jueves, 19 de febrero de 2009

El Ahogado, una licitación cuestionada

La CEA admite procedimientos en su contra en la SFP, pero sólo se mantiene vivo uno; le reclaman que no optó por la oferta más baja y firmó sin resolver impugnaciones; la dependencia confía en su decisión. El agua saneada saldrá 32% más cara que en 2007.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La licitación de la planta de tratamiento de El Ahogado fue pospuesta en junio de 2007 porque el equipo que comanda César Coll Carabias, al frente de la Comisión Estatal del Agua (CEA), dudó de la transparencia y equidad del esquema que había dejado su antecesor, Enrique Dau Flores. Año y medio después, con una licitación supuestamente concluida, brincan dudas en un proceso que se suponía corregido, lo cual no preocupa demasiado a la dependencia, pese a tres inconformidades interpuestas.

El señalamiento más fuerte contra el concurso para asignar la planta tratadora de aguas negras de El Ahogado, con capacidad máxima de 2,250 litros por segundo, indica que la obra fue entregada a la segunda propuesta económica, lo que significaría un "sobreprecio" de poco más de 410 millones de pesos (o dos millones de pesos mensuales), considerando que el ganador, Atlatec, SA, y socios, cobra ocho millones 970 mil pesos mensuales contra seis millones 958 mil pesos de la primera oferta, de OHL Concesiones México, SA, y socios. Todo esto, a un plazo aproximado de 17 años, descontado el tiempo de construcción (Público, 21 de noviembre de 2008).

En ese análisis, tampoco se puede olvidar que, en la licitación de 2007, el precio propuesto por la empresa con oferta más económica por metro cúbico saneado era de 1.14 pesos, mientras que ahora la oferta ganadora cobrará 1.51 pesos, esto es, 32 por ciento más caro (ver Público, 11 de junio de 2007).

En aquella ocasión, se licitó en un solo paquete todo el saneamiento metropolitano, pero el concurso fue declarado desierto.

Ahora, en el nuevo paquete de licitaciones, ha salido primero El Ahogado, pues era prioridad política ante la fuerte protesta social en las zonas de El Salto y Juanacatlán. Pero muchos no quedaron conformes.

OHL Concesiones México, SA de CV, y OHL Medio Ambiente, interpusieron su escrito inicial de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal, el 4 de diciembre de 2008, en contra de la CEA, en el marco de la licitación pública nacional 43111001-046-08. La CEA firmó el contrato con Atlatec, SA de CV, el 10 de diciembre, cuando ya estaba en proceso la inconformidad.

También presentaron inconformidades las empresas Isolux de México, SA de CV, que quedó en cuarto lugar, y Cobra Instalaciones México, SA de CV, que ocupó el último casillero entre los contratistas, pero, en este caso, sus quejas no prosperaron, aseguró ayer el director de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la CEA, Ricardo Robles Varela.

De la inconformidad que está vigente, "no tenemos preocupación con lo que pase, el trabajo es muy sólido, participaron muchas instancias y no creo que se vaya a echar abajo ni a entorpecer el proceso", explicó por vía telefónica

Dijo que la ley no obliga a tomar la oferta más baja en términos económicos, porque hay una serie de aspectos que hay que cumplir, y se demostró que OHL Concesiones México, SA de CV, no tenía la solvencia para garantizar el proyecto, pues "incumplió varios requisitos".

Además, aclaró que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios federal no impide firmar el contrato cuando esté en desahogo una inconformidad. No hay obligación de suspender el proceso, porque el inconforme tendría en contraparte que depositar una fianza para garantizar todos los perjuicios que la suspensión pudiera acarrear en la realización de un proyecto, advirtió el funcionario.

La planta de El Ahogado costará 900 millones de pesos; 40 por ciento de ese monto es aportado, a fondo perdido, por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) del gobierno federal; el restante 60 por ciento es capital de riesgo de la empresa ganadora de la concesión y los préstamos que obtenga. Su construcción debe arrancar en marzo próximo.

La inconformidad

La empresa reclamante, OHL Concesiones México, SA de CV, que presentó la oferta más económica en la licitación, reclamó de la CEA "desechar de manera ilegal e infundada las propuestas técnica y económica presentadas por OHL en la licitación […] y, con ello, adjudicar el contrato a una oferta que no resulta la más conveniente de conformidad con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, alejando al Estado de las mejores condiciones de contratación disponible en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes, y violando derechos de OHL dentro del procedimiento de contratación", según indica en su página siete el "escrito inicial de inconformidad" a que tuvo acceso este diario, sellado de recibido en la SFP el 4 de diciembre de 2008.

Así, añade, "la autoridad convocante desechó las propuestas por el incumplimiento de supuestos requisitos formales que en la especie no se da, ni son suficientes para desechar las propuestas de nuestra representada…".

Es decir, OHL argumenta que, si había errores u omisiones, eran subsanables y no afectaban el marco general de su propuesta. Además, la CEA estaba obligada a señalar esos detalles, previo a la sesión del fallo final, en cuatro sesiones aclaratorias donde avaló todo lo presentado por la empresa.

Dos de los detalles cuestionados por la CEA son altamente especializados: las memorias de un prediseño en relación con sólidos suspendidos y lodos, y la técnica en el "tren de tratamiento de agua".

Un tercero tiene que ver con la propuesta económica, a juicio de la entidad pública, "incongruente", pues presenta valores dispares en sus documentos sustantivos. Un cuarto detalle tiene que ver con costos de operación y mantenimiento de la planta, donde se habría omitido una columna de números completa. El quinto aspecto en que el organismo estatal descalifica a OHL es por "inconsistencias" en el llenado de datos sobre costos de energía eléctrica, que varían pues parten de tarifas distintas.

Estos cinco aspectos son los que llevaron a la descalificación de la propuesta de OHL, al señalarse como "no viable". OHL reclama la nulidad del acta del fallo y su dictamen, al insistir que su propuesta es la mejor para el interés público.

También pide la suspensión del proceso de contratación, lo cual no fue concedido.

No preocupa

Ricardo Robles Varela, director de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la CEA, señal que la decisión de eliminar a OHL deriva de una aplicación rigurosa de los términos y las bases de la licitación. "Allí se marcan requisitos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos, y se deben cumplir […] Hubo ocho propuestas para poder ganar la licitación, pero no indica la ley que quien deba ganar sea la más baja en costos […] Fue un grupo interdisciplinario el que analizó todo; se cuidaron mucho las formas y el fondo, la sustentación del fallo es sólida, bien fundamentada, y consideramos que se nos va a confirmar".

—¿No temen un resultado adverso?

—El resultado, sea el que sea, no detiene el proceso. Tenemos todavía la opción de apelar y esto se llevará más tiempo […] quizá hasta instancias judiciales. Pero la obra no se detendrá.

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CLAVES

Líder en aguas negras

Guadalajara es, junto con la Ciudad de México, el principal contaminador urbano de aguas nacionales que hay en el país. Hoy genera entre nueve y diez mil litros por segundo de desechos municipales, esto es, derivados de casas habitación, que suman más de un millón; además, tiene cerca de cien mil usuarios no domésticos que deben tratar sus propios desechos, o bien, pagar al organismo operador para que los sanee. Desde hace nueve años viola las normas en materia de saneamiento

Desde 1997 se han intentado distintas acciones para sanear las aguas de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero, en 1998, el Congreso del Estado impidió al Poder Ejecutivo un endeudamiento de 150 millones de dólares (que habría resuelto a 100 por ciento) que, a precios actuales, significaba resolver el problema en menos de dos mil millones de pesos, sin contar con los gastos de operación, todo lo cual correría a cargo de entidades públicas

En 2006 se lanzó la siguiente convocatoria para sanear las aguas citadinas, que ofrecía a empresas privadas construir y operar el sistema, pero para toda la ciudad. En 2007, el nuevo equipo de la Comisión Estatal del Agua (CEA) consideró poco transparente y poco equitativo el proceso, lo modificó primero; luego, en el fallo, la dependencia declaró desierta la licitación

Finalmente, en junio de 2008 comenzó el nuevo procedimiento, pero exclusivamente para la zona de El Ahogado, que tiene 20 por ciento de la contaminación de la ciudad. El proceso se falló el 20 de noviembre de 2008 y el contrato se firmó 20 días después.

Atlatec, SA de CV, construirá y operará la planta. Cada metro cúbico saneado le dará 1.51 pesos; la planta costará alrededor de 900 millones de pesos y limpiará 2,250 litros de aguas negras máximo por segundo. El proceso tiene vigente una inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública, de tres que se instauraron.

La empresa afectada OHL, ha pedido la suspensión del procedimiento, apelando al artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que aplica en este caso porque se trata de una obra con inversión federal. Dice el citado artículo de la ley federal de Adquisiciones: "…la Contraloría podrá suspender el procedimiento de contratación cuando: I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran producirse daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate, y II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden público"

Añade el artículo mencionado: "Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión [como es en este caso] éste deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la Contraloría, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión"

Finalmente: "Cuando la SFP determine la suspensión de algún procedimiento de contratación que implique para la convocante poner en riesgo el abastecimiento de bienes y la prestación de servicios de necesidad inmediata, podrá la dependencia o entidad realizar las contrataciones que, en tanto cesa la aludida suspensión, contribuyan a afrontar dicha eventualidad…"

La ruta de la inconformidad, si la gana OHL en primera instancia, será una casi segura apelación de la CEA y, posteriormente, un pleito judicial, lo cual hace poco rentable el proceso para los particulares. Pero la pregunta esencial para el interés público sigue siendo: ¿se pudo contratar la obra a un precio menor?

Baja la contaminación en Miravalle: Semades

En dos años, los niveles Imeca en la cuenca descendieron 15 puntos. Causas: menos basura quemada, mejores vialidades, reforestación
La zona de Miravalle padece la peor contaminación atmosférica de la ciudad, pero la situación parece mejorar.
La zona de Miravalle padece la peor contaminación atmosférica de la ciudad, pero la situación parece mejorar. Foto: Público

Guadalajara • Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

A partir de la entrada en vigor del acuerdo de Alta Fragilidad Ambiental en Miravalle, el 23 de enero de 2007, la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) registra un descenso en todos los contaminantes monitoreados en su estación enclavada el pie del Cerro del Cuatro.

Las partículas suspendidas, que son el contaminante líder, y el problema esencial de esta demarcación del sur de la zona conurbada de Guadalajara, han cedido en quince puntos del índice metropolitano de calidad del aire (Imeca), lo cual revela, a juicio de María Elena Zúñiga Alvarado, coordinadora de la Red de Monitoreo Atmosférico de la Semades, que se han aplicado con seriedad la disposiciones previstas en ese plan, que fue elaborado durante la Administración de Francisco Ramírez Acuña, pero puesto en marcha casi completamente en lo que va de la actual.

En conferencia de prensa, Zúñiga Alvarado puso en relieve el descenso y subrayó que el promedio anual de partículas en 2006, fue de 74.6 puntos, mientras el promedio de 2008, que recién concluyó, es de 58.9 puntos Imeca.

Pero el mejor ambiente, añadió la funcionaria, también se registra en los otros contaminantes medidos por la estación de monitoreo: bióxido de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono y bióxido de azufre (ver gráfico contiguo).

Antes de 2007, 72 por ciento de las veces en que se decretó una contingencia atmosférica en la zona se debió a que la dirección de los vientos registrados iban de Sur-Sureste o de Sur-Suroeste, "lo que provocaba la sedimentación de los contaminantes hacia la parte baja de Miravalle".

Como resultado del decreto, "en 2008 sólo en una ocasión se activó la alerta ambiental por niveles de contaminación fuera de norma", advirtió.

¿Cómo se logró este descenso de los contaminantes?

Javier Velarde, de la Dirección de Ecología de Guadalajara; Daniel Zepeda, director del Ecología en Tlajomulco de Zúñiga; Adrián Salinas, director de Ecología de El Salto, y Santiago Preciado, de Tlaquepaque, señalaron que se han mejorado los caminos, lo que ha propiciado más fluidez en el tránsito; hay recolección de llantas, se evita quema de basura y se aplica una intensiva reforestación.

En la recolección de residuos, "se ha cambiado a horario vespertino y en el riego de parques y camellones se ha implementado un sistema de riego automatizado sin necesidad de pipa de agua".

A nivel de toda la ciudad, el promedio anual Imeca pasó de 97 puntos en 2007 a 87 puntos en el 2008, abundó Zúñiga Alvarado.

Guadalajara • Agustín del Castillo

El gobierno ya se amparó por el predio de Las Joyas

Juicio se suma al de la UdeG por sostener predio en sierra de Manatlán; piden echar abajo resolución irregular del juez segundo de lo Civil, que les arrebata el terreno a favor de particulares con escrituras canceladas hace 20 años
Un detalle del paisaje en el predio Las Joyas, dentro de la valiosa reserva de la Sierra de Manantlán.
Un detalle del paisaje en el predio Las Joyas, dentro de la valiosa reserva de la Sierra de Manantlán. Foto: Marco A. Vargas

Guadalajara • Dolores Reséndiz/Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO 

El pasado 17 de febrero fue admitida la demanda del gobierno de Jalisco ante la justicia federal por la violación de sus garantías como propietario del predio Las Joyas, donde se ubica la estación científica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), de cual se le pretende despojar con una resolución civil "irregular", dijo ayer el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez.

El juicio de amparo "se interpuso como propietario de Las Joyas, y esperamos que sea acumulado al que interpuso la Universidad de Guadalajara [UdeG] como posesionaria […] Estamos confiados en que esta acción será suficiente; el día de ayer [17 de febrero] fue admitido y será acumulado a la acción de defensa de la casa de estudios; ellos están responsabilizados de la defensa del predio de acuerdo al comodato que les da posesión", indicó.

Dijo estar confiado "de que estas acciones legales permitirán la cancelación de la sentencia con la que, en forma irregular y sospechosa, se pretendía entregar estos predios a personas ajenas".

Descartó la posible violencia de los beneficiarios con la resolución del juez segundo civil de Autlán. "Yo creo no es una zona donde pueda darse un abuso de particulares; no necesitamos plantear un gran operativo, las acciones legales están promovidas y confiamos en que prosperarán […] No hay invasión o incursión que temamos; hubo un proceso amañado, en donde no se nos notificó al posesionario ni al estado, pero no esperamos una acción, pues, para tomar posesión del predio, requerirían auxilio de la fuerza pública, y ésta la tiene el estado, y está en defensa de las instituciones e intereses públicos".

La demanda estatal fue presentada desde el 4 de febrero al juez de distrito en materia civil de turno por Tomás Coronado Olmos, "en su carácter de procurador general de Justicia del Estado de Jalisco y representante a nombre del gobierno", señala el texto de la demanda, a que tuvo acceso este diario.

El gobierno comparece en calidad de "tercero extraño al juicio civil ordinario de prescripción positiva o usucapión, registrado bajo número de expediente 749/2006", en el cual nunca fue llamado como propietario, y se otorgó a un grupo de solicitantes, que viven en Ahuacapán, municipio de Autlán, casi 2,600 hectáreas correspondientes a Las Joyas (900 ha), la propiedad privada Ex Hacienda de Ahuacapán (1,300 ha) y el ejido del mismo nombre (400 ha), reconocimiento de posesión que se basa en unas escrituras canceladas hace más de 20 años (Público, 22 y 23 de enero de 2009).

"Se comparece ante el juez de distrito a promover juicio de garantías indirecto pidiendo el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos y de las autoridades que se indican en la demanda [...]". El acto reclamado: "…la sentencia ilegal contraventora del orden de derecho constitucional federal y estatal, pronunciada por el c. juez Segundo de lo Civil, perteneciente este al décimo segundo Partido Judicial del estado de Jalisco […] con fecha del 3 de julio del año 2008; decretos, autos y toda actuación judicial realizada dentro de su correspondientes actos jurisdiccionales que realizaron en el juicio civil ordinario de prescripción positiva o usucapión, registrado bajo número de expediente 749/2006", añade el documento.

El gobierno de Jalisco señala que se tuvo conocimiento de los actos el 15 de enero de 2009, según el oficio AG./0282/2009 enviado por el Consejo General de la UdeG.

El Ejecutivo también pide "dar la entrada al incidente de suspensión, concediéndosele […] la suspensión provisional de los actos reclamados a fin de que no se realicen movimientos de cancelación o inscripción de lo sentenciado por la ordenadora responsable en el Registro Público de la Propiedad número 5" de Autlán, así como en las cuentas catastrales de esa demarcación.