Los proyectos turísticos del gobierno amenazan la historia de la comunidad, advierten
Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO
¿De qué tamaño es el miedo y el desprecio que obligan a electrificar una cerca que rodea 10 hectáreas, o a sembrar algunos kilómetros de brecha con puños de clavos que impidan el acceso de camiones y camionetas? Desde la cima del cerro El Pandillo, en la comunidad indígena de Mezcala, alrededor de 20 trabajadores al servicio del empresario Guillermo Ibarra Moreno, acusado de invadir territorio de los cocas de la región, observaron cómo a pesar de los obstáculos llegaban quienes se dieron cita en un claro del bosque para denunciar públicamente el despojo que se está dando en la región.
La convocatoria se envió desde diciembre pasado a los miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI), a pueblos y comunidades indígenas, medios de comunicación y a la sociedad civil; la intención era construir "un espacio de discusión, análisis y denuncia de los actores y promotores de las invasiones". Uno de los acusados sería Ibarra Moreno.
Desde las 10 horas los asistentes al encuentro comenzaron a llegar a la plaza de Mezcala, los miembros del CNI habían trabajado la noche anterior, el Comisariado de Bienes Comunales ya tenía listas las camionetas para subir a El Pandillo el agua y la comida para ofrecer a los asistentes.
Salir del pueblo, cruzar la carretera y subir por una brecha de 3 o 4 kilómetros. La avanzada sufrió las primeras dificultades, las "minas" de clavos tronaron la llanta de una camioneta. Se tuvo que ir limpiando el camino para que los demás lograran llegar.
Punks, anarquistas, estudiantes, miembros de organizaciones civiles, indígenas, mestizos, académicos, hombres, mujeres, jóvenes, niños y viejos, más de un centenar llegó a la cita.
Trescientos metros de una empinada brecha separaban la entrada del terreno en litigio, donde Ibarra Moreno construyó una casa de descanso, y la sombra del árbol donde se llevó a cabo el encuentro.
Desde el viernes primero de febrero una llamada anónima a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) denunció que los pobladores de Mezcala llegarían armados y entrarían por la fuerza al predio que reclaman el comunero Crecenciano Santana Sánchez y el empresario; el hecho movilizó a un par de elementos de la corporación para investigar y documentar el caso. La gente armada estaba tras la cerca eléctrica, en la "propiedad privada".
El comandante José Luis Estada Betancourt explicó que la SSP sólo estaba al pendiente de que las cosas no pasaran a mayores, pero hizo notar la ausencia de la policía municipal de Poncitlán.
Abajo el encuentro comenzaba y una mujer tomaba la palabra: "actualmente en nuestra comunidad, con la introducción de la carretera, que si bien ha venido a facilitarnos tiempo y trabajo, también hemos visto que ha sido la carretera la columna vertebral del monstruo capitalista, pues con ella se ha empezado a desatar un gran interés por nuestro territorio, osea que hasta ahora comprendimos que la carretera no fue hecha para nosotros, sino que era para un gran proyecto turístico".
Los cocas de Mezcala explicaron lo que han denunciando desde hace tiempo: el Ayuntamiento de Poncitlán ignora a sus autoridad tradicional, la Asamblea General de Comuneros, cuando se trata de decidir sobre el territorio y su destino.
Recordaron el caso de la concesión de la Isla (donde el INAH restaura monumentos históricos) y el plan de crear un organismo descentralizado para administrarla; mencionaron el conflicto con cientos de motociclistas que con permiso del Ayuntamiento entraron en el bosque y fabricaron pistas de competencia; hablaron del problema territorial con Ibarra Moreno, que ya se dirime en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XVI.
"Hay una historia de desprecio y ahora que ven el dinero en las tierras de Mezcala es que quieren componerlo poniendo carreteras, restaurando la isla y pintando nuestro pueblo, promocionándolo como un lugar turístico, pero nomás no saben qué van a hacer con el pueblo y su historia, nuestra historia", reprochó.
Dejaron en claro que no se oponen a todo lo que signifiquen mejoras para la comunidad, pero también dejaron de manifiesto sus fundadas sospechas sobre las intenciones de los gobiernos.
"Los funcionarios del INAH, Secretaría de Cultura y Turismo, junto con el Ayuntamiento de Poncitlán, informaron que a raíz de la restauración de la isla, el progreso va a llegar a Mezcala, que vamos a poder vender agüitas o refresquitos, pero eso sí, aclararon que los chayoteros o pescadores que trabajan en la isla van a poder ser jardineros o vigilantes, que el INAH, la Secretaría de Cultura y Turismo, y el Ayuntamiento de Poncitlán están en la mejor disposición de administrar el patrimonio", señaló.
Los cocas de Mezcala están convencidos de que es importante que se conozca su historia, una de las más dignas, pero quieren que se reconozcan dos cosas: que el pueblo es el dueño de la isla y que nadie tiene que pagar por conocerla.
Durante la reunión hicieron referencia al problema territorial en El Pandillo, que se litiga desde 1999 e implica 10 hectáreas de tierra comunal que –aseguran– es para uso de toda la comunidad según los estatutos de la Asamblea de Comuneros, por lo que nadie puede aparcelarla o construir dentro de ella, como acusan lo ha hecho el empresario Guillermo Ibarra Moreno.
"Ellos invaden esta área de uso común de la comunidad que además es área forestal, su invasión es evidente, sólo hay que voltear al cerro; ahora hay que esperar a que el Tribunal Agrario 16 vea lo mismo que nosotros: que voltee al cerro y vea la mansión que han construido dentro de nuestro territorio sin ningún permiso o compra de terrenos a nuestras autoridades", continuó.
En el encuentro se hizo una denuncia sobre el Plan de Desarrollo Urbano de Mezcala, que según la comunidad nunca ha sido consultada con los pobladores y la autoridad tradicional; también se mencionó que la Ley Estatal Indígena no es clara con la forma en que determina quién es indígena y quién no.
"La actual Ley Estatal Indígena desconoce a Mezcala como comunidad indígena coca, aún no sabemos cuáles son sus requisitos para definir quién o quiénes son indígenas", dijo.
Ante todo dejaron en claro que, al igual que los más pobres del país, quieren salud, educación, trabajo, techo, tierra: "eso es para nosotros el progreso del pueblo, no un centro turístico administrado por personas ajenas a la comunidad".
Observadores por naturaleza, los cocas de Mezcala se cuestionaron sobre lo sucedido en Ajijic o Chapala, donde el mismo pretexto del progreso dejó pobres y sin tierra a sus habitantes, que ahora tienen que trabajar para los ricos y extranjeros que llegaron a comprar el territorio.
"No estamos contra el progreso señores, como nos dice el empresario o el gobierno, queremos un progreso que nos incluya; que se hagan los hoteles, los restaurantes, las cabañas, todo, pero que nosotros seamos los dueños, no los criados", sentenció.
El encuentro finalizó haciendo un recordatorio que lo que está sucediendo en Mezcala se replica en muchas otras comunidades indígenas del estado y el país.
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