Ejidos piden nueva área protegida en La Primavera

El predio Las Lomas podría ser declarada zona de protección del bosque La Primavera. Foto: Tonatiuh Figueroa

Agustín del Castillo - PÚBLICO

Los ejidatarios disidentes de Santa Ana Tepetitlán, encabezados por Tranquilino Flores Aguilar, presentaron formalmente al Ayuntamiento de Zapopan, la propuesta de que el predio Las Lomas, enclavado en la zona oriente del bosque La Primavera, sea reintegrado al sistema de áreas naturales protegidas, por medio de una declaratoria del cabildo local.

Esa es la respuesta a la determinación del Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, que en el proceso de revisión 465/2007 determinó confirmar una sentencia judicial favorable a eliminar la vigencia del decreto de protección federal del presidente José López Portillo (6 de marzo de 1980) en el espacio correspondiente a este núcleo agrario zapopano, lo cual “descobijó” 552 hectáreas boscosas que formaban parte del área de protección de flora y fauna (Público, 7 y 8 de julio de 2008).

El escrito fue entregado en la oficialía de partes de la presidencia municipal de Zapopan, ayer. “Es nuestro deseo y del 100 por ciento de los ejidatarios reconocidos por el ejido y que son los únicos que se encuentran en posesión, que este honorable ayuntamiento se sirva emitir una resolución en la que se declare que dicha superficie se califique como zona de protección del bosque La Primavera, y además, que igualmente se sirvan declarar como zona de restricción y zona de amortiguamiento la superficie que abarque una distancia de 200 metros a partir de todo el polígono de la zona de protección…”.

Los disidentes acreditan su personalidad como integrantes de la Comisión de administración y resguardo del predio de Las Lomas, constituida desde el año 1995 con poderes plenos; subrayan su duda sobre la actuación de la autoridad municipal, a su juicio “omisa”, pues pese a conocerse el juicio de amparo que estaba en marcha y que perjudicaría a la reserva ecológica, no hubo ninguna acción legal para impedirlo.

El ayuntamiento también es responsable de omisiones graves, añaden, por no controlar el crecimiento urbano caótico que se ha desbocado desde los asentamientos humanos conocidos como Arenales Tapatíos y Lomas de La Primavera, lo que a juicio de los quejosos, demuestra una actitud parcial y “cómplice” con los intereses de la especulación inmobiliaria que están enquistados en las tierras del ejido desde hace casi 30 años.

Los campesinos disidentes de Santa Ana Tepetitlán intervinieron en el juicio de amparo 413/2001-3 y la posterior revisión, alegando que no estaban de acuerdo en que se concediera. El ejido “siempre ha tenido y tiene como beneficioso el decreto [de La Primavera] impugnado porque el mismo no nos afecta en nuestra propiedad y, al contrario, gracias a su protección se ha evitado en parte que el Ayuntamiento de Zapopan y el sedicente comisariado ejidal…”, señalaron.

Pero dos de tres magistrados no les dieron la razón, y les enmendaron la plana: el amparo no podía perjudicar sus intereses. Entonces, se dio marcha atrás al decreto de La Primavera, que hoy trae de cabeza a todo el sistema nacional de áreas protegidas



- Claves
Un juicio desfavorable

• La Primavera está protegida por el decreto expedido por el presidente José López Portillo el 19 de febrero de 1980, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente. En total son 30,500 hectáreas del área de reserva ecológica

• A partir del 27 de junio de 2008, alrededor de 552 hectáreas de bosque de La Primavera han salido del régimen de protección como resultado de un juicio de amparo que duró siete años, en el cual, sólo el gobierno de la república y los ejidatarios disidentes de Santa Ana Tepetitlán defendieron los derechos de la sociedad

• La zona “liberada” es susceptible de ser fraccionada, lo que ha generado preocupación en las autoridades; pero más preocupa el “efecto dominó” que puede perjudicar a casi todas las áreas naturales protegidas en el país, pues 85 por ciento del territorio protegido de México está asentado sobre propiedad privada o social

Constructora de La Azucena sabía de posibles inundaciones

Evelyn Águila - EL INFORMADOR

Desde hace cinco años, la empresa constructora del Fraccionamiento La Azucena, en El Salto, sabía que el predio era “potencialmente” riesgoso a inundaciones y aún así la inmobiliaria edificó la colonia y sigue vendiendo fincas.

Esta advertencia se desprende de uno de los tres estudios contratados a la compañía tapatía Geoex por la inmobiliaria SARE-HIR, donde se concluye que “existe riesgo de inundación” en este predio, por los altos escurrimientos de agua durante el temporal de lluvias.

En los otros dos diagnósticos, que se abocaron a analizar los riesgos de las viviendas por el Río Santiago y el Arroyo El Ahogado, en marzo de 2004, enlistan una serie de recomendaciones para controlar las inundaciones y que a la fecha, según la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), no se han llevado a cabo.

De acuerdo con el estudio denominado “Hidrológico Superficial de la Microcuenca San Martín-La Cruz, desarrollo habitacional La Azucena”, realizado en noviembre de 2003 por Geoex —del cual EL INFORMADOR posee una copia— se revela que en la propia cuenca del fraccionamiento se pueden llegar a generar —en caso de una precipitación extraordinaria— 314 mil 294 metros cúbicos de escurrimientos en un sólo día, mientras que el complejo habitacional posee tres vasos reguladores de captación de aguas pluviales, con apenas una capacidad total de 22 mil metros cúbicos.

Esto significa que la capacidad de almacenamiento es 14 veces menor a la advertida por el diagnóstico, que inclusive subraya que estas lagunas reguladoras se rebasarían, en una fuerte precipitación, en tan sólo 40 minutos.

“Respecto al riesgo potencial de inundación de la parte topográfica más baja del predio, originada por una creciente extraordinaria del río grande del Santiago, tomando en consideración la cercanía y escasa diferencia de elevación topográfica con el lecho del afluente, y con información obtenida de la Gerencia Técnica del Departamento de Aguas Superficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se anticipa que existe riesgo de inundación”, refiere la página 12 del documento.

La semana pasada, una fuerte lluvia generó que cientos de casas en La Azucena fueran desalojadas por los vecinos, luego de que quedaran anegadas.

La respuesta de la inmobiliaria a los afectados, fue que el fraccionamiento se había inundado por el colector de aguas negras instalado por la Seder y que obstruyó las salidas del agua.

Sin embargo, Álvaro García Chávez, titular de Desarrollo Rural, negó que este ducto hubiera “taponeado” la tubería del complejo habitacional y responsabilizó a la constructora SARE-HIR de hacer caso omiso a estos estudios.

Asimismo, en el diagnóstico se concluye que por ser un suelo arcilloso y poco permeable, no hay posibilidad de que el agua que llegue pueda infiltrarse, lo que eleva el riesgo.

El gobierno podría estar afectando derechos de pueblos por la presa El Zapotillo: CEDHJ

Raúl Torres - LA JORNADA JALISCO En la investigación que desde el año pasado inició la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por el caso de la presa el Zapotillo, que inundará los poblados de Temacapulín, Palmarejo y Acaciaco, hay elementos suficientes para presumir que las autoridades del estado están tomando decisiones que pueden afectar los derechos de los habitantes de estas poblaciones, señaló el tercer visitador del organismo, Alfonso Hernández Barrón.

“Son derechos como la legalidad, a la vivienda y a la salud, pues a raíz de esta presumible construcción de la presa se ha venido afectado el aspecto emocional de las personas e incluso el aspecto económico y el derecho al trabajo, pues muchos habitantes que de dedicaban a la albañilería no tienen demanda laboral porque nadie quiere construirle nada a sus casas”, señaló.

Recordó que este asunto se ha manejado bajo un clima de incertidumbre, pues en un principio se contemplaba una cortina de 80 metros de alto que medianamente habían aceptado los habitantes de Palmarejo y Acaciaco, pero repentinamente y se determinó aumentar la altura de la cortina a 100 metros, afectando así a Temacapulín.

“Es una localidad donde encontramos algunos monumentos que no han sido autorizados para removerse y mucho menos derribarse por el INAH, hay tres panteones y una comunidad muy arraigada que incluso desde ámbito sociológico presenta aspectos muy interesantes, como el que no se ha presentado ningún hecho de sangre en casi un siglo de existencia y hay estudios pendientes para determinar cuestiones de tipo antropológico”, indicó el visitador.

Refirió que la CEDHJ dictó una medida cautelar al gobernador para que lleve a cabo una consulta pública en Temacapulín y garantice el derecho de información de los habitantes, sin embargo –puntualizó– no se ha recibido una respuesta positiva.

“Esto se ha retomado en los últimos días a raíz de una entrevista que sostienen habitantes de Temacapulín con el gobernador, éste les manifiesta que de probarse que hay una inconformidad generalizada o del 50 por ciento más uno, él estaría reconsiderando el proyecto. Nosotros estamos recabando esas pruebas a través de los habitantes del Temacapulín y estaremos emitiendo un acuerdo en los últimos días”, señaló.

Hernández Barrón reveló que la gente de Temaca buscó el apoyo del rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres, quien al parecer ofreció apoyo técnico para que no se descarten proyectos como el de Loma Larga sin argumentos científicos.