lunes, 18 de junio de 2007
Cancela Semarnat vía Autlán - Chamela
Señala afectaciones al hábitat del jaguar y otras especies en peligro de extinción
Sergio Hernández - MURAL
La carretera que uniría Autlán con Chamela, a medio construir, fue cancelada definitivamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al no autorizar las dos manifestaciones de impacto ambiental del proyecto.
La Semarnat argumentó en sus resolutivos que el Gobierno de Jalisco no considera realizar acciones que protejan la flora y fauna de la zona, rica en especies en peligro de extinción, además de que la carretera daña corredores biológicos de suma importancia donde habita el jaguar, entre la selva de Chamela y la Sierra de Manantlán.
¿El responsable? Claudio Sáinz David, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano en la administración de Francisco Ramírez Acuña, quien con el aval del entonces Gobernador inició la carretera sin tener permisos ambientales, violó clausuras impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y afectó con la obra el área vecina a la Reserva de la Biosfera Chamela Cuixmala.
Los dos resolutivos se emitieron el 30 de abril pero fue hasta el 12 de junio cuando se le enteró al Gobierno de Jalisco.El actual titular de la Sedeur, Sergio Carmona Ruvalcaba, entrevistado antes de conocer el resolutivo, señaló que los esfuerzos de esa dependencia en la costa se enfocarían a terminar precisamente esa ruta de acceso al mar pero primero pondría en orden la serie de problemas de carácter ambiental que le dejaron.
Las violaciones legales de Claudio Sáinz en esta vía no tuvieron límites. Con la carretera clausurada y sin los permisos ambientales necesarios, reinició los trabajos a mediados del 2006, lo que generó nuevos procesos administrativos en la Profepa.
La cancelación definitiva de los permisos puso ahora en aprietos a José de Jesús Becerra Soto, titular de Profepa en Jalisco quien deberá castigar a los responsables de las afectaciones al ambiente, funcionarios de la administración de Francisco Ramírez Acuña.Pero Becerra Soto es incondicional del ahora Secretario de Gobernación.
Si el Gobierno de Jalisco desea construir esta carretera tendrá que replantear completamente el proyecto ante la Semarnat.
jueves, 7 de junio de 2007
Cercena un juez 640 has de La Primavera
Un amparo revoca efectos de la resolución presidencial sobre bosque de Santa Ana TepetitlánCercena un juez 640 ha de La PrimaveraUn bosque ejidal de 640 ha quedó libre de la protección de su flora y fauna, y en consecuencia, puede ser desarrollado. Ejidatarios disidentes denuncian que hay un negocio inmobiliario detrás de este proceso jurídico. La Semarnat lo impugnará. 
El bosque La Primavera y las áreas protegidas del país pueden entrar en crisis si la justicia federal confirma la sentencia contra la reserva de Guadalajara. Foto: Marco A. Vargas
Los enemigos del modelo mexicano de conservación se acaban de anotar un señalado triunfo judicial, al extraer del régimen de protección 640 hectáreas del bosque La Primavera, justo en la zona en que la reserva forestal y de fauna colinda con el área urbana de Zapopan.
La dirigencia del ejido Santa Ana Tepetitlán hizo valer sus argumentos de que la creación de la reserva ha significado la desposesión real de sus terrenos forestales, y además, de que el decreto que formó el área protegida señala literalmente que la superficie afectada son “30,500 hectáreas de propiedad particular”, lo que a su juicio excluye otro tipo de propiedad, como son en México la comunal, la social o ejidal y la pública.
El juez tercero de distrito en materia administrativa de Guadalajara, emitió su resolución sobre el juicio de amparo 413/2001-3 el 19 de abril pasado. Este diario posee una copia.En ella, determina que “la justicia de la unión ampara y protege al ejido Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, en contra de las autoridades responsables Presidente de la república, secretario de la Reforma Agraria y gobernador del estado de Jalisco, que se hicieron consistir en el decreto expedido por el primero [el Presidente] el 19 de febrero de 1980 [publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente], y el acuerdo y convenio celebrados el 18 de agosto de 2000 y 8 de enero de 2001, por el gobernador del estado de Jalisco…” (sic).
En los hechos, esto significa que el territorio ejidal referido, presuntamente afectado por el decreto, en condiciones equiparables a las de una expropiación (según la argumentación del juez), sale de la zona de protección de La Primavera, como bien señala la sentencia, que es “… para el efecto de que dejen insubsistente el decreto reclamado, respecto de la superficie propiedad del ejido quejoso, así como sus consecuencias”.
El delegado en Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José de Jesús Álvarez Carrillo, aseguró ayer que apenas fueron notificados de la resolución el pasado viernes 1 de junio, y que ya está en el conocimiento de la dirección jurídica de la Semarnat, en México, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). “Por supuesto que vamos a impugnarlo; vamos a pedir la revisión de esta decisión y vamos a buscar echar para abajo los argumentos invocados; es muy importante que los ciudadanos sepan que se defenderá el patrimonio natural de esta región”, destacó.
A Álvarez Carrillo, al igual que al director del área natural protegida, Salvador Mayorga Castañeda, les preocupa no sólo el alcance específico de este amparo, sino que, en caso de ser ratificado por el Tribunal Colegiado en turno, sentaría un precedente que debilitaría el sustento legal de las reservas ecológicas mexicanas, la inmensa mayoría de las cuales se asientan sobre propiedades privadas, comunales o sociales, e imponen regulaciones al uso de los recursos naturales que el juez tercero de distrito de Guadalajara consideró equivalentes a la expropiación.• La casa ejidal de Santa Ana Tepetitlán.
El comisariado actuó a espaldas de los campesinos, acusan. Foto: Iván García
La historia judicial
El amparo 413/2001-3 fue admitido el 22 de mayo de 2001. Lo interpusieron los miembros del comisariado ejidal en ese entonces, Antonio Cruz Arandas, Silviano Alvarado Flores y Lázaro García Ramírez (respectivamente, presidente, secretario y tesorero), bajo la asesoría legal de Antonio Soto Becerra, un abogado afamado en el entorno agrario que divide opiniones, pero amigos y enemigos lo califican, a fin de cuentas, de “eficiente”.
El proceso tuvo, por decirlo de algún modo, dos vidas: entre 2001 y 2003 fue negado y los quejosos reclamaron en un recurso de revisión. El 31 de diciembre de 2003 se emitió la sentencia recurrida.
Pasó al conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual revocó esa primera sentencia el 8 de junio de 2004 “y ordenó la reposición del procedimiento”, pues había faltado de desahogarse una prueba pericial. El asunto regresó al conocimiento del Juzgado Tercero.
Hoy, su nueva sentencia está a punto de cumplir 50 días, y es diametralmente distinta a la primera.Al juzgador no le convenció el planteamiento de los abogados del Presidente de la república, quienes reclaman improcedencia del amparo porque “el ejido quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio […] toda vez que el decreto no cancela los derechos agrarios de los habitantes de la zona de afectación, pues en todo caso, éstos deben sujetarse a las condiciones que establezca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente ”.
El juez comenta: “Lo anterior es infundado”.Y añade: “La parte quejosa reclama, sustancialmente, el decreto emitido por el Presidente de la república el 19 de febrero de 1980 […] mediante el cual decreta zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre la región conocida como La Primavera, que se localiza dentro de una superficie de 30,500 hectáreas […] en razón de que, afirma, afectan casi la totalidad de las 641 ha que le fueron dotadas” por concepto de ampliación ejidal.
Y establece un argumento decisivo para la sentencia: “La superficie de terreno reclamada fue afectada por el decreto reclamado, lo que sin duda afecta su interés jurídico, en razón de que si bien dicho decreto no cancela los derechos de propiedad del ejido respecto de la superficie dotada, lo cierto es que le impide libremente gozar, disfrutar y disponer de la misma —características de la propiedad—, toda vez que prohíbe explotar de forma desmedida los recursos naturales que contiene, así como emplearla para fines urbanísticos…”.Y dicho decreto se dio violando las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues “se emitió sin haberles otorgado la garantía de audiencia, seguridad jurídica, legalidad y debido proceso no obstante que con éste se les priva de su patrimonio ejidal”.
Un tercer argumento contra el decreto deriva de la presunta ausencia de estudios justificativos que determinaran el valor ambiental y biológico de las florestas a proteger, pese a que la Universidad de Guadalajara tenía al menos un decenio trabajando en la zona en investigaciones científicas.
Sorprendentemente, los representantes de la autoridad (presidencia, Secretaría de Agricultura, Semarnat, gobierno del estado), manifestaron que “no existen en esas dependencias estudios y peritajes de los que se advierta que en la superficie del ejido se encuentran macizos forestales, acuíferos subterráneos y aguas superficiales con los que se determinó la conveniencia de declarar la zona de protección forestal y refugio de fauna…”, según el texto de la sentencia.
Esto es parte de lo argüido para dar la razón a los ejidatarios. Hubo argumentos de que la desposesión se concretó con alambrado, con operativos policiacos y actos de autoridad, y también pesaron.
Héctor Martín Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco, terminó convencido de las violaciones.
• Los servicios ambientales de La Primavera fueron la justificación para crear el área natural protegida, en 1980. Foto: Iván García
¿Negocio de especuladores?
Tranquilino Flores Aguilar y Benjamín Rivera, ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán, cuestionaron los verdaderos móviles que llevaron al comisariado a impugnar el decreto de protección de La Primavera. Y ven detrás de esa presunta lucha por los derechos ejidales, la presencia de especuladores inmobiliarios, que tendrían abierto un enorme paraje de bosque para meter costosos desarrollos inmobiliarios.
El juicio “jamás fue aprobado por la asamblea”, advirtió Tranquilino, el líder de los campesinos disidentes. “Nosotros queremos que siga la protección porque impide que especulen y se hagan ricos con nuestras tierras”, subrayó.Pero hay experiencias demasiado frescas.
El último día de abril de este año, los regidores de Zapopan aprobaron clausurar un fraccionamiento espontáneo que “brotó” justamente en el área protegida de Santa Ana, pero el acuerdo no se ha ejecutado en casi 40 días.
“Acabamos de reunirnos [ayer] con Pablo Aguilar Lucio, y gente de Reglamentos y Obras Públicas, pero de inicio como que no había voluntad y mejor nos salimos de la reunión, aunque Pablo Aguilar prometió hacer algunas clausuras entre hoy y mañana, pero tenemos muchas dudas”, dijo por su parte Benjamín Rivera.
Los por qué del amparo, según el campesino. “Lo que pasa es que ellos, los del comisariado y el licenciado Soto Becerra, siguen con la depredación, tienen sus proyectos con empresarios y funcionarios, y ese negociote está detrás de todo esto”.
Los ejidatarios disidentes prometieron no quedarse de brazos cruzados: “Nosotros vamos a impugnar lo necesario, iremos ante las instituciones correspondientes para ir contra esos depredadores, porque hay un desacuerdo total con sacar nuestros bosques del área protegida”, añadió Benjamín.
Esta postura alienta la posición de la Semarnat y de la administración del bosque. Salvador Mayorga, el director de la reserva, señaló que el destino final de este amparo marcará una ruta decisiva para todo el esquema legal de protección de la naturaleza vigente en México. “Si ganan ellos, se debilitan todos los decretos, se ponen en tela de juicio, por eso espero que las autoridades cumplan su deber y defiendan a La Primavera”.
El bosque La Primavera y las áreas protegidas del país pueden entrar en crisis si la justicia federal confirma la sentencia contra la reserva de Guadalajara. Foto: Marco A. Vargas
AGUSTIN DEL CASTILLO - PUBLICO
Los enemigos del modelo mexicano de conservación se acaban de anotar un señalado triunfo judicial, al extraer del régimen de protección 640 hectáreas del bosque La Primavera, justo en la zona en que la reserva forestal y de fauna colinda con el área urbana de Zapopan.
La dirigencia del ejido Santa Ana Tepetitlán hizo valer sus argumentos de que la creación de la reserva ha significado la desposesión real de sus terrenos forestales, y además, de que el decreto que formó el área protegida señala literalmente que la superficie afectada son “30,500 hectáreas de propiedad particular”, lo que a su juicio excluye otro tipo de propiedad, como son en México la comunal, la social o ejidal y la pública.
El juez tercero de distrito en materia administrativa de Guadalajara, emitió su resolución sobre el juicio de amparo 413/2001-3 el 19 de abril pasado. Este diario posee una copia.En ella, determina que “la justicia de la unión ampara y protege al ejido Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, en contra de las autoridades responsables Presidente de la república, secretario de la Reforma Agraria y gobernador del estado de Jalisco, que se hicieron consistir en el decreto expedido por el primero [el Presidente] el 19 de febrero de 1980 [publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente], y el acuerdo y convenio celebrados el 18 de agosto de 2000 y 8 de enero de 2001, por el gobernador del estado de Jalisco…” (sic).
En los hechos, esto significa que el territorio ejidal referido, presuntamente afectado por el decreto, en condiciones equiparables a las de una expropiación (según la argumentación del juez), sale de la zona de protección de La Primavera, como bien señala la sentencia, que es “… para el efecto de que dejen insubsistente el decreto reclamado, respecto de la superficie propiedad del ejido quejoso, así como sus consecuencias”.
El delegado en Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José de Jesús Álvarez Carrillo, aseguró ayer que apenas fueron notificados de la resolución el pasado viernes 1 de junio, y que ya está en el conocimiento de la dirección jurídica de la Semarnat, en México, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). “Por supuesto que vamos a impugnarlo; vamos a pedir la revisión de esta decisión y vamos a buscar echar para abajo los argumentos invocados; es muy importante que los ciudadanos sepan que se defenderá el patrimonio natural de esta región”, destacó.
A Álvarez Carrillo, al igual que al director del área natural protegida, Salvador Mayorga Castañeda, les preocupa no sólo el alcance específico de este amparo, sino que, en caso de ser ratificado por el Tribunal Colegiado en turno, sentaría un precedente que debilitaría el sustento legal de las reservas ecológicas mexicanas, la inmensa mayoría de las cuales se asientan sobre propiedades privadas, comunales o sociales, e imponen regulaciones al uso de los recursos naturales que el juez tercero de distrito de Guadalajara consideró equivalentes a la expropiación.• La casa ejidal de Santa Ana Tepetitlán.
El comisariado actuó a espaldas de los campesinos, acusan. Foto: Iván García
La historia judicial
El amparo 413/2001-3 fue admitido el 22 de mayo de 2001. Lo interpusieron los miembros del comisariado ejidal en ese entonces, Antonio Cruz Arandas, Silviano Alvarado Flores y Lázaro García Ramírez (respectivamente, presidente, secretario y tesorero), bajo la asesoría legal de Antonio Soto Becerra, un abogado afamado en el entorno agrario que divide opiniones, pero amigos y enemigos lo califican, a fin de cuentas, de “eficiente”.
El proceso tuvo, por decirlo de algún modo, dos vidas: entre 2001 y 2003 fue negado y los quejosos reclamaron en un recurso de revisión. El 31 de diciembre de 2003 se emitió la sentencia recurrida.
Pasó al conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual revocó esa primera sentencia el 8 de junio de 2004 “y ordenó la reposición del procedimiento”, pues había faltado de desahogarse una prueba pericial. El asunto regresó al conocimiento del Juzgado Tercero.
Hoy, su nueva sentencia está a punto de cumplir 50 días, y es diametralmente distinta a la primera.Al juzgador no le convenció el planteamiento de los abogados del Presidente de la república, quienes reclaman improcedencia del amparo porque “el ejido quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio […] toda vez que el decreto no cancela los derechos agrarios de los habitantes de la zona de afectación, pues en todo caso, éstos deben sujetarse a las condiciones que establezca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente ”.
El juez comenta: “Lo anterior es infundado”.Y añade: “La parte quejosa reclama, sustancialmente, el decreto emitido por el Presidente de la república el 19 de febrero de 1980 […] mediante el cual decreta zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre la región conocida como La Primavera, que se localiza dentro de una superficie de 30,500 hectáreas […] en razón de que, afirma, afectan casi la totalidad de las 641 ha que le fueron dotadas” por concepto de ampliación ejidal.
Y establece un argumento decisivo para la sentencia: “La superficie de terreno reclamada fue afectada por el decreto reclamado, lo que sin duda afecta su interés jurídico, en razón de que si bien dicho decreto no cancela los derechos de propiedad del ejido respecto de la superficie dotada, lo cierto es que le impide libremente gozar, disfrutar y disponer de la misma —características de la propiedad—, toda vez que prohíbe explotar de forma desmedida los recursos naturales que contiene, así como emplearla para fines urbanísticos…”.Y dicho decreto se dio violando las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues “se emitió sin haberles otorgado la garantía de audiencia, seguridad jurídica, legalidad y debido proceso no obstante que con éste se les priva de su patrimonio ejidal”.
Un tercer argumento contra el decreto deriva de la presunta ausencia de estudios justificativos que determinaran el valor ambiental y biológico de las florestas a proteger, pese a que la Universidad de Guadalajara tenía al menos un decenio trabajando en la zona en investigaciones científicas.
Sorprendentemente, los representantes de la autoridad (presidencia, Secretaría de Agricultura, Semarnat, gobierno del estado), manifestaron que “no existen en esas dependencias estudios y peritajes de los que se advierta que en la superficie del ejido se encuentran macizos forestales, acuíferos subterráneos y aguas superficiales con los que se determinó la conveniencia de declarar la zona de protección forestal y refugio de fauna…”, según el texto de la sentencia.
Esto es parte de lo argüido para dar la razón a los ejidatarios. Hubo argumentos de que la desposesión se concretó con alambrado, con operativos policiacos y actos de autoridad, y también pesaron.
Héctor Martín Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco, terminó convencido de las violaciones.
• Los servicios ambientales de La Primavera fueron la justificación para crear el área natural protegida, en 1980. Foto: Iván García
¿Negocio de especuladores?
Tranquilino Flores Aguilar y Benjamín Rivera, ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán, cuestionaron los verdaderos móviles que llevaron al comisariado a impugnar el decreto de protección de La Primavera. Y ven detrás de esa presunta lucha por los derechos ejidales, la presencia de especuladores inmobiliarios, que tendrían abierto un enorme paraje de bosque para meter costosos desarrollos inmobiliarios.
El juicio “jamás fue aprobado por la asamblea”, advirtió Tranquilino, el líder de los campesinos disidentes. “Nosotros queremos que siga la protección porque impide que especulen y se hagan ricos con nuestras tierras”, subrayó.Pero hay experiencias demasiado frescas.
El último día de abril de este año, los regidores de Zapopan aprobaron clausurar un fraccionamiento espontáneo que “brotó” justamente en el área protegida de Santa Ana, pero el acuerdo no se ha ejecutado en casi 40 días.
“Acabamos de reunirnos [ayer] con Pablo Aguilar Lucio, y gente de Reglamentos y Obras Públicas, pero de inicio como que no había voluntad y mejor nos salimos de la reunión, aunque Pablo Aguilar prometió hacer algunas clausuras entre hoy y mañana, pero tenemos muchas dudas”, dijo por su parte Benjamín Rivera.
Los por qué del amparo, según el campesino. “Lo que pasa es que ellos, los del comisariado y el licenciado Soto Becerra, siguen con la depredación, tienen sus proyectos con empresarios y funcionarios, y ese negociote está detrás de todo esto”.
Los ejidatarios disidentes prometieron no quedarse de brazos cruzados: “Nosotros vamos a impugnar lo necesario, iremos ante las instituciones correspondientes para ir contra esos depredadores, porque hay un desacuerdo total con sacar nuestros bosques del área protegida”, añadió Benjamín.
Esta postura alienta la posición de la Semarnat y de la administración del bosque. Salvador Mayorga, el director de la reserva, señaló que el destino final de este amparo marcará una ruta decisiva para todo el esquema legal de protección de la naturaleza vigente en México. “Si ganan ellos, se debilitan todos los decretos, se ponen en tela de juicio, por eso espero que las autoridades cumplan su deber y defiendan a La Primavera”.
Lanzan programa ambiental sin presupuesto
Costaría $67 millones, la misma cantidad que el Gobernador dio para Espacio 2007
Sergio Hernández - MURAL
Emilio González Márquez, Gobernador de Jalisco, anunció el inicio del programa Mejor Atmósfera, con el que se buscará abatir la contaminación del aire. El único problema es que no contempló recursos económicos para su implementación.
Tan sólo una de las 38 acciones, renovar la red de monitoreo de la calidad del aire de la Zona Metropolitana de Guadalajara cuesta 37 millones de pesos y se podrían gastar por lo menos 30 millones de pesos más en las otras actividades contempladas, de acuerdo con un presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable.
La cifra casualmente suma 67 millones de pesos, la misma cantidad de dinero público que Emilio González Márquez tomó de la partida Erogaciones Imprevistas para donarla a la organización del evento de Televisa Espacio 2007, de 5 días de duración.
El programa contempla, entre otras acciones, buscar estímulos fiscales para la adquisición de vehículos híbridos, mejorar el sistema de transporte colectivo, crear bosques urbanos dentro de la ciudad y ampliar las áreas verdes en todo el estado fomentando las plantaciones forestales comerciales.
A Pemex el Gobernador le tiene un reclamo: que la paraestatal entregue a Guadalajara la misma calidad de gasolina que entrega en la Ciudad de México."Allá están metiendo gasolina muy cara, importada, de gran calidad, que se consume casi toda, y que contamina menos; sí, si está bajando la contaminación en México, y es por eso, y a nosotros nos están enviando gasolina de segunda", expresó.
En el evento realizado en Casa Jalisco ante líderes de organismos no gubernamentales, funcionarios públicos de los tres órdenes de Gobierno y algunos empresarios, aceptó que el desempeño ambiental de Jalisco es pésimo, al señalar que el estado ocupa el último lugar de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad.
"Jalisco ocupa el último lugar en materia de políticas públicas para el medio ambiente, para la protección, restauración, conservación, somos el último lugar; creo que éste es un dato que nos tiene que sobresaltar, realmente, hemos sido omisos en esta importantísima responsabilidad de cuidar lo que no es nuestro", señaló ante sus invitados que a pesar de la celebración miraron un estrado adornado con flores de plástico.
El Gobernador se molestó cuando al final del evento se le preguntó si el programa ambiental anunciado podría financiarse con la partida Erogaciones Extraordinarias.
Minutos después la titular de la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, Martha Ruth del Toro Gaytán, indicó que buscarían recursos internacionales para echarlo a andar.
"Estamos seguros que podemos obtener recursos con apoyos internacionales porque traemos un proyecto bien sustentado, que tiene una base científica seria y que podrá traernos una cantidad importante de recursos", expresó.
El delegado en Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José de Jesús Álvarez Carrillo, anunció que apoyarán para que se mida en Guadalajara el contaminante PM2.5, uno de los más nocivos.
Instalan consejo ambiental
El Consejo Consultivo y de Participación Social de la Secretaría del Medio Ambiente se volvió a reactivar ayer con representantes de diversos sectores sociales, los cuales orientarán al Gobierno estatal en las políticas ambientales.
Obligatorio por ley, el Consejo se instaló por primera vez en la administración estatal de Francisco Ramírez Acuña, quien como Gobernador lo presidía. Después de la toma de protesta nunca más volvió a citar a sus integrantes.
Los nuevos miembros de este Consejo son el diputado del PVEM, Luis Manuel Vélez Fregoso; el presidente de Coparmex, Luis Fernando Pérez Aguayo, y el de Canaco, José María Andrés Villalobos.
Además participan los rectores de la UdeG, ITESO y UNIVA; mientras que las organizaciones ambientalistas son representadas por Selva Negra, Colectivo Ecologista de Jalisco, Corazón de la Tierra, ALICEA y Cien por Jalisco.
Estrategias del programa mejor atmósfera.
-Recuperación y preservación de la cobertura vegetal para el mejoramiento de sitios urbanos y restauración de las áreas perturbadas.
· Mejoramiento e incorporación de nuevas tecnologías en la industria y los servicios.
· Desarrollo de esquemas de movilidad sustentable en el Estado.
· Promoción del mejoramiento y sustitución de energéticos.
· Cumplimiento de la normatividad ambiental mediante la inspección y vigilancia.
· Desarrollar un orden urbano que propicie la disminución de contaminantes.
· Generación de información y promoción de la educación ambiental.
· Promoción de la participación ciudadana.
sábado, 2 de junio de 2007
Propone UdeG acción de la ONU
Quieren organismos imparciales. Pretenden llamar la atención internacional sobre el medio ambiente de Chamela
SERGIO HERNÁNDEZ - MURAL
La Universidad de Guadalajara propone elevar el tema de Chamela a nivel internacional, involucrando a diversos programas de Naciones Unidas para que ayuden a reencauzar el desarrollo turístico, al tiempo que se cuida la riqueza biológica de la región.
En el documento denominado Informe Técnico sobre el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos turísticos Marina Careyes y Tambora, la UdeG indica que se deben volver a discutir las medidas precautorias adecuadas para evitar un daño irreversible en el sistema Chamela-Cuixmala.
"La Semarnat, sin perder o delegar sus atribuciones y responsabilidades, pudiera solicitar el apoyo de organismos internacionales como la Organización Mundial del Trabajo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para que colaboren en el diseño y desarrollo de este análisis, considerando la normatividad y procedimientos vigentes, actúen como facilitadores, y aseguren a la vez la imparcialidad en todo el proceso", señala la postura institucional de la UdeG respecto a la cuestionada actuación de Semarnat en la zona.
La casa de estudios señala en un documento oficial que es predecible una negativa de la Semarnat a reconsiderar las autorizaciones otorgadas en noviembre a los proyectos turísticos Tambora y Marina Careyes, pero que por lo menos se pudieran diseñar adecuadas medidas de prevención y mitigación a los daños ambientales que generarán los proyectos.
"Bajo las circunstancias actuales y dadas las posturas tomadas por los actores, el grado de avance que tiene el conflicto y la alta probabilidad de que se incremente en magnitud, intensidad y cobertura, los otros escenarios alternativos anuncian de manera inevitable la confrontación institucional, la generación de conflictos internos dentro de las instituciones, la pérdida de credibilidad y confianza en las instituciones y en los procedimientos, el descrédito y desprestigio nacional e internacional por parte de los desarrollos turísticos en cuestión, el deterioro del medio ambiente, una sociedad más polarizada, y el sentimiento de marginación, impunidad e injusticia", advierte de UdeG.
En la delegación Jalisco de Semarnat, que encabeza José de Jesús Álvarez Carrillo y en las oficinas centrales de la dependencia federal ubicadas en la Ciudad de México, donde despacha Juan Elvira Quesada, han guardado silencio ante la postura de la UdeG, que reprueba las autorizaciones otorgadas en Chamela.
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