viernes, 26 de septiembre de 2008

Comisario espurio es sostenido por autoridad agraria, acusan

Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

El Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria (PA) son señalados por el consejo de mayores del ejido Ayotitlán de "legitimar" el comisariado de Jesús Michel Prudencio, quien fue depuesto por la justicia federal y representa los intereses de la minera Peña Colorada, que ambiciona los amplios yacimientos de hierro de esta comunidad nahua de la Costa Sur de Jalisco.

En la reunión ordinaria del Consejo de Mayores celebrada el pasado 20 de septiembre, se abordó el tema relativo al juicio de nulidad de la asamblea electiva del 23 de octubre de 2005, en la que intervino la empresa minera con recursos y sobornos, por lo cual fue impugnada por los indígenas y declarada nula por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, sentencia ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como última instancia el día 11 de junio del 2008.

Sin embargo, los indígenas señalan tanto a la PA como al RAN) de tratar de sostener a la autoridad espuria, según un comunicado enviado a este diario.

Por un lado, "el visitador de la PA con sede en Autlán, dijo desconocer el estado que guarda dicha resolución […] esta actitud omisa, constituye un indicio de la grave corrupción que existe en los órganos agrarios ya que se pretende dejar pasar el tiempo" para dejar que Jesús Michel concluya su periodo sin informar de "los contratos celebrados con empresas mineras, los pagos de la empresa Peña Colorada por el contrato de ocupación temporal de tierras, los fondos por concepto de servicios ambientales, los fondos del FIFONAFE […] y el fondo de 100 mil pesos que otorgó la CDI".

Además, "se dio a conocer que el RAN otorgó por medio del registrador Israel Guillermo Isaac Aguilar, el pasado 9 de septiembre, una constancia donde se ratifica a Jesús Michel como comisariado que cumple sus funciones legalmente…", pese a conocer del juicio en su contra.

Esta información falsa se ha difundido masivamente en la comunidad, "generando confusión" y perpetuando la ilegalidad proclive a los intereses de las poderosas mineras, concluyen.

Congreso pide investigar las actas falsificadas

También exigen indemnizar a huicholes por carretera Bolaños-Huejuquilla

Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo, propuesto por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para solicitar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) la investigación por el acta de asamblea de Tuapurie del 9 de septiembre de 2007, presuntamente falsificada por funcionarios del gobierno de Jalisco para sacar adelante el proyecto de la carretera Bolaños-Huejuquilla.

La denuncia de los hechos, presentada por Público en su edición del 16 de febrero de 2008, fue retomada por el diputado Diego Cobo Terrazas, de Veracruz, con el planteamiento de exhortar a la CDI "a informar de las actuaciones de esa comisión por la denuncia presentada por la falsificación de la convocatoria y acta de asamblea de la comunidad de indígena huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán" o Tuapurie.

El acuerdo, aprobado el pasado 9 de septiembre, también exhorta al organismo federal a "garantizar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la comunidad indígena" con el citado proyecto, que invade 19 kilómetros o 72 hectáreas de su territorio primordial, y dañó más de 400 árboles y sitios sagrados, perjuicios que fueron desestimados por funcionarios del gobierno de Jalisco.

"La comunidad ha informado a las autoridades federales, estatales y municipales que la asamblea de esa comunidad, encontró una convocatoria y el acta de asamblea con más de 480 firmas apócrifas, donde se aprobaba que la carretera Amatitlán-Huejuquilla atravesara las tierras comunales […] informando que la asamblea de la comunidad indígena no otorgó anuencia al proyecto carretero", añade el punto de acuerdo.

Según testimonios recabados por este diario en febrero pasado, "no hubo reuniones ordinarias el 9 de septiembre de 2007. Ese día fueron a Las Latas, un centro ceremonial, ofrecer el proyecto, pero allí había una reunión sobre cultura, algo muy distinto […] nos cayeron en helicóptero, nos presentaron el proyecto, les dijimos que lo analizaríamos y levantamos una minuta, porque no teníamos apuro… ellos querían pocos días después la respuesta; supimos que el 12 o 14 estuvieron en Santa Catarina", según un vocero comunitario. Los miembros del comisariado sí firmaron, pero bajo presión y engaño, aseguraron.

Los diputados también exhortaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales "a informar a esta asamblea de sus actuaciones ante la situación del proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, indicando las razones por las cuales se autorizaron las manifestaciones de impacto ambiental de manera segmentada y en modalidad particular, en un territorio que es evidentemente una sola unidad ambiental, además de ser una área natural protegida federal y una cuenca hidrológica prioritaria".

La Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente también reciben peticiones de información sobre sus respectivas investigaciones para sancionar responsabilidades de servidores públicos y daños ambientales, respectivamente.