viernes, 18 de julio de 2008

Busca Puerto Vallarta conseguir certificación ecológica para el desarrollo sustentable


Eugenia Barajas - LA JORNADA JALISCO

El Ayuntamiento de Puerto Vallarta inició una auditoría ambiental con miras a conseguir la certificación en materia ecológica para el desarrollo sustentable del puerto y que será avalada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), adelantó el presidente municipal, Javier Bravo Carvajal, tras sentirse satisfecho por el 90 por ciento de la ocupación hotelera en este periodo vacacional.

“Lo que buscamos es la excelencia en nuestro destino, primero que nada nos alienta elevar la calidad de vida de los vallartenses y junto con ellos generar condiciones para generar un mayor flujo de turistas hacia nuestro municipio, que una certificación en materia ambiental le da un plus a nuestro destino, permite mayor competitividad y permite ser más atractivo a las inversiones”.

El munícipe adelantó que la certificación la realiza a empresa Energía, Mejora Continua y Capacitación, que fue pagada por la iniciativa privada del puerto como una forma de colaborar con la administración en busca de mejoras, ya que en el estado no se ha dado un caso similar y a nivel nacional solo 20 municipios cuentan con ese registro.

“En estos momentos ya llevamos una semana y durara un mes, de acuerdo al convenio que suscribimos con la Profepa y para estos trabajos se contempla una auditoria ambiental. En los temas que buscamos certificación esta el manejo integral de residuos, la calidad del aire, los recursos naturales, rastro, mercado y centros de abasto, los servicios médicos municipales, parques, jardines, centros recreativos y panteones, también los talleres de mantenimiento y transporte y las instalaciones administrativas”.

Asimismo mencionó que el convenio con la dependencia federal no se debe a ningún tipo de presión que ejerciera la organización ambientalista Greenpeace, sobre las críticas a la contaminación en las playas, a las que les reviró que dicha agrupación no ha implementado ninguna acción por el municipio.

En el ramo hotelero, destacó el alcalde que pese a que se hablaba de una posible recesión, el puerto no se ha visto afectado y la oferta de 18 mil 500 cuartos que se tienen, se atrevió a adelantar que el 90 por ciento de ellos se encuentran ocupados, siendo el 80 por ciento de los turistas de origen nacional, de estados como Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí.

“La derrama hotelera de Puerto Vallarta es de 13 mil millones de pesos al año y en lo s meses de noviembre al de abril se caracterizan por recibir turismo extranjero principalmente de Estados Unidos y Canadá”.

En otro de los temas de la conferencia de prensa fue la convocatoria para la consulta pública para el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Vallarta, la que durará un mes y se publicará en los estrados de la presidencia municipal.

Más de 50 de los municipios jaliscienses no cloran el agua, advierte Gutiérrez Carranza


La falta de higiene en el agua ocasiona enfermedades Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

Viridiana Saavedra - LA JORNADA JALISCO

Más de 50 de los 125 municipios del estado no cloran el agua, situación que preocupa a la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), indicó su titular, Alfonso Gutiérrez Carranza, quien aseguró que los ayuntamientos son los responsables de llevar a cabo esas tareas, por lo que, en caso de presentarse brotes epidémicos, la dependencia estatal únicamente podrá contribuir dando servicios de atención médica.

El funcionario aseguró que se ha entrevistado en dos ocasiones con los munícipes, y que también ha enviado apercibimientos, pero los ediles han hecho caso omiso en por lo menos tres ocasiones, lo que dijo, le preocupa, ya que esa situación puede resultar en brotes de diarrea o incluso, yendo a situaciones más severas, de cólera.

“Les hice hincapié en que si ellos no cloran el agua adecuadamente, pueden generar desde una simple diarrea a sus habitantes, hasta brotes de cólera, y ellos son los responsables, no la Secretaría de Salud. Nosotros hemos mandado no menos de tres oficios a los presidentes municipales; un brote de cólera significa que podemos tener muertes, y la responsabilidad es de los presidentes municipales”, recalcó el funcionario.

Gutiérrez Carranza aseguró que entre los municipios que están por debajo de la norma se encuentran Valle de Juárez, Tala, Tomatlán, Ayotlán, Atotonilco, Cuautitlán de García Barragán, Cihuatlán, Mezquitic, San Martín de Bolaños y Chimaltitán, éstos tres últimos, además se encuentran en condiciones vulnerables, al ser de los más rezagados a nivel nacional, lo que podría complicar más los problemas sanitarios, dijo.

Sobre la pregunta de en quién cae entonces la responsabilidad, Gutiérrez Carranza mencionó que es algo que debe resolver la Comisión Estatal del Agua (CEA), pues aseguró, son ellos quienes otorgan el presupuesto a cada municipio y quienes pueden presentar lo que llamó “una medida correctiva”.

“Les ofrecimos asesoría a los que tengan problemas con este asunto de la cloración del agua. Entonces nosotros estamos trabajando y queremos que los municipios de conviertan en los principales promotores de salud. Todas estas cosas nos deben de ayudar los municipios a promoverlas”, dijo.

–¿Entonces se deslinda?

–No me deslindo. Yo los puedo atender, pero ellos tienen que hacer su parte en las cuestiones de salud, y la parte importante es que cloren el agua. Eso lo deben cumplir.


Cierre definitivo del vertedero de Los Laureles, decretan habitantes de El Salto y Juanacatlán


Habitantes de El Salto y Juanacatlán bloquearán a partir de hoy el acceso al vertedero Los Laureles en protesta por el incumplimiento de las autoridades estatales y municipales para reubicarlo Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

Mauricio Ferrer - LA JORNADA JALISCO

Habitantes de El Salto y Juanacatlán cerrarán hoy el vertedero de Los Laureles a partir de las 10 de la mañana ante el incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades para clausurar este basurero, que llegó al “fin de su vida útil”, según informó ayer en rueda de prensa Graciela González, una de las lugareñas.

–¿Será un cierre simbólico?, cuestionó un reportero.

–No. Será un cierre definitivo, contestó Juan Carlos Márquez Torres, también habitante de la zona y regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Juanacatlán.

La propuesta del cierre de Los Laureles surgió después de la pasada reunión que sostuvieron el 14 de julio las organizaciones ambientalistas locales con el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), Fernando Montes de Oca, en la plazoleta de El Salto, en la que el funcionario incluso desconocía de una denuncia popular que habían efectuado los habitantes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) por la contaminación emanada de este basurero.

Ese día, Montes de Oca les dejó en claro que la Proepa no visualizaba la asignación de otros terrenos para ser usados como vertederos, relataron los afectados.

De acuerdo con Graciela González, Semades les respondió que la empresa concesionaria de Los Laureles, Caabsa Eagle, argumentó la inexistencia de una personalidad jurídica, por lo que no procedía la denuncia popular. No sólo eso, Semades aseguró que ellos, los habitantes ponían en “indefensión” a la empresa por decir “todo lo que había dañado”.

Dicha denuncia integraba unas 2 mil firmas y el apoyo de alrededor de 26 organizaciones no gubernamentales.

A ello, se suma que, en encuentros sostenidos entre los habitantes de El Salto y Juanacatlán, autoridades de ambos municipios y burócratas de Semades y Proepa, habían acordado el cierre definitivo de Los Laureles.

Dos meses han pasado desde entonces y el vertedero continúa abierto, e incluso, con leyendas que aseguran que estarán 25 años más en el sitio, según comentó Verónica Meza, quien vive en El Salto.

Graciela González dijo que Los Laureles tiene un “pecado de origen”: en 1988, cuando fue instaurado, las normas oficiales mexicanas no establecían la protección del suelo y no marcaban reglamentación alguna sobre la presencia de lixiviados por más de 10 años, detalló.

Los saltenses, “hartos” de la contaminación que se vive en el lugar, han optado por “acciones contundentes que despierten al resto de los vecinos”, en alusión a los otros municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que incluye a estos dos, recordó la mujer.

Y es que, en principio, según narró el grupo, las opciones que habían emergido de la propuesta ciudadana en El Salto, eran, o cerrar la carretera a Chapala, o cerrar el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

“Para no ocasionar daños a terceros”, según comentó Márquez Torrez, se optó por el cierre de Los Laureles.

De igual forma, hicieron un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) para que personal de la misma, esté presente en el suceso. Y es que, según trascendió, Caabsa Eagle tiene preparado un “grupo de choque” para evitar que la planta sea tomada por los lugareños.

Entre las acciones que no han cumplido, tanto la empresa como las autoridades, son los estudios de mecánica de suelos, de permeabilidad, la entrega del historial del monitoreo de agua en los últimos 10 años por parte de Caabsa, un monitoreo de pozos, un muestreo de aire por parte de Semades, entre otras.

De ahí, que la consigna para hoy, durante el cierre, será “ni un kilo más de basura”, comentó González.

jueves, 17 de julio de 2008

Denuncia contra los responsables de la construcción de casas en zonas inundables

Eugenia Barajas - LA JORNADA JALISCO

El Comité de Defensa Ambiental de El Salto presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable por la construcción de viviendas en zonas propicias a inundarse como La Azucena.

El presidente de la asociación, Raúl Muñoz, señaló que promovieron la querella luego del ofrecimiento del mandatario estatal, Emilio González, de que se procedería contra las “constructoras voraces”, de modo que mantienen la esperanza de que se castigue a los responsables y no haya impunidan como en la muerte del pequeño Miguel Angel López Rocha

Por fin, la Sedeur entregó expediente de Las Rosas

No hay plazo para concluir la auditoría, dijo la titular de la Contraloría estatal. Ignacio Pérez Vega - PÚBLICO Cinco semanas después de que se fracturó el colector de López Mateos y Las Rosas, la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) entregó a la Contraloría del Estado el expediente relativo a la obra, requisito imprescindible para deslindar responsabilidades en el caso. El expediente, consistente en tres cajas de archivo, fue llevado a la Contraloría estatal por la directora general jurídica de la Sedeur, Francisca López Álvarez, quien dejó el cúmulo de planos y documentos en manos de la contralora, Maricarmen Mendoza Flores. Las cajas contenían 22 tomos que comprenden expedientes de licitación, contratos, proyectos, 150 planos, estimaciones y bitácoras de obra, entre otros.La entrega del expediente se atrasó por lo menos dos semanas, ya que el secretario de Desarrollo Urbano, Sergio Carmona Ruvalcaba, anunció que el miércoles 2 de julio cumpliría con la exigencia de la Contraloría. Ese día, el funcionario estatal compareció ante los diputados locales para hablar sobre el caso, pero, como la sesión concluyó después de las 16:00 horas, anticipó que en los siguientes días turnaría los documentos. Y eso no ocurrió hasta ayer. La directora jurídica señaló que todavía anoche estaban integrando el expediente, dada la cantidad de escritos que debieron recabar en todas las direcciones de la Sedeur. “Lo que se llevó más tiempo fue que todos los documentos vinieran foliados y entresellados”. Mendoza Flores dijo que se revisará el contenido de las tres cajas para verificar si los documentos son suficientes para realizar la revisión, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación. —¿En cuánto tiempo se revisará el expediente y se tendrá el fallo? —No te podría decir con exactitud, porque tenemos que revisar la información que nos han entregado y ver si habrá requerimientos de más información. —¿La Sedeur tardó mucho tiempo en reunir el expediente? —Se tardaron porque el propio secretario lo comentó, que estaban buscando que la información fuera lo más amplia posible para no estar pidiéndoles luego más información.Reparar el colector costará por lo menos 50 millones de pesos

Conciencia Cívica va vs Sare y ex alcaldesa

Denuncia que aguas negras esparcieron metales pesados por las calles. Sergio Blanco y Jaime Ramírez - PÚBLICO Por su presunta responsabilidad en las inundaciones en el fraccionamiento La Azucena, el grupo Conciencia Cívica presentó una denuncia penal en contra de la constructora Sare y de Bertha Alicia Moreno Álvarez, ex presidenta municipal de El Salto. Las razones que se exponen en el documento presentado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), fechado el 15 de julio, son: “Por cambiar el uso de suelo de categoría de ‘industria media y riesgo medio’ por el de ‘habitacional con densidad alta’”, en el caso de Bertha Alicia, y hacia Sare porque “construyó viviendas de una pésima calidad en una zona de alto riesgo para la población”. Cabe recordar que el fraccionamiento La Azucena no fue aprobado en la Administración de Bertha Alicia Moreno (2004-2006), sino en la del priista José de Jesús Romo Huerta (1998-2000) y así está consignado en un oficio fechado el 19 de marzo de 1999 con el número DOP/139. En este documento, dirigido al Grupo Desarrollador Inmobiliario Mexicano, el Ayuntamiento de El Salto le da a conocer su dictamen de uso de suelo, que resultó “favorable” para la construcción del núcleo habitacional. El aval final fue otorgado en la siguiente Administración, la del también priista y hoy notario número 1 de la municipalidad, José de Jesús González Dueñas. Con relación a los daños por las inundaciones, el representante legal de los afectados, Juan Manuel Estrada, pide la clausura del fraccionamiento y la reubicación total de los habitantes, además de un pago por daños y bienes, pues “no se debe tolerar que cada año ocurran estas contingencias”. También exigen la intervención de las autoridades de salud, puesto que, afirman, ya se presentan entre los habitantes problemas relacionados con la intoxicación por metales pesados. Por ello, el problema de las recientes inundaciones se anexó al caso del niño Miguel Ángel López Rocha, que falleció en febrero pasado intoxicado por arsénico después de caer al río Santiago, como asegura Conciencia Cívica, que destacó que “hasta el día de hoy no hay indagatoria penal en su caso”. Los padres del niño presentaron los resultados del análisis toxicológico de once niños del fraccionamiento y tomados de manera aleatoria, de los que más de 50 por ciento presenta niveles de arsénico por encima de los considerados normales, algunos con casi el doble, como el tomado al niño Juan Emmanuel Gómez, de ocho años de edad, con 23.5 microgramos por litro de orina, cuando el máximo del valor normal es de doce microgramos. El arsénico en los niños, puesto que no juegan en el río, es adquirido en el ambiente, y los niveles pueden haberse incrementado después del desbordamiento del canal de aguas negras. Incluso el agua que provee al fraccionamiento —que dicen los vecinos proviene de pozos—, “huele a rancia”, aseguró la madre de Miguel Ángel. Lo anterior sugiere que el arsénico puede estar en los habitantes expuestos a la contaminación y que consumen el agua potable.Manuel Castelazo, también de Conciencia Cívica, demandó que “Emilio se deje de declaraciones simplistas” y que actúe para investigar y castigar a los responsables del cambio de uso de suelo: “¿Por qué lo hicieron y a cambio de qué?” - Claves El demandado • Sare es un consorcio de empresas dedicadas a la promoción de vivienda para los segmentos de interés social, medio y residencial, así como a la prestación de servicios inmobiliarios. Cuenta con presencia en el Distrito Federal, Estado de México, Quintana Roo, Puebla, Michoacán, Jalisco, Morelos, Guerrero, Guanajuato y Querétaro • En 2007 tuvo ventas por 4,879 millones de pesos. Ese año vendió 10,214 viviendas de interés social y 1,229 de las catalogadas como media alta y residencial

Ecología de Zapopan dio el sí a Central Park

El plan, a edificarse en un predio de polémico origen, libró más obstáculos.

Esperanza Romero - PÚBLICO

Central Park no es un proyecto virtual. Poco a poco, los promotores del que se anuncia como el desarrollo habitacional más exclusivo en la zona dorada de Guadalajara, en Colomos III, libran los obstáculos para la edificación de tres torres departamentales sobre el predio conocido como Charcos Azules: dentro del bosque.

La Dirección General de Ecología del Ayuntamiento de Zapopan emitió un dictamen de impacto ambiental favorable al proyecto hace ocho meses.

En tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) han dado luz verde a los trámites correspondientes para la dotación de los servicios de agua potable y electrificación.

El predio originalmente fue vendido al gobierno del estado a sobreprecio, y luego éste lo devolvió con un cambio de uso de suelo otorgado por la pasada administración municipal de Zapopan.
Desde mayo de 2007 el Ayuntamiento de Zapopan congeló los permisos en la zona, con al intención de proteger Colomos III, también conocido como El Polvorín, ante la amenaza de los intereses inmobiliarios.

Los nuevos dueños han luchado con todo y contra todo. Está en juego un negocio de alrededor de cien millones de dólares. Central Park se pensó para una superficie de 20 hectáreas, con tres torres de 20 niveles y departamentos de dos y tres recámaras, con accesos privados, elevadores silenciosos de alta velocidad, estacionamientos subterráneos, casetas de vigilancia independientes para residentes y visitantes las 24 horas, terraza club y salón de juegos y todo el lujo y sofisticación “en equilibrio con la naturaleza”, según el eslogan publicitario (Público, 3 de marzo de 2008).

Justo Osorno Vizcaíno, director de Ecología y Fomento Agropecuario de Zapopan, dio su visto bueno en materia de impacto ambiental el pasado 3 de octubre, a pesar de que se trata de una zona de recarga de acuíferos. Allí se proyecta erigir vivienda vertical con base en un cambio de uso de suelo irregular, que abrió la posibilidad de edificar torres de hasta 40 pisos.

Fue en el periodo de Ismael Orozco Loreto como alcalde interino de Zapopan.El dictamen, del que Público tiene copia, señala que es un “visto bueno condicionado”, debiendo cumplir con información complementaria, como copias del dictamen de Trazos, Usos y Destinos para uso de suelo, emitido por Obras Públicas, y el proyecto de áreas verdes, autorizado por Parques y Jardines.Asimismo, se solicitan los oficios de factibilidad para suministro de agua potable, tratamiento y descargas de aguas residuales por parte del municipio.

La respuesta del funcionario va dirigida a Alejandro Báez Meza, representante legal de Central Park Residences, quien a su vez fue el que tramitó en agosto del año pasado un juicio ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) para llevar a buen puerto el proyecto, demandando que se haga efectivo el cambio de uso de suelo que permite la vivienda vertical.

Cabe recordar que el terreno fue adquirido por el Ejecutivo para permutarlo con el Poder Judicial Federal, a fin de que éste construyera allí el Palacio de Justicia, lo que no procedió por las características de la zona en materia ecológica y la necesidad de preservarla.

El visto bueno condicionado en materia de impacto ambiental se emitió por un año, “contado a la fecha de emisión”, dice el oficio 1800/2007/1471.Entre las condicionantes destaca que el desarrollador “deberá suministrar y colocar adopasto [un pasto especial ecológico]” en el estacionamiento y colocar malla geotextil sobre la malla ciclónica que divide al predio de la avenida Patria, para evitar dispersión de partículas y polvos a áreas colindantes.

Se le condiciona a su vez a que realice la construcción de un sistema de absorción que recolecte aguas pluviales y las inyecte al acuífero mediante pozos profundos, que realice dos riegos por día, con el objeto de procurar la humectación del suelo, “evitando la emisión de polvos fugitivos en las etapas de preparación del sitio y construcción”, y controlar las emisiones de ruido, entre otras.

Buscarán mantener una moratoria municipal

• El pleno del Ayuntamiento de Zapopan se pronunciará respecto a la petición de Francisco Javier Sánchez Gil, quien se ostentó como representante legal de la Sociedad Anónima de Capital Variable Central Park Residences (no lo acreditó), a efecto de que sea revocado el punto de acuerdo autorizado el pasado 11 de mayo de 2007, mediante el cual se instruyó a la Dirección General de Obras Públicas para que se abstuviera de expedir licencias y cualquier autorización o acto jurídico tendiente a la construcción en el predio Charcos Azules.

El terreno se ubica en avenida Patria sin número, esquina con Manuel Longín, entre ésta y la calle Manuel Ávila Camacho, en el fraccionamiento Atlas Colomos, en Colomos III o El Polvorín.Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano del ayuntamiento consideran que se debe declarar improcedente tal solicitud y advierten que el visto bueno en materia de impacto ambiental “no significa que la Dirección General de Obras Públicas esté obligada a otorgar el alineamiento y número oficial del predio en cuestión ni tampoco a expedir la licencia de construcción correspondiente”.

Entre los argumentos que esgrimió Sánchez Gil en su favor destaca el escrito de Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), en que indica que el terreno está fuera de una zona de protección de recursos naturales y no existe decreto alguno que establezca una regulación distinta a la contemplada en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano.

A su vez, adjuntó el dictamen favorable de 3 de octubre de 2007, emitido por la Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario, y los documentos de factibilidad de agua y drenaje, de fecha 11 de septiembre de 2007, emitidos por el SIAPA, según oficio 1418/2007 suscrito por la Gerencia Técnica.

El alcalde es responsable “por omisión”

Es “imposible” que el edil desconozca el problema, dice representante. Agustín del Castillo - PÚBLICO Verdaderamente nos sentimos como si estuviéramos de luto, porque sentimos que la ley no se aplicó como debió de haberse aplicado en este asunto tan importante para toda la gente de la zona metropolitana de Guadalajara”, advierte Juan Martínez López, del grupo disidente de Santa Ana Tepetitlán, que lidera el ejidatario Tranquilino Flores Aguilar. Los campesinos le han pedido al alcalde Juan Sánchez Aldana que decrete un área protegida municipal en las 552 hectáreas que dejó descubiertas el amparo 413/2001, pero, además, “que haga funcionar las direcciones generales de Inspección de Reglamentos y de Obras Públicas, porque han sido omisas en detener toda esta invasión, y hasta cierto punto nuestros representados han venido interpretando la presión que el presidente municipal está sufriendo por diferentes intereses urbanísticos, uno de ellos que es el señor Jorge Vergara, que está interesado en conectar lo que viene siendo El Bajío, que es donde va a constituir el desarrollo JVC de las Chivas, con estas tierras, y de algún modo quiere buscar darle plusvalía pero utilizando este terreno de 641 hectáreas”. En cuanto al amparo, “se trataba de la defensa del bosque La Primavera, ¿por qué no actuó? ¿Qué pasó con el ayuntamiento? ¿Por qué razón le interesó quedarse en el silencio?”.La prueba del “doble discurso” de Zapopan es que promete contener la urbanización, pero construye infraestructura para propiciarla. “No son ajenos a la apropiación ilegal de este territorio comunal; están perfectamente detalladas sus actuaciones de despojo, de simulación, de violaciones a los reglamentos y a la ley; realmente hay una burbuja de impunidad que ha propiciado exponer la integridad física de los ejidatarios que están en contra de ese tipo de arbitrariedades, y como ya han de saber hubo un triple homicidio la semana pasada, un asesinato de ejidatarios que han venido participando dentro de esta vida agraria, lo cual demuestra el riesgo que tiene enfrentar a esta especulación”. —¿Usted implica directamente al alcalde, que esté enterado de estos fraccionamientos y los esté autorizando de manera verbal? —Hay una situación que pudiera ser así, y deberíamos de ser benévolos para ver si está o no está haciéndolo, pero esto se lo dejamos a ustedes para que lo analicen. El día de ayer estuvimos en el potrero de Las Lomas y sucede que, en una gran superficie, con maquinaria pesada tumbaron cerros, los árboles los tumbaron, están llevando a cabo acciones claras para urbanizar esa superficie que son alrededor de doce hectáreas, y pensar que el presidente municipal está recargado en una hamaca por ignorancia o desconocimiento es muy difícil […] También nos parece muy grave que verdaderamente la ciudadanía no se inconforme y que el presidente municipal, al igual que los regidores, estén involucrados en esta serie de situaciones. —Al menos por omisión… —Sí, al menos por omisión, porque por desconocimiento es imposible.

Invaden área restringida de La Primavera

La ciudad, no tan silenciosa invasora, comienza a remontar los cerros de La Primavera. Foto: Tonatiuh Figueroa

Agustín del Castillo - PÚBLICO

El predio de Las Lomas, en Santa Ana Tepetitlán, fue el último en ser invadido por los promotores del caos urbano.
Hoy, en las orillas del bosque La Primavera, los operadores de la maquinaria pesada se afanan en “emparejar” cerros, rellenar barrancas con escombro y basura, barrer con zonas arqueológicas y ocupar lechos de arroyos que están secos casi todo el año, pero, en una crecida de pocos minutos, pueden terminar con las irrepetibles vidas y los magros patrimonios de sus invasores.De eso nadie advierte.

Las casas miserables y las no tanto van así ocupando la superficie irregular que soportaban arbolado natural apenas semanas atrás. Los fraccionadores ofrecen lotes y facilidades para una precaria posesión; las estacas y los cimientos van creciendo silenciosamente, después se levantan paredes, techos y estancias con piso de tierra, entre calles arenosas.

El drenaje será una corta tubería hacia el barrancón más cercano; la luz se robará del mar de cableado que atraviesa estos cielos hace poco silvestres; el agua llegará en pipas, la basura se arrojará a las depresiones o a un lado de los caminos, y las escuelas después serán montadas con diligencia por la autoridad para “resolver el problema social”.

Qué decir de cuando lleguen los políticos a pedir votos; votos a cambio de obras, votos a cambio de escrituras, votos a cambio de licencias para hechos consumados y a cambio de ciudadanía, o lo que más se le parezca. “Por eso no se acaba esto nunca, todos se benefician de la ruleta; el PAN es igual que el PRI, favorece el clientelismo porque lo ayuda a permanecer en el poder”, señala Juan Martínez López, miembro del grupo que asiste legalmente a los ejidatarios inconformes con el status quo.

Este potrero de 641 hectáreas es la codiciada manzana que da acceso a la floresta natural: 552 ha de su superficie eran parte del polígono que protegió el 6 de marzo de 1980 el presidente José López Portillo. Un juzgado de distrito y un tribunal colegiado federal terminaron con ese régimen de exclusión para la especulación urbana, hace casi tres semanas (Público, 7 de julio de 2008).

El Ayuntamiento de Zapopan y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) prometieron, al trascender la noticia, que no concederán permisos de urbanización, pero la realidad los está rebasando, advierte Tranquilino Flores Aguilar, líder del grupo opositor.
El campesino recorre su parcela, en la cual siembra nopales a falta de mejores productos para tierra montosa; nadie del grupo ha recibido apoyos del ProÁrbol para meter pinos y frenar de forma más eficaz el crecimiento urbano, explica Benjamín Rivera.

La parcela está contigua al arroyo Seco; Santos Sanabria Madrigal, hijo de un ejidatario, construirá en el terreno de al lado un fraccionamiento popular sin servicios básicos, para lo cual hizo rebanar el cerro.
Tranquilino le dijo hace días que estaba inquieto por el modo en que podrá llegar a su tierra de labor, pero el vecino le aseguró que, ya con el trazo abierto, el tránsito será más sencillo, y todos se beneficiarán.Unos metros al sur, varios lotes ya estacados y con construcción incipiente por encima de pequeñas mesetas. Se trata de la zona arqueológica de El Tizate o Los Cerritos.

“Se llevaron lo de encima los saqueadores, pero debajo de la tierra hay restos y nadie hace por rescatarlos”, añade Benjamín.Y así pasa si se visitan todas las entradas abiertas hacia los cerros de La Primavera. Como nadie regula nada, los parroquianos se instalan donde pueden o donde los dejan.

En la colonia Lomas de la Primavera, por ejemplo, una casa de lámina y cartón se yergue encima de un montón de basura y escombro que bajan hacia el lecho de un arroyo; unos metros abajo, se junta una segunda corriente temporalera, y un poco más, la tercera, hasta llegar a la escuela primaria que por las mañanas se llama Manuel Gómez Morín y por las tardes Niños Héroes.

Y como que le queda mejor la segunda toponimia: durante más de diez años se ha inundado con cada crecida, y cómo no va a ser así si fue construida en el lecho de tres ríos; el año pasado le pusieron un gran muro, pero pocos confían en que resista demasiado tiempo.

“Yo no sé si se trata de que los niños vengan a aprender a vivir o a morir”, señala con humor negro don Tranqui. Otro plantel escolar ubicado en zona de riesgo es la escuela Jaime Torres Bodet, entre la calle Jardines de los Claveles y la avenida Las Rosas.

“Es evidente que no se necesitan permisos para hacer invasiones; o son verbales o, peor todavía, se trata de una autoridad rebasada; ¿cómo prometen controlar el fraccionamiento si por años no lo han hecho?”, puntualiza Juan Martínez.

El escrito que entregaron hace dos días al presidente municipal, Juan Sánchez Aldana, no deja lugar a dudas de sus sospechas: “…por escrito usted no da permisos pero, por otra parte, usted está otorgando consentimientos verbales y en forma tácita…”, señala el documento que firmaron Tranquilino y demás integrantes de la Comisión de resguardo del potrero Las Lomas.

Allí recuerdan cómo, al comienzo de la actual Administración, se hizo una visita al predio con el síndico municipal Ricardo Anguiano Apodaca y el regidor Manuel Villagómez Rodríguez, “habiéndose podido comprobar que este propio ayuntamiento está involucrado en la invasión de dicho potrero, ya que tiene construidos diversos planteles escolares y un tanque de almacenamiento de agua”.

En el sentir de los ejidatarios disidentes de Santa Ana, ese “soporte urbanístico” induce las invasiones.Los campesinos acusan a Sánchez Aldana de no querer defender el área natural protegida, pues sus intereses están ligados al grupo que controla formalmente el ejido, al cual han señalado por años de haber convertido la vieja Santa Ana de los Negros en un fabuloso negocio inmobiliario.

¿Y qué dice de esto el comisariado que encabeza Silvano Alvarado Flores? Nada hasta ahora. Este diario le solicitó desde el 10 de julio al propio presidente una entrevista, pero éste pidió posponerla hasta su aviso porque anda “muy ocupado”.

También están ocupados los que fraccionan a la sombra de La Primavera. Ahora, que los vientos parecen soplar a su favor


El espía de Las Pomas

• Lunes 14 de junio, 9:13 am. Un hombre de unos 60 años apareció de improviso en una camioneta azul, la estacionó sobre la avenida Mariano Otero, se bajó y se metió apresurado hacia el área de ingreso de las ruinas del Ixtépete.

Al ver a los ejidatarios disidentes y a sus abogados hablar con los periodistas, bajó la velocidad, abrió su celular y aparentó contestarlo, mientras observaba y deambulaba lentamente por una vereda.

Luego se detuvo y volteó completamente al área de la conferencia, sin dejar el teléfono.Don Tranquilino, Benjamín, Lourdes y sus licenciados platicaban apacibles mientras lo miraban de reojo, casi indiferentes.

“Es uno de los de Las Pomas”, señalaron ante la interrogación de quién es, por qué está allí, qué hace mirando con tanta insistencia.Es decir, “comerciantes del mercado de abastos que se apoderaron de tierras en ese potrero [distinto a Las Lomas, huelga decir], y ahora quieren el control del ejido”, comentó Juan Martínez.

En Santa Ana Tepetitlán hay una pequeña red de espionaje basada en delaciones y chismes. Estos hombres acaudalados no conocen a los campesinos, aunque se dieron de alta como ejidatarios, pero son cosas de puro negocio: tierras suburbanas que se tasan en millones de pesos por hectárea.

Ahora se cuidan de los oscuros y taciturnos ejidatarios a quienes siempre despreciaron. Principalmente de ese grupito de opositores hace mucho ruido y llega a dar lata; alguien les avisó en el comisariado ejidal —al que están aliados— que Tranqui tendría conferencia con periodistas, y quisieron cerciorarse de primera mano: no se fuera a ofrecer algo.

Los ejidatarios están tan acostumbrados a ese esquema de espionaje que a veces incluso mandan recados a través de los corresponsales, supuestamente discretos.

Hoy, se quedará sin espectáculo el adusto hombre de Las Pomas, porque la entrevista acaba rápido y empieza un recorrido por el corazón de los asentamientos irregulares, al cual no está invitado-

Las Cifras

• 641 hectáreastiene el potrero de Las Lomas, de las cuales, 552 estaban dentro del área de protección de flora y fauna La Primavera, hasta el pasado 27 de junio

• 10 añospor lo menos, tiene asentada la escuela Manuel Gómez Morín-Niños Héroes, en el lecho de tres arroyos, en Lomas de la Primavera. Es decir, en zona de riesgo-

A viva Voz

“Nos sentimos como si estuviéramos de luto, porque la ley no se aplicó como debía”
• Juan Martínez

Advierten denuncias contra fraccionadores

El alcalde del Salto, Joel González, aseguró que habrá "mano dura" contra la inmobiliaria que sabiendo del riesgo, edificó viviendas en La Azcuena; colono interpone primera demanda penal Evelyn Águila y Zaira Ramírez - EL INFORMADOR El alcalde del Salto, Joel González, aseguró que habrá "mano dura" contra la inmobiliaria que sabiendo del riesgo, edificó viviendas en La Azcuena; colono interpone primera demanda penal La advertencia es clara: Si el grupo inmobiliario de La Azucena no realiza las obras hidráulicas necesarias para evitar que nuevamente este fraccionamiento vuelva a sufrir inundaciones, el Ayuntamiento del Salto procederá con denuncias penales contra la constructora SARE-HIR. Así lo advirtió el alcalde saltense, Joel González, quien aseguró que no sólo la pasada administración municipal es responsable de las actuales inundaciones por otorgar licencias de construcción y cambios de uso de suelo, sino también la propia inmobiliaria al actuar con "irresponsabilidad" por levantar casas en una zona en la que sabían, es propensa a inundaciones severas. "Nos vamos a reunir con los fraccionadores para que estas obras hidráulicas que se tienen que llevar a cabo, se hagan para remediar este riesgo. Con esto quiero decir que se tienen que hacer obras hidráulicas de alta magnitud, si ellos no estuviesen de acuerdo, nosotros tendremos que proceder en tiempo y forma a demandas, porque se tiene que salvaguardar la vida de los habitantes". Ayer, EL INFORMADOR dio a conocer que la constructora contaba desde 2003 con tres estudios realizados por la empresa Geoex, que no sólo anticipaban que el fraccionamiento quedaría anegado durante las lluvias, sino también, recomendaban una serie de obras pluviales para evitar desastres. Pese a ello, la inmobiliaria no realizó ninguno de los trabajos sugeridos en los diagnósticos, como fueron la construcción de dos a tres colectores y pozos de absorción, que por supuesto implicarán inversiones millonarias, sobre todo en un lugar que ya está fraccionado. Joel González sostuvo que no permitirán que las casas que estén en la parte de mayor riesgo se habiten de nuevo: "Ellos (los constructores) tendrán que reubicarlos en alguna zona donde no corran riesgo. En lo que queda de nuestra administración vamos a implementar mano dura para que se tomen acciones definitivas". Hace más de una semana, los colonos de La Azucena, en El Salto, tuvieron que desalojar sus viviendas, luego de que una fuerte tormenta dejara calles y casas anegadas. Se estima que al menos unas 15 casas sufrieron daños en sus menajes, mientras 70 todavía no pueden habitarse. Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto, dudó que aún haciendo obras hidráulicas el problema pueda solucionarse de fondo y exigió reubicar a todas las familias del fraccionamiento. "El costo de los errores del cambio de uso de suelo y de la complicidad del ayuntamiento con la constructora deben asumirlos y pagar, porque lucraron con la inocencia de la gente". Contrario a la amenaza del alcalde, el colono Raúl Luna Mendoza, interpuso desde el pasado martes una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, contra la ex alcaldesa Bertha Alicia Moreno y la constructora. "La Azucena no se puede declarar como zona inhabitable" A pesar de que el gobierno de Jalisco, reconoce que existieron errores o fallas en la edificación del fraccionamiento y que el proceso de desazolve en el lugar continúa, aún no se puede determinar que esas fincas son inhabitables, consideró el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Paláez. "Lo que está claro es que ese fraccionamiento no se debió haber hecho de esa manera, hacer el señalamiento que es inhabitable sería apresurado y fuera de contexto, se requieren realizar algunas obras para asegurar y que no vuelva a inundarse, pero con la información que hoy tenemos, no podemos decir que es inhabitable", aseveró. El funcionario dijo que tampoco se puede determinar, en qué momento se presentarán denuncias penales contra los responsables de las irregularidades registradas en la Azucena.

miércoles, 16 de julio de 2008

Ejidos piden nueva área protegida en La Primavera


El predio Las Lomas podría ser declarada zona de protección del bosque La Primavera. Foto: Tonatiuh Figueroa

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Los ejidatarios disidentes de Santa Ana Tepetitlán, encabezados por Tranquilino Flores Aguilar, presentaron formalmente al Ayuntamiento de Zapopan, la propuesta de que el predio Las Lomas, enclavado en la zona oriente del bosque La Primavera, sea reintegrado al sistema de áreas naturales protegidas, por medio de una declaratoria del cabildo local.

Esa es la respuesta a la determinación del Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, que en el proceso de revisión 465/2007 determinó confirmar una sentencia judicial favorable a eliminar la vigencia del decreto de protección federal del presidente José López Portillo (6 de marzo de 1980) en el espacio correspondiente a este núcleo agrario zapopano, lo cual “descobijó” 552 hectáreas boscosas que formaban parte del área de protección de flora y fauna (Público, 7 y 8 de julio de 2008).

El escrito fue entregado en la oficialía de partes de la presidencia municipal de Zapopan, ayer. “Es nuestro deseo y del 100 por ciento de los ejidatarios reconocidos por el ejido y que son los únicos que se encuentran en posesión, que este honorable ayuntamiento se sirva emitir una resolución en la que se declare que dicha superficie se califique como zona de protección del bosque La Primavera, y además, que igualmente se sirvan declarar como zona de restricción y zona de amortiguamiento la superficie que abarque una distancia de 200 metros a partir de todo el polígono de la zona de protección…”.

Los disidentes acreditan su personalidad como integrantes de la Comisión de administración y resguardo del predio de Las Lomas, constituida desde el año 1995 con poderes plenos; subrayan su duda sobre la actuación de la autoridad municipal, a su juicio “omisa”, pues pese a conocerse el juicio de amparo que estaba en marcha y que perjudicaría a la reserva ecológica, no hubo ninguna acción legal para impedirlo.

El ayuntamiento también es responsable de omisiones graves, añaden, por no controlar el crecimiento urbano caótico que se ha desbocado desde los asentamientos humanos conocidos como Arenales Tapatíos y Lomas de La Primavera, lo que a juicio de los quejosos, demuestra una actitud parcial y “cómplice” con los intereses de la especulación inmobiliaria que están enquistados en las tierras del ejido desde hace casi 30 años.

Los campesinos disidentes de Santa Ana Tepetitlán intervinieron en el juicio de amparo 413/2001-3 y la posterior revisión, alegando que no estaban de acuerdo en que se concediera. El ejido “siempre ha tenido y tiene como beneficioso el decreto [de La Primavera] impugnado porque el mismo no nos afecta en nuestra propiedad y, al contrario, gracias a su protección se ha evitado en parte que el Ayuntamiento de Zapopan y el sedicente comisariado ejidal…”, señalaron.

Pero dos de tres magistrados no les dieron la razón, y les enmendaron la plana: el amparo no podía perjudicar sus intereses. Entonces, se dio marcha atrás al decreto de La Primavera, que hoy trae de cabeza a todo el sistema nacional de áreas protegidas



- Claves
Un juicio desfavorable

• La Primavera está protegida por el decreto expedido por el presidente José López Portillo el 19 de febrero de 1980, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente. En total son 30,500 hectáreas del área de reserva ecológica

• A partir del 27 de junio de 2008, alrededor de 552 hectáreas de bosque de La Primavera han salido del régimen de protección como resultado de un juicio de amparo que duró siete años, en el cual, sólo el gobierno de la república y los ejidatarios disidentes de Santa Ana Tepetitlán defendieron los derechos de la sociedad

• La zona “liberada” es susceptible de ser fraccionada, lo que ha generado preocupación en las autoridades; pero más preocupa el “efecto dominó” que puede perjudicar a casi todas las áreas naturales protegidas en el país, pues 85 por ciento del territorio protegido de México está asentado sobre propiedad privada o social

Constructora de La Azucena sabía de posibles inundaciones


Evelyn Águila - EL INFORMADOR

Desde hace cinco años, la empresa constructora del Fraccionamiento La Azucena, en El Salto, sabía que el predio era “potencialmente” riesgoso a inundaciones y aún así la inmobiliaria edificó la colonia y sigue vendiendo fincas.

Esta advertencia se desprende de uno de los tres estudios contratados a la compañía tapatía Geoex por la inmobiliaria SARE-HIR, donde se concluye que “existe riesgo de inundación” en este predio, por los altos escurrimientos de agua durante el temporal de lluvias.

En los otros dos diagnósticos, que se abocaron a analizar los riesgos de las viviendas por el Río Santiago y el Arroyo El Ahogado, en marzo de 2004, enlistan una serie de recomendaciones para controlar las inundaciones y que a la fecha, según la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), no se han llevado a cabo.

De acuerdo con el estudio denominado “Hidrológico Superficial de la Microcuenca San Martín-La Cruz, desarrollo habitacional La Azucena”, realizado en noviembre de 2003 por Geoex —del cual EL INFORMADOR posee una copia— se revela que en la propia cuenca del fraccionamiento se pueden llegar a generar —en caso de una precipitación extraordinaria— 314 mil 294 metros cúbicos de escurrimientos en un sólo día, mientras que el complejo habitacional posee tres vasos reguladores de captación de aguas pluviales, con apenas una capacidad total de 22 mil metros cúbicos.

Esto significa que la capacidad de almacenamiento es 14 veces menor a la advertida por el diagnóstico, que inclusive subraya que estas lagunas reguladoras se rebasarían, en una fuerte precipitación, en tan sólo 40 minutos.

“Respecto al riesgo potencial de inundación de la parte topográfica más baja del predio, originada por una creciente extraordinaria del río grande del Santiago, tomando en consideración la cercanía y escasa diferencia de elevación topográfica con el lecho del afluente, y con información obtenida de la Gerencia Técnica del Departamento de Aguas Superficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se anticipa que existe riesgo de inundación”, refiere la página 12 del documento.

La semana pasada, una fuerte lluvia generó que cientos de casas en La Azucena fueran desalojadas por los vecinos, luego de que quedaran anegadas.

La respuesta de la inmobiliaria a los afectados, fue que el fraccionamiento se había inundado por el colector de aguas negras instalado por la Seder y que obstruyó las salidas del agua.

Sin embargo, Álvaro García Chávez, titular de Desarrollo Rural, negó que este ducto hubiera “taponeado” la tubería del complejo habitacional y responsabilizó a la constructora SARE-HIR de hacer caso omiso a estos estudios.

Asimismo, en el diagnóstico se concluye que por ser un suelo arcilloso y poco permeable, no hay posibilidad de que el agua que llegue pueda infiltrarse, lo que eleva el riesgo.

El gobierno podría estar afectando derechos de pueblos por la presa El Zapotillo: CEDHJ

Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO En la investigación que desde el año pasado inició la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por el caso de la presa el Zapotillo, que inundará los poblados de Temacapulín, Palmarejo y Acaciaco, hay elementos suficientes para presumir que las autoridades del estado están tomando decisiones que pueden afectar los derechos de los habitantes de estas poblaciones, señaló el tercer visitador del organismo, Alfonso Hernández Barrón.

“Son derechos como la legalidad, a la vivienda y a la salud, pues a raíz de esta presumible construcción de la presa se ha venido afectado el aspecto emocional de las personas e incluso el aspecto económico y el derecho al trabajo, pues muchos habitantes que de dedicaban a la albañilería no tienen demanda laboral porque nadie quiere construirle nada a sus casas”, señaló.

Recordó que este asunto se ha manejado bajo un clima de incertidumbre, pues en un principio se contemplaba una cortina de 80 metros de alto que medianamente habían aceptado los habitantes de Palmarejo y Acaciaco, pero repentinamente y se determinó aumentar la altura de la cortina a 100 metros, afectando así a Temacapulín.

“Es una localidad donde encontramos algunos monumentos que no han sido autorizados para removerse y mucho menos derribarse por el INAH, hay tres panteones y una comunidad muy arraigada que incluso desde ámbito sociológico presenta aspectos muy interesantes, como el que no se ha presentado ningún hecho de sangre en casi un siglo de existencia y hay estudios pendientes para determinar cuestiones de tipo antropológico”, indicó el visitador.

Refirió que la CEDHJ dictó una medida cautelar al gobernador para que lleve a cabo una consulta pública en Temacapulín y garantice el derecho de información de los habitantes, sin embargo –puntualizó– no se ha recibido una respuesta positiva.

“Esto se ha retomado en los últimos días a raíz de una entrevista que sostienen habitantes de Temacapulín con el gobernador, éste les manifiesta que de probarse que hay una inconformidad generalizada o del 50 por ciento más uno, él estaría reconsiderando el proyecto. Nosotros estamos recabando esas pruebas a través de los habitantes del Temacapulín y estaremos emitiendo un acuerdo en los últimos días”, señaló.

Hernández Barrón reveló que la gente de Temaca buscó el apoyo del rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres, quien al parecer ofreció apoyo técnico para que no se descarten proyectos como el de Loma Larga sin argumentos científicos.

martes, 15 de julio de 2008

Deja el Congreso mediación por presa El Zapotillo

Sergio Hernández - MURAL

Ante la imposibilidad de llegar a consensos con los opositores a la construcción de la Presa El Zapotillo, la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso dejará a un lado su papel de mediador para que sea el Ejecutivo del Estado quien determine qué hacer con este conflicto social.

"Este tema de la reunión del día de hoy se le hará llegar al señor Gobernador que en su momento él tendrá que tomar la decisión pertinente para la posible construcción porque nosotros lo único que hacemos es tratar de armonizar en el estado que esté todo tranquilo", comentó el diputado Arturo Gutiérrez Tejeda.

Este martes en el Congreso del Estado se citó a los opositores de la presa para que técnicamente tuvieran la oportunidad de echar abajo los argumentos oficiales que sustentan la construcción del embalse en un punto del Río Verde que generará la inundación de las poblaciones llamadas Acasico, Palmarejo y Temacapulín.

Su representante fue el regidor de Zapopan Manuel Villagómez, quien no quiso dar una exposición de la alternativa que promueve, que es la creación de una presa en un punto conocido como Loma Larga, el cual fue descalificado hace años por la Comisión Nacional del Agua con el argumento de que el suelo en ese lugar es permeable y no sería viable edificar ahí una cortina.

Villagómez aseguró que los argumentos contra El Zapotillo se entregaron por escrito a los diputados y que en todo caso es la autoridad quien debe estudiar la viabilidad de cambiar el sitio de construcción para no afectar a estas poblaciones.

Arturo Gutiérrez Tejeda, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, aclaró que ya dan por terminado un posible debate técnico pero que no cerrarán la posibilidad de diálogo a los habitantes de los pueblos que serán inundados con la presa, siempre y cuando aclaren quienes son sus representantes porque ayer los tomó por sorpresa que fuera Manuel Villagómez, personaje que no había venido realizando esta función en reuniones anteriores.

Héctor Castañeda, director de Cuencas de la Comisión Estatal del Agua, presente en la reunión, dijo en entrevista que la opción de los habitantes de estas poblaciones es que acepten la reubicación en un sitio muy cercano al que se encuentran.

Genera tensión social vertedero de Laureles

Sergio Hernández - MURAL Un Procurador de Medio Ambiente que asegura no va a renunciar, un vertedero que supuestamente no genera olores fétidos, y pepenadores en pie de lucha, fue el escenario que ayer se vivió en torno a Laureles, el sitio de disposición final de la mayoría de los residuos que genera la zona metropolitana. Fernando Montes de Oca, titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), rechazó renunciar, como lo prometió hace dos meses a habitantes de El Salto y Juanacatlán. La condición era que resolvería el pésimo manejo de la basura que estaba realizando Caabsa Eagle en el vertedero de Laureles, y que le valió en febrero una clausura a la empresa. Para negarse a renunciar el funcionario se apoyó precisamente en Caabsa, empresa que fue obligada a poner en el vertedero lagunas adicionales para sus lixiviados, a cubrir la basura de forma adecuada y en general a darle un manejo a los residuos conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003. "Lo que si puedo garantizar, por lo que no creo que sea conveniente renunciar en este momento, es (para) darle seguimiento a estas medidas", justificó Montes de Oca. "Cada semana vamos a estar viniendo con nuestro inspectores y a estar verificando en la temporada de lluvias si hay que hacer medidas adicionales" El funcionario realizó ayer un recorrido en Laureles con los directivos de Caabsa, donde fueron invitados algunos medios de comunicación para constatar el manejo que se les da a las 3 mil toneladas de residuos que diario llegan a este vertedero, abierto por el Ayuntamiento de Guadalajara desde 1986, y concesionado a particulares en 1994. En el recorrido el director de Caabsa, Antonio Villada Navarro, desestimó las quejas de habitantes de El Salto y Juanacatlán quienes se quejan de la pestilencia que genera el vertedero en estas poblaciones, situación que se suma a la degradación ambiental del Río Santiago. Para Villada Navarro las quejas no tienen fundamento al asegurar que Laureles no genera olores, y que si así fuera el viento se los lleva para el lado de Zapotlanejo. "Este vertedero tiene 22 años y consideramos que no es la fuente de olores de la que se están quejando, consideramos que huele más el río que tienen ahí que nosotros, además los vientos van hacia otro lado", expresó. Ante los rumores de que habitantes intentarían cerrar el vertedero, impidiendo el paso a los camiones de basura, señaló el director de Caabsa que darían parte a las autoridades. Ayer al mediodía aparecieron grupos de pepenadores afuera de la empresa, quienes se dijeron dispuestos a enfrentar a quienes intentaran obstaculizar la operación del vertedero.

lunes, 14 de julio de 2008

EL Parque Alcalde solo y descuidado


Sergio Blanco - PÚBLICO

Desde las diez de la mañana del domingo llegan visitantes al parque Alcalde. No sabían que abre hasta las once, así que deciden esperar. Hoy ya no tiene tantos visitantes como años atrás, según un comerciante con más de 40 años en el lugar: “Los precios que tienen están de la jodida para la gente de aquí”.

Recuerda que hace unos dos años el precio para entrar era de diez pesos. Ahora cuesta, con derecho al tren y a los espectáculos, 34.90 pesos, y con derecho a todos los juegos, $49.90. “Antes estaba mejor, ahora está bien descuidado”, agrega el comerciante.

Más gente comienza a llegar: Una adolescente, Jessica, menciona que no venía desde que estaba “chiquita”: “A mí lo que me gustan son las lanchas”. Arriba otro grupo, con dos niños que se abarrotan en el cancel a la espera de que abran. Sus padres no los traían desde marzo, cuando ya lucía el deterioro. “Para los niños está bien”, cuenta la madre, “lo que falta es más vigilancia”. Su padre, Rubén Cárdenas, dice que nada más pasean en el área de los juegos mecánicos: “Para atrás no voy porque está muy solo. Lo que más me gustaba era el trenecito y hoy me voy a subir también”, recuerda.

Sobre la calle de Mariano Bárcena se pueden ver charolas al lado del alambrado. Los vecinos ponen alimentos en ellas para la población de gatos que supera en número la de los visitantes. De ahí en adelante se pueden ver señalamientos de “peligro” atados a los árboles a punto de caerse, justo en la zona donde solían estar los columpios y las resbaladillas.

Detrás del parque, lejos de la curiosidad de los visitantes, el estado ya es deplorable: un basurero, un depósito de llantas, juegos oxidados y daños en el alambrado. Toda la parte trasera del Alcalde sirve de desván de éste.

A las once por fin se abren las puertas. Hace un mes que hubo cambio de administración y uno de sus empleados se rehúsa a contestar si habrá mantenimiento o no: “Sin una carta del diario no podemos declarar nada”.

Carlos Kosonoy, propietario de una lavandería sobre Mariano Bárcena, relata que toda la vida ha vivido ahí y que ha sido testigo del apogeo y decadencia del parque: “Antes había entrada por todos lados, la fuente funcionaba y cobraban dos pesos. Venía mucha gente, ahorita nomás la que tiene dinero”. Aun siendo vecino del lugar, Carlos no hace deporte en el parque, porque “huele mal”.

El lugar se concesionó a Diversiones Arias en mayo de 1996, y en el contrato se estableció la mejora y restauración de las áreas verdes, instalación de sanitarios funcionales y juegos mecánicos. A fines de este año, el gobierno municipal retomará la administración del parque. A la fecha, la falta de mantenimiento ha provocado que la madre naturaleza reclame esa área y la convierta, de lugar de recreo, a territorio salvaje, aunque los juegos mecánicos aún se resisten al acoso de la maleza y de los gatos residentes.

Se suman autoridades a proteger el bosque de maple


Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLOAutoridades de Talpa de Allende apoyan la propuesta de académicos de la UdeG que buscan la declaración del Bosque de Maple como área natural protegida

Viridiana Saavedra - LA JORNADA JALISCO

La propuesta de los investigadores de la Universidad de Guadalajara sobre la determinación de por lo menos 50 mil hectáreas como área natural protegida en el Boque de Maple en Talpa de Allende, fue bien vista por las autoridades de la zona, quienes dijeron que tienen todas las intensiones de contribuir para que el terreno, conocido como la Canadá mexicana, continúe con la vegetación característica sólo de regiones al norte del continente americano, por lo que aseguraron, trabajarán tanto con los propietarios, como con las autoridades correspondientes, entre las que señalaron a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La intensión, dijo el diputado local Jorge Alberto Villanueva, es que la zona se convierta en un área de recreación, donde puedan llevarse a cabo proyectos ecoturísticos que beneficien el desarrollo del municipio, tomando en cuenta, aclaró, que todo debe ser conforme a lo que establecen las leyes de protección al ambiente, por lo que para evitar que los desarrolladores turísticos e inmobiliarios, en contubernio con futuras administraciones busquen adquirir terrenos ahora que todavía pueden ser accesibles, blindarán a nivel federal el área.

“Con el blindaje federal, garantizamos a los jaliscienses, al país, y a la humanidad, que esto se preserva, para que así ninguna legislación futura o ejecutivo futuro pudiera modificar lo que se ha logrado”, dijo.

El diputado, se comprometió a que hoy comenzará con las revisiones de lo que anteriores legislaturas han hecho, y en coordinación con la Comisión de Ecología, dijo, trabajará para elevar a nivel federal la petición, y así, lograr mantener la preservación del área, que a decir de los lugareños, ha sido en repetidas ocasiones motivo de conflicto entre autoridades del municipio y propietarios de los predios, quienes incluso, en 2002, amenazaron con armas de fuego a miembros del ayuntamiento de Talpa de Allende que intentaban internarse en el bosque para determinar los pasos a seguir en torno a la protección del área.

Por su parte, Gildardo Sánchez González, presidente municipal de Talpa de Allende, aseguró que son muchos los funcionarios estatales y federales que tienen conocimiento de la situación y que no han actuado conforme a lo que dijo, sería lo más idóneo para el lugar.

Sánchez González coincidió con el legislador en torno a que en el municipio pueden desarrollarse proyectos ecoturísticos, e incluso, comparando la zona con Tapalpa o Mazamitla, conocidos por su riqueza vegetal, mencionó que en Talpa de Allende, también pueden explotarse dichos factores, aunque dijo, sólo sin faltar a lo que indica la Norma Oficial Mexicana.

El munícipe, aseguró que Conafor distribuyó entre aproximadamente 200 propietarios, 15 millones de pesos, para conservación, mantenimiento y vigilancia del área, que en repetidas ocasiones ha sido víctima de incendios provocados, a cambio de que éstos se comprometieran a preservar la zona, aunque la versión de personas aledañas al lugar, indicó que dichos recursos son suficientes sólo para 5 años, y el compromiso firmado por los propietarios de los predios, es por 10 años, lo que afecta el cuidado del área, ya que los últimos 5 años, a falta de recursos, ésta es descuidada y contribuye en la proliferación de plagas, así como en la tala clandestina del arbolado que rodea la zona.


Ausencia de políticas forestales en México

Foto La Jornada Jalisco


Por Juan Sandoval Íñiguez - EL SEMANARIO

La jornada nacional “Planta un árbol y sé parte de la historia”, así como la sentencia de amparo del Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito (de orden federal) a favor del comisionado ejidal de Santa Ana Tepetitlán, que deja 600 hectáreas de bosque en La Primavera fuera de la zona protegida, muestran dos caras de una misma moneda, y que desnudan la falta de protección jurídica de nuestros bosques. El mismo poder Ejecutivo que convocó a la plantación de árboles (loable pero insuficiente esfuerzo) no fue capaz de esgrimir argumentos jurídicos convincentes para defender el área forestal en cuestión.

La enseñanza de la Iglesia católica al respecto, es suficientemente clara, atendiendo al bien común, tan ajeno a la hora de impartir justicia en México, y tan pobremente custodiado por algunas autoridades. En el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, leemos los siguientes párrafos: “La tutela del medio ambiente constituye un desafío para la entera humanidad; se trata del deber, común y universal, de respetar un bien colectivo, destinado a todos, impidiendo que se puedan «utilizar impunemente las diversas categorías de seres, vivos o inanimados -animales, plantas, elementos naturales-, como mejor apetezca, según las propias exigencias» (Juan Pablo II, Carta encíclica Sollicitudo rei socialis –La preocupación por las cosas-, 34) (n. 466).

Y más adelante sentencia: “Los bosques contribuyen a mantener los esenciales equilibrios naturales, indispensables para la vida (Cf. Juan Pablo II, Homilía en la fiesta de San Juan Gualberto, el 12 de julio de 1987). Su destrucción, incluida la causada por los irrazonables incendios dolosos, acelera los procesos de desertificación con peligrosas consecuencias para las reservas de agua, y pone en peligro la vida de muchos pueblos y el bienestar de las futuras generaciones. Todos, personas y sujetos institucionales, deben sentirse comprometidos en la protección del patrimonio forestal y, donde sea necesario, promover programas adecuados de reforestación”. (n. 466)

Si se busca el bien común, el compromiso también debe ser común, pensando en el futuro, también común, de nuestros hijos: “La responsabilidad de salvaguardar el medio ambiente, patrimonio común del género humano, se extiende no sólo a las exigencias del presente, sino también a las del futuro: «Herederos de generaciones pasadas y beneficiándonos del trabajo de nuestros contemporáneos, estamos obligados para con todos y no podemos desinteresarnos de los que vendrán a aumentar todavía más el círculo de la familia humana. La solidaridad universal, que es un hecho y un beneficio para todos, es también un deber» (Paulo VI, Carta Encíclica Populorum Progressio –El progreso de los pueblos-, 17)”. (n. 467).

Las leyes deben ser estrictas en este sentido. Así dice el Compendio: “La responsabilidad respecto al medio ambiente debe encontrar una traducción adecuada en el ámbito jurídico. Es importante que se elaboren reglas uniformes, de manera que esta reglamentación permita a los Estados controlar eficazmente las diversas actividades que determinan efectos negativos sobre el ambiente”. (n. 469)

La llamada de atención la encontramos en el siguiente texto: “Las autoridades llamadas a tomar decisiones para hacer frente a los riesgos contra la salud y el medio ambiente, a menudo se encuentran ante situaciones en las que los datos disponibles son contradictorios o cuantitativamente escasos: puede ser oportuno, entonces, hacer una valoración según el «principio de precaución», que no comporta la aplicación de una regla, sino una orientación para gestionar situaciones de incertidumbre” (n. 469). Por desgracia, en México, no sólo en este ámbito las situaciones son de incertidumbre, cuyo fuego debe ser apagado pronto, y en este caso, por la promoción de leyes contundentes.

domingo, 13 de julio de 2008

Pierden oxígeno

Faltan 500 mil árboles en Guadalajara. Diversas universidades de EU calculan que cada ejemplar vale 18 mil dólares Héctor Padilla - MURAL Guadalajara está en crisis. Tiene un déficit de 500 mil árboles que, medido en dinero, representa 90 mil millones de pesos, y la situación se agrava porque cada uno de los 1.5 millones de carros que circulan a diario en las calles quema, en una hora, el oxígeno que producen 200 árboles en un día. Según estudios de universidades de Estados Unidos, cada árbol tiene un valor de 18 mil dólares por los beneficios al medio ambiente. Al déficit arbolario, se le añade la falta de cultura ambiental de habitantes y comerciantes que ven a los árboles como simples generadores de basura, un estorbo a la visibilidad de sus negocios o un obstáculo para el estacionamiento de carros. "Nuestro medio ambiente es una de las principales víctimas de la impunidad", sentenció Alfonso Petersen Farah, Alcalde tapatío. Sin embargo, se puede recuperar Guadalajara mientras el esfuerzo sea conjunto: Ciudad Verde es un proyecto del Ayuntamiento tapatío asesorado por el Colectivo Ecologista de Jalisco (CEJ), donde se pretende reforestar 22 corredores viales, recuperar senderos peatonales y espacios públicos, parques lineales, bosques urbanos, comprometer a la ciudadanía a preservar los árboles y a las autoridades a aplicar sanciones a quienes talen o corten ilegalmente. "Diversas universidades estadou-nidenses, han valorado un árbol en 18 mil dólares, porque nos dan clima, oxígeno, refugio a aves y otros insectos en la Ciudad, porque nos dan sombra, 8 mil litros de agua al año y una serie de beneficios de manera inmediata", detalló Mario Silva Rodríguez, del CEJ. La disyuntiva al elegir entre una ciudad de asfalto para automóviles o una urbe de árboles y banquetas para peatones no debe ser complicada, por lo que el Ayuntamiento da en adopción árboles de 12 especies distintas, que por sus dimensiones y adaptación, son viables para crecer en banquetas y camellones bajo el cuidado de su dueño. Si vive o trabaja en vialidades como Hidalgo-República, Las Rosas, Mariano Otero, Niños Héroes, Washington, Américas, La Paz, Plutarco Elías Calles, R. Michel, Revolución, Ávila Camacho, González Gallo y Circunvalación, puede elegir un árbol de al menos 5 metros de altura, de especies como tabachín, trueno, flama china, majagua, acacia, primavera y rosa morada. Por ejemplo, el Ayuntamiento ha convencido a comercios ubicados en Javier Mina-Juárez-Vallarta, a plantar y cuidar fresnos o jacarandas en las banquetas. Actualmente se han instalado más de 500, pero la intención es que sean mil y se convierta en un "corredor verde". Asimismo, el Municipio anunció sanciones a quien pode un árbol sin autorización; denuncie al 070 o al 3818-3600 extensión 3606 y 3607. Genere aire puro Si usted desea plantar un árbol en su banqueta, tome en cuenta: · Plantarlos de tres a cuatro metros de distancia, dependiendo el tamaño que alcance la copa. · Pódelo de noviembre a febrero con apoyo de especialistas, sellando los cortes con pintura vinílica para que no se infecten. · Riéguelo por la mañana o noche, evitando el riego superficial que hace que las raíces se extiendan de manera horizontal. · Nútralo con compostas orgánicas. · Procure que sean especies que no dañen banquetas como cítricos, fresnos, jacarandas, rosa morada, acacia, tabachín, san josé de la montaña, primavera, laurel de flor o flama china. Fuentes: Ayuntamiento de Guadalajara y Colectivo Ecologista de Jalisco.

La UdeG revive el proyecto de protección del bosque de arce


Agustín del Castillo - PÚBLICO

El rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres, visitó ayer el aún magnífico pero reducido bosque de niebla de las cañadas del Cuervo, en Talpa de Allende, y se comprometió a revivir la lucha de seis años de los moradores del municipio, para erigir sobre casi 56 mil hectáreas una de las reservas naturales protegidas más ricas del occidente mexicano.

Por lo pronto, la institución pretende establecer allí un laboratorio similar al que funcionó en La Primavera o al que opera en Las Joyas, en sierra de Manantlán.

Para ello, la universidad cuenta con el ofrecimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) de cederle las 150 hectáreas que compró la dependencia, a precio de oro (60 mil pesos la hectárea, contra un valor de mercado de 15 mil pesos, según lo reveló Público el 28 de enero de 2007), como medida de “mitigación” por los graves daños provocados por la carretera ilegal abierta en la zona a partir de 2004 por el gobierno de Jalisco; en ese terreno, que formará parte de la zona núcleo de la demarcación, comenzarán las labores de protección e investigación sistemáticas.

Briseño Torres advirtió que será de “la máxima prioridad” la constitución como reserva de la biosfera de la comunidad clasificada por los científicos como “bosque mesófilo de montaña”, que incluiría otras asociaciones vegetales de la Sierra Madre del Sur, como son bosques de pino, de encino y de oyamel, así como bosque tropical caducifolio y subcaducifolio.

Tan sólo en la zona de El Cuervo sobreviven decenas de especies en peligro de extinción, entre ellas, la comunidad de arce o maple de azúcar (Acer skutchii) más importante del occidente mexicano, un verdadero superviviente de las últimas glaciaciones, pues se trata de una especie propia de los ambientes neárticos, enclavada en el corazón del mundo neotropical.

El bosque mesófilo de montaña es uno de los grandes amenazados con el cambio climático, por ser un ecosistema de transición biogeográfica que puede ser borrado si se elevan las temperaturas promedio. Alberga más variedad de especies que la selva húmeda. Cubre sólo 0.87 por ciento del territorio nacional, con 10 por ciento de la flora de México (unas tres mil especies) y hongos, lo que subraya tanto su extraordinaria importancia como su alta fragilidad.

La tentativa de protección de la zona tiene su historia. Fue respaldada desde el año 2002 por la mitad de la población adulta de este municipio, que firmó la petición patrocinada desde la Administración municipal, en especial, por el entonces regidor de ecología, Toribio Quintero Moro, promotor de la restauración de microcuencas, quien incluso tiene un hongo endémico de la región, Blumenabia toribio talpensis, en homenaje a su lucha por la naturaleza (Público, 17 de agosto de 2002).

Sin embargo, el planteamiento fue desdeñado por el gobernador Francisco Ramírez Acuña, quien tuvo las peores relaciones con el sector ambiental tanto ciudadano como gubernamental, y bloqueó todas las iniciativas bajo la idea que eran obstáculos al desarrollo del estado.

El rector de la UdeG acudió ayer a la tupida floresta, ubicada a tres kilómetros del entronque con la inclusa carretera Talpa-Llano Grande, acompañado por el presidente municipal de Talpa, Gildardo Sánchez González; el diputado local, Jorge Alberto Villanueva; el propio Toribio Quintero Moro y diversos científicos universitarios.

Dijo que buscará que este bosque sea protegido “para beneficio de la humanidad […] la pretensión es, como lo hemos hecho en la sierra de Manantlán, con el laboratorio científico Las Joyas, crear un laboratorio natural en un esquema acordado con el gobierno de Jalisco. Debemos proteger la gran información que está aquí disponible para nuestros científicos, y que no podemos despreciar. Es más lo que desconocemos que lo que conocemos de este bosque. Por eso quise venir a este sitio, para entre todos detonar una gran conciencia que sirva para protegerlo”.

Agregó: “tenemos estas áreas para conservarlas y estudiarlas, pero también que puedan servir de educación ambiental para que vengan los niños, los jóvenes […] este es un magnífico laboratorio viviente que debemos cuidar y conservar. Así que vamos a hacer las gestiones necesarias desde el Congreso del estado, el gobierno de Jalisco y la universidad, para presentarnos ante las autoridades federales, y podamos declararlo como área natural protegida, en una reserva de la biosfera”.

También acudió al sitio el investigador del Departamento de Ecología y Sistemática Vegetal, del CUCBA, José Antonio Vázquez García, uno de los descubridores de la comunidad biótica.

El científico explicó que los bosques de niebla demandan una elevada humedad atmosférica gran parte del año y la mezcla de elementos florísticos y faunísticos de ambos hemisferios del continente americano “contribuyen a su elevada diversidad”.

Entre las características de este tipo de vegetación destacan la diversidad alta de epífitas (plantas que viven sobre grandes árboles) y helechos. Las orquídeas son numerosas. Abundan árboles de géneros como el Carpinus (mora blanca), Ostrya (mora roja), Alnus (aile), Magnolia (magnolia), Quercus (encino), Juglans (nogal), Tilia (cirimbo), Cornus (azulillo) y Acer skutchii rehder, éste último, subespecie del arce azucarero (Acer saccharum) típico de la América boreal, añadió.

“La zona núcleo que buscamos proteger comprende una extensión de 6, 759 hectáreas, con una zona de amortiguamiento de 49 mil hectáreas. Es importante que también sea protegida esta zona, ya que de talarse esa área cambiaría las condiciones de microclima requeridos para conservar la biodiversidad del bosque. La Sedeur, como compensación ambiental por la construcción de la carretera, está dispuesta a cedernos por lo pronto 150 hectáreas. Si apresuramos el paso, a fin de año podríamos tener la declaratoria lista, solo para ser presentada ante las instancias federales”, puntualizó el académico.

El problema, como en todas las áreas naturales valiosas del país: la propiedad pública es mínima y no se ha sabido insertar a los dueños en un proceso de manejo adecuado y compensación que los haga aliados de la protección institucional.

No obstante, el alcalde de Talpa, Gildardo Sánchez, destacó que se ha impedido la tala con relativo éxito. Sin duda ayuda el apoyo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que este año aporta en subsidios para conservación y manejo sustentable cerca de quince millones de pesos.

Además, “hemos avanzado mucho. Llevamos doce años trabajando con ellos y haciéndoles ver la importancia de este bosque. Para que sea declarado zona protegida es importante su participación, porque tienen el derecho ancestral de la zona. Por fortuna han entendido el mensaje y están dispuestos a colaborar”, aseguró.

La verdad, ese supuesto acuerdo siempre ha sido precario. En 2003 se frenó por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) un aprovechamiento forestal agresivo en las inmediaciones de la umbría. Entre 2004 y 2006, la maquinaria del gobierno derribó varias hectáreas boscosas de la prolongación de esta cañada hacia el poniente, para dar paso a la carretera a Llano Grande, que no contaba con permisos ambientales.

Y no se puede dejar de lado el problema de la cacería clandestina que afecta a especies tan notables como el jaguar, que utiliza estas montañas como corredor y coto de caza, lo que lo ha enfrentado al hombre en la creciente y desordenada colonización de los últimos 40 años.

El área protegida es la apuesta por cambiar la tendencia, hasta hoy irresistible, de destrucción.

Una protección fallida a seis años

Está a punto de cumplir seis años la propuesta de protección de los bosques de la Sierra Madre del Sur en Talpa, con su zona núcleo en la cañada del Cuervo, donde sobrevive la comunidad de arce o maple más nutrida del subtrópico mexicano, residuo de las últimas grandes glaciaciones

El gobierno de Jalisco, omiso en su responsabilidad de proteger la zona, abrió en 2003 el trazo de la carretera Talpa-Llano Grande y dañó los bosques mesófilos de montaña vecinos del arce, sin contar con permisos ambientales. Esto significó una multa de 4.5 millones de pesos por parte de la Profepa, la cual fue recurrida. En 2005, el organismo federal le exigió comprar el predio como compensación a los daños ocasionados

Pero la compra de los predios no es una idea nueva; en 2004 la planteó el secretario de Medio Ambiente, y en 2005, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas anunció que habría recursos para lograrlo. Por otro lado, las gestiones para la reserva de la biosfera con zona núcleo en estas cañadas donde nace el río Talpa no han avanzado casi nada

Con el pago de nueve millones de pesos, la Sedeur adquirió 150 hectáreas del predio Ojo de Agua del Cuervo a finales del año 2006; la meta inicial era comprar mil hectáreas para garantizar mejor la conservación de la zona; el costo pagado por hectárea, de 60 mil pesos, resulta excesivo: en la zona, una hectárea de bosque se paga a diez mil pesos

21 por ciento de sus especies están amenazadas o en peligro de extinción en el caso de la flora, y hay animales en riesgo. El valor de las florestas se incrementa por su producción de agua: abastecen de manera permanente a los poblados del municipio de Talpa diseminados entre los contrafuertes de la sierra, incluida la cabecera municipal.