consejo de Cronistas de Los Altos de Jalisco, quien comentó que en un punto conocido como Torrecillas, en el Río Verde, maquinaria pesada construye un amplio túnel.

"Hay metros y metros de manguera, tubería de fierro y un enorme túnel donde cabe un bulldozer, una de esas grandes máquinas que se está metiendo a extraer tierra para ir ampliando la boca en la parte baja de la barranca", denunció vía telefónica.

Con este embalse, que se edificará sobre el Río Verde, se pretende dotar de agua a la Ciudad de León, Guanajuato, y a algunas ciudades de Los Altos, además de servir como un vaso regulador para enviar agua a la Presa de Arcediano, que se edificará sobre el Río Santiago.

Esta denuncia del inicio de los trabajos fue respaldada por Mónica Pérez Taylor, de Ciudadanos por el Medio Ambiente.

"El Gobierno de Jalisco, careciendo de presupuesto, de todo tipo de autorizaciones, permisos e incluso yendo a contrapelo de la opinión y del bienestar de la ciudadanía, tramposamente dio un madruguete e inició la construcción de la Presa El Zapotillo, en los Altos de Jalisco", informó Pérez Taylor.

"Lleva aproximadamente construidos 200 metros de avance en el túnel de desvío del Río Verde, en Acasico, Jalisco".

La Comisión Nacional del Agua guardó silencio, a pesar de que ayer se le solicitó información al representante regional, Raúl Antonio Iglesias Benítez.

En fotografías de las supuestas obras se ven a empleados de la Comisión Federal de Electricidad por lo que en realidad pudieran ser los estudios geológicos encargados a la paraestatal por la Comisión Nacional del Agua para determinar con precisión el tipo de cortina que requeriría el embalse.

Las obras de la presa se van a licitar y serán ejecutadas por empresas privadas.

lunes, 21 de julio de 2008

Solicita comunidad wixárika incluir estudio de impacto ambiental en trabajos de red eléctrica


Se debe realizar una prospección arqueológica antes de continuar las labores, indica

Los pozos para colocar los postes se cavaron sin la debida precaución, denuncian

Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO

Nuevamente la falta de seriedad de las autoridades lleva a los miembros de la comunidad wixárika de Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatitlán a solicitar que se cumplan los compromisos adquiridos; en esta ocasión piden que el municipio de Mezquitic haga lo propio y antes de continuar con los trabajos para colocar la red eléctrica en la comunidad Nueva Colonia, presente la manifestación de impacto ambiental que incluya un peritaje antropológico.

El acuerdo se tomó durante la asamblea que se celebró entre los días 22 y 26 de mayo pasado en el paraje La Ciénega de los Caballos; en esa ocasión el presidente municipal de Mezquitic, Ernesto de la Torre Martínez, estuvo presente y avaló lo pactado.

Posteriormente, la comunidad realizó una reunión extraordinaria en Nueva Colonia para hablar de los trabajos de electrificación y se extendió una invitación por escrito para De la Torre Martínez, quien prefirió no asistir y no se enteró de que ahí se ratificaban los acuerdos hechos en la Ciénega de los Caballos, por lo que el municipio debía presentar los estudios antes de iniciar con los trabajos.

Sin embargo, los pozos para colocar los postes de la red eléctrica comenzaron a hacerse y con ello se violaron los acuerdos.

El hecho provocó que las autoridades tradicionales y agrarias de Tuapurie enviaran un nuevo oficio al presidente municipal de Mezquitic en el que se le solicita “respetuosamente que se suspendan las obras y proceda a presentar el multicitado estudio que contenga el peritaje antropológico por cuestiones culturales en que vivimos los pueblos indígenas y con un plano anexo para que pueda reanudarse con los trabajos de electrificación que será a beneficio de la localidad”.

El documento, que el 17 de julio pasado firmaron nueve representantes de las autoridades de la comunidad wixárika de Tuapurie, fue entregado y recibido por la presidencia municipal de Mezquitic el 17 de julio, por lo que los wixaritari esperan respuesta pronta del alcalde.

Este nuevo comunicado se suma a las peticiones hechas por los wixaritari de Santa Catarina al gobierno del estado para que después de detener los trabajos de construcción de la carretera Mezquitic-Bolaños-Huejuquilla se reparen los daños ambientales y culturales por el derribo de árboles y la destrucción de lugares sagrados como Paso del Oso.

domingo, 20 de julio de 2008

Van Alcaldes de El Salto y Tonalá contra Laureles

Agustín Ordóñez, Alcalde de Tonalá

Jessica Pilar Pérez - MURAL


Para los Alcaldes de El Salto, Joel González Díaz, y de Tonalá, Agustín Ordóñez Hernández, el vertedero de Los Laureles está llegando al final de su vida útil, por lo que debe buscarse un nuevo sitio para la disposición final de la basura de sus municipios y de Guadalajara, Tlajomulco y Juanacatlán.

Los Presidentes Municipales, que viven las consecuencias de un basurero fuera de normas ambientales, coincidieron en que se deben buscar soluciones a futuro, por lo que tampoco debe otorgarse a Los Laureles la ampliación de su vida útil a 25 años.

"Yo me iría porque sí se busque una segunda alternativa, que tenga condiciones más importantes para ambas partes, desde autoridades y sociedad, y entrarle a mecanismos de tecnología que nos haga que la basura tenga un proceso diferente, como generar luz", afirmó Ordóñez Hernández.

El Edil tonalteca hizo un llamado a resolver este conflicto sin politizar el tema.

González Díaz propuso que la solución es que entre los cinco municipios que depositan basura en este vertedero busquen un nuevo lugar.

"El vertedero sí nos perjudica, no debe estar ahí en el límite de El Salto. Mi postura clara es que ya no debe tener vida útil este vertedero", puntualizó.

El viernes hubo una manifestación de vecinos de El Salto y Juanacatlán en el vertedero, con la intención de cerrarlo de manera definitiva, lo que lograron sólo durante tres horas; el miércoles habrá una mesa de negociación sobre el tema.

El Alcalde de El Salto consideró que la vía de la manifestación no es la correcta para encontrar una solución final a este problema de contaminación.

Señaló que ha gestionado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) el cierre del vertedero y la no ampliación, pero no ha recibido respuesta, por lo que quizás esta dependencia estatal considere que todo está bien en el lugar.

El Primer Edil de Tonalá dijo que el vertedero no ha cumplido con los lineamientos sanitarios, y que este Municipio ha sido "generoso" con la empresa Caabsa Eagle para que cumpla con los aspectos legales y ambientales.

"Están ellos trabajando en actualizar sus diferentes expedientes, que queden acorde a la norma municipal y de mi parte hasta el día de hoy hay la voluntad de seguir colaborando con la empresa, pero también la empresa ha generado algunos conflictos sociales y ecológicos alrededor de las colonias", comentó.

La respuesta de Semades, a través del director de Verificación Normativa, Ernesto Naranjo Castellanos, fue que no había elementos suficientes para clausurar Los Laureles, pese a reconocer que tiene deficiencias.

Cada día en este vertedero se depositan 3 millones 100 mil toneladas de basura provenientes de los cinco municipios.

A la caza de los espacios públicos


La convivencia en Pedro Moreno fue divertida, hasta que la lluvia vespertina obligó a levantarse a los participantes Foto: Tonatiuh Figueroa

Jaime Ramírez - PÚBLICO

Por segunda ocasión, miembros de varias organizaciones ciudadanas se lanzaron a la recuperación de espacios hoy destinados al estacionamiento de vehículos, para ser gozados por los seres humanos.

Ayer la cita fue en el cruce de las calles Pedro Moreno y Enrique González Martínez, en donde más de 25 personas lograron disfrutar la calle al instalarse en aproximadamente 32 metros cuadrados —cinco cajones de estacionamiento— por casi tres horas, hasta que la fuerte lluvia los invitó a levantarse.

Hace una semana la cita fue en Chapultepec, donde los participantes se apropiaron de unos ocho metros cuadrados. Ayer, la reunión comenzó a las 15:15 horas, cuando se ganó el primer espacio, ubicado justo en las esquina de Enrique González Martínez y Pedro Moreno. Un auto compacto se movió e inmediatamente en el lugar vacío se instalaron macetas, un tapete, sillas y una mesa con sombrilla. Ahí, plácidamente, una persona se sentó, sacó un libro y comenzó a leer.

Para no afectar las finanzas públicas, depositaban las monedas requeridas en los parquímetros de los espacios utilizados por los manifestantes.

Patricia Karenina, quien es miembro de una organización denominada Ciudad para Todos, explicó en entrevista que este movimiento es una intervención urbana con el que se busca un replanteamiento de los espacios públicos: “Aquí [en el centro] hay muchísimos automóviles estacionados que probablemente sólo sean utilizados por una o dos personas. Entonces nosotros lo que hacemos es que pagamos el parquímetro y utilizamos el espacio para recreación en donde los peatones y ciclistas lo podamos compartir”.

En el Centro Histórico de Guadalajara está calculado que hay tres mil metros lineales destinados a estacionamientos gubernamentales, sobre esto Patricia Karenina dijo que no sabía exactamente el dato: “No sabemos si está pagado el espacio o no y no podríamos opinar...”

—Pero son muchos metros ¿no?

—Ah claro, muchísimo y es necesario que lo empiecen a ubicar como zonas peatonales o en donde puedan ir ciclovías. Que vayan observando que los espacios que tal vez ellos tengan para automóviles y entradas de edificios se puedan utilizar para otras cosas.

—¿Cuál la importancia de la recuperación de espacios y del uso de la bicicleta?

—La importancia es que la gente se dé cuenta de que el auto no es el único vehículo en que domina las calles. Guadalajara se comenzó a desarrollar en los años cincuenta, en el mismo momento en que la moda del automóvil entró y desde entonces creemos que las calles son para los autos. Necesitamos exigir los espacios de peatones y ciclistas, reducir la contaminación y ver otras opciones de traslado.

Insisten en la necesidad de suspender el megaproyecto La Ciudadela en Zapopan


Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

Que el propio gobierno del estado intervenga en el caso del proyecto de La Ciudadela a fin de encontrar las condiciones de garantía a la plena seguridad y a la salud, y que las mismas autoridades realicen las investigaciones necesarias sobre la contaminación del terreno, fueron las dos peticiones que ayer la asociación de colonos de Jardines del Sol plantearon al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, quien no los atendió porque “no estaba”, según les dijo un empleado de Casa Jalisco.

Es el segundo desaire que tienen de González Márquez los habitantes aledaños al predio donde se edifica el megaproyecto La Ciudadela, en los cruces de avenida Patria y Moctezuma, en Zapopan, donde, se presume, existen cantidades de metales como el Talio.

El primero de estos desaires, fue el pasado jueves 16 de julio. Desde el 25 de junio, los residentes de la colonia hicieron una invitación a González Márquez, al alcalde de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, y al presidente del Congreso, el perredista Enrique Alfaro Ramírez, a la asamblea que se llevó a cabo el jueves de esta semana a las ocho de la noche. Pero a esa hora, de acuerdo con la agenda de actividades del gobernador, que publica en Internet su oficina de comunicación social, el mandatario se encontraba en el certamen Nuestra Belleza Jalisco 2008.

“Nos da mucha decepción ver que nuestro gobernador no nos quiera atender”, expresó Ludger Kellner, presidente de los colonos.

–Lo mismo pasó el pasado jueves, cuando estaba invitado a su asamblea, ¿no es así?, se le recordó.

–Sí, y prefirió a ver a las señoritas Jalisco que obviamente es más atractivo para el ojo, pero con los deberes de un gobernante creo es más el deber de atender que el deber de representar, esa es nuestra opinión, expresó el hombre.

El mismo jueves, Ludger Kellner avisó a Casa Jalisco que los vecinos acudirían este sábado para hacerle una visita al mandatario para exponerle su caso. “Se les dijo que era una visita no una manifestación”, les aclaró Kellner. En el caso que el mandatario no pudiera estar presente, el ciudadano solicitó que el secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, los atendiera.

Pero ayer, en Casa Jalisco, cuando tocaron la puerta a las 11:05 de la mañana, un empleado les avisó que no había nadie: “ni el gobernador, ni Fernando Guzmán, ni Herbert Taylor, ni los perros salieron para acabar pronto, sólo nos recibieron el escrito”, dijo Kellner.

El documento propone que las autoridades garanticen salud y seguridad a los habitantes de la zona y que haga las investigaciones correspondientes en cuanto a la contaminación del terreno.

El caso, que se encuentra desde hace meses en el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), ha sido objeto de “oscuros intereses entre los inversionistas y los magistrados”, señaló Kellner.

Según él, esa es la causa por la que La Ciudadela sigue erigiéndose en las confluencias de Patria y Moctezuma, a pesar de una orden de suspensión que solicitó en noviembre el ayuntamiento de Zapopan.

“Nos preguntamos por qué no ha habido una reacción del gobierno del estado con todo lo que sucede, pensamos que tal vez haya consentimiento de todos los actos corruptos que suceden en el TAE”, manifestó el ciudadano.

Lamentó que las condiciones para un estado de derecho no están dadas en Jalisco, pues éstas originan equidad e igualdad para todos pero en este caso, expresó, sólo se generan “puras transas”.

En todo este contexto, Kellner señaló que ellos, como asociación vecinal, solicitarán un peritaje del terreno de La Ciudadela para determinar el grado de contaminación del terreno mediante instancias reconocidas como la misma Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En El Salto se construyó donde nunca se debió, sentencia la Arquidiócesis

Inundación en La Azucena, municipio de El Salto

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO


“Se construyeron zonas habitacionales donde no se debió levantar ni un ladrillo”, es la postura de la Arquidiócesis de Guadalajara en torno a las inundaciones en las colonias La Azucena y Jardines del Castillo del municipio de El Salto, y dada a conocer en la edición de este domingo de Semanario, su órgano informativo.

En su editorial, Semanario asegura que se han venido dando a conocer la “serie de irregularidades, una tras otra, que se fueron permitiendo en la construcción de los inundados fraccionamientos de La Azucena y Jardines del Castillo”.

Según la publicación católica, “una serie de complicidades o, por lo menos, faltas por omisión, han tenido como consecuencia lo que los habitantes de estas colonias han debido sufrir”.

Y culpa a todos los niveles de gobierno por los desastres sucedidos en ambos fraccionamientos.

Los argumentos de la publicación son varios para responsabilizar a las autoridades. Primero, resalta que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se limitó a señalar que la empresa constructora Grupo Desarrollador Inmobiliario Mexicano, desde mayo del año 2001, había presentado la propuesta de construcción cerca de dos cauces: el del río Santiago y el del Arroyo Prieto. “Pero no hablaba de ninguna prohibición. Las indicaciones que daba sobre los límites en los que deberían levantarse las edificaciones no fueron respetadas por los constructores. Nadie dijo nada”, se expresa en la editorial.

En segundo término, refiere que en mayo de 2000 no hubo limitaciones a la edificación en el Plan Parcial de Urbanización en La Azucena, publicado en el Diario Oficial del Estado de Jalisco.

Sin embargo, la publicación católica partidiza el suceso: “a nivel municipal, El Salto dictaminó en 1999 el uso de suelo como favorable a la inmobiliaria; y en la siguiente administración priísta fue liberado el permiso para que ésta realizara la construcción del fraccionamiento. ¿Qué hubo de por medio?”.

Mediante estos sucesos, el órgano informativo alude a que existen situaciones “en las que tanto a las autoridades, como a la sociedad en general, parecen que se nos han escapado de las manos y superan las fuerzas para combatirlas” y ejemplifica con la violencia provocada por “grupos poderosos de delincuentes o el narcomenudeo”.

“Pero hablar de permisos irregulares (e irresponsables) de construcción no puede escaparse del control de quienes deberían estar al pendiente de ello. En todos los que contribuyeron a esta situación hay corrupción”, apunta.



Quieren bosque por 99 años más

El Rector general de la UdeG, Carlos Briseño (al centro, de camisa azul), acudió ayer al Bosque Escuela en La Primavera.

José David Estrada - MURAL

La Universidad de Guadalajara (UdeG) busca ampliar por otros 99 años el comodato de las 672 hectáreas del Bosque Escuela que la casa de estudios administra en el Bosque La Primavera.

Carlos Briseño Torres, Rector general de la Universidad, anunció ayer en los terrenos del bosque que en los próximos días pedirán al Gobierno del Estado la ampliación del comodato original, que terminará el año próximo.

"Este bosque escuela está comodato a la Universidad de Guadalajara por 25 años y el próximo (año) se vence y le vamos a solicitar al Gobernador del Estado de Jalisco que se amplíe por otros 99 años", dijo.

"Aquí en el Bosque Escuela hay diferentes actividades educativas, de investigación científica, de cuidado del bosque, de mantenimiento del mismo, de desarrollo forestal, ligado a varias áreas académicas y científicas de la Universidad de Guadalajara".

El Rector general anunció además que incluirá en el presupuesto ampliado, que debería aprobarse antes de que la Universidad inicie el periodo vacacional, una propuesta para destinar 150 mil pesos para la instalación del telescopio que ya tiene el Instituto de Astronomía y Meteorología y para aportar un millón de dólares para un laboratorio de resonancia magnética nuclear.

Briseño Torres apuntó que el viernes recibió la notificación de que la Secretaría de Educación Pública autorizó entregar a la UdeG 100 millones de pesos extras para ampliación de matrícula y reconocimiento de plantilla.

"Ya tenemos los elementos ahora sí y los recursos para presentar el proyecto de presupuesto ampliado, que yo en mi calidad de Rector general presentaré al Consejo General Universitario", dijo el máximo funcionario de la universidad pública estatal.

"Espero que todos los universitarios tengamos la madurez de entender que las prioridades institucionales se fijan en torno a la academia y a la investigación científica".

sábado, 19 de julio de 2008

Policías antimotines y pepenadores frenan intento ciudadano de clausurar Los Laureles

Con el respaldo de policías antimotines, pepenadores impidieron que los habitantes de los municipios de El Salto y Juanacatlán llevaran a cabo el cierre del vertedero Los Laureles Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

Regidor, si te sientes muy competente, espérate a que sea el tiempo de campañas políticas y te retamos a un debate público”, fue el cartel que enarboló ayer, afuera del vertedero de Los Laureles, en los límites invisibles de los municipios de Tonalá y El Salto, Juan Elías Franco, un pepenador cuya defensa era evitar el cierre del basurero pero que nunca supo el por qué del mismo.

-¿Cuál regidor es el que mencionas?, se le preguntó.

-Ehhh, no sé, a mí me lo dieron; mira, pregúntale a Lupe, contestó.

Lupe, un hombre moreno de unos 50 años de edad, quien organizaba a los que bajaban de un camión, tampoco supo el nombre del funcionario municipal al que culpaban del “cierre de su fuente de trabajo”.

Desde las 10 de la mañana, todavía con un cielo nublado, unos tres camiones iban llegando a ese punto donde se ubica Los Laureles, en la carretera que va de Puente Grande a El Salto.

Bajaban hombres y mujeres enfurecidos ante lo que para ellos, representa una amenaza: quedarse sin trabajo.

Desde el lunes, los dirigentes sindicales, tanto de la 15 de Septiembre (la unión sindical que reúne a unos 400 pepenadores del vertedero Matatlán, en Guadalajara), como de la Francisco Silva (la que aglutina a otros 400 de Los Laureles), habían sido avisados que ese centro de basura iba a cerrar sus puertas.

Desconocían quién lo iba a cerrar y cuál era la razón, así lo dejaron saber cada uno de ellos. Pero fueron, para hacerles “el paro” a sus compañeros. Llegaron con 400 tortas bajo el brazo, en 3 autobuses, con parrillas y carne asada; con mujeres, niños y con la ira que los cegaba, lo cual impedía que en sus mentes entraran las explicaciones que, desde las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, les describieron quienes iban a cerrar Los Laureles: unos 300 habitantes de El Salto y Juanacatlán.

“El problema no es con ustedes, es con el gobierno y con la empresa (Caabsa Eagle) que no han cumplido los acuerdos. Lo único que queremos es que se traslade a otro lugar”, se les informó una y otra vez.

Nada: rechazaban con la cabeza, lanzaban protestas con las manos y los brazos. Gritaban groserías. Ellos solo sabían que se iban a quedar sin trabajo.

Con ese argumento los convencieron desde tiempo atrás sus propios líderes. Una conversación de éstos, celebrada cerca de las 10:30 de la mañana, lo delataba.

-Esta gente viene a cerrar. La labor de nosotros es más importante, somos ecologistas y ayudamos al calentamiento global, decía Andrés Guerrero, de la 15 de Septiembre.

-La autoridad de Semades, ellos revisaron por 3 días y, si hubiera estado mal, habrían cerrado, añadió Rafael Villa Ríos, empleado de Aseo Público de Guadalajara.

-¿Sabe ustedes por qué quieren cerrar?, se les cuestionó.

-No pues no, respondieron.

-¿Saben que la gente de acá tiene problemas de contaminación?

-Pero eso viene desde arriba, dijo Villa Ríos.

-¿Desde cuándo saben que iban a cerrar?

-Desde el lunes, contestó.

-Desde hace un mes, lo sabemos por Internet, respondió Andrés Guerrero.

Mientras, algunos pepenadores tomaban piedras y se preguntaban entre ellos “¿a cuántos vas a madrear?”.

En un segundo plano, 100 antimotines y otras cinco patrullas con el logotipo de la Metropolicía, con policías de Tonalá, El Salto y Tlaquepaque.

Macanas, perros, máscaras antigases, pistolas, botas, uniformes camuflajeados y tres funcionarios del gobierno del estado: Mario Reynoso y Eduardo Peregrino de la subsecretaría del Interior, y Javier Lechuga, de la Dirección de Desarrollo Político de la secretaría general de Gobierno, eran parte del escenario de ayer. Una postal que vislumbraba violencia.

“No tiene huevos”

A las once de la mañana, las nubes habían cedido ante los rayos del sol, como las autoridades habían parcializado su participación: hacia el lado de los pepenadores.

Javier Lechuga habló en varias ocasiones con los dirigentes sindicales para que les pidieran a los pepenadores que se mantuvieran detrás de la reja de entrada, la que es resguardada por un letrero que reza: “25 años más de vida, 2008-2033”, lo que asegura que tendrá un cuarto más de existencia Los Laureles, bajo la concesión de Caabsa Eagle.

Para Lechuga, los habitantes de El Salto y Juanacatlán, los que iban bajando una colina para llegar al vertedero, eran “manipulados”.

“Son manipulados, obedecen a situaciones de algunos líderes políticos, por asociaciones ambientalistas”, expresó con desdén.

-¿Por quiénes son manipulados?, se le insistió en la pregunta.

-Por representantes políticos que tienen intereses en temas como Arcediano, Temacapulín, El Zapotillo, contestó el funcionario.

En tanto se acercaban al sitio, los pepenadores recogían piedras y rechazaban situarse tras las rejas del vertedero. Para entonces, ya había circulado, vía los agentes de tránsito que patrullaban el lugar, que los habitantes de los municipios, venían con palos.

Pero estos nunca se vieron en comparación de todo el armamento que traía consigo la policía estatal. Solo llegaron hombres, mujeres, niños, ancianos, adolescentes, acompañados de un equipo de sonido que se quemó en cuanto la camioneta se estacionó afuera de Los Laureles, lo que causó la burla de parte de los pepenadores, quienes ya habían formado una amplia valla humana.

Los gritos iban de un lado a otro y en medio, Mario Reynoso junto con los otros dos empleados del gobierno estatal.

El regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Juanacatlán, Santiago Márquez Torres, se acercó al burócrata. Este último pidió lo de siempre: “nombren una comisión para dialogar”.

Después de varias peticiones, el regidor lo consultó con el pueblo. Este accedió con bandera en mano: una lona que decía “El Salto y Juanacatlán, subsede de los Juegos Panamericanos” y mostraba la imagen de una mujer nadando en un río, el Santiago.

-¿Por qué a ellos se les pide una comisión y de este lado (de los pepenadores) no?, fue una pregunta para Reynoso.

-Sólo será un diálogo entre habitantes, autoridades del gobierno del estado y municipales, respondió.

Ya eran casi las 12:30 del día. La sed amenazaba. Una tiendita a un costado del basurero era el único punto de concordia: pepenadores y habitantes entraban y salían de ella en busca de refrescos, de papas, de algo de comer. Solo se les negaba la cerveza, pues por órdenes del Ayuntamiento, el día 18 estaba prohibida la venta de la bebida, se leía en un pizarrón.

La fiesta se hizo de un lado y de otro: música, comida, un partidito de futbol, ingenios para matar el tiempo.

Los habitantes de El Salto y Juanacatlán exigían que “hoy, hoy, hoy” se llamara a funcionarios de primer nivel para atender el problema que cerrarían por que estaban “hartos” de mesas de diálogos.

Las horas pasaron. La información fue abundante: 72 millones de toneladas en 75 hectáreas de terreno que comprenden Los Laureles; la llamada “zona muerta” del lugar que nunca ha sido investigada por Medio Ambiente; y la advertencia que el titular de la Procuraduría Estatal para la Protección al Ambiente (Proepa), Fernando Montes de Oca, les hizo a los lugareños días antes: “tengan cuidado, que tal si los pepenadores salen con sus ganchitos o navajas”, según relataron.

A las 2 de la tarde, los antimotines agitaron la situación. Se formaron con sus escudos, con sus máscaras, con sus fusiles, con su mirada perdida en el horizonte, atendiendo órdenes. Igual pasó con los policías de Tonalá, quienes se interpusieron entre los habitantes de El Salto y Juanacatlán y la entrada del vertedero.

Así, entró el primer camión de la empresa, el número 252 y tras de él, uno, dos, tres y hasta las tres de la tarde, ya más de 40 unidades de recolección habían ingresado con más basura.

La gente de los municipios responsabilizó a Reynoso de atender a los intereses de la empresa y no los del pueblo.

Reynoso no volvió a salir al frente hasta pasadas las 14:30 horas, cuando los lugareños aceptaron un diálogo para el próximo miércoles de julio en la presidencia municipal de El Salto, con pantallas, para que el pueblo se entere de lo que se negociará ese día.

“Pero de eso (las pantallas) se encargan ustedes”, les dijo el subsecretario.

Mientras el subsecretario se retiraba entre policías y pepenadores, solo se escuchó el grito de una mujer: “¡No tiene huevos!”.


viernes, 18 de julio de 2008

Busca Puerto Vallarta conseguir certificación ecológica para el desarrollo sustentable


Eugenia Barajas - LA JORNADA JALISCO

El Ayuntamiento de Puerto Vallarta inició una auditoría ambiental con miras a conseguir la certificación en materia ecológica para el desarrollo sustentable del puerto y que será avalada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), adelantó el presidente municipal, Javier Bravo Carvajal, tras sentirse satisfecho por el 90 por ciento de la ocupación hotelera en este periodo vacacional.

“Lo que buscamos es la excelencia en nuestro destino, primero que nada nos alienta elevar la calidad de vida de los vallartenses y junto con ellos generar condiciones para generar un mayor flujo de turistas hacia nuestro municipio, que una certificación en materia ambiental le da un plus a nuestro destino, permite mayor competitividad y permite ser más atractivo a las inversiones”.

El munícipe adelantó que la certificación la realiza a empresa Energía, Mejora Continua y Capacitación, que fue pagada por la iniciativa privada del puerto como una forma de colaborar con la administración en busca de mejoras, ya que en el estado no se ha dado un caso similar y a nivel nacional solo 20 municipios cuentan con ese registro.

“En estos momentos ya llevamos una semana y durara un mes, de acuerdo al convenio que suscribimos con la Profepa y para estos trabajos se contempla una auditoria ambiental. En los temas que buscamos certificación esta el manejo integral de residuos, la calidad del aire, los recursos naturales, rastro, mercado y centros de abasto, los servicios médicos municipales, parques, jardines, centros recreativos y panteones, también los talleres de mantenimiento y transporte y las instalaciones administrativas”.

Asimismo mencionó que el convenio con la dependencia federal no se debe a ningún tipo de presión que ejerciera la organización ambientalista Greenpeace, sobre las críticas a la contaminación en las playas, a las que les reviró que dicha agrupación no ha implementado ninguna acción por el municipio.

En el ramo hotelero, destacó el alcalde que pese a que se hablaba de una posible recesión, el puerto no se ha visto afectado y la oferta de 18 mil 500 cuartos que se tienen, se atrevió a adelantar que el 90 por ciento de ellos se encuentran ocupados, siendo el 80 por ciento de los turistas de origen nacional, de estados como Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí.

“La derrama hotelera de Puerto Vallarta es de 13 mil millones de pesos al año y en lo s meses de noviembre al de abril se caracterizan por recibir turismo extranjero principalmente de Estados Unidos y Canadá”.

En otro de los temas de la conferencia de prensa fue la convocatoria para la consulta pública para el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Vallarta, la que durará un mes y se publicará en los estrados de la presidencia municipal.

Más de 50 de los municipios jaliscienses no cloran el agua, advierte Gutiérrez Carranza


La falta de higiene en el agua ocasiona enfermedades Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

Viridiana Saavedra - LA JORNADA JALISCO

Más de 50 de los 125 municipios del estado no cloran el agua, situación que preocupa a la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), indicó su titular, Alfonso Gutiérrez Carranza, quien aseguró que los ayuntamientos son los responsables de llevar a cabo esas tareas, por lo que, en caso de presentarse brotes epidémicos, la dependencia estatal únicamente podrá contribuir dando servicios de atención médica.

El funcionario aseguró que se ha entrevistado en dos ocasiones con los munícipes, y que también ha enviado apercibimientos, pero los ediles han hecho caso omiso en por lo menos tres ocasiones, lo que dijo, le preocupa, ya que esa situación puede resultar en brotes de diarrea o incluso, yendo a situaciones más severas, de cólera.

“Les hice hincapié en que si ellos no cloran el agua adecuadamente, pueden generar desde una simple diarrea a sus habitantes, hasta brotes de cólera, y ellos son los responsables, no la Secretaría de Salud. Nosotros hemos mandado no menos de tres oficios a los presidentes municipales; un brote de cólera significa que podemos tener muertes, y la responsabilidad es de los presidentes municipales”, recalcó el funcionario.

Gutiérrez Carranza aseguró que entre los municipios que están por debajo de la norma se encuentran Valle de Juárez, Tala, Tomatlán, Ayotlán, Atotonilco, Cuautitlán de García Barragán, Cihuatlán, Mezquitic, San Martín de Bolaños y Chimaltitán, éstos tres últimos, además se encuentran en condiciones vulnerables, al ser de los más rezagados a nivel nacional, lo que podría complicar más los problemas sanitarios, dijo.

Sobre la pregunta de en quién cae entonces la responsabilidad, Gutiérrez Carranza mencionó que es algo que debe resolver la Comisión Estatal del Agua (CEA), pues aseguró, son ellos quienes otorgan el presupuesto a cada municipio y quienes pueden presentar lo que llamó “una medida correctiva”.

“Les ofrecimos asesoría a los que tengan problemas con este asunto de la cloración del agua. Entonces nosotros estamos trabajando y queremos que los municipios de conviertan en los principales promotores de salud. Todas estas cosas nos deben de ayudar los municipios a promoverlas”, dijo.

–¿Entonces se deslinda?

–No me deslindo. Yo los puedo atender, pero ellos tienen que hacer su parte en las cuestiones de salud, y la parte importante es que cloren el agua. Eso lo deben cumplir.


Cierre definitivo del vertedero de Los Laureles, decretan habitantes de El Salto y Juanacatlán


Habitantes de El Salto y Juanacatlán bloquearán a partir de hoy el acceso al vertedero Los Laureles en protesta por el incumplimiento de las autoridades estatales y municipales para reubicarlo Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

Habitantes de El Salto y Juanacatlán cerrarán hoy el vertedero de Los Laureles a partir de las 10 de la mañana ante el incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades para clausurar este basurero, que llegó al “fin de su vida útil”, según informó ayer en rueda de prensa Graciela González, una de las lugareñas.

–¿Será un cierre simbólico?, cuestionó un reportero.

–No. Será un cierre definitivo, contestó Juan Carlos Márquez Torres, también habitante de la zona y regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Juanacatlán.

La propuesta del cierre de Los Laureles surgió después de la pasada reunión que sostuvieron el 14 de julio las organizaciones ambientalistas locales con el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), Fernando Montes de Oca, en la plazoleta de El Salto, en la que el funcionario incluso desconocía de una denuncia popular que habían efectuado los habitantes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) por la contaminación emanada de este basurero.

Ese día, Montes de Oca les dejó en claro que la Proepa no visualizaba la asignación de otros terrenos para ser usados como vertederos, relataron los afectados.

De acuerdo con Graciela González, Semades les respondió que la empresa concesionaria de Los Laureles, Caabsa Eagle, argumentó la inexistencia de una personalidad jurídica, por lo que no procedía la denuncia popular. No sólo eso, Semades aseguró que ellos, los habitantes ponían en “indefensión” a la empresa por decir “todo lo que había dañado”.

Dicha denuncia integraba unas 2 mil firmas y el apoyo de alrededor de 26 organizaciones no gubernamentales.

A ello, se suma que, en encuentros sostenidos entre los habitantes de El Salto y Juanacatlán, autoridades de ambos municipios y burócratas de Semades y Proepa, habían acordado el cierre definitivo de Los Laureles.

Dos meses han pasado desde entonces y el vertedero continúa abierto, e incluso, con leyendas que aseguran que estarán 25 años más en el sitio, según comentó Verónica Meza, quien vive en El Salto.

Graciela González dijo que Los Laureles tiene un “pecado de origen”: en 1988, cuando fue instaurado, las normas oficiales mexicanas no establecían la protección del suelo y no marcaban reglamentación alguna sobre la presencia de lixiviados por más de 10 años, detalló.

Los saltenses, “hartos” de la contaminación que se vive en el lugar, han optado por “acciones contundentes que despierten al resto de los vecinos”, en alusión a los otros municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que incluye a estos dos, recordó la mujer.

Y es que, en principio, según narró el grupo, las opciones que habían emergido de la propuesta ciudadana en El Salto, eran, o cerrar la carretera a Chapala, o cerrar el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

“Para no ocasionar daños a terceros”, según comentó Márquez Torrez, se optó por el cierre de Los Laureles.

De igual forma, hicieron un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) para que personal de la misma, esté presente en el suceso. Y es que, según trascendió, Caabsa Eagle tiene preparado un “grupo de choque” para evitar que la planta sea tomada por los lugareños.

Entre las acciones que no han cumplido, tanto la empresa como las autoridades, son los estudios de mecánica de suelos, de permeabilidad, la entrega del historial del monitoreo de agua en los últimos 10 años por parte de Caabsa, un monitoreo de pozos, un muestreo de aire por parte de Semades, entre otras.

De ahí, que la consigna para hoy, durante el cierre, será “ni un kilo más de basura”, comentó González.

jueves, 17 de julio de 2008

Denuncia contra los responsables de la construcción de casas en zonas inundables

Eugenia Barajas - LA JORNADA JALISCO

El Comité de Defensa Ambiental de El Salto presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable por la construcción de viviendas en zonas propicias a inundarse como La Azucena.

El presidente de la asociación, Raúl Muñoz, señaló que promovieron la querella luego del ofrecimiento del mandatario estatal, Emilio González, de que se procedería contra las “constructoras voraces”, de modo que mantienen la esperanza de que se castigue a los responsables y no haya impunidan como en la muerte del pequeño Miguel Angel López Rocha

Por fin, la Sedeur entregó expediente de Las Rosas

No hay plazo para concluir la auditoría, dijo la titular de la Contraloría estatal. Ignacio Pérez Vega - PÚBLICO Cinco semanas después de que se fracturó el colector de López Mateos y Las Rosas, la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) entregó a la Contraloría del Estado el expediente relativo a la obra, requisito imprescindible para deslindar responsabilidades en el caso. El expediente, consistente en tres cajas de archivo, fue llevado a la Contraloría estatal por la directora general jurídica de la Sedeur, Francisca López Álvarez, quien dejó el cúmulo de planos y documentos en manos de la contralora, Maricarmen Mendoza Flores. Las cajas contenían 22 tomos que comprenden expedientes de licitación, contratos, proyectos, 150 planos, estimaciones y bitácoras de obra, entre otros.La entrega del expediente se atrasó por lo menos dos semanas, ya que el secretario de Desarrollo Urbano, Sergio Carmona Ruvalcaba, anunció que el miércoles 2 de julio cumpliría con la exigencia de la Contraloría. Ese día, el funcionario estatal compareció ante los diputados locales para hablar sobre el caso, pero, como la sesión concluyó después de las 16:00 horas, anticipó que en los siguientes días turnaría los documentos. Y eso no ocurrió hasta ayer. La directora jurídica señaló que todavía anoche estaban integrando el expediente, dada la cantidad de escritos que debieron recabar en todas las direcciones de la Sedeur. “Lo que se llevó más tiempo fue que todos los documentos vinieran foliados y entresellados”. Mendoza Flores dijo que se revisará el contenido de las tres cajas para verificar si los documentos son suficientes para realizar la revisión, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación. —¿En cuánto tiempo se revisará el expediente y se tendrá el fallo? —No te podría decir con exactitud, porque tenemos que revisar la información que nos han entregado y ver si habrá requerimientos de más información. —¿La Sedeur tardó mucho tiempo en reunir el expediente? —Se tardaron porque el propio secretario lo comentó, que estaban buscando que la información fuera lo más amplia posible para no estar pidiéndoles luego más información.Reparar el colector costará por lo menos 50 millones de pesos

Conciencia Cívica va vs Sare y ex alcaldesa

Denuncia que aguas negras esparcieron metales pesados por las calles. Sergio Blanco y Jaime Ramírez - PÚBLICO Por su presunta responsabilidad en las inundaciones en el fraccionamiento La Azucena, el grupo Conciencia Cívica presentó una denuncia penal en contra de la constructora Sare y de Bertha Alicia Moreno Álvarez, ex presidenta municipal de El Salto. Las razones que se exponen en el documento presentado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), fechado el 15 de julio, son: “Por cambiar el uso de suelo de categoría de ‘industria media y riesgo medio’ por el de ‘habitacional con densidad alta’”, en el caso de Bertha Alicia, y hacia Sare porque “construyó viviendas de una pésima calidad en una zona de alto riesgo para la población”. Cabe recordar que el fraccionamiento La Azucena no fue aprobado en la Administración de Bertha Alicia Moreno (2004-2006), sino en la del priista José de Jesús Romo Huerta (1998-2000) y así está consignado en un oficio fechado el 19 de marzo de 1999 con el número DOP/139. En este documento, dirigido al Grupo Desarrollador Inmobiliario Mexicano, el Ayuntamiento de El Salto le da a conocer su dictamen de uso de suelo, que resultó “favorable” para la construcción del núcleo habitacional. El aval final fue otorgado en la siguiente Administración, la del también priista y hoy notario número 1 de la municipalidad, José de Jesús González Dueñas. Con relación a los daños por las inundaciones, el representante legal de los afectados, Juan Manuel Estrada, pide la clausura del fraccionamiento y la reubicación total de los habitantes, además de un pago por daños y bienes, pues “no se debe tolerar que cada año ocurran estas contingencias”. También exigen la intervención de las autoridades de salud, puesto que, afirman, ya se presentan entre los habitantes problemas relacionados con la intoxicación por metales pesados. Por ello, el problema de las recientes inundaciones se anexó al caso del niño Miguel Ángel López Rocha, que falleció en febrero pasado intoxicado por arsénico después de caer al río Santiago, como asegura Conciencia Cívica, que destacó que “hasta el día de hoy no hay indagatoria penal en su caso”. Los padres del niño presentaron los resultados del análisis toxicológico de once niños del fraccionamiento y tomados de manera aleatoria, de los que más de 50 por ciento presenta niveles de arsénico por encima de los considerados normales, algunos con casi el doble, como el tomado al niño Juan Emmanuel Gómez, de ocho años de edad, con 23.5 microgramos por litro de orina, cuando el máximo del valor normal es de doce microgramos. El arsénico en los niños, puesto que no juegan en el río, es adquirido en el ambiente, y los niveles pueden haberse incrementado después del desbordamiento del canal de aguas negras. Incluso el agua que provee al fraccionamiento —que dicen los vecinos proviene de pozos—, “huele a rancia”, aseguró la madre de Miguel Ángel. Lo anterior sugiere que el arsénico puede estar en los habitantes expuestos a la contaminación y que consumen el agua potable.Manuel Castelazo, también de Conciencia Cívica, demandó que “Emilio se deje de declaraciones simplistas” y que actúe para investigar y castigar a los responsables del cambio de uso de suelo: “¿Por qué lo hicieron y a cambio de qué?” - Claves El demandado • Sare es un consorcio de empresas dedicadas a la promoción de vivienda para los segmentos de interés social, medio y residencial, así como a la prestación de servicios inmobiliarios. Cuenta con presencia en el Distrito Federal, Estado de México, Quintana Roo, Puebla, Michoacán, Jalisco, Morelos, Guerrero, Guanajuato y Querétaro • En 2007 tuvo ventas por 4,879 millones de pesos. Ese año vendió 10,214 viviendas de interés social y 1,229 de las catalogadas como media alta y residencial

Ecología de Zapopan dio el sí a Central Park

El plan, a edificarse en un predio de polémico origen, libró más obstáculos.

Esperanza Romero - PÚBLICO

Central Park no es un proyecto virtual. Poco a poco, los promotores del que se anuncia como el desarrollo habitacional más exclusivo en la zona dorada de Guadalajara, en Colomos III, libran los obstáculos para la edificación de tres torres departamentales sobre el predio conocido como Charcos Azules: dentro del bosque.

La Dirección General de Ecología del Ayuntamiento de Zapopan emitió un dictamen de impacto ambiental favorable al proyecto hace ocho meses.

En tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) han dado luz verde a los trámites correspondientes para la dotación de los servicios de agua potable y electrificación.

El predio originalmente fue vendido al gobierno del estado a sobreprecio, y luego éste lo devolvió con un cambio de uso de suelo otorgado por la pasada administración municipal de Zapopan.
Desde mayo de 2007 el Ayuntamiento de Zapopan congeló los permisos en la zona, con al intención de proteger Colomos III, también conocido como El Polvorín, ante la amenaza de los intereses inmobiliarios.

Los nuevos dueños han luchado con todo y contra todo. Está en juego un negocio de alrededor de cien millones de dólares. Central Park se pensó para una superficie de 20 hectáreas, con tres torres de 20 niveles y departamentos de dos y tres recámaras, con accesos privados, elevadores silenciosos de alta velocidad, estacionamientos subterráneos, casetas de vigilancia independientes para residentes y visitantes las 24 horas, terraza club y salón de juegos y todo el lujo y sofisticación “en equilibrio con la naturaleza”, según el eslogan publicitario (Público, 3 de marzo de 2008).

Justo Osorno Vizcaíno, director de Ecología y Fomento Agropecuario de Zapopan, dio su visto bueno en materia de impacto ambiental el pasado 3 de octubre, a pesar de que se trata de una zona de recarga de acuíferos. Allí se proyecta erigir vivienda vertical con base en un cambio de uso de suelo irregular, que abrió la posibilidad de edificar torres de hasta 40 pisos.

Fue en el periodo de Ismael Orozco Loreto como alcalde interino de Zapopan.El dictamen, del que Público tiene copia, señala que es un “visto bueno condicionado”, debiendo cumplir con información complementaria, como copias del dictamen de Trazos, Usos y Destinos para uso de suelo, emitido por Obras Públicas, y el proyecto de áreas verdes, autorizado por Parques y Jardines.Asimismo, se solicitan los oficios de factibilidad para suministro de agua potable, tratamiento y descargas de aguas residuales por parte del municipio.

La respuesta del funcionario va dirigida a Alejandro Báez Meza, representante legal de Central Park Residences, quien a su vez fue el que tramitó en agosto del año pasado un juicio ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) para llevar a buen puerto el proyecto, demandando que se haga efectivo el cambio de uso de suelo que permite la vivienda vertical.

Cabe recordar que el terreno fue adquirido por el Ejecutivo para permutarlo con el Poder Judicial Federal, a fin de que éste construyera allí el Palacio de Justicia, lo que no procedió por las características de la zona en materia ecológica y la necesidad de preservarla.

El visto bueno condicionado en materia de impacto ambiental se emitió por un año, “contado a la fecha de emisión”, dice el oficio 1800/2007/1471.Entre las condicionantes destaca que el desarrollador “deberá suministrar y colocar adopasto [un pasto especial ecológico]” en el estacionamiento y colocar malla geotextil sobre la malla ciclónica que divide al predio de la avenida Patria, para evitar dispersión de partículas y polvos a áreas colindantes.

Se le condiciona a su vez a que realice la construcción de un sistema de absorción que recolecte aguas pluviales y las inyecte al acuífero mediante pozos profundos, que realice dos riegos por día, con el objeto de procurar la humectación del suelo, “evitando la emisión de polvos fugitivos en las etapas de preparación del sitio y construcción”, y controlar las emisiones de ruido, entre otras.

Buscarán mantener una moratoria municipal

• El pleno del Ayuntamiento de Zapopan se pronunciará respecto a la petición de Francisco Javier Sánchez Gil, quien se ostentó como representante legal de la Sociedad Anónima de Capital Variable Central Park Residences (no lo acreditó), a efecto de que sea revocado el punto de acuerdo autorizado el pasado 11 de mayo de 2007, mediante el cual se instruyó a la Dirección General de Obras Públicas para que se abstuviera de expedir licencias y cualquier autorización o acto jurídico tendiente a la construcción en el predio Charcos Azules.

El terreno se ubica en avenida Patria sin número, esquina con Manuel Longín, entre ésta y la calle Manuel Ávila Camacho, en el fraccionamiento Atlas Colomos, en Colomos III o El Polvorín.Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano del ayuntamiento consideran que se debe declarar improcedente tal solicitud y advierten que el visto bueno en materia de impacto ambiental “no significa que la Dirección General de Obras Públicas esté obligada a otorgar el alineamiento y número oficial del predio en cuestión ni tampoco a expedir la licencia de construcción correspondiente”.

Entre los argumentos que esgrimió Sánchez Gil en su favor destaca el escrito de Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), en que indica que el terreno está fuera de una zona de protección de recursos naturales y no existe decreto alguno que establezca una regulación distinta a la contemplada en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano.

A su vez, adjuntó el dictamen favorable de 3 de octubre de 2007, emitido por la Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario, y los documentos de factibilidad de agua y drenaje, de fecha 11 de septiembre de 2007, emitidos por el SIAPA, según oficio 1418/2007 suscrito por la Gerencia Técnica.

El alcalde es responsable “por omisión”

Es “imposible” que el edil desconozca el problema, dice representante. Agustín del Castillo - PÚBLICO Verdaderamente nos sentimos como si estuviéramos de luto, porque sentimos que la ley no se aplicó como debió de haberse aplicado en este asunto tan importante para toda la gente de la zona metropolitana de Guadalajara”, advierte Juan Martínez López, del grupo disidente de Santa Ana Tepetitlán, que lidera el ejidatario Tranquilino Flores Aguilar. Los campesinos le han pedido al alcalde Juan Sánchez Aldana que decrete un área protegida municipal en las 552 hectáreas que dejó descubiertas el amparo 413/2001, pero, además, “que haga funcionar las direcciones generales de Inspección de Reglamentos y de Obras Públicas, porque han sido omisas en detener toda esta invasión, y hasta cierto punto nuestros representados han venido interpretando la presión que el presidente municipal está sufriendo por diferentes intereses urbanísticos, uno de ellos que es el señor Jorge Vergara, que está interesado en conectar lo que viene siendo El Bajío, que es donde va a constituir el desarrollo JVC de las Chivas, con estas tierras, y de algún modo quiere buscar darle plusvalía pero utilizando este terreno de 641 hectáreas”. En cuanto al amparo, “se trataba de la defensa del bosque La Primavera, ¿por qué no actuó? ¿Qué pasó con el ayuntamiento? ¿Por qué razón le interesó quedarse en el silencio?”.La prueba del “doble discurso” de Zapopan es que promete contener la urbanización, pero construye infraestructura para propiciarla. “No son ajenos a la apropiación ilegal de este territorio comunal; están perfectamente detalladas sus actuaciones de despojo, de simulación, de violaciones a los reglamentos y a la ley; realmente hay una burbuja de impunidad que ha propiciado exponer la integridad física de los ejidatarios que están en contra de ese tipo de arbitrariedades, y como ya han de saber hubo un triple homicidio la semana pasada, un asesinato de ejidatarios que han venido participando dentro de esta vida agraria, lo cual demuestra el riesgo que tiene enfrentar a esta especulación”. —¿Usted implica directamente al alcalde, que esté enterado de estos fraccionamientos y los esté autorizando de manera verbal? —Hay una situación que pudiera ser así, y deberíamos de ser benévolos para ver si está o no está haciéndolo, pero esto se lo dejamos a ustedes para que lo analicen. El día de ayer estuvimos en el potrero de Las Lomas y sucede que, en una gran superficie, con maquinaria pesada tumbaron cerros, los árboles los tumbaron, están llevando a cabo acciones claras para urbanizar esa superficie que son alrededor de doce hectáreas, y pensar que el presidente municipal está recargado en una hamaca por ignorancia o desconocimiento es muy difícil […] También nos parece muy grave que verdaderamente la ciudadanía no se inconforme y que el presidente municipal, al igual que los regidores, estén involucrados en esta serie de situaciones. —Al menos por omisión… —Sí, al menos por omisión, porque por desconocimiento es imposible.

Invaden área restringida de La Primavera

La ciudad, no tan silenciosa invasora, comienza a remontar los cerros de La Primavera. Foto: Tonatiuh Figueroa

Agustín del Castillo - PÚBLICO

El predio de Las Lomas, en Santa Ana Tepetitlán, fue el último en ser invadido por los promotores del caos urbano.
Hoy, en las orillas del bosque La Primavera, los operadores de la maquinaria pesada se afanan en “emparejar” cerros, rellenar barrancas con escombro y basura, barrer con zonas arqueológicas y ocupar lechos de arroyos que están secos casi todo el año, pero, en una crecida de pocos minutos, pueden terminar con las irrepetibles vidas y los magros patrimonios de sus invasores.De eso nadie advierte.

Las casas miserables y las no tanto van así ocupando la superficie irregular que soportaban arbolado natural apenas semanas atrás. Los fraccionadores ofrecen lotes y facilidades para una precaria posesión; las estacas y los cimientos van creciendo silenciosamente, después se levantan paredes, techos y estancias con piso de tierra, entre calles arenosas.

El drenaje será una corta tubería hacia el barrancón más cercano; la luz se robará del mar de cableado que atraviesa estos cielos hace poco silvestres; el agua llegará en pipas, la basura se arrojará a las depresiones o a un lado de los caminos, y las escuelas después serán montadas con diligencia por la autoridad para “resolver el problema social”.

Qué decir de cuando lleguen los políticos a pedir votos; votos a cambio de obras, votos a cambio de escrituras, votos a cambio de licencias para hechos consumados y a cambio de ciudadanía, o lo que más se le parezca. “Por eso no se acaba esto nunca, todos se benefician de la ruleta; el PAN es igual que el PRI, favorece el clientelismo porque lo ayuda a permanecer en el poder”, señala Juan Martínez López, miembro del grupo que asiste legalmente a los ejidatarios inconformes con el status quo.

Este potrero de 641 hectáreas es la codiciada manzana que da acceso a la floresta natural: 552 ha de su superficie eran parte del polígono que protegió el 6 de marzo de 1980 el presidente José López Portillo. Un juzgado de distrito y un tribunal colegiado federal terminaron con ese régimen de exclusión para la especulación urbana, hace casi tres semanas (Público, 7 de julio de 2008).

El Ayuntamiento de Zapopan y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) prometieron, al trascender la noticia, que no concederán permisos de urbanización, pero la realidad los está rebasando, advierte Tranquilino Flores Aguilar, líder del grupo opositor.
El campesino recorre su parcela, en la cual siembra nopales a falta de mejores productos para tierra montosa; nadie del grupo ha recibido apoyos del ProÁrbol para meter pinos y frenar de forma más eficaz el crecimiento urbano, explica Benjamín Rivera.

La parcela está contigua al arroyo Seco; Santos Sanabria Madrigal, hijo de un ejidatario, construirá en el terreno de al lado un fraccionamiento popular sin servicios básicos, para lo cual hizo rebanar el cerro.
Tranquilino le dijo hace días que estaba inquieto por el modo en que podrá llegar a su tierra de labor, pero el vecino le aseguró que, ya con el trazo abierto, el tránsito será más sencillo, y todos se beneficiarán.Unos metros al sur, varios lotes ya estacados y con construcción incipiente por encima de pequeñas mesetas. Se trata de la zona arqueológica de El Tizate o Los Cerritos.

“Se llevaron lo de encima los saqueadores, pero debajo de la tierra hay restos y nadie hace por rescatarlos”, añade Benjamín.Y así pasa si se visitan todas las entradas abiertas hacia los cerros de La Primavera. Como nadie regula nada, los parroquianos se instalan donde pueden o donde los dejan.

En la colonia Lomas de la Primavera, por ejemplo, una casa de lámina y cartón se yergue encima de un montón de basura y escombro que bajan hacia el lecho de un arroyo; unos metros abajo, se junta una segunda corriente temporalera, y un poco más, la tercera, hasta llegar a la escuela primaria que por las mañanas se llama Manuel Gómez Morín y por las tardes Niños Héroes.

Y como que le queda mejor la segunda toponimia: durante más de diez años se ha inundado con cada crecida, y cómo no va a ser así si fue construida en el lecho de tres ríos; el año pasado le pusieron un gran muro, pero pocos confían en que resista demasiado tiempo.

“Yo no sé si se trata de que los niños vengan a aprender a vivir o a morir”, señala con humor negro don Tranqui. Otro plantel escolar ubicado en zona de riesgo es la escuela Jaime Torres Bodet, entre la calle Jardines de los Claveles y la avenida Las Rosas.

“Es evidente que no se necesitan permisos para hacer invasiones; o son verbales o, peor todavía, se trata de una autoridad rebasada; ¿cómo prometen controlar el fraccionamiento si por años no lo han hecho?”, puntualiza Juan Martínez.

El escrito que entregaron hace dos días al presidente municipal, Juan Sánchez Aldana, no deja lugar a dudas de sus sospechas: “…por escrito usted no da permisos pero, por otra parte, usted está otorgando consentimientos verbales y en forma tácita…”, señala el documento que firmaron Tranquilino y demás integrantes de la Comisión de resguardo del potrero Las Lomas.

Allí recuerdan cómo, al comienzo de la actual Administración, se hizo una visita al predio con el síndico municipal Ricardo Anguiano Apodaca y el regidor Manuel Villagómez Rodríguez, “habiéndose podido comprobar que este propio ayuntamiento está involucrado en la invasión de dicho potrero, ya que tiene construidos diversos planteles escolares y un tanque de almacenamiento de agua”.

En el sentir de los ejidatarios disidentes de Santa Ana, ese “soporte urbanístico” induce las invasiones.Los campesinos acusan a Sánchez Aldana de no querer defender el área natural protegida, pues sus intereses están ligados al grupo que controla formalmente el ejido, al cual han señalado por años de haber convertido la vieja Santa Ana de los Negros en un fabuloso negocio inmobiliario.

¿Y qué dice de esto el comisariado que encabeza Silvano Alvarado Flores? Nada hasta ahora. Este diario le solicitó desde el 10 de julio al propio presidente una entrevista, pero éste pidió posponerla hasta su aviso porque anda “muy ocupado”.

También están ocupados los que fraccionan a la sombra de La Primavera. Ahora, que los vientos parecen soplar a su favor


El espía de Las Pomas

• Lunes 14 de junio, 9:13 am. Un hombre de unos 60 años apareció de improviso en una camioneta azul, la estacionó sobre la avenida Mariano Otero, se bajó y se metió apresurado hacia el área de ingreso de las ruinas del Ixtépete.

Al ver a los ejidatarios disidentes y a sus abogados hablar con los periodistas, bajó la velocidad, abrió su celular y aparentó contestarlo, mientras observaba y deambulaba lentamente por una vereda.

Luego se detuvo y volteó completamente al área de la conferencia, sin dejar el teléfono.Don Tranquilino, Benjamín, Lourdes y sus licenciados platicaban apacibles mientras lo miraban de reojo, casi indiferentes.

“Es uno de los de Las Pomas”, señalaron ante la interrogación de quién es, por qué está allí, qué hace mirando con tanta insistencia.Es decir, “comerciantes del mercado de abastos que se apoderaron de tierras en ese potrero [distinto a Las Lomas, huelga decir], y ahora quieren el control del ejido”, comentó Juan Martínez.

En Santa Ana Tepetitlán hay una pequeña red de espionaje basada en delaciones y chismes. Estos hombres acaudalados no conocen a los campesinos, aunque se dieron de alta como ejidatarios, pero son cosas de puro negocio: tierras suburbanas que se tasan en millones de pesos por hectárea.

Ahora se cuidan de los oscuros y taciturnos ejidatarios a quienes siempre despreciaron. Principalmente de ese grupito de opositores hace mucho ruido y llega a dar lata; alguien les avisó en el comisariado ejidal —al que están aliados— que Tranqui tendría conferencia con periodistas, y quisieron cerciorarse de primera mano: no se fuera a ofrecer algo.

Los ejidatarios están tan acostumbrados a ese esquema de espionaje que a veces incluso mandan recados a través de los corresponsales, supuestamente discretos.

Hoy, se quedará sin espectáculo el adusto hombre de Las Pomas, porque la entrevista acaba rápido y empieza un recorrido por el corazón de los asentamientos irregulares, al cual no está invitado-

Las Cifras

• 641 hectáreastiene el potrero de Las Lomas, de las cuales, 552 estaban dentro del área de protección de flora y fauna La Primavera, hasta el pasado 27 de junio

• 10 añospor lo menos, tiene asentada la escuela Manuel Gómez Morín-Niños Héroes, en el lecho de tres arroyos, en Lomas de la Primavera. Es decir, en zona de riesgo-

A viva Voz

“Nos sentimos como si estuviéramos de luto, porque la ley no se aplicó como debía”
• Juan Martínez

Advierten denuncias contra fraccionadores

El alcalde del Salto, Joel González, aseguró que habrá "mano dura" contra la inmobiliaria que sabiendo del riesgo, edificó viviendas en La Azcuena; colono interpone primera demanda penal Evelyn Águila y Zaira Ramírez - EL INFORMADOR El alcalde del Salto, Joel González, aseguró que habrá "mano dura" contra la inmobiliaria que sabiendo del riesgo, edificó viviendas en La Azcuena; colono interpone primera demanda penal La advertencia es clara: Si el grupo inmobiliario de La Azucena no realiza las obras hidráulicas necesarias para evitar que nuevamente este fraccionamiento vuelva a sufrir inundaciones, el Ayuntamiento del Salto procederá con denuncias penales contra la constructora SARE-HIR. Así lo advirtió el alcalde saltense, Joel González, quien aseguró que no sólo la pasada administración municipal es responsable de las actuales inundaciones por otorgar licencias de construcción y cambios de uso de suelo, sino también la propia inmobiliaria al actuar con "irresponsabilidad" por levantar casas en una zona en la que sabían, es propensa a inundaciones severas. "Nos vamos a reunir con los fraccionadores para que estas obras hidráulicas que se tienen que llevar a cabo, se hagan para remediar este riesgo. Con esto quiero decir que se tienen que hacer obras hidráulicas de alta magnitud, si ellos no estuviesen de acuerdo, nosotros tendremos que proceder en tiempo y forma a demandas, porque se tiene que salvaguardar la vida de los habitantes". Ayer, EL INFORMADOR dio a conocer que la constructora contaba desde 2003 con tres estudios realizados por la empresa Geoex, que no sólo anticipaban que el fraccionamiento quedaría anegado durante las lluvias, sino también, recomendaban una serie de obras pluviales para evitar desastres. Pese a ello, la inmobiliaria no realizó ninguno de los trabajos sugeridos en los diagnósticos, como fueron la construcción de dos a tres colectores y pozos de absorción, que por supuesto implicarán inversiones millonarias, sobre todo en un lugar que ya está fraccionado. Joel González sostuvo que no permitirán que las casas que estén en la parte de mayor riesgo se habiten de nuevo: "Ellos (los constructores) tendrán que reubicarlos en alguna zona donde no corran riesgo. En lo que queda de nuestra administración vamos a implementar mano dura para que se tomen acciones definitivas". Hace más de una semana, los colonos de La Azucena, en El Salto, tuvieron que desalojar sus viviendas, luego de que una fuerte tormenta dejara calles y casas anegadas. Se estima que al menos unas 15 casas sufrieron daños en sus menajes, mientras 70 todavía no pueden habitarse. Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto, dudó que aún haciendo obras hidráulicas el problema pueda solucionarse de fondo y exigió reubicar a todas las familias del fraccionamiento. "El costo de los errores del cambio de uso de suelo y de la complicidad del ayuntamiento con la constructora deben asumirlos y pagar, porque lucraron con la inocencia de la gente". Contrario a la amenaza del alcalde, el colono Raúl Luna Mendoza, interpuso desde el pasado martes una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, contra la ex alcaldesa Bertha Alicia Moreno y la constructora. "La Azucena no se puede declarar como zona inhabitable" A pesar de que el gobierno de Jalisco, reconoce que existieron errores o fallas en la edificación del fraccionamiento y que el proceso de desazolve en el lugar continúa, aún no se puede determinar que esas fincas son inhabitables, consideró el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Paláez. "Lo que está claro es que ese fraccionamiento no se debió haber hecho de esa manera, hacer el señalamiento que es inhabitable sería apresurado y fuera de contexto, se requieren realizar algunas obras para asegurar y que no vuelva a inundarse, pero con la información que hoy tenemos, no podemos decir que es inhabitable", aseveró. El funcionario dijo que tampoco se puede determinar, en qué momento se presentarán denuncias penales contra los responsables de las irregularidades registradas en la Azucena.

miércoles, 16 de julio de 2008

Ejidos piden nueva área protegida en La Primavera


El predio Las Lomas podría ser declarada zona de protección del bosque La Primavera. Foto: Tonatiuh Figueroa

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Los ejidatarios disidentes de Santa Ana Tepetitlán, encabezados por Tranquilino Flores Aguilar, presentaron formalmente al Ayuntamiento de Zapopan, la propuesta de que el predio Las Lomas, enclavado en la zona oriente del bosque La Primavera, sea reintegrado al sistema de áreas naturales protegidas, por medio de una declaratoria del cabildo local.

Esa es la respuesta a la determinación del Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, que en el proceso de revisión 465/2007 determinó confirmar una sentencia judicial favorable a eliminar la vigencia del decreto de protección federal del presidente José López Portillo (6 de marzo de 1980) en el espacio correspondiente a este núcleo agrario zapopano, lo cual “descobijó” 552 hectáreas boscosas que formaban parte del área de protección de flora y fauna (Público, 7 y 8 de julio de 2008).

El escrito fue entregado en la oficialía de partes de la presidencia municipal de Zapopan, ayer. “Es nuestro deseo y del 100 por ciento de los ejidatarios reconocidos por el ejido y que son los únicos que se encuentran en posesión, que este honorable ayuntamiento se sirva emitir una resolución en la que se declare que dicha superficie se califique como zona de protección del bosque La Primavera, y además, que igualmente se sirvan declarar como zona de restricción y zona de amortiguamiento la superficie que abarque una distancia de 200 metros a partir de todo el polígono de la zona de protección…”.

Los disidentes acreditan su personalidad como integrantes de la Comisión de administración y resguardo del predio de Las Lomas, constituida desde el año 1995 con poderes plenos; subrayan su duda sobre la actuación de la autoridad municipal, a su juicio “omisa”, pues pese a conocerse el juicio de amparo que estaba en marcha y que perjudicaría a la reserva ecológica, no hubo ninguna acción legal para impedirlo.

El ayuntamiento también es responsable de omisiones graves, añaden, por no controlar el crecimiento urbano caótico que se ha desbocado desde los asentamientos humanos conocidos como Arenales Tapatíos y Lomas de La Primavera, lo que a juicio de los quejosos, demuestra una actitud parcial y “cómplice” con los intereses de la especulación inmobiliaria que están enquistados en las tierras del ejido desde hace casi 30 años.

Los campesinos disidentes de Santa Ana Tepetitlán intervinieron en el juicio de amparo 413/2001-3 y la posterior revisión, alegando que no estaban de acuerdo en que se concediera. El ejido “siempre ha tenido y tiene como beneficioso el decreto [de La Primavera] impugnado porque el mismo no nos afecta en nuestra propiedad y, al contrario, gracias a su protección se ha evitado en parte que el Ayuntamiento de Zapopan y el sedicente comisariado ejidal…”, señalaron.

Pero dos de tres magistrados no les dieron la razón, y les enmendaron la plana: el amparo no podía perjudicar sus intereses. Entonces, se dio marcha atrás al decreto de La Primavera, que hoy trae de cabeza a todo el sistema nacional de áreas protegidas



- Claves
Un juicio desfavorable

• La Primavera está protegida por el decreto expedido por el presidente José López Portillo el 19 de febrero de 1980, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente. En total son 30,500 hectáreas del área de reserva ecológica

• A partir del 27 de junio de 2008, alrededor de 552 hectáreas de bosque de La Primavera han salido del régimen de protección como resultado de un juicio de amparo que duró siete años, en el cual, sólo el gobierno de la república y los ejidatarios disidentes de Santa Ana Tepetitlán defendieron los derechos de la sociedad

• La zona “liberada” es susceptible de ser fraccionada, lo que ha generado preocupación en las autoridades; pero más preocupa el “efecto dominó” que puede perjudicar a casi todas las áreas naturales protegidas en el país, pues 85 por ciento del territorio protegido de México está asentado sobre propiedad privada o social

Constructora de La Azucena sabía de posibles inundaciones


Evelyn Águila - EL INFORMADOR

Desde hace cinco años, la empresa constructora del Fraccionamiento La Azucena, en El Salto, sabía que el predio era “potencialmente” riesgoso a inundaciones y aún así la inmobiliaria edificó la colonia y sigue vendiendo fincas.

Esta advertencia se desprende de uno de los tres estudios contratados a la compañía tapatía Geoex por la inmobiliaria SARE-HIR, donde se concluye que “existe riesgo de inundación” en este predio, por los altos escurrimientos de agua durante el temporal de lluvias.

En los otros dos diagnósticos, que se abocaron a analizar los riesgos de las viviendas por el Río Santiago y el Arroyo El Ahogado, en marzo de 2004, enlistan una serie de recomendaciones para controlar las inundaciones y que a la fecha, según la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), no se han llevado a cabo.

De acuerdo con el estudio denominado “Hidrológico Superficial de la Microcuenca San Martín-La Cruz, desarrollo habitacional La Azucena”, realizado en noviembre de 2003 por Geoex —del cual EL INFORMADOR posee una copia— se revela que en la propia cuenca del fraccionamiento se pueden llegar a generar —en caso de una precipitación extraordinaria— 314 mil 294 metros cúbicos de escurrimientos en un sólo día, mientras que el complejo habitacional posee tres vasos reguladores de captación de aguas pluviales, con apenas una capacidad total de 22 mil metros cúbicos.

Esto significa que la capacidad de almacenamiento es 14 veces menor a la advertida por el diagnóstico, que inclusive subraya que estas lagunas reguladoras se rebasarían, en una fuerte precipitación, en tan sólo 40 minutos.

“Respecto al riesgo potencial de inundación de la parte topográfica más baja del predio, originada por una creciente extraordinaria del río grande del Santiago, tomando en consideración la cercanía y escasa diferencia de elevación topográfica con el lecho del afluente, y con información obtenida de la Gerencia Técnica del Departamento de Aguas Superficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se anticipa que existe riesgo de inundación”, refiere la página 12 del documento.

La semana pasada, una fuerte lluvia generó que cientos de casas en La Azucena fueran desalojadas por los vecinos, luego de que quedaran anegadas.

La respuesta de la inmobiliaria a los afectados, fue que el fraccionamiento se había inundado por el colector de aguas negras instalado por la Seder y que obstruyó las salidas del agua.

Sin embargo, Álvaro García Chávez, titular de Desarrollo Rural, negó que este ducto hubiera “taponeado” la tubería del complejo habitacional y responsabilizó a la constructora SARE-HIR de hacer caso omiso a estos estudios.

Asimismo, en el diagnóstico se concluye que por ser un suelo arcilloso y poco permeable, no hay posibilidad de que el agua que llegue pueda infiltrarse, lo que eleva el riesgo.