viernes, 20 de junio de 2008

No cederemos nuestras viviendas ni a precio de oro: pobladores de Temacapulín

Especialistas y miembros de organizaciones civiles analizan el impacto que tendría la presa El Zapotillo

Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ Encuentro de los habitantes que serían desplazados por la construcción de la presa El Zapotillo


Jorge Covarrubias - LA JORNADA JALISCO


Temacapulin, municipio de Cañadas de Obregon, 19 de junio.- Aquí en este poblado, sobre el que penden advertencias del gobierno del estado para dar paso a la construcción de la presa El Zapotillo, cuyo embalse sería el más grande de Jalisco, comenzó el Quinto Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).

Un desayuno a las 8 horas y posterior celebración eucarística en el Templo de la Virgen de los Remedios, una joya arquitectónica que data desde principios del siglo XVIII, fueron el preámbulo para iniciar con las actividades.

Las palabras del presbítero Gabriel Espinoza Iñiguez infundieron ánimo a los asistentes y renovaron las esperanzas de la población para continuar su resistencia a los embates de las autoridades de la Comisión Estatal de Agua (CEA), que el pasado domingo hicieron una visita encabezada por el director de Cuenca y Sustentabilidad del organismo Héctor Castañeda, para informarle a los habitantes que tienen que ir escogiendo un lugar donde puedan permanecer el resto de sus vidas.

Más de 30 organizaciones civiles y medios de comunicación independientes acudieron a la inauguración, donde se intercambiaron puntos de vista y experiencias tanto de pobladores y afectados por la construcción de presas, como de académicos e investigadores.

En la primera ponencia participaron los propios pobladores de Temacapulín quienes relataron sus experiencias y dejaron en claro que no cederán sus viviendas ni a “precio de oro”.

“Son hasta tontos, porque pusieron en las mantas que asistiéramos a la junta para elegir dónde ubicarnos. Si ya estamos ubicados ¿qué nos van a ubicar?”, comentó la señora María Abigail Agredano, administradora de uno de los dos hoteles que se encuentran en el poblado.

Posteriormente participó una delegación de campesinos del estado de Guerrero donde desde hace cuatro años comunidades indígenas mediante el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota han emprendido una resistencia legal y a veces violenta para detener el proyecto del embalse que lleva el mismo nombre.

Entre ponencia y ponencia, trovadores amenizaron las sesiones con su canto de protesta y poco después de las 14 horas los asistentes se reunieron en un banquete para degustar el pozole y la ternera de res que se sirvió de manera colectiva.

En septiembre de 2005, pobladores de Temacapulín, ubicado en el municipio de Cañadas de Obregón, advirtieron que defenderían “con sangre” sus tierras, durante una visita que realizó el entonces secretario de Gobierno, Héctor Pérez Plazola, y personal de la Comisión Nacional del Agua para informar directamente a los habitantes que tendrían que desalojar sus viviendas. Además de Temacapulín, entonces se manifestaron ante la presencia de los funcionarios habitantes de Palmarejo y Acasico, en esa misma zona aledaña al cañón del río Verde, cuyas poblaciones también serán inundadas.

Con el aumento en el tamaño de la cortina de 80 a 110 metros, además de inundarse otra población aún no especificada, aumentará también el costo, que se calculaba originalmente sería de 7 mil 450 millones de pesos –un 40 por ciento pagado por Guanajuato y el resto por la Conagua–, a los 7 mil 900 anunciados ayer. Además, a pesar que la presa de Arcediano parecía la opción lógica para alimentar a la Zona Metropolitana de Guadalajara, ahora resulta que también El Zapotillo servirá para ese fin.

Hoy intervendrá una delegación que llegó de Guatemala para hablar principalmente de la contaminación de ríos que ha provocado la extracción de minerales, y la participación especial de una comitiva de Mapder que llega de Brasil en pago a una visita que el Mapder de México realizó hace unos meses.

Por la noche, los realizadores del encuentro junto con los pobladores de la región efectuaron una velada en el panteón antiguo para recordar a sus seres queridos, y hacerles la promesa de que nunca dejarán de visitarlos.

Obras del Puente de Arcediano llevan seis meses suspendidas


Evelyn Águila - EL INFORMADOR

Durante el año pasado, el Puente de Arcediano, al fondo de la Barranca de Huentitán, fue desmontado de su sitio original y no ha sido reubicado como se prometió. La obra lleva suspendida poco más de seis meses.

Ricardo Robles Varela, director de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua (CEA), reconoció que no han podido concluir con el proyecto de reubicación del histórico puente colgante, por falta de recursos económicos.

“El puente está totalmente desmontado, se terminó el contrato con la empresa Deconcrefoc, lo agotaron; estuvieron trabajando todo el año pasado. Ahora nosotros en la propuesta de inversión para 2008, se está proponiendo un recurso para continuar con el puente y terminarlo.

“No pudimos concluirlo por problemas de recursos, son programas anuales que en algunos casos hay obras que sí tienen multianualidades, pero en este caso es un puente que se está rescatando, es valioso, forma parte del proyecto; lo que pasa es que estamos más al pendiente de estudios y proyectos que hacen falta de la propia presa (de Arcediano)”.

El puente tuvo que ser removido para no quedar bajo el agua por la construcción de la Presa de Arcediano, que podría arrancar a finales de este temporal de lluvias.

El funcionario estimó que para montar la infraestructura que data de 1894, se requerirán de alrededor de 14 millones de pesos, por lo que están preparando una nueva licitación.

“Nosotros tenemos que lanzar una convocatoria pública y con el proyecto ejecutivo que tenemos y yo quiero pensar que vamos a andar en esa cantidad, de 14 millones de pesos, para poder terminar el puente”.

De acuerdo con el proyecto de la CEA, los recursos alcanzarán también financiar las obras complementarias que tendrá el puente colgante que son un museo en sitio y una explanada.

“Estamos preparando la licitación para lanzarla en el mes de julio. Todavía no tenemos un programa exacto, pero esta obra debe estar terminada en un lapso de entre ocho y nueve meses, aproximadamente”.

A principios de 2007 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió una serie de condiciones para cambiar el puente de lugar, entre ellas, que las piezas originales se mantuvieran, pero una de ellas, el cableado tuvo que ser modificado para garantizar mayor seguridad a los paseantes.

RECUADRO

Valor patrimonial

El Puente de Arcediano está considerado por la Ley federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, como “Monumento Histórico por Determinación de Ley”, quedando bajo la tutela del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Invasión rapaz en Tulum

ROBERTO BARBOZA SOSA / CORRESPONSAL - EL UNIVERSAL

Ahora, especuladores y hoteleros, con el apoyo de políticos rapaces, tienen la mira puesta sobre la joya del Caribe mexicano e ícono del estado: Tulum.

Desde actores de televisión, sindicatos, pescadores y prestadores de servicios turísticos, nacionales y extranjeros, entre otros, pretenden quedarse y usufructuar la superficie de 664 hectáreas del Parque Nacional Tulum, asentado en el municipio del mismo nombre, recién creado.

En ese plan de lucro del área que preserva vestigios mayas, conjugada con el majestuoso Caribe y arrecifes, los traficantes de la paradisiaca zona cuentan con apoyo de autoridades municipales y estatales.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), responsable de la preservación de ese parque, ha fracasado en su intento de impedir que particulares se apropien de esa zona federal.

Para la directora del INAH-Quintana Roo, Adriana Velásquez Morlet, las intentonas de autoridades locales y particulares de desaparecer ese parque “no pasarán”. Empero, la realidad la desmiente hasta ahora. Admite que la tenencia de la tierra es “muy irregular” y objeto de especulación.

El INAH emprendió, y también recibió en contra, varios litigios por la disputa de superficies del Parque Nacional ocupadas por particulares.

Aun con sellos de clausura y oficios donde el INAH los conmina a evitar construir, las edificaciones avanzan sin cesar en el predio considerado con importante legado maya postclásico. Ahí cada metro cuadrado se cotiza en dólares.

Encima, quien fuera alcalde de Solidaridad, más conocido como Playa del Carmen —con parte de su territorio se creó en marzo el municipio de Tulum—, Carlos Manuel Joaquín González, hoy secretario de Turismo del estado, antes de dejar ese cargo aprobó el nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del Centro de Población de Tulum, donde incorpora el Parque Nacional como fundo municipal, con el cual el ayuntamiento podrá autorizar construcciones sobre esa superficie.

Con el acuerdo municipal, publicado en el Periódico Oficial del estado el pasado 9 de abril, se considera que se invadió una competencia federal al decretar medidas sobre ese parque. Por ello, a exhorto de la Cámara de Diputados, el titular del Ejecutivo Federal interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el expediente 00072/2008 de la SCJN.

Aun así, el funcionario estatal afirma estar a favor del desarrollo sustentable, que “significa también derrama económica, generación de empleo y desarrollo social”. Argumenta que la expropiación del Parque Nacional “aún no está terminada”, pues existe incertidumbre e inseguridad jurídica sobre el predio.

Sin dar razón de su deseo de que se realicen construcciones, ni tampoco del porqué mejor dejar que se conserve como área protegida, dijo que sólo procedería usufructuar la zona por particulares, si así lo determina algún juez federal que lleva alguno de los litigios interpuestos por éstos contra el decreto expropiatorio y declaratorio como Parque Nacional.

Con el aval del Congreso local y del gobernador Félix González Canto (PRI), el ex edil de Solidaridad heredó al nuevo municipio de Tulum los planes a que deberá sujetarse.

IP Ignora clausuras del INAH

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mantiene nueve litigios contra hoteles españoles y mexicanos, construcciones de particulares y hasta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por construir, sin su autorización, dentro del polígono del Parque Nacional Tulum.

Uno de los personajes que pretende apropiarse de terrenos de la zona arqueológica es el actor Roberto Palazuelos Badeaux, quien interpuso juicio de amparo en contra de la Ley de Expropiación del 21 de noviembre de 1936 y del Decreto del 23 de abril de 1981. El INAH fue notificado de ese litigio este 2 de mayo, y presentó los informes respectivos ante el juez de Distrito que lleva el expediente.

También la Inmobiliaria Playa Max, SA de CV, interpuso juicios de amparo contra la Ley de Expropiación de 1936 y del Decreto de abril de 1981, de los cuales recibió notificación el 3 de mayo pasado y se respondió ante el juez de Distrito.

En la mayoría de los casos, el INAH solicitó suspender y demoler obras e inmuebles; todos hicieron caso omiso y respondieron con defensas legales, incluso siguieron con las construcciones.

Por ejemplo, la autoridad federal inició procedimiento administrativo en contra de Solé Capital, SA de CV, propietaria del hotel La Mansión Tulum México; ordenó suspender en definitiva el proyecto arquitectónico y demoler la obra.

Defienden patrimonio

El 29 de abril, tras un punto de acuerdo, la Cámara de Diputados exigió al titular del Poder Ejecutivo federal iniciar la controversia constitucional por el decreto municipal del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del Centro de Población de Tulum.

Se fundamentó la necesidad de defender el Parque Nacional Tulum, por ser la única área natural protegida terrestre en el corredor Cancún-Tulum, que funciona como zona protectora de las zonas arqueológicas de Tulum y Tankah, pues es posible que dentro del parque existan restos arqueológicos aún no descubiertos.

El punto de acuerdo que condenó el PDU por incluir el parque dentro del polígono urbano, y por tanto intervenir directamente en el uso y manejo de esa zona federal, así como la Zona de Monumentos Arqueológicos, advertía la amenaza de permitir, en caso de que un juez federal así lo determine, “el derecho de construcción por parte de particulares dentro del polígono protegido de Tulum, vulnerando con ello el futuro y patrimonio de la zona”.

El Congreso de la Unión denunció que la finalidad de los supuestos propietarios de las tierras es construir desarrollos turísticos con impacto ambiental adverso.



Quieren ‘prostituir’ Tulum, acusa legislador

Adriana Varillas - Corresponsal CanCun - EL UNIVERSAL

Luego de haber sobredensificado Cancún y entregado al capital español la Riviera Maya, “Tulum es la última batalla”, advierte Alejandro Landero, presidente de la subcomisión de diputados que, desde el Congreso de la Unión, impulsaron el exhorto para que el presidente Felipe Calderón, solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciar una controversia constitucional para defender el decreto que dio vida al Parque Nacional Tulum en Quintana Roo y con ello, el pacto federal.

“Lo que se hizo en Cancún y Playa del Carmen se quiere triplicar, por eso Tulum es la última batalla. No sólo los legisladores debemos defender esta zona. La defensa de Tulum es un asunto que debería ser de interés nacional, empezando por gobernadores, alcaldes y de todos los mexicanos, porque lo que quieren hacer es prostituir la zona”, afirmó el legislador.

Doble lenguaje

El entrevistado, militante del Partido Acción Nacional (PAN), acusó al gobierno de Quintana Roo de manejar un doble lenguaje, pues el discurso oficial habla de reconocer y proteger al Parque Nacional Tulum, pero el año pasado presentaron recursos de revocación del decreto que declaró el nacimiento de dicha área natural protegida de 664 hectáreas y avalaron la aprobación y publicación del Programa de Desarrollo Urbano de Tulum (PDU).

Ese instrumento de planeación incorporó, indebidamente, al área natural dentro de la mancha urbana, y posibilitar así la construcción de hoteles y desarrollos turísticos en el polígono costero, siempre y cuando se tenga el fallo positivo de un juez, de acuerdo con una cláusula suspensiva incluida en el PDU, cuya aplicación está suspendida en tanto la Corte determina si el municipio de Solidaridad —que lo expidió— violenta o no las competencias de la Federación.

Advierte que, de aplicarse el PDU, los 5 mil cuartos proyectados para el polígono costero provocarían depredación de especies, contaminación de ríos subterráneos, destrucción de manglares, pérdida del hábitat de las tortugas marinas y baja del turismo, que llega atraído por las bellezas únicas de la zona.